Las evaluaciones de los resultados e impactos del PTTT han mostrado entre otros, una correlación positiva entre el incremento de los precios de la tierra titulada y el de aquélla no titulada, evidenciando con dicho aumento un impacto positivo en la capacidad de los beneficiarios para obtener crédito a través de los documentos de tenencia obtenidos². En términos fiscales, en 1996 después de la finalización de la segunda etapa del PTTT se reportó un aumento de 600% en la cantidad recaudada por impuestos prediales y de transferencias inmobiliarias en las zonas del Proyecto. Asimismo, se reportó un incremento tanto del valor y cantidad de la producción agraria por parcela en las tierras tituladas, como para los insumos utilizados en la producción.³

Una de las grandes limitaciones del PTTT constituyó la cobertura de las tierras forestales.  El 50% de la tierra en Tailandia es considerada forestal, y la registración sistemática de las tierras sólo podía operar en zonas no forestales.  La falta de un marco legal adecuado y la incertidumbre en los límites de algunas de las tierras forestales constituyeron dificultades importantes para la titulación y registro de dichas tierras.

El Programa financiado por el BID, el PETT⁵ tuvo como objetivo apoyar el funcionamiento ágil y transparente del mercado de tierras mediante la regularización de la propiedad rural, la ampliación del catastro y la consolidación del registro. En su primera fase el proyecto se concentró en la titulación y regularización de las tierras rurales de la costa cuya tenencia era individual, en su segunda fase el proyecto se focalizó en las zonas de la sierra y la selva con prevalencia de tenencia comunal. La tercera fase, en curso de preparación, avanzará en la titulación de comunidades campesinas y nativas así como en actividades tendientes a asegurar la sostenibilidad del catastro rural. Mientras en la zona de la costa el PETT pudo utilizar la técnica del barrido catastral que favoreció la reducción de costos para la titulación, en los casos de la sierra y selva donde existían propiedades comunales y conflictos con las organizaciones, esto no fue posible. Al final de la segunda fase del Proyecto (2007) el PETT había logrado catastrar e inscribir un 83% de predios rurales en la costa, y un 53% en la sierra⁶; un total de 45% del total de parcelas rurales había sido titulado. Entre los resultados más relevantes relativos al apoyo a los aspectos normativos y de modernización de los sistemas, al final de la segunda fase del proyecto el PETT había apoyado la reglamentación de la Ley 28294 (promulgada en 2004) que establece la creación de un Sistema Nacional Integrado de Catastro. Esta Ley vincula el catastro con el registro y establece las funciones relativas de las instituciones que los manejan, lo cual es un avance en términos normativos considerando la complejidad del sistema institucional peruano del catastro y registro. Asimismo para la modernización del catastro rural, el PETT formuló un sistema de información digital (SICAR) que permitió hacer más eficientes las funciones del catastro. Para agilizar el trabajo de las oficinas regionales en el registro, actualización y consulta de los expedientes, el PETT formuló un sistema de seguimiento automático, el SSET.

Entre las lecciones aprendidas señaladas en la evaluación de fin de término de la segunda fase del proyecto PETT, es importante resaltar: (i) la necesidad de la construcción de una línea de base desde el inicio del Proyecto, lo cual no fue realizado en el PETT, así como la definición de indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos durante la ejecución y al final del proyecto. Se observó también la importancia de contar con un equipo profesional que realice actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, así como con mecanismos específicos para la recolección y análisis periódica de datos; (ii) el rol que juega la aplicación de las políticas de inversión pública, la política agraria y las de desarrollo rural en el logro de impactos económicos del proyecto y particularmente en las áreas rurales de intervención. La regularización, titulación y registro de tierras incrementan la seguridad y certeza jurídica sobre la tenencia pero este incremento no conlleva por sí solo el mejoramiento económico en las familias a menos que esté acompañado de la aplicación de dichas políticas públicas.7

El PDUP, se propuso aumentar la seguridad de la propiedad y el bienestar de grupos de escasos recursos viviendo en asentamientos en grandes áreas urbanas, mediante la creación de un sistema de registro y titulación que asegurara los derechos formales sobre la propiedad. Para hacerlo el PDUP apoyó un Plan Nacional de Formalización que incluía la regularización física y legal de la propiedad, la titulación y el registro. Adicionalmente el PDUP apoyó la formulación de marcos legales y metodologías para unificar el registro, y para facilitar un sistema de catastro urbano poco costoso y eficiente. Apoyó asimismo el fortalecimiento institucional de las agencias de contraparte, La Comisión de Formalización de la Propiedad Formal, (COFOPRI) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Entre los resultados más importantes del proyecto se encuentran el diseño y aplicación de un método de formalización de la propiedad urbana masivo, eficiente y poco costoso; y el apoyo a la SUNARP para la implementación de la Ley de Registro Predial que implicaba la unificación del registro predial, y un funcionamiento eficiente y descentralizado del mismo.
En relación al método de formalización, éste se desarrollaba mediante campañas masivas de formalización incluyendo el establecimiento de linderos, el catastro, la titulación y el registro de las propiedades, actividades que se llevaban a cabo con procedimientos simplificados y la participación activa de los líderes comunitarios y los residentes de los barrios incluidos en la campaña. Estos participaban en la medición de los lotes, la colocación de los mojones, y la discusión de los resultados en asambleas comunitarias. Las campañas comprendían la aplicación de procedimientos simplificados específicos para cada categoría de informalidad (asentamientos, casas populares, urbanizaciones populares, etc.). Mediante estos procedimientos el proceso total de formalización de la propiedad (titulación y registro) se logró realizar en 50 días y en el registro de las transacciones de propiedad subsiguientes en 10 días.
En lo que concierne al apoyo del PDUP a la SUNARP para la implementación de la Ley de Registro Predial, se lograron reducir los costos para el registro de la propiedad urbana, su eficiencia y transparencia, mediante la automatización de los procesos y la digitalización de los expedientes de registro, lo que posibilitó la consulta electrónica de los mismos. Adicionalmente para los procesos de registro se introdujeron el uso de formatos estandarizados; la participación de abogados y no sólo de los notarios en la certificación de los documentos; la reducción del número de documentos a presentar con la solicitud de registro; la capacitación y supervisión específica del personal registrador para evitar la corrupción; la descentralización de las funciones a las oficinas regionales y locales; y la promoción de una cultura de registro en la población. La implementación de todas éstas medidas ha permitido a la SUNARP aumentar la transparencia en la determinación de los costos al usuario y la introducción de esquemas que previenen la corrupción.¹⁵

No obstante los logros alcanzados al final de ambos proyectos, el PETT y el PDUP, una evaluación realizada por el Banco Mundial y el Gobierno peruano en el 2009 sobre la situación de la gobernanza en el sector fundiario mostró que sólo algunos de dichos logros han sido sostenibles en el tiempo¹⁶, entre ellos, los pocos avances en la implementación de la Ley de Catastro. Después de 5 años de su promulgación, dificultades en la coordinación entre las instituciones y la insuficiencia de recursos humanos y presupuestales en los gobiernos locales, han limitado los avances en la estandarización de los criterios tales como, la determinación de roles entre los notarios públicos, los profesionales legales privados y otros participantes de los procesos. La falta de una base catastral en más de la mitad de los expedientes registrales provoca a menudo conflictos de límites en las propiedades especialmente en zonas rurales y peri-urbanas.⁸

En relación al registro, las transacciones de las propiedades no siempre son registradas debido a los costos altos que representa el formalizar una transacción de propiedad⁹, lo que impacta la manutención de la actualización del Registro* Predial. . Según la evaluación de 2009, el costo total de registrar una transferencia de propiedad en Perú, es en ocasiones mayor del 5% del valor total de la misma¹⁰. Además, las oficinas descentralizadas de la SUNARP no logran autofinanciarse debido a la baja cantidad de transacciones registradas, de aquí que las 58 oficinas descentralizadas y las 23 ventanillas¹¹ existentes no puedan cubrir la demanda potencial que existiría en las 194 provincias del país.