El proyecto fue previamente aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados

Después de ser aprobado por unanimidad, con 363 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la Iniciativa de “Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada” ha sido enviada a la Cámara Alta para ser discutida en los próximos meses. El proyecto de ley se transformó en el primero de carácter nacional sobre esta materia en ser aprobado por una de las cámaras legislativas en México, un paso clave para lograr la reglamentación del derecho humano a la alimentación adecuada, consagrado constitucionalmente en México desde 2012.

La Iniciativa de Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada establece funciones específicas para las instituciones públicas, con el objeto de responder oportuna y efectivamente a las necesidades del pueblo mexicano en cuando a seguridad alimentaria y nutricional. Para ese propósito, la ley contempla la creación de una Comisión Intersectorial del Derecho a la Alimentación, un Consejo Nacional con participación ciudadana, y un Plan Nacional de la Alimentación.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Honorable Diputado Heriberto Galindo, señaló que el amplio acuerdo político en torno al proyecto de ley, demuestra que es posible alcanzar compromisos nacionales en temas fundamentales para el progreso social de México, “con voluntad política podemos alcanzar amplios acuerdos para responder a las urgentes necesidades del pueblo mexicano”, añadió el Diputado.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) saluda el avance de dicha iniciativa de ley en el país. La Representación de la FAO en México se encuentra trabajando en una agenda conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como con el Poder Legislativo, para facilitar el proceso de debate, aprobación e implementación de la ley.

El proyecto de ley surgió en el seno del capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre, una red de parlamentarios y parlamentarias de toda América Latina y el Caribe que trabajan para situar en el más alto nivel de la agenda política el derecho a la alimentación, promoviendo marcos legales y financiación adecuada para la seguridad alimentaria y nutricional.