Tras permanecer relativamente sin cambios desde 2015, el número de personas afectadas por el hambre aumentó considerablemente en 2020 y siguió creciendo en 2021, hasta alcanzar los 828 millones (el 9.8 de la población mundial). En la actualidad, 3100 millones de personas no pueden permitirse mantener una dieta saludable, y 45 millones de niños padecen emaciación, la forma más mortífera de malnutrición. De cara al futuro, se prevé que casi 670 millones de personas seguirán pasando hambre en 2030.
El derecho a una alimentación adecuada es más que una obligación moral o una opción política. Es un derecho humano de todas las personas en todos los lugares que tiene que realizarse a través de la acción adecuada de los gobiernos y los actores no gubernamentales.
Progresos en el reconocimiento del derecho a la alimentación
A lo largo de los años, se han logrado importantes avances en el derecho a la alimentación a varios niveles. A nivel mundial, el punto de partida fue la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que se convirtió en acuerdos jurídicamente vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). También se han otorgado garantías legales adicionales a grupos específicos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
En 2004, los Estados Miembros de la FAO adoptaron por consenso las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices sobre el derecho a la alimentación), que ofrecen orientación sobre las formas de implementar el derecho a una alimentación adecuada, con el respaldo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).
El derecho a la alimentación y los ODS
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se basa en los derechos humanos. Reconoce que la realización del derecho a una alimentación adecuada es tanto un objetivo alcanzable como el camino a seguir para un cambio transformador.
El derecho a la alimentación no se puede realizar si persisten el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (ODS 2). Para protegerlo, respetarlo y cumplirlo, se debe brindar un entorno propicio, que promueva:
Mejor diseño de políticas: Los gobiernos se centran en las personas más vulnerables, enfatizan la participación de múltiples actores y procesos transparentes y contribuyen al logro del derecho a una alimentación adecuada. Se respalda a los países para que protejan legalmente el derecho a una alimentación adecuada mediante disposiciones constitucionales, leyes y reglamentos nacionales y para fortalecer sus marcos normativos y de políticas para lograrlo.
Aumento de las inversiones (en favor de los más pobres y vulnerables): Se mejora la eficacia y la eficiencia del gasto público en seguridad alimentaria y nutricional gracias al aumento de la capacidad de los actores y el seguimiento de los gastos.
Mejora de la gobernanza: Mecanismos de diálogo y coordinación mejoradas de las partes interesadas, eliminando los silos y fomentando mayor coherencia política. Miembros empoderados de la sociedad civil hacen que los funcionarios del gobierno rindan cuentas para mejorar el diseño y la implementación de medidas de seguridad alimentaria y nutricional.
Apoyo basado en evidencias: Se realizan evaluaciones periódicas de las normas y principios de derechos humanos, políticas, programas y leyes para mejorar su impacto en las personas que sufren de inseguridad alimentaria y malnutrición y abordar las causas subyacentes del hambre.
El Derecho a la Alimentación en la FAO
La FAO ejerce un rol clave en el progreso del derecho a una alimentación adecuada a nivel global, regional y nacional.
El Equipo del Derecho a la Alimentación desarrolla métodos e instrumentos para ayudar a cada parte interesada en la implementación de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, informando y creando conciencia sobre las acciones que pueden tomarse al respecto. Su trabajo sustenta un enfoque transversal, abordando las cuestiones de género a través del cuidado, el cambio climático, la política alimentaria urbana, la sanidad vegetal, la agroecología, la bioeconomía o la innovación. El Equipo trabaja de cerca con actores relevantes, incluyendo parlamentarios, consumidores, agricultores familiares, académicos, sociedad civil y sector privado, y colabora con el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Promueve la coherencia de las políticas entre el derecho a la alimentación y otros documentos de política del CSA y el Comité de Pesca (COFI), como las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT), los principios RAI y Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE).