Es importante, cuando se habla de políticas justas, comenzar a poner más énfasis en la fase de evaluación de las políticas; más allá de los objetivos de la misma, lo que debe primar son los resultados. Y es precisamente este punto uno de los más débiles en el análisis de políticas, ya sea porque se trata de políticas recientes y las evaluaciones son incipientes, ya sea porque los aspectos evaluados no necesariamente están construidos para dar cuenta del rol jugado por la política en la solución de ciertas situaciones de injusticia.

La iniciativa del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe es una invitación a entidades de gobiernos a, no solamente a mostrar y poner en común iniciativas que han dado pie a implementar políticas justas desde la perspectiva de género, sino que también para poner el foco en cómo se observa, analiza y evalúan dichas políticas, de modo de fomentar la discusión de políticas justas y su potencial replicabilidad. Esto implica una mirada que no se agota en la descripción de una política calificada como justa, desde el momento en que la meta es el logro de justicia y la política un instrumento para ello.

Esta matriz sugiere evaluar las políticas públicas en su capacidad para enfrentar la injusticia socioeconómica, expresada en la distribución injusta de bienes y recursos; las injusticias legales y culturales que se manifiestan en el dominio cultural (Fraser, 1996), y la injusticia en la representación, referida la jurisdicción del Estado y a las reglas que organizan la confrontación.