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En el mundo hay 476 millones de personas indígenas y más de la mitad son mujeres. Sus culturas, conocimientos y prácticas tradicionales únicos constituyen valiosas aportaciones a la biodiversidad y son indispensables para la conservación de los ecosistemas[1]. Las mujeres indígenas (MI) del mundo rural desempeñan un papel fundamental como guardianas de los conocimientos ancestrales, ya que a menudo son ellas quienes cuidan, obtienen y gestionan los recursos naturales que necesitan, como el agua y la leña, las semillas y las plantas medicinales. Además, desempeñan un papel clave en la transmisión de los conocimientos tradicionales a las generaciones más jóvenes.[2]

El hecho de que su seguridad alimentaria y nutricional dependa en gran medida del bienestar de su entorno y su biodiversidad hace que las MI se encuentren entre los grupos más vulnerables a la degradación medioambiental y las crisis climáticas. Agrava la situación el hecho de que a menudo experimentan una discriminación interseccional debido a la confluencia de más de un factor discriminatorio, por ejemplo, el género, la etnia y la edad, entre otros. También se ven directamente afectadas por las catástrofes y el cambio climático como productoras de alimentos y trabajadoras agrícolas y, en situaciones de crisis, a menudo experimentan una exacerbación de las desigualdades de género preexistentes.[3]  

A pesar de los artículos 12 y 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que establecen garantías específicas relacionadas con la participación de las mujeres en las decisiones sobre producción y consumo de alimentos, las MI siguen estando excluidas en gran medida de los procesos de toma de decisiones y de los mecanismos de justicia procesal, es decir, del acceso a los tribunales.[4]  En la práctica, las MI no suelen ser incluidas ni consultadas en los debates y decisiones políticas globales. Esto se debe en parte a la falta de datos desagregados sobre ellas, un componente importante para aumentar su visibilidad.[5]  

El cambio climático ha sido una lucha constante para los pueblos indígenas, ya que tiene repercusiones directas e indirectas sobre la agricultura y en sus medios de vida. Los impactos directos son los causados por cambios en las características físicas, como los niveles de temperatura o los regímenes de precipitaciones, en sistemas específicos de producción agrícola. Los impactos indirectos son los que afectan a la producción, como los cambios en el comportamiento de los polinizadores o las especies invasoras. Además, los estudios indican que el aumento de la producción de CO₂ reduce el valor nutricional de ciertos alimentos, como la harina de los principales cereales, la concentración de proteínas, vitaminas y minerales.[6] Esto, entre otras cosas, también repercute en la educación de las familias y en el desarrollo intelectual y físico de los niños. La pesca también se ve afectada, ya que el aumento de las temperaturas, combinado con la creciente acidificación, puede poner en peligro los ecosistemas marinos y provocar una grave escasez en la producción de la pesca de captura.[7]

Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático, en forma de mayor vulnerabilidad a las perturbaciones climáticas y las catástrofes naturales. También suelen ser más vulnerables a la inseguridad alimentaria aguda. Esto se debe al hecho de que se enfrentan a riesgos, barreras y desventajas adicionales de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación relacionadas, por ejemplo, con el género, la edad, el grupo étnico y la situación económica[8]. 

En conclusión, el empoderamiento de las MI es una condición fundamental para la erradicación del hambre y la malnutrición en el mundo. A pesar de la discriminación interseccional, las MI demuestran una gran capacidad para ser agentes de cambio en favor de una vida digna al participar activamente en puestos de liderazgo para defender los derechos y las necesidades de sus comunidades y garantizar que las voces indígenas sean escuchadas y respetadas, al tiempo que promueven la preservación y revitalización de su patrimonio cultural, empoderan a los jóvenes indígenas a través de la educación y abogan por la sostenibilidad medioambiental y la igualdad social. 

El derecho internacional[9] obliga a los Estados a respetar, proteger y hacer efectivo su derecho a una alimentación adecuada, aumentar su resiliencia ante el impacto del cambio climático y garantizar su participación en los procesos de toma de decisiones. Para ello se requieren políticas y legislaciones que reflejen sus necesidades. En este sentido, LEGN se compromete a apoyar a las comunidades indígenas promoviendo, por ejemplo, su Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC por su sigla en inglés).