Los gobiernos necesitan dar prioridad a un enfoque normativo integrado, atento a la nutrición y basado en datos comprobados en materia de alimentación saludable, que se sustente en las Directrices sobre el derecho a la alimentación. Las leyes y las políticas deberían basarse en datos y en la ciencia para defender el derecho a la alimentación para todos y, en particular, para los grupos vulnerables. Los gobiernos deberían establecer objetivos normativos claros basados en la evaluación de las necesidades en materia de seguridad alimentaria, nutrición e inocuidad de los alimentos empleando sistemas de vigilancia sólidos, al tiempo que promueven el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible de los mercados agrícolas y de alimentos.
Una gobernanza eficaz requiere instituciones transparentes, basadas en la ciencia y en datos comprobados, que rindan cuentas y posibiliten a las personas alimentarse con libertad y dignidad. Esto incluye garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales; fortalecer los sistemas de datos para la gobernanza de la tierra y los recursos; fomentar la toma de decisiones inclusiva que involucre a las comunidades locales, los Pueblos Indígenas, las mujeres y los jóvenes y establecer asociaciones público-privadas con mecanismos de rendición de cuentas.
En el enfoque de “Una sola salud” se reconoce que la salud de las personas, los animales, las plantas y el medioambiente está estrechamente relacionada: los gobiernos deberían invertir en ciencia, innovación y tecnologías de alerta temprana para prevenir y controlar las plagas y enfermedades de plantas y animales y las zoonosis, hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, garantizar la seguridad alimentaria y enfrentarse a las amenazas para la salud ambiental. Esto requiere fortalecer las organizaciones nacionales mediante capacitación, normas internacionales, vigilancia digital, diagnósticos, intercambio de datos y una infraestructura que posibilite responder de manera oportuna y basada en datos comprobados, al tiempo que se mantienen prácticas agrícolas sostenibles.
Apoyándose en el derecho a la alimentación, los gobiernos deberían elaborar, actualizar y aplicar guías alimentarias basadas en alimentos y normas de inocuidad de los alimentos que se fundamenten en datos científicos y estén integradas en las estrategias de seguridad alimentaria y nutrición. Esas guías deberían servir de base a los programas escolares de alimentación y nutrición, la compra institucional de alimentos y la asistencia alimentaria. Se necesita un liderazgo político decidido para lograr que se asuman en todos los sectores, junto con incentivos para que el sector privado procure alimentos más saludables y producidos de manera sostenible.
Los gobiernos deberían fortalecer la cooperación mundial y velar por que, de conformidad con el derecho internacional humanitario, el acceso a la ayuda humanitaria y a la asistencia agrícola de emergencia se produzcan en condiciones de seguridad, en tiempo oportuno y sin trabas, lo que incluye contribuir a las evaluaciones de necesidades basadas en datos comprobados, la acción anticipatoria y los mecanismos innovadores de ejecución con miras a alcanzar a las poblaciones afectadas por crisis y perturbaciones.
Los gobiernos deben formular políticas para prestar apoyo a los pequeños productores mejorando el acceso a la financiación, los mercados, los servicios, los datos y las innovaciones y tecnologías apropiadas, al tiempo que invierten en infraestructura rural. Deberían ampliarse los enfoques participativos, inclusivos y equitativos, como las escuelas de campo para agricultores, combinando los conocimientos científicos con las prácticas locales y tradicionales con miras a incrementar la productividad, la resiliencia y los medios de subsistencia.
Con miras a prepararse mejor para las conmociones y responderlas con mayor suficiencia, los gobiernos necesitan adoptar, con respecto a la resiliencia, un enfoque de los sistemas agroalimentarios amplio y con base científica que integre la información sobre los riesgos climáticos, la reducción del riesgo de desastres y la sostenibilidad ambiental. Las inversiones deberían centrarse en la restauración de la tierra, la gestión del agua, la salud del suelo y la adaptación al clima utilizando la innovación y los datos para reforzar la preparación, la acción temprana y la resiliencia a largo plazo.
Los gobiernos necesitan consolidar sistemas de protección social reactivos frente a emergencias que sean adaptativos y estén basados en datos y armonizados con los objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Una protección social bien concebida es una inversión que favorece los medios de subsistencia, amortigua las conmociones, evita que las crisis se intensifiquen y contribuye a establecer sistemas agroalimentarios inclusivos y resilientes.
El Codex Alimentarius establece normas basadas en principios científicos para la seguridad alimentaria y la reglamentación en materia de etiquetado nutricional. Una implementación eficaz exige la aplicación de la normativa, la vigilancia y la innovación en materia de etiquetado y comunicación, junto con sensibilización y educación del público para contribuir a que los consumidores adopten decisiones informadas y cambios de comportamiento.
Los gobiernos deberían dar prioridad a políticas eficaces, basadas en hechos comprobados y en los ecosistemas que promuevan la nutrición, la diversidad alimentaria y la sostenibilidad, desde los cultivos, la ganadería y la pesca hasta la agroforestería. Para alentar a los agricultores a adoptar prácticas sostenibles es decisivo proporcionarles capacitación, innovación, instrumentos digitales y, cuando proceda, incentivos financieros que estén en consonancia con los objetivos ambientales y climáticos.
Es necesario alentar a los consumidores a que elijan alimentos más saludables mediante campañas de concienciación pública, educación nutricional en las escuelas, intervenciones comunitarias e información en los puntos de venta, así como prácticas claras y coherentes de etiquetado de los alimentos. Los tabúes alimentarios nocivos y las normas sociales discriminatorias deberían afrontarse recurriendo a los datos comprobados, el diálogo y los enfoques inclusivos. Los gobiernos necesitan asociarse con el mundo académico, la sociedad civil e instituciones independientes para fomentar la confianza y proteger los derechos de los consumidores.
La ciencia, la tecnología y la innovación, combinadas con el conocimiento tradicional, son factores poderosos que impulsan la transformación de los sistemas agroalimentarios. Los gobiernos deben invertir en la infraestructura, la educación y las instituciones que la hacen posible: financiar los servicios de investigación y extensión, promover el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, reforzar los sistemas nacionales de innovación y crear políticas y marcos reglamentarios propicios. Al colaborar con las comunidades científicas y tratar la innovación y la tecnología como bienes públicos mundiales, al tiempo que se adaptan a los contextos locales y se salvaguarda la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, los gobiernos pueden lograr que los nuevos conocimientos beneficien a todos.
Colaborar con la FAO para transformar los sistemas agroalimentarios mediante el apoyo a las políticas basadas en la ciencia, la innovación, el desarrollo de la capacidad y el diálogo inclusivo. La FAO puede prestar apoyo a los Miembros mediante la asistencia técnica, el fortalecimiento de la gobernanza, la cooperación Sur-Sur y triangular y la orientación en materia de políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial con miras a promover el derecho a la alimentación y garantizar una vida y un futuro mejores para todos.
