Los gobiernos deben priorizar un enfoque integrado, transversal y sensible a la nutrición en lo que respecta a las dietas saludables, teniendo en consideración las Directrices sobre el derecho a la alimentación y promulgar, y hacer cumplir leyes que tengan como objetivo observar estas políticas, teniendo en cuenta a los grupos vulnerables. Deberían establecer objetivos de política basados en las necesidades de seguridad alimentaria y evaluar el grado de inseguridad alimentaria, sus causas y la situación de la nutrición, y la seguridad alimentaria, mientras promueven el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los mercados agrícolas y alimentarios. 

Una gobernanza eficaz significa promover y salvaguardar una sociedad democrática, pacífica y estable, y un entorno propicio en el que las personas puedan alimentarse a sí mismas y a sus familias, en libertad y dignidad. Esto requiere promover el acceso seguro y equitativo a los recursos naturales (tierra, agua, bosques, pesca, ganadería e insumos agrícolas, etc.); fomentar procesos inclusivos de toma de decisiones que involucren a las comunidades locales, los Pueblos Indígenas, las mujeres y los jóvenes; y forjar alianzas público-privadas con mecanismos de rendición de cuentas. 

Los gobiernos deben abordar los crecientes brotes de plagas de plantas y enfermedades animales y de las plantas, mediante el establecimiento de sistemas nacionales de vigilancia para la detección temprana y la aplicación de normas, como las normas fitosanitarias establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Esto debe complementarse con programas de capacitación para agricultores y el fortalecimiento de los controles de importación y medidas de cuarentena. La inversión en investigación para desarrollar variedades de cultivos y razas de ganado resistentes a enfermedades puede mejorar aún más la resiliencia, junto con la creación de unidades de respuesta rápida para la gestión de brotes de enfermedades animales y de las plantas. 

Los gobiernos deberían establecer, hacer cumplir y actualizar periódicamente guías alimentarias y normas de inocuidad de los alimentos, e integrarlas en las estrategias de seguridad alimentaria y nutrición para guiar intervenciones como los programas escolares de alimentación y nutrición, la compra pública de alimentos y la asistencia alimentaria. Las guías alimentarias necesitan un apoyo político contundente y la aceptación de una variedad de partes interesadas, desde profesionales de la salud hasta el público en general. Los gobiernos también deben incentivar al sector privado para que ofrezca alimentos más saludables y producidos de manera sostenible. 

Los gobiernos deben fomentar la cooperación internacional y garantizar, de conformidad con el derecho internacional humanitario, el acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria para las poblaciones necesitadas y para los organismos humanitarios involucrados en la distribución de asistencia vital, incluidos alimentos y productos de emergencia agrícola. 

Trabajando juntos, los gobiernos y los asociados deben diseñar políticas para apoyar a los pequeños agricultores, proporcionarles asistencia financiera, innovaciones y acceso a los mercados, a créditos asequibles y tecnologías modernas, mientras que invierten en infraestructura rural, incluidas las carreteras, instalaciones de almacenamiento y sistemas de riego. Deberían ofrecer asimismo capacitación participativa, transformadora en cuestiones de género e inclusiva para mejorar las prácticas agrícolas y la productividad de los pequeños productores, promoviendo modelos como las escuelas de campo para agricultores. 

En un esfuerzo por prepararse mejor y responder ante las crisis, los gobiernos deben adoptar un enfoque integral de sistemas agroalimentarios que dé prioridad a la seguridad alimentaria y la resiliencia, además de garantizar la igualdad de acceso a los recursos naturales y promover la sostenibilidad medioambiental. Los gobiernos deberían tomar medidas para reducir los riesgos de desastres y abordar la restauración de tierras, la gestión del agua y la salud del suelo, adaptando los sistemas agroalimentarios al cambio climático y fomentando la resiliencia medioambiental. 

Los gobiernos deben establecer redes de seguridad adecuadas para quienes no pueden alimentarse dignamente. La asistencia social puede proporcionar seguridad y promover los medios de vida. Es una inversión positiva para las economías, incluso para los países de ingresos bajos, y si se gestiona bien, puede hacer una contribución significativa a la prevención y respuesta ante las crisis, salvando vidas, salvaguardando los medios de vida y mitigando los costes. 

El Codex Alimentarius proporciona directrices sobre etiquetado nutricional y consejos sobre cómo hacer que las etiquetas sean más accesibles, atractivas y legibles. La mayoría de los países utilizan las directrices del Codex para establecer sus propias normas alimentarias y como base para las normas de etiquetado nutricional. Las políticas de etiquetado nutricional deben aplicarse y supervisarse de forma rigurosa y estar respaldadas por esfuerzos en educación y concienciación pública para lograr cambios de comportamiento. 

Las instituciones públicas, trabajando mano de la mano con los representantes locales deberían centrarse en políticas eficientes y basadas en pruebas, que beneficien a las personas y al planeta, concentrándose en la calidad nutricional y la diversidad de las dietas, y en soluciones sostenibles en la producción de cultivos, ganado y pesca para la agroforestería. Mediante la capacitación, las asociaciones, los incentivos y las finanzas, se puede alentar a los agricultores a que adopten prácticas más sostenibles para un futuro mejor. 

Es necesario alentar a los consumidores a que elijan alimentos más saludables, mediante campañas continuas de concienciación pública, educación nutricional en las escuelas, intervenciones comunitarias e información en los puntos de venta, incluidas las prácticas de etiquetado de alimentos claras y consistentes. Se deben abordar y desacreditar los tabúes alimentarios y las normas sociales que son discriminatorios e impiden que todas las personas tengan acceso a alimentos diversos y nutritivos. Los gobiernos deben asociarse con el mundo académico e invertir en una fuerza laboral de profesionales de la nutrición y empoderar a la sociedad civil y a instituciones como el defensor del pueblo, que también pueden proteger los derechos de los consumidores. 

La colaboración en materia de conocimiento, ciencia, pruebas y tecnología es clave para impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios. Trabajando juntos, los gobiernos, los investigadores y las comunidades pueden aprovechar los avances tecnológicos para configurar sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y resilientes, que satisfagan las necesidades nutricionales de una población en crecimiento, mientras preservan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.