La prosperidad sostenible depende de instituciones y leyes inclusivas, transparentes, sensibles y responsables. Una gobernanza eficaz debe garantizar que la financiación y las políticas se implementen según lo previsto y priorizar la plena inclusión de los grupos marginados. Debe haber un reconocimiento explícito de las interrelaciones entre los desafíos económicos, sociales y medioambientales, y una estructura institucional que no formule políticas aisladas.
La protección social es una inversión positiva para las economías, incluso para los países de bajos ingresos, y si se gestiona bien puede contribuir significativamente a prevenir y reaccionar ante las crisis, mitigando los costes. Puede proporcionar seguridad, promover medios de vida y ayudar a abordar las vulnerabilidades económicas, sociales y medioambientales ante la inseguridad alimentaria y la pobreza. Garantizar la igualdad de acceso representa una inversión a largo plazo para un futuro inclusivo de crecimiento económico y menor dependencia del gobierno.
Los sistemas agroalimentarios deben transformarse para ofrecer alimentos nutritivos, inocuos y de menor coste que hagan que las dietas saludables sean más asequibles para todos, de manera sostenible e inclusiva. Esto significa producir alimentos más nutritivos y promover la conciencia nutricional para fomentar un cambio en el consumo hacia dietas saludables. Los gobiernos deben actuar tanto desde una perspectiva política como de promoción, impulsando campañas de sensibilización pública y manteniendo unas directrices dietéticas nacionales.
Los conflictos, el cambio climático y la COVID-19 están remodelando espectacularmente la relación entre la oferta y la demanda, ocasionando la subida de precios, que representa una amenaza grave para quienes ya viven en la pobreza y están aquejados de inseguridad alimentaria. Los gobiernos deben reducir la presión sobre los mercados manteniéndolos abiertos, resistiendo a las medidas proteccionistas como las restricciones comerciales y fortaleciendo la transparencia y el diálogo. Los excedentes, si los hubiera, también deben ponerse a disposición de los más necesitados.
Los gobiernos deben ser proactivos en la creación de cadenas de suministro más sólidas, resilientes, sostenibles y diversas mediante mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Al diversificar los proveedores de alimentos y fertilizantes, así como la producción nacional, los países pueden volverse más autosuficientes y amortiguar los efectos de las perturbaciones de la oferta causadas por los conflictos y los fenómenos meteorológicos extremos, manteniendo los precios estables.
La crisis alimentaria no puede resolverse sin resolver primero la crisis financiera. Los países ricos deben proporcionar asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a los países en desarrollo para ayudarlos a que construyan economías resilientes y productivas donde nadie se quede atrás. También deben colaborar con las Instituciones Financieras Internacionales para aumentar los niveles de liquidez y espacio fiscal, que les permitan proporcionar protección social a los más vulnerables y garantizar que nadie se quede atrás.
Prevenir la hambruna y reducir el hambre necesitará la asistencia de organizaciones humanitarias que tengan una trayectoria reconocida. Sin embargo, proporcionar la asistencia necesaria para lograr estos objetivos requiere acceso a recursos asequibles. Al eximir las compras humanitarias de impuestos, sanciones y todas las demás formas de restricciones, los gobiernos pueden ayudar a estas organizaciones en sus esfuerzos por eliminar el sufrimiento.
Los gobiernos deben garantizar la participación libre, activa y significativa de todas las partes interesadas dentro de los sistemas agroalimentarios, dando voz a los marginados. La planificación, la formulación de políticas y la implementación inclusivas son vitales para la transformación productiva y sostenible del sistema alimentario. Al proporcionar un mayor acceso a la tierra, la capacitación, los incentivos, las oportunidades laborales y las tecnologías innovadoras a los pequeños agricultores vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes, los sistemas agroalimentarios pueden prosperar.
Los conflictos, las enfermedades y el cambio climático han provocado grandes subidas en los precios de las semillas, el combustible y los fertilizantes. Muchos agricultores y pequeños productores de alimentos ya no pueden permitirse estos bienes. Los gobiernos deben proporcionar subsidios para ayudar a estos trabajadores esenciales a que compren los bienes que necesitan, así como como asistencia para conectarlos con los mercados. Esto generará resiliencia en los sistemas alimentarios y reforzará la productividad agrícola, garantizando que ni el consumidor ni el productor se queden atrás.
A medida que los alimentos se encarecen, no solo aumenta el hambre, sino también la obesidad. Uno de cada ocho adultos en todo el mundo ya es obeso. Los alimentos altamente procesados suelen ser más baratos y están más disponibles que las opciones nutritivas y respetuosas con el medio ambiente. Los gobiernos deben incentivar al sector privado para que ofrezca alimentos más saludables y producidos de manera sostenible.
Todos los años se pierden o desperdician billones de USD en alimentos debido a las ineficiencias del sistema alimentario. Tal ineficiencia aumenta los precios para los consumidores y no es sostenible en medio de las crisis mundiales cada vez más profundas. Los gobiernos deben invertir en infraestructuras, ciencia y tecnologías innovadoras para evitar la pérdida de alimentos y garantizar que los alimentos no se estropeen antes de llegar al mercado. Los gobiernos también deben promover el consumo responsable y sensibilizar sobre el desperdicio de alimentos.
Colabora con la FAO para construir un futuro en el que todos tengan acceso a una dieta saludable sostenible. Apoya los esfuerzos para implementar las Directrices voulntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición ofrecidas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Eso también se aplica al Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas, que ofrece una lista completa de acciones que ayudan a abordar los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición en tiempos de crisis prolongadas o recurrentes.
