Módulos



El módulo 3 corresponde al nivel de intervención de las entidades sub-nacionales correspondientes a los municipios y en menor medida a los territorios indígenas y afrodescendientes en donde los PAT buscan fomentar sistemas de administración de tierra multiuso.

Módulo 3: Municipalidad y Territorios Indígenas

Factores Externos que Influyen en el Desarrollo de los PAT a Nivel Subnacional

Para la implementación y sostenibilidad de los sistemas de administración de tierra a nivel local, se requiere un entorno favorable en las esferas sociales, legales, económicas y técnicas dentro de los cuales los programas pueden operar. Al momento de analizar las competencias de los Gobiernos Municipales en los países de América Central es importante tomar en cuenta tanto el marco legal y las políticas de descentralización que determinan la autonomía subnacional, así como el conjunto institucional que permite la puesta en práctica de estas disposiciones. De igual manera, se debe tomar en cuenta el acceso a las infraestructuras dentro del territorio y el entorno cultural bajo el cual se definen entorno económico existente en la zona y las formas de gestión de los recursos.

Ver esquema: Aspectos que influencian los efectos de los PAT en los Municipios

Ver esquema: Aspectos que influencian los efectos de los PAT en los Municipios

El ámbito político e institucional

Un entorno favorable a este nivel significa:

a) Políticas de descentralización que provean un marco claro de competencia para los Gobiernos Municipales y a sus posibles agrupaciones (esquema de mancomunidad).
b)Marco jurídico y normativo que especifique las atribuciones y funciones de los Gobiernos Municipales en materia de administración de tierras.
c) Instituciones nacionales de administración de tierra y del territorio que pueden establecer relaciones formales con los Gobiernos Municipales (Catastro, Registro, Institutos de regularización de la tenencia, ordenamiento del territorio, etc.), en materia de intercambio de información y fortalecimiento de capacidades.

Durante la ejecución de los PAT, el tema de la autonomía municipal influirá en aspectos clave como:

  • El interés y nivel de participación de la municipalidad en los procesos. La forma en que el órgano político y de decisión de un gobierno local percibirá los beneficios y riesgos del proyecto frente a sus intereses.
  • El nivel de implementación a largo plazo de los sistemas de catastro e información territorial.
  • La frecuencia de la rotación del personal municipal especializado.
  • El tipo de utilización de la información catastral y territorial.
  • La sostenibilidad en el largo plazo de los sistemas y beneficios de los PAT.
  • El nivel de participación de la ciudadanía.
  • El nivel de legitimidad y de confianza en los procesos.

En América Central los PAT han considerado como prioridad definir y conciliar la relación entre las competencias catastrales de los gobiernos municipales con los catastros nacionales para lograr establecer sistemas capaces de funcionar de forma coordinada. Esta tarea suele partir del análisis de competencias y capacidades de ambos niveles de gobierno. En general las instituciones nacionales de catastro son responsables de establecer, mantener y actualizar el catastro así como de definir políticas y establecer convenios con otras instancias. A nivel local, el principal uso de la información catastral era el cobro de impuesto sobre los bienes inmuebles pero se han generado esfuerzos para poder vincular los catastros a otras funciones. La labor de inscripción de tierras tituladas en los Registros de Propiedad, es una tarea generalmente exclusiva de las instituciones centralizadas que otorgan a sus registradores el estatus de agentes de fe pública. Sin embargo se han hecho esfuerzos para dar mayores atribuciones a los gobiernos municipales en cuanto a la inscripción de las tierras, la Ley de Propiedad de Honduras (2004) establece la figura de Centros Asociados del Instituto de Propiedad en materia catastral, titulación y registro.

Ver: La importancia de los marcos legales en la Administración de tierras de los Gobiernos Municipales en el caso de Nicaragua

Ver: La importancia de los marcos legales en la Administración de tierras de los Gobiernos Municipales en el caso de Nicaragua

En Nicaragua La Constitución Nacional define el Municipio como la unidad base de la división política y administrativa del país. La reforma constitucional de 1995 reafirma la Autonomía Municipal y establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto a los municipios del país.
La Ley de Municipios aprobada en 1999 refuerza la norma constituyente y establece que el territorio nacional, para su administración, se divide en Departamentos, Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios, siendo estos últimos la unidad base de la división político–administrativa del país. La misma ley define los alcances de la autonomía municipal en la gestión y disposición de sus propios recursos.
La ley del Régimen Presupuestario Municipal en vigor desde el 2001, regula el presupuesto tanto de ingresos como de egresos propios, define los salarios de las autoridades electas y las dietas a los concejales por reunión del Concejo Municipal; establece un porcentaje mínimo para gastos de inversión; regula las operaciones de crédito y pos procedimientos para la elaboración, aprobación y modificación del Presupuesto Municipal.
La ley de Solvencia Municipal en vigor desde 2003 para hacer efectiva la recaudación de los impuestos municipales contemplados en las leyes correspondientes, permitiéndoles así poder cumplir con sus competencias según la Ley de Municipios.
El año 2003 se aprobó la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua en la que se establece una distribución de los ingresos tributarios hacia los municipios más necesitados.
La ley de Catastro, aprobada en 2004, establece el marco jurídico institucional del catastro dándole énfasis al Catastro Municipal para que este sirva como instrumento para fortalecer los sistemas tributarios a través del cobro de tasas por bienes inmuebles. Esta ley se ha considerado también como un instrumento de apoyo a la planificación territorial y para la seguridad jurídica de los bienes inmuebles.
Para 2004 los ingresos de los Gobiernos Municipales se distribuían en partes iguales entre los recursos propios (con los que pueden libremente para llevar a cabo sus funciones de gastos) y los ingresos por transferencias y donaciones. Cabe la pena resaltar que el sistema de recolección de impuesto es la fuente más grande de los Gobiernos Municipales que constituyen el 84% del total de sus ingresos tributarios. Estos están distribuidos en el IMI produce el 53% de los ingresos tributarios, el IBI ha duplicado los niveles de recaudación entre el 2000 y el 2004, llevándolo del 11% al 14,3% de los ingresos tributarios y el “impuesto de matrículas y licencias” aportó alrededor de 11% de los ingresos tributarios. Las tasas que representan el 15% del total de ingresos tributarios, son mayormente ingresadas vía el cobre de servicios prestados las que corresponden a las “facultades de hacer” son las que generan los mayores recursos.
El porcentaje que representa la recaudación de impuestos locales sobre bienes inmuebles en los ingresos totales es variable, dependiendo principalmente del tamaño del área urbana. En los municipios de carácter rural, este tipo de impuesto suele representar menos del 10% de los ingresos municipales totales.

El entorno cultural

La calidad de los servicios de administración de tierra así como la forma de ponerlos en marcha dependerán fuertemente de:

a) Los valores y normas que las comunidades han establecido para el uso y acceso a la tierra y los recursos naturales.
b) Sus sistemas de organización y prácticas de participación social (los municipios con una fuerte presencia y cultura indígena suelen tener sistemas de organización propios).
c) Los esfuerzos preliminares de la población para ordenar el uso de su territorio en cuanto a la conservación de áreas naturales, protección de cuencas, aprovechamiento forestal, etc.

El entorno cultural se refiere aquí a la forma tradicional de administración de la tierra y de los recursos naturales. En el caso de América Latina, existe una fuerte tradición de gestión común de tierras comunales, ejidales, astilleros municipales y particularmente de los territorios indígenas. Este entorno cultural influencia notablemente el alcance de los PAT puesto que puede limitar las competencias de la autoridad municipal en cuanto a la titulación, gestión y ordenamiento del territorio. Por ejemplo, en el caso de tierras ejidales, la titulación privada requiere del acuerdo de los otros miembros del ejido, en el caso de las comunidades indígenas, la titulación e inscripción en el Registro de la Propiedad no es permitida. De manera general, los territorios donde la gestión común mantienen una visión más holística sobre el acceso, uso y manejo de los recursos naturales, las cuales incluyen muchas veces la existencia de sitios sagrados dentro del territorio.

A la inversa, existen territorios donde tradicionalmente las actividades económicas han estado ligadas a la extracción de recursos naturales, como la explotación forestal, la pesca o la extracción minera. Consecuentemente, en estos territorios se pueden haber establecido marcos regulatorios propios que orientaran la forma de gestión de la tierra, el ordenamiento territorial y el uso de los recursos naturales.

Las condiciones culturales que pueden influir en resultados de los PAT a nivel municipal son:

  • La forma de toma de decisión a nivel de los miembros (quienes participan).
  • La organización de la estructura del Gobierno (Comité de ancianos para CyTI, existencia o no de comité de tierras, nivel de participación de las mujeres, etc.).
  • El nivel de conocimiento del marco jurídico e institucional nacional.
  • La fortaleza del derecho consuetudinario y otras formas de autorregulación en cuanto a acceso a la tierra y recursos naturales.
  • La presencia, en el territorio, de áreas con manejo especial y sitios ceremoniales.

Las características económicas

Los municipios en los que existe un crecimiento económico más sostenido tenderán a:

a) Generar ingresos a través de la recaudación fiscal.
b) Tener una mayor demanda de tierra y por lo tanto un mercado más dinámico.
c) Proveer mejores servicios a sus ciudadanos porque existen una mayor demanda por ello y disponibilidad de recursos.

En los municipios donde existe un mayor dinamismo económico ligado a las actividades productivas o al crecimiento urbano importante, el mercado de tierra será mucho más dinámico. Esta situación influencia ciertamente las políticas y prioridades de los municipios respecto a sus sistemas de administración de tierra, recaudación de impuesto y desarrollo de infraestructura y servicios. Esto determina de igual manera la capacidad de los municipios en lo que concierne la recaudación de impuestos materia de generación de ingresos adicionales y por consecuencia la sostenibilidad financiera de las unidades catastrales locales y la provisión de otros servicios.

De igual manera la distribución de la tierra puede influenciar las políticas de tributación y los procesos de toma de decisiones, puesto que una distribución inequitativa de la tierra y de otros activos puede limitar la capacidad para regular o incrementar la carga impositiva a las poderosas elites locales2.

Asimismo la falta de oportunidades locales para la generación de ingresos puede agudizar los procesos de migración y limitar las oportunidades de desarrollo socio-económicos de los municipios y a una reconcentración de la tierra. Sin posibilidades reales de inserción en el mercado de producción o en el mercado laboral, la titulación de la tenencia puede contribuir a la venta de tierras por parte de los campesinos más pobres y acentuar el éxodo rural. Estudios llevados a cabo en Guatemala y Honduras citan el impacto de la titulación y las numerosas ventas de tierras familiares y cooperativas por la necesitad de recursos monetarios3.

En el caso de Honduras el PAT II decidió focalizar sus acciones en aquellos municipios donde existe un mercado de tierra más activo, con la finalidad de priorizar la actualización del catastro y del registro donde existe una mayor movilidad de la propiedad.

Ver: Las zonas prioritarias en el caso de Honduras

Ver: Las zonas prioritarias en el caso de Honduras

Con el propósito de identificar de forma objetiva los municipios hacia donde los esfuerzos de actualización catastral y titulación de predios de la Fase II del PAT, el Gobierno de Honduras estableció un mecanismo de selección de áreas, basado sobre la cantidad de transacciones sobre propiedades inmuebles realizadas mensualmente en los registros de propiedad correspondientes, considerando hipotecas, desmembraciones, unificaciones y traspasos de dominios generados por instituciones oficiales. Es así que se decidió priorizar municipios en los que se realizan más de 800 transacciones mensuales4.

Las infraestructuras disponibles

Para la provisión de servicios de administración de tierra es necesario el acceso a:

a) Carreteras que comuniquen el municipios con otros.
b) Carreteras que permiten el acceso de los centros de poblaciones del mismo municipio a su sede.
c) Internet.
d) Redes informáticas y la conectividad con los sistemas de información nacionales o departamentales.

Los sistemas modernos de administración de tierra utilizan datos recolectados a través de tecnología satelital, sistemas de información geográficos e información contenida en bases de datos informatizados. Estos nuevos sistemas necesitan de infraestructuras de datos previas y conectividad a las redes de información nacional. En el caso de los países asiáticos se ha demostrado que el acceso a internet puede garantizar mejores resultados en de los PAT4.

En municipios donde la dispersión demográfica es alta resulta también esencial contar con vías de comunicación internas y acceso a medios de transporte. Esto puede facilitar el acceso de los habitantes a las unidades catastrales municipales, a las oficinas de recaudación de impuestos, a las agencias de titulación de la tenencia o a las instancias de resolución de conflictos. De igual manera, las infraestructuras apoyarán las operaciones en los mercados, el uso y la creación de capital, la planificación del uso del suelo, la infraestructura urbana y rural y en una gran medida la gestión de los recursos naturales5.

Notas

1 Sabaini, J. G., & Geffner, M. (2007). Nicaragua: el papel de los municipios como instrumento para el combate de la pobreza (Vol. 131). UN (2004). Informe Pais. Tendencias en la Descentralización, el Fortalecimiento Municipal y la participacion ciudadana en America Central
2 Zander, M., & Dürr, J. (2011). Dynamics in land tenure, local power and the peasant economy: the case of Petén, Guatemala. International Conference on Global Land Grabbing; Macías, M. (2001). Bajo-Aguán de Honduras. Editorial Guaymuras.
3 Manual de Operación del PATH para la selección del área geográfica de atención prioritaria
4 Adlington, G. (2002). Comparative Study of Land Administration Systems. World Bank.
5 Williamson, I. P. (2001). Land administration “best practice” providing the infrastructure for land policy implementation. Land Use Policy, 297-307.