Alianzas parlamentarias

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19 Apr 2021
La acción parlamentaria es fundamental para garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos. Los parlamentarios pueden orientar y monitorear las políticas del sector público y las asignaciones presupuestarias con miras a transformar sistemas alimentarios que proporcionen dietas saludables para todos. El surgimiento de la COVID-19 ha dejado en evidencia la debilidad de nuestros sistemas alimentarios. A tres meses de la llegada de la pandemia, se observaron trastornos entodos los aspectos del sistema —producción, cosecha, transporte, procesamiento, venta al por menor y consumo— que afectaron los medios de vida e incrementaron el riesgode llevar a millones de personas a un...
15 Sep 2020
La inclusión del Derecho a la Alimentación en la constitución de un país no sólo cumple con las disposiciones y obligaciones internacionales, sino que también posibilita el control judicial de toda la legislación nacional que sea incompatible con ella y establece el derecho a reparación de quienes hayan violado su acceso a la alimentación. Este documento abordará el marco regional e internacional que sirve de base para el desarrollo de este derecho constitucional en América Latina y el Caribe, y las acciones parlamentarias necesarias para hacer efectivo este derecho.
15 Sep 2020
Las leyes marco sobre el derecho a la alimentación son una estrategia colaborativa para establecer una estructura que incluya medidas legislativas efectivas para aumentar la incidencia de estas leyes en los contextos nacionales.
15 Sep 2020
Las leyes de Alimentación Escolar son instrumentos clave para la realización del Derecho a una Alimentación Adecuada, el Derecho a la Educación y el Derecho a la Salud de los escolares. Además, cumplen una función social garantizando el acceso a la alimentación de los niños y niñas más vulnerables.
15 Sep 2020
La gobernanza responsable de la tenencia, basada en principios de derechos humanos, hace que el acceso a la tierra, la pesca y los bosques sea más justo. Además, protege a las personas de la pérdida arbitraria de sus derechos, incluso mediante desalojos. Sirve para prevenir prácticas discriminatorias y redunda en procesos transparentes y participativos de toma de decisiones. También garantiza la igualdad ante la ley y puede prevenir conflictos gracias a sus mecanismos de resolución de disputas.
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