10 de diciembre de 2021, Roma- Respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos en las inversiones agrícolas, y a través de ellas, es esencial para acabar con el hambre y construir sistemas alimentarios resilientes, según un nuevo informe de políticas de la FAO.

Este documento explica cómo la inversión responsable en la agricultura, mediante la aplicación de los principios de derechos humanos durante todo el proceso, favorece progresivamente el acceso de las personas a una alimentación adecuada y contribuye a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria.

“La inversión responsable en la agricultura es una estrategia eficaz para reducir la pobreza en las zonas rurales y combatir la inseguridad alimentaria, la desnutrición y sus causas fundamentales”, dijo Serena Pepino, experta en políticas sobre el derecho a la alimentación de la FAO.

Una mayor inversión en agricultura y sistemas agroalimentarios puede ser la solución frente a uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: alimentar a una población en crecimiento en el contexto del cambio climático y la escasez de recursos naturales. Pero aumentar la inversión no es suficiente. La experiencia demuestra que algunas formas de inversión conllevan riesgos tanto para las personas como para el medio ambiente, lo que repercute negativamente en el derecho a la alimentación. Este es el caso de las inversiones que violan los derechos de tenencia, utilizan mano de obra infantil y provocan riesgos para la salud o la seguridad.

“Asegurar que las inversiones agrícolas se rijan los principios de igualdad y justicia, en favor del desarrollo sostenible e inclusivo y la conservación de la biodiversidad, es fundamental para el beneficio de todos a largo plazo”, subrayó Emma Mcghie, oficial de Programas de la FAO.

El informe también destaca la importancia de entornos propicios para las inversiones y la conducta empresarial responsable, con marcos normativos, legales e institucionales coherentes. También pone de relieve el diálogo entre empresas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, incluyendo a los grupos más vulnerables.

Construir políticas en base a los derechos humanos

El informe muestra casos concretos de cómo los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios (Principios del CSA-RAI) contribuyen a la implementación de las Directrices del CSA sobre el derecho a la alimentación.

 Los Principios del CSA-RAI son el principal instrumento mundial que proporciona recomendaciones orientadas a priorizar a los grupos más vulnerables, como pequeños pescadores, agricultores

familiares, mujeres y jóvenes, en las inversiones agrícolas. Igualmente, abordan los desafíos para el desarrollo como la creación de empleo decente y el fomento de la igualdad de género.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación son el primer intento de los gobiernos por interpretar un derecho económico, social y cultural, además de brindar apoyo para su realización.  

Ambas herramientas, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, son el resultado de un proceso de negociación llevado a cabo por múltiples partes interesadas.

Los Principios CSA-RAI, junto con otras herramientas políticas como las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y nutrición, las Directrices voluntarias sobre la tenencia (VGGT, por sus siglas en inglés) y las Directrices voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE), se basan en las Directrices sobre el derecho a la alimentación.

Confeccionando una nueva vida

Las inversiones responsables han impactado positivamente en muchos hogares y comunidades alrededor del mundo. El nuevo informe lanzado por FAO muestra el caso de una asociación de mujeres artesanas de comunidades aymaras  en la sierra de Puno (Perú).

La asociación recibió financiación pública para llevar a cabo taller de formación y mejorar sus habilidades en el manejo de alpaca. Con ello, las artesanas lograron diversificar y comercializar sus productos en nueve países, en consonancia con las tradiciones de la cultura aymara.

En la actualidad, las artesanas utilizan los ingresos generados por las ventas para financiar sus actividades agrícolas, por ejemplo, para comprar semillas o alquilar maquinaria agrícola. Con ello, ha mejorado su capacidad para producir alimentos para el autoconsumo y la seguridad alimentaria de sus familias.