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Plataforma de Territorios Inteligentes

Dinamización territorial en el proceso de paz y reconciliación en Colombia

:01/02/2017

Revirtiendo la tendencia de décadas, hoy Colombia muestra un escenario propicio para el desarrollo de procesos que estimulen la participación e inclusión social ciudadana, el ejercicio de los derechos y el empoderamiento de poblaciones históricamente discriminadas, excluidas y víctimas de conflictos y violencia. En este marco hay un rol importante que pueden jugar las identidades, la biodiversidad y el patrimonio cultural territoriales.

Colombia es un país de paradojas. Se caracteriza por un elevado nivel de biodiversidad y una enorme riqueza cultural. Ha sido reconocido como uno de los cinco países con mayor diversidad biológica a nivel internacional, y es uno de los 17 países mega diversos en el mundo. No obstante, siguen manifestándose elevados índices de pobreza y desigualdad.

La pobreza multidimensional en Colombia[1] ha ido decreciendo desde el 2010 pasando de tener 13´719.000 de personas en condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016 (DANE, 2017). Esta misma tendencia se registró también en las zonas rurales del país, pasando de 53,1% a 37,6% en 2016.

Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, concentrando más del 20% de los ingresos económicos en el 1% más rico de la población entre 1993 y 2014 (CEPAL, 2015). En relación al indicador de gasto o ingreso per cápita del hogar, Colombia se coloca entre los países que presentan la mayor inequidad territorial[2](Rimisp, 2016).

Existe una elevada brecha entre el mundo rural y el urbano, sobretodo en relación al acceso a bienes y servicios básicos, destacando la tendencia histórica de las políticas públicas sociales del país hacia el área urbana y la constante falta de oportunidades económicas en los municipios rurales y rurales dispersos del país (DNP, 2015). Lo anterior se refleja también en los atrasos del sector agropecuario del país donde se destaca la exclusión financiera y social, el rezago tecnológico, el escaso acceso al conocimiento y la baja productividad. En 2012 Colombia se colocó en el lugar 19 entre 30 países en el escalafón de productividad agrícola de la región. El acceso y aprovechamiento de la tierra han sido considerados como factores desencadenantes del conflicto social y armado que ha permanecido por más de 50 años, golpeando en gran medida las zonas rurales del país, provocando frecuentes, violentas y numerosas usurpaciones de tierras y territorios de campesinos, indígenas y  afrodescendientes (Cano Sanz et al. 2016).  De acuerdo a la de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ANCUR), Colombia es uno de los países en el mundo con el mayor número de desplazados internos (6,3 millones de casos) a causa de conflictos y violencia. Solamente en 2015 se registraron más de 224.000 nuevos casos de desplazamientos en el país (ACNUR, 2016).

Por casi cuatro décadas, el proceso de urbanización ha sido protagonista del camino hacia la modernización colombiana, encubriendo la importancia de la ruralidad en el país. De hecho, la población rural en Colombia representa más del 30% del país y alrededor del 60% de los municipios se consideran rurales. Existe una fuerte interrelación entre las ciudades grandes e intermedias con las actividades agropecuarias lo cual confiere continuidad a la ruralidad, la misma que incluye desde zonas relativamente desarrolladas hasta otras áreas en extrema pobreza (PNUD, 2011; DNP, 2015).

En el marco del largo y complejo proceso de construcción de paz, que empezó en 2012 en La Habana con las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se destaca una toma de conciencia de la deuda histórica acumulada por el Estado hacia el campo colombiano. Se empezó a mirar al mundo rural como una fuente de posibilidades para el crecimiento económico del país, con enormes potencialidades productivas, de provisión de alimentos, de materias primas y recursos ambientales y, sobretodo “como lugar privilegiado para empezar a construir la paz del lado de las víctimas” (PNUD, 2011: 7). De ahí, a finales de 2015, el Gobierno, desde la Dirección Nacional de Planeación (DNP), presentó la Misión para la Transformación del Campo que analiza los problemas del sector rural y las posibles soluciones. El principal objetivo de la Misión para la Transformación del Campo es “proponer políticas de Estado para que el país salde su deuda histórica con el campo como elemento esencial para construir la paz (…) El objetivo es, por lo tanto, garantizar oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales a nuestros habitantes rurales para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran” (DNP, 2015: 4). La Misión destaca “la necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo” (DNP, 2015: 5).

Sobre estas bases, queremos destacar cuatro factores claves para un desarrollo inclusivo y sostenible de base territorial en el país:

1. El empoderamiento de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes.

El desafío no es la consulta formal ni meros procesos tecnocráticos participativos sino lo que está en juego es el poder de toma de decisiones de estas poblaciones sobre sus oportunidades y estrategias de vida, las dinámicas territoriales y los procesos de transformación estructurales de más largo plazo, todos elementos que requieren la construcción de diálogos y nuevos pactos con los interlocutores públicos y privados.

2. La gestión territorial de la biodiversidad.

Cada día asistimos a  tragedias cuya naturaleza no se puede endosar solo al cambio climático (por ejemplo, el último desastre por el deslave en Mocoa, Putumayo[3]). Un manejo cuidadoso, resiliente e innovador al mismo tiempo, de los recursos naturales pasa por repensar no sólo las prácticas ambientales sino el conjunto de actividades de base territorial, desde el ordenamiento del uso del suelo a la agricultura, la construcción de infraestructuras y la instalación de grandes empresas explotadoras de recursos naturales, el turismo y la conservación en las áreas de reserva natural, entre otras. No se puede hacer lo mismo de siempre con un norte puesto solo en el crecimiento económico. 

3. Las identidades y el patrimonio cultural.

Lejos de representar un regreso nostálgico al pasado o plantearse un estrecho horizonte endógeno, poner en la justa luz el valor de las identidades y el patrimonio cultural puede contribuir a re-encontrarse como individuos y colectividades y encontrarse con los “otros”, construir puentes, ejercer derechos, en una sociedad que busca poner los cimientos de nuevas normas de convivencia.

Por otro lado, muchos actores rurales – entre ellos de manera sobresaliente jóvenes y mujeres – ya desarrollan estrategias de vida basadas en las expresiones culturales – tangibles e intangibles - de sus territorios y sus pueblos. ¿Cómo potenciarlas bajo una lógica de sostenibilidad que, por supuesto, no es sólo económica?

4. La expansión de capacidades como un factor transversal y basado en la libertad de escoger, como procesos que deben contribuir a la formación de una masa crítica de actores públicos y privados capaces de influir en sus ámbitos institucionales y territoriales, buscando provocar cambios en distintos niveles a favor de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia.

En este escenario y bajo estos principios, desde el 2013 el Programa de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DT-IC) de Rimisp juntamente con dos miembros de la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios (Slow Food y Diversidad&Desarrollo) y en estrecha colaboración con el Departamento para la Prosperidad Social (PS), impulsó de manera pionera la puesta en valor del patrimonio agroalimentario regional como una puerta de entrada a la seguridad alimentaria, el acceso a mercados de cercanía y a la articulación de actores públicos y privados que contribuyan a la dinamización del territorio. Se avanzó en tres departamentos del país (Guajira, Nariño y Chocó) y queda el desafío de ampliar y profundizar estos procesos, lo cual requiere no sólo del liderazgo social sino de recursos públicos que permitan dar continuidad a lo iniciado.

En el 2015, un Comité constituido por el Departamento para la Prosperidad Social, Parque Nacionales Culturales, el Programa DT-IC/Rimisp, la Fundación Activos Culturales Afro (ACUA) y Diversidad&Desarrollo (D&D), con la colaboración de la Fundación Ford, diseñó el Programa Desarrollo Territorial y Gestión Sostenible de Activos Bioculturales con Población Vulnerable y en Pobreza Extrema. Se  seleccionaron 5 Parques Nacionales Naturales con índices alarmantes de violencia, explotación minera y pobreza extrema, ubicados en territorios afectados por el conflicto armado. El año pasado se desarrolló un pilotaje en el Parque de Utría[4] y actualmente se están estableciendo las bases para un escalamiento a los otros Parques y sus áreas de influencia. En este caso la lógica es que las comunidades y los gobiernos locales establezcan estrategias articuladas de desarrollo territorial alrededor de agendas consensuadas de valorización del patrimonio biocultural. En ambos casos un pivote clave es el desarrollo de capacidades en múltiples niveles, desde los propios pobladores y sus organizaciones, pasando por los gestores territoriales y llegando hasta los funcionarios públicos. Una asignatura pendiente es el involucramiento de las empresas privadas que también deben ser parte activa de la construcción de la paz. 

En siguiente artículos profundizaremos acerca de estas iniciativas para comunicar no solo los resultados sino discutir rutas metodológicas concretas, capaces de activar la revitalización de los territorios colombianos.

 

Claudia Ranaboldo y Marta Arosio trabajan dentro del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp). Claudia es Investigadora principal y Marta es Investigadora Adjunta.

Este artículo se enmarca dentro de la serie colaborativa entre la Plataforma de Territorios Inteligentes y RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

NOTAS A PIE DE PÁGINA 

  1. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.
  2. Los 10 países analizados en el informe son: Chile, México, Ecuador, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, Bolivia, Nicaragua.
  3. En la madrugada del 1 de abril de 2017, fuertes lluvias en Mocoa (capital del Departamento del Putumayo) ocasionaron la crecida de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. La crecida generó una avalancha de lodo, agua y rocas que provocó la destrucción de viviendas, puentes, vehículos y un elevado número de muertos y heridos.
  4. Ubicado en la costa norte del Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó.

 

Foto de Enrique Restrepo Cervantes via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Author: Claudia Ranaboldo y Marta Arosio
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