Reducir la pobreza rural

Entre 1990 y 2017, el número de personas que viven en la pobreza extrema se ha reducido de 1900 a 696 millones. Sin embargo, las devastadoras repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 han invertido la tendencia a la reducción de la pobreza por primera vez desde 1990. Si no se actúa de forma urgente y transformadora, no será posible cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo).

La FAO ayuda a los países a elaborar políticas, estrategias y programas basados en datos contrastados para erradicar la pobreza, poner fin al hambre y reducir las desigualdades, centrando la atención en las áreas rurales.

En años recientes, la pobreza extrema se ha vuelto más rural. Aunque la población rural representa el 48 % de la población mundial, engloba el 80% de las personas extremadamente pobres. Ahora más que nunca, los países tienen que centrarse en las áreas rurales para erradicar la pobreza.

La Organización ayuda a los países a orientar sus políticas sectoriales hacia la población rural pobre para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición, promover la inclusión económica, fomentar medios de subsistencia sostenibles desde la perspectiva medioambiental e incrementar la resiliencia frente a riesgos y conmociones.

Principales mensajes de políticas

Aunque todavía son limitados los datos sobre el impacto presente y futuro de la COVID-19 en las poblaciones rurales y urbanas, no cabe duda de que la pobreza seguirá siendo un fenómeno predominantemente rural en los próximos años. Se corre el riesgo de que los efectos a largo plazo de la recesión económica acentúen todavía más la pobreza extrema rural y las desigualdades entre los entornos rurales y los urbanos. Además, el crecimiento demográfico de las regiones más pobres hará que siga aumentando el número de personas pobres que residen en áreas rurales. Todavía se necesita un mayor enfoque hacia las áreas rurales para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), así como la mayoría de los otros ODS, puesto que un 70 % de las metas hacen necesario actuar en las áreas rurales.

La pandemia ha hecho más evidente cómo las desigualdades preexistentes y crecientes debilitan los avances en cuanto a la erradicación de la pobreza. La población pobre, sobre todo, tiene que afrontar la situación con menos protección frente a la pérdida del empleo y un peor acceso a la asistencia y los servicios sanitarios, así como una capacidad de resiliencia reducida por la escasez de ahorros y activos.

Las repercusiones de la pandemia en la pobreza son multidimensionales y, si bien las respuestas normativas positivas como la expansión rápida de la protección social intentaban evitar la pérdida inmediata de ingresos de los hogares, es necesaria una respuesta multisectorial a largo plazo contra la COVID-19, así como un plan de recuperación audaz. Una recuperación enérgica también debería aspirar a reconstruir una economía y una sociedad más sostenible, resiliente y equitativa, atacando las desigualdades que merman la capacidad del sistema económico de reducir la pobreza y que, en última instancia, impiden el crecimiento económico en sí mismo.

Aunque invertir en la agricultura sigue siendo el principal medio para sacar a la población rural de la pobreza, no es suficiente. Los enfoques normativos clave para erradicar la pobreza también incluyen impulsar las políticas sociales; fomentar la coherencia entre la agricultura y la protección social; fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores y las instituciones rurales y aumentar la inversión en infraestructura, investigación y servicios rurales a fin de crear nuevas oportunidades de generación de ingresos en sectores no agrícolas para la población rural pobre.

El objetivo de erradicar la pobreza es indisociable de la acción climática y de la agenda para la transformación de los sistemas alimentarios. La adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como un esfuerzo renovado para conseguir sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos, supondrán un desafío, en especial para los productores en pequeña escala y las poblaciones rurales. Por lo tanto, es imprescindible que ambas agendas coloquen a sus principales contribuidores en el centro y no dejen a nadie atrás: la población rural pobre, al igual que grupos vulnerables como los agricultores familiares, los pescadores en pequeña escala, los habitantes de los bosques, los pastores, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, tendrán que ser los protagonistas de cualquier cambio necesario si no queremos dejar a nadie atrás.
Dado el carácter multidimensional de la pobreza, es fundamental reforzar el rol de los gobiernos en todos los niveles y en los sectores pertinentes, así como elaborar acuerdos de gobernanza que puedan facilitar el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas multisectoriales coordinadas para erradicar la pobreza rural. Estos acuerdos de gobernanza deberían ser transparentes e inclusivos. En especial, para ello deberían incorporar los derechos de las comunidades y aprovechar el rol fundamental de las organizaciones rurales en la prestación de servicios, la articulación de demandas y la representación de la población rural en los procesos de diálogo y de elaboración de políticas.