Los patrones recientes de deforestación en Mesoamérica están asociados con débiles sistemas de gobernanza, con la prevalencia de conflictos entre regímenes de propiedad, por altos niveles de pobreza, por el cambio climático, por la tala ilegal, por megaproyectos de infraestructura y por la expansión de agronegocios que se están intensificando por el avance del narcotráfico y del crimen organizado, cuyas estrategias incluyen la eliminación de áreas de bosque para la habilitación de caminos y pistas de aterrizaje clandestinos.

El informe “Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales - Defendiendo Derechos Territoriales. Estudios de caso sobre experiencias de prevención y defensa ante el Narcotráfico y Crimen Organizado en Mesoamérica” recoge estudios de caso sobre experiencias de prevención y defensa ante el narcotráfico y el crimen organizado en Mesoamérica. Se trata de una publicación del Programa Salvadoreño de investigación sobre desarrollo y medio ambiente (PRISMA).

Este informe analiza diversas experiencias comunitarias en Mesoamérica, donde las acciones de las comunidades forestales, de pueblos indígenasy afrodescendientes han logrado éxitos importantes en prevenir, reducir o resistir las acciones del narcotráfico, del crimen organizado y de megaproyectos de inversión que amenazan los bosques. En ello, ha sido clave la defensa y ampliación de derechos, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza territorial y la existencia de estrategias de vida de las comunidades, que forman parte de procesos más amplios de construcción de visiones de desarrollo, de gestión territorial y de cosmovisiones que garantizan la conservación y el manejo sostenible de importantes masas de bosque y otros recursos naturales en Mesoamérica.

Las comunidades no se quedan de brazos cruzados, tal como evidencia este informe, según el cual, la evidencia también sugiere que en Mesoamérica se ha desarrollado una gran diversidad de experiencias lideradas por pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades forestales, agrarias y campesinas, para defender sus derechos, sus territorios y sus recursos naturales, ante las estrategias de expansión y control desplegadas por el narcotráfico y el crimen organizado. 

Éste es un extracto de su resumen ejecutivo:

Dinámicas de deforestación del narcotráfico y el crimen organizado en Mesoamérica.

En enero de 2014, la Revista Science publicó un influyente artículo que mostró cómo los grupos del narcotráfico y del crimen organizado están exacerbando las dinámicas de la deforestación en vastas y remotas zonas de bosque de Mesoamérica, que se encuentran relativamente lejos del alcance de las autoridades gubernamentales. Esos grupos están intensificando los patrones existentes de deforestación, talando bosques para la habilitación de pistas de aterrizaje ilegal y para establecer rutas ilícitas en zonas rurales, además de lavado de dinero basado en acciones que ocasionan deforestación, como la tala ilegal, la ganadería extensiva y la expansión de plantaciones de palma africana, entre otros. Estas dinámicas son especialmente desenfrenadas en áreas donde los sistemas de gobernanza y los derechos de propiedad sobre la tierra son débiles, donde los niveles de organización social son bajos y donde las estrategias de desarrollo territorial están pobremente definidas.

Si bien estas tendencias han devastado muchos territorios a través de Mesoamérica, también hay una serie de ejemplos alentadores de territorios donde las comunidades han prevenido, reducido o resistido la expansión del narcotráfico, el crimen organizado y la deforestación en sus territorios.

Imagen: Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Estas experiencias ponen de relieve la importancia del reconocimiento de los derechos comunitarios sobre los bosques, como un requisito fundamental y como factor habilitante para el surgimiento de comunidades empoderadas y organizadas, con una participación de largo plazo en el futuro sostenible de su territorio. Lograr estas condiciones para el manejo sostenible de los bosques es aún más urgente, considerando el contexto de crisis climática global, y el papel clave que estas comunidades desempeñan en la provisión de servicios ecosistémicos para la mitigación del cambio climático.

Experiencias de prevención y defensa por parte de comunidades rurales.

En el Estado mexicano de Michoacán, comunidades indígenas purépecha, en el municipio de San Francisco Cherán, en los últimos años fueron objeto de crecientes invasiones de organizaciones criminales que empezaron a usurpar parte de las 20,000 hectáreas manejadas por estas comunidades indígenas. Dada la falta de respuesta efectiva de parte de las instituciones públicas, que a su vez fueron infiltradas por grupos ilícitos, esta comunidad indígena expulsó a los grupos criminales por la fuerza, incluyendo al alcalde y otros funcionarios municipales. Los elementos críticos en este proceso de resistencia, incluyen altos niveles de organización social, reforzados por el reconocimiento de los derechos forestales comunitarios, junto con la unidad colectiva en resistir las amenazas a la autodeterminación indígena.

En el Estado de Guerrero, en el suroeste de México, la organización social ha surgido durante cinco décadas, a través de esfuerzos  comunitarios de reclamo de derechos sobre los bosques. La Unión de Ejidos Forestales y Agrarios Hermenegildo Galeana, fue una parte clave en ese proceso, reuniendo a las diferentes comunidades y negociando exitosamente con el Estado la ampliación de derechos forestales comunitarios. La construcción de mecanismos de gobernanza a múltiples escalas entre autoridades locales, regionales y federales, ha generado beneficios positivos: en una región que se ha visto afectada por conflictos y por la destrucción ecológica, estas comunidades han logrado niveles mucho más bajos de violencia y de deforestación, que las comunidades vecinas.

En el norteño departamento de Petén, en Guatemala, las fuerzas del narcotráfico han ampliado dramáticamente su influencia durante la última década y han estado estrechamente ligadas a las dinámicas de deforestación. Durante los últimos 10 a 15 años, estas dinámicas han invadido áreas protegidas, como Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, donde la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes es baja y donde los derechos de las comunidades no son claros o son precarios. La situación existente en esta zona de conservación estricta, contrasta fuertemente con otras regiones de la Reserva de la Biosfera Maya, donde derechos comunitarios fueron reconocidos durante la década de los noventa, y donde las dinámicas de deforestación han sido mucho menores o prácticamente eliminadas, debido al activo manejo forestal realizado por las concesiones forestales comunitarias y su vinculación con importantes beneficios sociales y económicos para los miembros de las comunidades.

En Vallecito, Honduras, comunidades garífunas de la Costa Atlántica han demostrado resiliencia, persistencia y gran coraje en contra de los desalojos violentos ocasionados por parte de grupos de narcotráfico vinculados con la palma africana, que ahora amenazan los bosques remanentes más grandes del país en la Mosquitia. Estas comunidades garífunas han recurrido a recursos legales, a campañas y protestas públicas para recuperar su tierra, a pesar de las campañas sistemáticas de terror, los asesinatos y la intimidación. Los altos niveles de organización y la sofisticación de las comunidades garífunas han sido fundamentales, dada la falta inicial de apoyo de parte del gobierno para hacer valer sus derechos sobre la tierra. Las estrategias implementadas por las comunidades garífunas finalmente condujeron a la recuperación exitosa de sus tierras, aunque aún persisten desafíos legales.

En la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), la Nación Mayangna ha logrado enormes avances durante los últimos años en obtener el reconocimiento de sus derechos territoriales y en el fortalecimiento de su capacidad de gobernanza de sus bosques. A través de la Ley 28, aprobada en 1987, y la Ley 445, aprobada en 2003, los pueblos indígenas de la RAAN cuentan con una base legal y con procesos para fortalecer su autonomía. Desde 2007, más de 17 territorios indígenas han sido titulados, cubriendo por lo menos 2.5  millones de hectáreas. Este proceso ha sido clave para la Reserva de Biosfera BOSAWAS, cuya "zona núcleo" en su mayoría está compuesta por los territorios indígenas de la Nación Mayangna. El reconocimiento de los derechos indígenas y el fortalecimiento de la Nación Mayangna han mejorado claramente la gobernanza de la Reserva de BOSAWAS. Esto se refleja en las bajas tasas de deforestación en los territorios indígenas, en comparación con las zonas vecinas, que han sido taladas para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, que han estado asociadas más recientemente con la expansión de plantaciones de marihuana dentro de la Reserva, a cargo de actores externos a los pueblos indígenas. Estas comunidades han demostrado ser eficaces, no sólo en la defensa directa de sus territorios, sino también en la movilización de  apoyos externos, como el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, una rama designada para vigilar las áreas protegidas del país.

En Costa Rica, las rutas del narcotráfico están invadiendo cada vez más los territorios indígenas, en particular en el sureste del país, ya que los grupos ilícitos utilizan rutas aéreas como método clave de transporte. Recientes investigaciones descubrieron las operaciones de una red de helicópteros en Costa Rica, en las proximidades de los territorios indígenas de la Costa Atlántica. Al mismo tiempo, grupos ilícitos han incorporado nuevas estrategias que se basan en el uso de las áreas protegidas, como zonas seguras para el narcotráfico, dada la relativa falta de presencia del Estado. Incursiones recientes de grupos armados y altamente entrenados que llegaron en helicópteros a los territorios indígenas se encontraron con la movilización inmediata de las comunidades locales, las cuales, a pesar de no haber capturado a ninguna persona ajena a los territorios, incautaron documentos de identificación personal y notificaron a las autoridades correspondientes, lo que contribuyó a la intensificación posterior de las acciones de vigilancia en el territorio. Esta experiencia contrasta con otras áreas protegidas, que se esfuerzan por monitorear vastas áreas con escaso personal. Esta capacidad de monitoreo y comunicación de las comunidades locales, hansido fortalecidas a través de diversas acciones implementadas durante varias décadas, que se han basado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en el apoyo a las visiones locales de desarrollo.

En el Darién, en Panamá, los pueblos indígenas de la Comarca Emberá-Wounaan, durante mucho tiempo han estado sometidos a presiones de grupos guerrilleros, del narcotráfico y del crimen organizado. Durante los últimos años, estas presiones han aumentado, tal como ocurre con grupos de narcotráfico, que cada vez más utilizan el Darién como un punto clave de enlace para el tráfico hacia el norte, por lo que se conoce "la boca del embudo". Las comunidades indígenas han sido víctimas de asesinatos, intimidación, desplazamiento y violencia del narcotráfico, además de la colaboración forzosa o mediante el pago de sumas exorbitantes de dinero para la colaboración de miembros indígenas, sobre todo jóvenes. Estas presiones han sido exacerbadas por las respuestas inadecuadas de las autoridades panameñas, las cuales han sido lentas en responder a solicitudes de refugiados colombianos, alojados por las comunidades en territorios indígenas panameñas.

Lecciones que ofrecen estas experiencias:

Los patrones recientes de deforestación en Mesoamérica están asociados con débiles sistemas de gobernanza, con la prevalencia de conflictos entre regímenes de propiedad, por altos niveles de pobreza, por el cambio climático, por la tala ilegal, por megaproyectos de infraestructura y por la expansión de agronegocios que se están intensificando por el avance del narcotráfico y del crimen organizado, cuyas estrategias incluyen la eliminación de áreas de bosque para la habilitación de caminos y pistas de aterrizaje clandestinos. 

Las lecciones de estos casos revelan que, si bien hay nuevos patrones de deforestación impulsados por el narcotráfico y el crimen organizado en Mesoamérica, también hay evidencia de que diversas estrategias, han demostrado una gran capacidad de resiliencia frente a estas presiones en diversos territorios. Estos casos demuestran que el reconocimiento de los derechos comunitarios sobre los bosques son pilares fundamentales para garantizar beneficios económicos y sociales, que son críticos para contrarrestar las presiones del narcotráfico y el crimen organizado en zonas boscosas y otros territorios de Mesoamérica. En contraste con territorios donde estas condiciones para la gobernanza se han logrado, las actividades del narcotráfico y la deforestación prosperaran donde los derechos sobre la tierra y los recursos no están claros o están en disputa, donde existen bajos niveles de organización y donde la pobreza es elevada.

Estas condiciones prevalecen en muchas de las áreas protegidas de la región, convirtiéndose prácticamente en "tierra de nadie", que terminan siendo zonas altamente vulnerables a la incursión ilícita de madereros, de ganaderos, de la expansión de plantaciones de palma africana, junto con acciones desplegadas por grupos del narcotráfico y del crimen organizado. Los resultados de este estudio sugieren que el apoyo al reconocimiento de los derechos forestales comunitarios es una  oportunidad clave para políticas y estrategias de los gobiernos de la región, para recuperar y asegurar la gobernanza a largo plazo, de los bosques y otros territorios de Mesoamérica.

Igualmente, y dado el contexto no solamente de inseguridad, sino también de crisis climática global, es de vital importancia reconocer y apoyar el rol de las comunidades forestales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en asegurar la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales a escala planetaria, como la mitigación del cambio climático, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de sus derechos, sus estrategias de vida, sus sistemas institucionales y de gobernanza, así como sus visiones de desarrollo.