Cuando se lleva a cabo un análisis de políticas desde la perspectiva del derecho a la alimentación y de la buena gobernanza se deben abordar cuatro elementos principales para integrar completamente el derecho a la alimentación en los diseños de políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.
Los cuatro puntos sirven como lista de control cuando se analizan documentos y declaraciones de políticas para examinar de qué manera están orientadas hacia la protección y realización del derecho a la alimentación y de todos los derechos humanos, y que adhieren a las prácticas de buena gobernanza:
- Se identifican los grupos vulnerables, que tienen inseguridad alimentaria, se describen sus estrategias y actividades de subsistencia, y se realiza un análisis de causalidad para comprender las razones por las cuales cada grupo sufre de inseguridad alimentaria y/o es vulnerable a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición.
- Prioridades de políticas, estrategias de implementación de políticas y acciones específicas que apuntan a cada grupo vulnerable con inseguridad alimentaria, y abordan las múltiples causas principales de cada grupo que sufre de inseguridad alimentaria y malnutrición.
- Se establecen los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional y las referencias de plazo determinado; se incluyen como parte de los objetivos de políticas generales la protección y realización del derecho a la alimentación entre los grupos vulnerables, que sufren inseguridad alimentaria.
- Se expresan explícitamente en las políticas los principios de implementación de políticas, y apuntan a un compromiso claro de respetar y proteger los derechos humanos para todos, y aplicar las prácticas de buena gobernanza en la implementación de las políticas.
Varios de los asuntos en esta lista de control se refieren a la rendición de cuentas. Primero, la declaración de políticas en sí y los objetivos y prioridades que establecen las políticas, constituyen un compromiso del gobierno para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Se puede cuantificar aun más este compromiso cuando se establecen las metas y las referencias en las políticas, contra las cuales el progreso actual puede ser medido en el tiempo. Los objetivos y las metas necesitan ser: Específicos, Cuantificables, Asequibles, Pertinentes y de Duración Determinada (SMART). Segundo, el gobierno siempre puede ser considerado responsable cuando no se cumplen los principios y las estrategias de implementación de las políticas, particularmente cuando la no adherencia resulta en violaciones de los derechos humanos.
