Formulación e Implementación de Políticas y Programas

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Cuando se lleva a cabo un análisis de políticas desde la perspectiva del derecho a la alimentación y de la buena gobernanza se deben abordar cuatro elementos principales para integrar completamente el derecho a la alimentación en los diseños de políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.

Los cuatro puntos sirven como lista de control cuando se analizan documentos y declaraciones de políticas para examinar de qué manera están orientadas hacia la protección y realización del derecho a la alimentación y de todos los derechos humanos, y que adhieren a las prácticas de buena gobernanza:

  • Se identifican los grupos vulnerables, que tienen inseguridad alimentaria, se describen sus estrategias y actividades de subsistencia, y se realiza un análisis de causalidad para comprender las razones por las cuales cada grupo sufre de inseguridad alimentaria y/o es vulnerable a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición.
  • Prioridades de políticas, estrategias de implementación de políticas y acciones específicas que apuntan a cada grupo vulnerable con inseguridad alimentaria, y abordan las múltiples causas principales de cada grupo que sufre de inseguridad alimentaria y malnutrición.
  • Se establecen los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional y las referencias de plazo determinado; se incluyen como parte de los objetivos de políticas generales la protección y realización del derecho a la alimentación entre los grupos vulnerables, que sufren inseguridad alimentaria.
  • Se expresan explícitamente en las políticas los principios de implementación de políticas, y apuntan a un compromiso claro de respetar y proteger los derechos humanos para todos, y aplicar las prácticas de buena gobernanza en la implementación de las políticas.

Varios de los asuntos en esta lista de control se refieren a la rendición de cuentas. Primero, la declaración de políticas en sí y los objetivos y prioridades que establecen las políticas, constituyen un compromiso del gobierno para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Se puede cuantificar aun más este compromiso cuando se establecen las metas y las referencias en las políticas, contra las cuales el progreso actual puede ser medido en el tiempo. Los objetivos y las metas necesitan ser: Específicos, Cuantificables, Asequibles, Pertinentes y de Duración Determinada (SMART). Segundo, el gobierno siempre puede ser considerado responsable cuando no se cumplen los principios y las estrategias de implementación de las políticas, particularmente cuando la no adherencia resulta en violaciones de los derechos humanos.

Formulación diseño e implementación de políticas a nivel regional y nacional

El proceso de formulación de una política debería conformar las prácticas de buena gobernanza con estrechos vínculos a los principios de los derechos humanos, ya que con esto surge la probabilidad de que la política en realidad sea implementada de forma que contribuya a la protección y realización de los derechos humanos. Las declaraciones de políticas necesitan ser transformadas en acciones concretas para tener sentido e impacto. Los documentos de políticas normalmente presentan un bosquejo amplio en las áreas estratégicas de acción para lograr las metas y objetivos de las políticas, pero requieren planes operacionales complementarios para la implementación de las políticas. El control de la implementación e impacto de las políticas es un instrumento que proporciona información con la cual se les puede pedir que rindan cuentas a un gobierno, sus instituciones, así como a otros actores.

Diseño e implementación del programa a nivel nacional

Las prácticas de buena gobernanza y el derecho a la alimentación deben estar en el centro del diseño, implementación y control del programa. En el nivel de diseño, el foco debería ser la relevancia, la capacidad de respuesta en relación a la diversidad local, fijación de objetivos, las intervenciones y actividades, la gestión y los vínculos institucionales del programa. Además, la implementación y control del programa deberían aplicar las prácticas de buena gobernanza. En particular, los programas basados en los derechos deberían tener, en existencias, mecanismos de compensación; asegurar la colaboración y coordinación amplia de diferentes sectores, y ser sustentable en términos de recursos humanos y compromisos de financiamiento, propiedad y flexibilidad para responder a las necesidades futuras.