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©Benedicte Kurzen/NOOR for FAO

Protección social

En 2013, la protección social ayudó a sacar de la pobreza extrema a 150 millones de personas. Sin embargo, solo un 45 % de la población mundial está cubierto efectivamente por, como mínimo, una prestación social. La población de las áreas rurales, sobre todo, carece de protección social.

Mejorar los sistemas de protección social para reducir la pobreza y erradicar el hambre.

La protección social puede reducir la pobreza extrema y mejorar la seguridad alimentaria, así como aumentar la resiliencia de los hogares en épocas de crisis y animar a los hogares rurales a invertir en la producción agrícola. Para la FAO, entre las medidas de protección social se cuentan la asistencia social (p. ej., transferencias monetarias), seguros sociales (p. ej., seguros médicos) y programas del mercado laboral (subsidios de desempleo).

La Organización trabaja con gobiernos y asociados para incorporar la protección social en políticas nacionales de desarrollo rural, estrategias de seguridad alimentaria y nutrición, programas de adaptación al clima y planes de inversiones. La FAO hace hincapié en la importancia decisiva de ampliar la protección social a las áreas rurales, y ayuda a los gobiernos a diseñar, implementar y evaluar sistemas enfocados a beneficiar a la población rural pobre.

Principales mensajes de políticas

  • La protección social es una inversión, no un gasto. La mayoría de países, incluso los más pobres, pueden costear programas de este tipo. Unos sistemas de protección social bien diseñados e implementados no solo tienen múltiples efectos productivos y sociales; también pueden impulsar el crecimiento económico local. La FAO trabaja para ampliar los sistemas de protección social, facilitando la integración entre las políticas de protección social, seguridad alimentaria y nutrición, reducción del riesgo de catástrofes y políticas agrícolas. El objetivo es aumentar el potencial económico y productivo de los hogares rurales y maximizar el efecto de la protección social en la transformación rural.
  • Los programas de protección social reducen la inseguridad y pueden ayudar a abordar los factores sociales y económicos de la malnutrición, que son determinantes. Esta protección puede, por ejemplo, permitir el acceso a una alimentación más abundante y de mejor calidad, y facilitar que los hogares pobres diversifiquen su consumo de alimentos, a menudo mediante el aumento de su producción propia.
  • La protección social es un componente fundamental de las estrategias de reducción de la pobreza. Puede apoyar y mejorar directamente los medios de subsistencia rurales paliando las restricciones de crédito, ahorro y liquidez. La asistencia social proporciona la base mínima de seguridad en los ingresos para garantizar la seguridad alimentaria y la actividad de subsistencia a pequeña escala. La previsión social llega a la población vulnerable y permite a los habitantes de áreas rurales gestionar los riesgos inherentes a las actividades agrícolas. El acceso a una protección social adecuada en dichas áreas tiene implicaciones para la gestión de riesgos y la inclusión económica.
  • La protección social también mejora la capacidad de resiliencia de los hogares rurales para reducir su vulnerabilidad cuando se enfrentan, responden y resisten a catástrofes naturales y de origen humano. Entre estas catástrofes están las relacionadas con la variabilidad, el cambio y el conflicto climático. Además, la protección social puede atacar las barreras económicas para permitir que los hogares pobres realicen una transición a medios de subsistencia más productivos y sostenibles, incluidas las prácticas climáticamente inteligentes.
  • Pese a estos efectos decisivos, para sostener y maximizar el rol de la protección social se necesita un enfoque integral. La protección social despliega toda su eficacia cuando se integra en estrategias multisectoriales centradas en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de los recursos naturales y la reducción de la pobreza rural. En la práctica se ha demostrado que los beneficios derivados de esta protección son mucho mayores cuando los ministerios, las organizaciones locales y los asociados trabajan conjuntamente para asegurar la coherencia y la compatibilidad entre las políticas.

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