En lo que respecta a Colombia, el gobierno y los productores campesinos se encuentran en un momento histórico de diálogo. Ello se ha traducido en la conformación del Pacto Nacional Agrario y en el avance hacia un Plan Nacional de Desarrollo Rural que contempla a la agricultura familiar como un eje central de la política pública agraria. Considerando que el número total de pequeños productores familiares en Colombia es estimado en 700.000, de los cuales la gran mayoría son de subsistencia (Maletta Héctor, 2011), es necesario un esfuerzo significativo para que las familias agrícolas más vulnerables puedan involucrarse equitativamente y con oportunidades en un proceso de desarrollo sostenido.

En Colombia, la mayor parte de la agricultura familiar se encuentra en zonas ricas en recursos naturales y biodiversidad, haciendo potencialmente más viable y pertinente una estrategia para la promoción de este tipo de agricultura, bajo criterios de intensificación sostenible de la producción con enfoque territorial, orientado a disminuir la provisión de subsidios individuales e incrementar la generación de bienes públicos, que vayan más allá de la agricultura, dirigidos a solucionar la problemática de las áreas rurales y que abarca a comunidades indígenas, de pescadores y de mineros artesanales.

Desde una perspectiva político-institucional, Colombia es uno de los países que necesita avanzar explícitamente en una conceptualización de la Agricultura Familiar y en una caracterización operativa de su tipología, para definir instrumentos diferenciales focalizados en este grupo. No obstante, en la actualidad es posible identificar algunos programas de gobierno que conciben a la Agricultura Familiar como un actor heterogéneo y estratégico apropiado para contribuir a alcanzar la paz y por lo tanto, promueven acciones orientadas a que este tipo de agricultura pueda desarrollar su potencial en términos de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

Nuestras zonas estratégicas y áreas protegidas, proveedores de servicios ecosistémicos o servicios ambientales, confinadas por la guerra, corren altísimos riesgos de intervenciones incontroladas en caso de firmarse la Paz en Colombia. Por esto, se requieren proyectos e intervenciones integrales en la ruralidad, que minimicen e impidan los riesgos de su explotación indebida y consecuente destrucción, permitiendo su preservación y el desarrollo de actividades en la Paz.

Se trata entonces de identificar otro modelo de desarrollo regional rural, que se base en la agricultura familiar que permita aprovechar las oportunidades productivas y estratégicas que ofrecen los territorios (sus recursos humanos y naturales) y los mercados potenciales (locales, nacionales, internacionales), que permitan a las comunidades rurales su evolución desde las actuales condiciones de marginalidad y pobreza hacia el bienestar y progreso.

El proceso de construcción de paz en Colombia demandará el empeño de varias generaciones. Debe iniciarse cuanto antes con claridad de metas y procedimientos adecuados que recojan, cuando sea necesario, experiencias colombianas y del resto del mundo, así como diálogos extensos y metódicos con ellos para conocer sus actitudes y expectativas frente al proceso de paz.

Este texto ha sido proporcionado gentilmente por las autoridades de este país.