Derecho a la alimentación

Aunque se producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población, hasta 828 millones de personas padecen hambre, y otros 3.1 mil millones no pueden permitirse una dieta saludable. Todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho a una alimentación adecuada.

Trabajar para hacer realidad el derecho fundamental a la alimentación.

El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano. Un enfoque de la seguridad alimentaria y la nutrición basado en los derechos humanos (EBDH) es decisivo para enfrentarse a las causas subyacentes del hambre y de la malnutrición.

La liberación ante el hambre es tanto un derecho humano fundamental como un objetivo constitucional de la FAO. En 2004, los Estados miembros de la Organización adoptaron las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices sobre el Derecho a la Alimentación).

La FAO ayuda a los estados a implantar las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación diseñando metodologías y herramientas analíticas; asistiendo en la formulación y la implantación de políticas y programas; desarrollando y fortaleciendo las capacidades de los actores principales; fomentando una gobernanza sólida, de la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito mundial y regional; y facilitando y promoviendo las asociaciones y el diálogo entre diferentes partes interesadas.

Principales mensajes de políticas

El derecho a una alimentación adecuada es una obligación jurídica conforme al derecho internacional. Fue reconocido por primera vez como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25) de 1948. En 1966 se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye una garantía legal para el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, y para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada (Artículo 11). Ya hay 171 Estados Parte que han ratificado este acuerdo vinculante.

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación y las directrices afines subsiguientes adoptadas en el ámbito internacional, como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (VGGT) y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE), así como marcos mundiales como el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (GSF) sirven de orientación sobre las acciones y los procesos dirigidos a hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada. Facilitan el diseño, la implantación y el seguimiento de marcos normativos, legales, institucionales y programáticos a nivel nacional.

Un EBDH ayuda a los países a cumplir sus obligaciones fomentando un entorno propicio que mejora la autosuficiencia de las personas y su capacidad de alimentarse de manera digna.

Si otorgan prioridad a las personas más vulnerables y logran la participación de todas las partes interesadas pertinentes en las fases más tempranas, las políticas pueden ser más coherentes y los esfuerzos nacionales más efectivos, incluidos los dirigidos a conseguir los Objetivos y las Metas acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, el Objetivo 2.

La COVID-19 está amenazando el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todos los países del mundo, incluso en aquellos que nunca habían estado en riesgo. La pandemia está demostrando la importancia de la prevención y la preparación, así como del acceso a una alimentación saludable y asequible. Es necesario adoptar un enfoque integral que preste más atención a las relaciones entre la alimentación, la salud y todos los derechos humanos.
La colaboración con diversas partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores, es vital para garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todos. A fin de mejorar la gobernanza alimentaria en aspectos como la inocuidad de los alimentos, precios razonables, etiquetado correcto y protección del consumidor, es necesario sensibilizar, difundir información vital y fomentar la inclusividad en los procesos de toma de decisiones. Escuchando a los consumidores se adquieren conocimientos que llevan, a su vez, a prácticas sostenibles y bien informadas.