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Derecho a la alimentación

Políticas y programas

El apoyo a las políticas que ofrece la FAO sobre el derecho a la alimentación se ofrece para que los países puedan diseñar y adaptar sus estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutrición con especial atención a la gobernanza y a la incorporación del derecho humano a la alimentación.

Unas políticas y programas bien formulados sobre seguridad alimentaria y nutricional que aborden las cuestiones fundamentales relacionadas con el derecho a la alimentación, cuentan con amplio apoyo político y social y disfrutan de una implementación fluida, son más propicias para reducir el hambre y la malnutrición (ODS 2), erradicar la pobreza (ODS 1)  y contribuyen a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas (ODS 5).

Las políticas y programas nacionales deben formularse e implementarse en base a los acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes pertinentes para el derecho humano a una alimentación adecuada, ratificados por el país o de los que éste forme parte. Además del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para él y su familia -incluida una alimentación adecuada-, otro marco importante es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que protege la igualdad de acceso de la mujer a la tierra, al crédito, a los ingresos y a las redes de seguridad social o de protección, elementos esenciales para la plena realización del derecho a la alimentación.

Los cinco puntos siguientes resumen los elementos clave que indican en qué medida los documentos sobre políticas están orientados a la protección y realización del derecho a la alimentación, y a la adhesión a prácticas en relación con los principios de derechos humanos:

  • Se identifican grupos vulnerables y de inseguridad alimentaria, se describen sus estrategias y actividades de subsistencia y se realiza un análisis de causalidad para comprender las razones por las cuales cada grupo sufre de inseguridad alimentaria y/o es vulnerable a la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
  • Prioridades de las políticas: las estrategias de implementación de políticas y las acciones específicas se dirigen a cada grupo vulnerable y abordan las múltiples causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
  • Se han establecido objetivos de seguridad alimentaria y nutrición, y metas y puntos de referencia sujetos a un calendario.
  • La protección y la realización del derecho a la alimentación se incluyen como parte de los objetivos generales de las políticas.
  • Los principios de implementación de las políticas están explícitamente establecidos en la política y apuntan a un compromiso claro de respetar y proteger los derechos humanos de todos al implementarla.

Formulación, diseño e implementación de políticas a nivel regional y nacional

El proceso de formulación de una política debe ajustarse a las prácticas de gobernanza con sólidos vínculos con los principios de derechos humanos, ya que esto aumenta la probabilidad de que la política se implemente en realidad de manera que contribuya al derecho a la alimentación. La propia declaración de políticass y los objetivos y prioridades que establece constituyen el compromiso del gobierno de reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Este compromiso se cuantifica aún más cuando en la políticas se establecen objetivos y referencias con plazos determinados, con los que se puede medir el progreso real en el tiempo.

Las declaraciones de políticas deben transformarse en acciones concretas para que tengan sentido e impacto. Los documentos de políticas establecen normalmente áreas de acción amplias y estratégicas para alcanzar las metas y objetivos de las mismas, pero requieren planes operativos complementarios para su implementación. Ver:

Diseño y ejecución de programas a nivel nacional

Las prácticas de gobernanza basadas en los derechos humanos y el derecho a la alimentación deberían estar en el centro de la implementación y la vigilancia del diseño de programas. A nivel de diseño, el enfoque debe centrarse en la pertinencia, capacidad de respuesta a la diversidad local, focalización, intervenciones y actividades, gestión y vínculos institucionales del programa. La implementación y vigilancia del programa deberían también aplicar las prácticas mencionadas al establecer mecanismos de reparación; garantizar una colaboración y coordinación intersectorial amplia y ser sostenibles en términos de recursos humanos y compromisos financieros.

Para obtener más información, consulte la sección dedicada:

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación abordan de principio a fin la cuestión de las políticas y programas. En particular, las Directrices 2 (“Políticas de desarrollo económico”) y 3 (“Estrategias”) son explícitas sobre las obligaciones del Estado de formular políticas y estrategias que contribuyan a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Deben establecerse mecanismos de coordinación intersectorial para facilitar la implementación de políticas y programas (Directriz 5 - “Instituciones”), aplicando al mismo tiempo un enfoque de múltiples partes interesadas para la formulación e implementación de políticas (Directriz 6 - “Partes interesadas”). Las políticas deberían otorgar la máxima prioridad a proporcionar un acceso adecuado a los alimentos a los hogares e individuos más vulnerables y marginados (Directriz 13 - “Apoyo a los grupos vulnerables”).

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