Herramienta de evaluación, 2010.

Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Gobiernos aceptaron su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación. Estas obligaciones pueden ser realizadas, por ejemplo, mediante la adopción de políticas, leyes y estrategias así como a través de programas e instituciones que conduzcan al desarrollo de este derecho fundamental. Para poder llevar a cabo este objetivo, es indispensable que el Estado realice una evaluación preliminar en aras de identificar quiénes son las personas que padecen hambre, dónde se encuentran localizadas y cuáles son las razones por las cuales se encuentran en estado de inseguridad alimentaria. De hecho, la etapa de evaluación es fundamental puesto que constituye una fuente única de información que resulta necesaria para el diseño de estrategias alimentarias a largo plazo. De igual forma, llevar a cabo una adecuada evaluación preliminar facilita la adopción de medidas inmediatas y el desarrollo de un entorno propicio a nivel legal, político e institucional.

Las evaluaciones llevadas a cabo hasta el momento han buscado analizar la situación de inseguridad alimentaria de manera general pero no han abarcado a profundidad el contenido del derecho a la alimentación y las obligaciones que tiene el Estado en virtud de respetar, proteger y hacer efectivo este derecho.

Con ánimos de contribuir y facilitar la labor de los Estados en la evaluación de la situación del derecho a la alimentación en sus propios países, la Unidad del derecho a la alimentación de la FAO reunió un pequeño grupo de expertos para recoger y discutir las experiencias realizadas hasta ahora en materia de evaluación sobre el derecho a la alimentación. La presente lista de chequeo es el resultado de dicho encuentro.

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