Estudio sobre el Derecho a la Alimentación, 2014.

El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) se implementó en un entorno caracterizado por una alta incidencia de pobreza, malnutrición crónica y desigualdades, aunque se han producido avances legislativos e institucionales en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. Los tres programas en los países tienen varios elementos en común. Su principal objetivo era reducir la inseguridad alimentaria y nutricional. Sus acciones involucran a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, y aplicaron un enfoque de aprendizaje a través de la práctica en la prestación de apoyo a los grupos comunitarios. A pesar del hecho de que los programas fueron diseñados originalmente sin referencia directa a los principios de derechos humanos, se encontró que en la práctica se aplican algunos principios de derechos humanos y prácticas de buena gobernanza.

Los programas promovieron la participación y el empoderamiento aplicando métodos participativos para tomar decisiones conjuntamente con los grupos comunitarios sobre qué hacer y cómo hacerlo. Los programas se implementaron en áreas caracterizadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición, pero no tenían criterios explícitos para llegar a los más vulnerables. Se detectó que apenas existía un enfoque de género y priorización de los grupos indígenas. Las acciones sobre el terreno fueron sostenibles a nivel ambiental e inclusivas a nivel social. En aras de la transparencia, es importante que los participantes del programa y todos los miembros de la comunidad tengan acceso a toda la información necesaria. Los programas no establecieron mecanismos para que el personal tuviera que rendir cuentas. Con el fin de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas es necesario aportar una mayor comprensión de los principios de derechos humanos y promover que los participantes del programa se vean a sí mismos como titulares de los derechos, con capacidad para reclamar estos mismos derechos.