Serie de "En Breve", 2007.

Este documento titulado “Cómo conducir una evaluación del Derecho a la Alimentación” es parte de la serie de "En breve", que también contiene documentos titulados “Análisis de presupuestos”, "Cómo vigilar la realización del Derecho a la Alimentación” y "Cómo legislar el Derecho a la Alimentación".

Desarrollar una estrategia para implementar el derecho a la alimentación debe comenzar con evaluar la situación actual. Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación recomiendan que los estados comiencen con "una evaluación cuidadosa de: la legislación nacional existente, medidas administrativas y de políticas, programas actuales, identificación sistemática de las limitaciones existentes y la disponibilidad de los recursos existentes." No solamente los resultados e impacto de las políticas y las medidas del programa son importantes, sino también la implementación de los procesos. Los procesos basados en los derechos son transparentes, participatorios, no discriminatorios y empoderan a los poseedores de los derechos y responsabilizan a los poseedores de los deberes. El análisis posterior revelará que cambios en las políticas, nuevas medidas y prioridades sobre seguridad alimentaria pueden liderar la realización de los derechos a la alimentación.

En este documento se abordan los elementos "por qué" "quién" y "cómo" del proceso de evaluación del Derecho a la Alimentación. Los elementos básicos de la evaluación son:

• Identificar y caracterizar la inseguridad alimentaria, de los grupos vulnerables y marginalizados que no gozan del derecho a la alimentación adecuada (y probablemente a otros derechos económicos, sociales y culturales);
• Comprender las razones fundamentales que hacen que cada grupo tenga inseguridad alimentaria, vulnerabilidad y marginalización;
• Comprender el entorno legal e institucional donde las medidas de políticas/programas deben ser implementadas y los riesgos que podrían comprometer el fomento del derecho a la alimentación adecuada;
• Comprender las limitaciones de las políticas/programas existentes o propuestos y la necesidad de rediseñar para incorporar un enfoque basado en los derechos para lograr el derecho a la alimentación adecuada.