El derecho a alimentarse dignamente y no padecer hambre está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado y ratificado actualmente por 170 Estados Partes. Así pues, el derecho a la alimentación es una obligación legal que se basa en el derecho internacional. Para cumplir con esta obligación, muchos países y organizaciones internacionales han tomado medidas concretas para incidir en las políticas y leyes en favor de la realización del derecho humano a la alimentación.

• Muchos países han incluido el derecho a la alimentación como una meta concreta que alcanzar a través de políticas, leyes y estrategias que abordan la seguridad alimentaria y la nutrición.
• Varios países han desarrollado y fortalecido mecanismos de gobernanza y diálogo sobre políticas para garantizar la participación de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en decisiones fundamentales relacionadas con nutrición y seguridad alimentaria.
• Otros países han desarrollado o adoptado herramientas metodológicas para medir con precisión si una nueva política, ley o proceso de gobernanza avanza según lo planeado y alcanza los resultados esperados.
• Al mismo tiempo, la formación y la educación han contribuido a consolidar competencias, divulgar, aumentar la participación y garantizar medidas más duraderas.

La FAO, como agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner al logro de la seguridad alimentaria y nutricional, ha apoyado a lo largo de los años a los Estados Miembros comprometidos con este importe objetivo.