La iniciativa está orientada a transformar la gestión integrada de los ecosistemas, desde las cuencas altas hasta los ecosistemas marinos compartidos del Caribe y el Pacífico abordando desafíos como la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la vulnerabilidad climática.  Con un enfoque integral “De la Cuenca al Mar”, el proyecto está alineado con la Estrategia Regional Ambiental (ERAM), y será un mecanismo operativo para su actualización e implementación. Además, es resultado del liderazgo de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, y contará con el apoyo de la FAO en su rol de entidad implementadora y facilitadora de procesos. 

El proyecto permitirá realizar acciones que impactarán favorablemente en los dos grandes ecosistemas marinos de la región, que albergan cerca del 10 % de los arrecifes de coral del planeta, extensas áreas de manglares, pastos marinos y una rica biodiversidad. Más de 60 millones de personas dependen directa o indirectamente de los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Sin embargo, su equilibrio se encuentra amenazado por el crecimiento urbano desordenado, la expansión agrícola, el turismo no planificado, la contaminación por desechos sólidos y aguas residuales, así como por los efectos cada vez más severos del cambio climático.

Ante este escenario, los países del SICA, bajo la coordinación de la CCAD, y con el apoyo técnico de la FAO, han unido esfuerzos para desarrollar una respuesta regional basada en una visión ecosistémica e integrada, para desarrollar acciones, tales como:

• Fortalecer la capacidad institucional de la CCAD como plataforma regional de coordinación ambiental.
• Implementar planes piloto de gestión integrada en cuencas prioritarias.
• Desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento ambiental.
• Elaborar un Plan de Acción Regional Cuenca al Mar al 2050, alineado con políticas nacionales y compromisos internacionales.
• Fortalecer los sistemas de información, monitoreo y toma de decisiones basadas en evidencia científica.

Asimismo, la iniciativa promoverá un enfoque participativo e inclusivo, incorporando a los minsiterios de ambiente de los países, gobiernos locales, comunidades indígenas, sector privado, academia y sociedad civil, con especial énfasis en la equidad de género y la sostenibilidad de los medios de vida.

Durante el acto de firma, la FAO recordó que existen otros ámbitos prioritarios en lo que se debe seguir avanzado y movilizar financiamiento para implementar soluciones concretas, tales como la conservación y restauración de manglares, la gestión sostenible de los océanos y las zonas marino-costeras; la gestión sostenible de los bosques, áreas en la que los Ministerios de Ambiente de los países ejercen un liderazgo fundamental.

Con esta acción, los países del SICA reafirman su compromiso con la protección del patrimonio natural compartido y con la construcción de un futuro más resiliente, sostenible e inclusivo para las generaciones presentes y futuras.

El enfoque Cuenca al Mar del proyecto se alinea de manera directa y estratégica con la propuesta de inversión de Soluciones Hídricas Integrales de la Iniciativa Mano de la Mano – Construyendo Resiliencia en el corredor seco y zonas áridas de la región SICA, en tanto ambos promueven una visión sistémica e integrada de la gestión del agua como eje central para la resiliencia territorial, la sostenibilidad de los ecosistemas y la seguridad de los medios de vida.

Enlaces relacionados:

https://www.thegef.org/projects-operations/projects/11520

Al taller asistieron representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Fonafifo, SINAC), la Cámara Forestal Madera e Industrias (CFMI), la Oficina Nacional Forestal (ONF), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Asociación Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (Codeforsa), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La diversidad de actores reflejó la amplitud del desafío: construir un sistema robusto, interoperable y alineado con las necesidades del sector público, privado y la cooperación internacional.

Durante la apertura, Arturo Ureña, coordinador nacional de proyectos de la FAO, destacó el avance alcanzado gracias al trabajo conjunto, “este proceso avanza gracias al compromiso institucional y al diálogo técnico. El trabajo conjunto permitirá construir soluciones sólidas y sostenibles para el país”.

Por su parte, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, subrayó el papel estratégico del sistema para la proyección internacional de Costa Rica, comentó que, “podemos tener un sistema de trazabilidad que muestre al mundo cómo trabajamos y cómo usamos responsablemente nuestros recursos naturales. Un sistema sólido, trazable y confiable, construido con la participación de todas las partes y con visión regional”.

La FAO lidera, actualmente, el acompañamiento técnico internacional, con experiencia en bosques, agricultura sostenible, cadenas de valor libres de deforestación, sistemas de monitoreo forestal (SNMF) y procesos de Medición, Reporte y Verificación (MRV). Este apoyo se canaliza mediante proyectos multilaterales y bilaterales, incluido el Programa UN-REDD, una iniciativa conjunta de FAO, PNUD y UNEP enfocada en reducir emisiones por deforestación y degradación.

El respaldo técnico solicitado por Costa Rica se formalizó, tras la reunión del 24 de julio de 2024, encuentro en el que también participó la Cámara Forestal Madera e Industrias (CFMI). La CFMI fue una de las organizaciones que impulsó activamente la necesidad de avanzar en un sistema nacional de trazabilidad, aportando criterios técnicos y la visión del sector productivo para orientar los primeros acercamientos. En aquella sesión, coincidieron el Director Forestal de la FAO, Zhimin Wu, el Embajador de Costa Rica, Federico Zamora, el viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez y la representación de la CFMI, que impulsó la agenda técnica que hoy continúa desarrollándose.

Este segundo taller da continuidad al Primer Taller de Acercamiento, realizado el 26 de junio de 2025 en Santa Clara de San Carlos. Ese primer encuentro permitió identificar actores clave y revisar experiencias nacionales como SIREFOR-SINAC y Trazar-Agro+.

La sesión de esta semana marcó el inicio formal de la etapa de conceptualización del SNTF, centrada en:

• Presentar hallazgos del diagnóstico técnico del sistema.
• Definir los requisitos operativos y arquitectónicos del futuro SNTF.
• Identificar fuentes sostenibles de financiamiento.
• Proponer un modelo de gobernanza operativa interinstitucional.
• Establecer los próximos pasos hacia el diseño técnico.

Aunque la FAO funge como facilitadora técnica, el SNTF es una iniciativa plenamente liderada por el Estado costarricense, que deberá responder a las necesidades reales del sector forestal y construirse de manera participativa, con una gobernanza transparente y funcional.

El taller permitió avanzar en la definición del alcance, propósito y punto de partida del sistema; identificar mecanismos de financiamiento para su implementación; y trabajar en la estructura de gobernanza. También, se trazó la hoja de ruta que guiará la próxima fase: el diseño técnico, cuyo resultado se espera para febrero de 2026.

Entre los principales productos del proceso se proyecta contar con una memoria técnica del taller, una propuesta conceptual del sistema, un primer mapeo de financiamiento, un esquema de gobernanza operativa y una hoja de ruta para la siguiente etapa.

El encuentro reunió a representantes del sector público, privado, académico y de cooperación internacional vinculados con la gestión, control, transformación y comercialización de productos forestales maderables en Costa Rica, consolidando un paso más hacia un sistema de trazabilidad moderno, confiable y alineado con las metas nacionales de sostenibilidad.

Personas productoras vinculadas con las ferias del agricultor de distintas regiones del país participaron en una jornada de capacitación dedicada a fortalecer sus conocimientos sobre cómo aprovechar mejor los alimentos y reducir las pérdidas. La actividad se realizó en la Escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica (TEC), con el apoyo de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos (Red PDA), en el marco del Proyecto Sistemas Agroalimentarios Urbanos (Brasil–FAO). 

"Manos al Suelo" reafirmó su enfoque con la niñez, al recibir a más de 150 niños y niñas de escuelas cercanas. La jornada fue facilitada por miembros asociados a la ACCS, quienes de manera voluntaria apoyaron la dirección de las distintas estaciones didácticas, transformando el aprendizaje sobre el suelo en una experiencia práctica y memorable.

Los jóvenes participantes rotaron por una serie de estaciones interactivas diseñadas para cubrir aspectos clave de la ciencia y la conservación del suelo.

Los estudiantes conocieron las calicatas, aprendieron sobre compostaje y microorganismos, técnicas de conservación, siembra y cosecha, así como la elaboración de abonos orgánicos.

Fortaleciendo la alianza por los suelos de Costa Rica

Esta edición de "Manos al Suelo" destacó por ser un claro ejemplo de colaboración interinstitucional. La actividad fue articulada y apoyada como un mecanismo de alianza a través de la Alianza Nacional por los Suelos y las Tierras (ANST), demostrando un frente unido en la promoción del cuidado del suelo a nivel nacional.

Los socios estratégicos que hicieron posible la jornada incluyeron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Corporación Bananera Nacional (CORBANA), Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, y el anfitrión, el Parque La Libertad.

"El éxito de 'Manos al Suelo' radica en la capacidad de convocar y unir voluntades. Contar con el respaldo de la ANST, PNUD, FAO, CORBANA y Fundecooperación nos permite llevar el mensaje de 'Suelos Sanos' a una escala mayor, asegurando que las futuras generaciones en Costa Rica entiendan que la salud de nuestro suelo es la base de nuestra propia salud," indicó Hugo Montero, Presidente de la ACCS.

La ACCS agradece la participación de todos los niños y niñas, miembros asociados, aliados estratégicos, y se compromete a seguir impulsando iniciativas que pongan el valor del recurso suelo en la agenda nacional y local.

Esta semana, se llevó a cabo el Taller “Acelerando la transición hacia una economía con emisiones netas cero y con enfoque positivo para la naturaleza en Costa Rica", (Net Zero Naturaleza Positiva – NZNP), proyecto que se desarrollará entre 2025 y 2030 con los objetivos de reducir 1,440,293 toneladas de CO₂ equivalente; fortalecer la integración entre descarbonización, la iniciativa de Agropaisajes Sostenibles, la adaptación al cambio climático y biodiversidad, e identificar acciones clave del Plan Nacional de Descarbonización y la NDC 3.0.

Durante el encuentro, las instituciones participantes reiteraron la importancia de promover un sector pesquero sostenible, competitivo y generador de bienestar social.

“Este encuentro nos recuerda el valor que tiene la pesca para tantas familias y comunidades a lo largo de nuestras costas. La participación de diversos sectores en esta conmemoración abre un espacio para reflexionar de manera conjunta sobre cómo asegurar que esta actividad continúe desarrollándose de forma responsable y en armonía con los ecosistemas marinos”, expresó Mary Ching Sojo, viceministra de Agricultura y Ganadería.

Por su parte, el presidente ejecutivo de INCOPESCA, Nelson Peña Navarro, indicó:

“El fortalecimiento del sector pesquero requiere coordinación entre instituciones y comunidades. Por eso promovemos la investigación, la pesca responsable y la protección de nuestros ecosistemas marinos, con el objetivo de garantizar que la actividad pesquera sea sostenible y beneficiosa para todos los habitantes de la costa”.

Entre las iniciativas impulsadas en beneficio del sector se encuentran:

• Convenio SBD–MAG–INCOPESCA: Con un aporte inicial de ₡300 millones al Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), se facilita acceso a créditos blandos, asistencia técnica y apoyo empresarial a pescadores y acuicultores, priorizando a las comunidades costeras.
• Sistema de Monitoreo Satelital (VMS): Con una inversión de ₡105 millones, permite el control satelital de 346 embarcaciones de la flota palangrera, fortaleciendo la vigilancia en tiempo real y fomentando la pesca responsable.
• Permisos de investigación: Se han otorgado 50 permisos en Puntarenas, beneficiando a más de 200 familias, con el objetivo de recopilar información científica sobre especies marinas y fortalecer la seguridad jurídica del sector.
• Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros (PSE-MC): Creado mediante la Ley N.°10507, reconoce a comunidades que protegen manglares y ecosistemas marinos. Actualmente participan seis asociaciones con 157 personas, y se proyecta ampliar la cobertura a más de 420 beneficiarios en Guanacaste, Puntarenas e Isla Chira.

Además, el subdirector general de la FAO y director de su División de Pesca y Acuicultura, Manuel Barange, destacó la importancia de esta actividad productiva para impulsar la seguridad alimentaria y la necesidad de mejorar su gobernanza:

“Este es un día significativo para todos los que trabajamos en el sector pesquero. Esta conmemoración nos permite resaltar la importancia de promover la pesca sostenible y la salud de las poblaciones de peces en todo el mundo, así como reflexionar sobre los millones de personas que dependen de esta actividad para su sustento y seguridad alimentaria, en especial las comunidades pesqueras en pequeña escala”.

La conmemoración incluyó un reconocimiento a las personas que dedican su vida al mar, reafirmando el compromiso institucional con un sector pesquero más sostenible, inclusivo y próspero para Costa Rica.

El Mapa del Hambre es una herramienta interactiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que cartografía la inseguridad alimentaria y la subalimentación a nivel mundial, incluyendo tendencias y la progresión hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), Hambre Cero.

 Costa Rica muestra un progreso en la erradicación del hambre. Los datos presentados por la FAO indican que la subalimentación pasó de 4,6 % en 2000-2002 a 2,7 % en 2013-2015, y desde 2024 se ubica por debajo del 2,5%, lo que le permitió al país salir del Mapa del Hambre de acuerdo con los criterios del SOFI 2025.

Según indica la FAO, estos datos reflejan el impacto y la inversión de las políticas de protección social, el fortalecimiento del derecho humano a la alimentación y el apoyo a la agricultura familiar, contribuyendo al cumplimiento del ODS 2.

“Salir oficialmente del Mapa del Hambre —como lo confirma el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición— no es solo un logro nacional, es un ejemplo inspirador para toda América Latina y el Caribe”, comentó Máximo Torero Cullen, Economista en Jefe, Director General Adjunto y Representante Regional para América Latina y el Caribe a.i. de la FAO.

“Entendimos que la solidaridad más efectiva es la que llega primero a la primera línea. Con el fortalecimiento de herramientas como el Sistema Sinirube, logramos atender de forma prioritaria a aquellos hogares y personas que más agravantes presentan y nos ha permitido desarrollar IMAS Impulsa, modelo de intervención con el que se pretende que, para la mayoría de los hogares, los subsidios o transferencias estén condicionadas a logros específicos, orientados a la movilidad social de las personas”, indicó Yorleny León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta Ejecutiva del IMAS.

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, destacó la importancia de mantener un trabajo articulado entre los sectores productivos, las instituciones públicas y la cooperación internacional. Asimismo, manifestó que:

“La seguridad alimentaria requiere un compromiso permanente que se construye desde el trabajo en los territorios rurales, con las familias productoras, con la ciencia y con la innovación sostenible, para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso a los alimentos, garantizando el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas".

Asimismo, Costa Rica se encuentra trabajando en la atención de nuevos desafíos vinculados con la malnutrición, 1 de cada 3 adultos en el país tiene obesidad y más del 70% de los adultos presentan exceso de peso, que forman parte integral de la agenda de salud pública. Estos retos representan una oportunidad para fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar hacia sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y sostenibles, consolidando así los logros obtenidos y construyendo un futuro con mejor nutrición para todas las personas.

“Los avances alcanzados en la reducción del hambre en Costa Rica son motivo de reconocimiento, pero también invitan a redoblar esfuerzos frente a los desafíos de la malnutrición. Este es un momento clave para renovar compromisos y construir un futuro más justo, sostenible y nutritivo para toda la población” destacó Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica.

 En el marco del 80 aniversario de la FAO y la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en este mes, la Organización hace un llamado para continuar transformando en conjunto los sistemas agroalimentarios.

 Más información sobre el informe El informe SOFI 2025:

https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/es

El taller, denominado “Emprende y Crece: un Camino al Éxito para Mujeres Emprendedoras de la Comunidad de Rey Curré”, se impartió de manera presencial y estuvo a cargo de especialistas en finanzas saludables de Coopemep.

“Desde el MEIC, impulsamos acciones para llevar la educación financiera a todos los rincones del país; por eso, en alianza con la FAO y Coopemep, nos unimos para realizar estos tallares de formación gratuita diseñado especialmente para las necesidades de las mujeres de esta comunidad. Buscamos crear un efecto positivo para hacer crecer negocios e impactar en la comunidad, por ejemplo, mediante el uso de redes sociales”, indicó Patricia Rojas Morales, ministra de Economía, Industria y Comercio.

Formación para crecer y emprender

El programa contempló cuatro sesiones prácticas en las que se abordaron temas clave para el desarrollo de los negocios, tales como:

• Emprendimiento y planificación estratégica.
• Mercadeo y uso de redes sociales.
•Contabilidad básica y finanzas para emprendedores.

El objetivo es empoderar a mujeres indígenas emprendedoras, brindándoles conocimientos y herramientas que les permitan gestionar sus proyectos de forma exitosa y sostenible.

“En Coopemep, estamos muy satisfechos de participar en esta importante iniciativa conjunta con el MEIC y la FAO, debido a que, el alcance de la capacitación, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), representa una oportunidad para empoderar a las mujeres indígenas y brindarles herramientas que les permitan fortalecer la gestión de sus emprendimientos, impactando de forma positiva su desarrollo personal y el bienestar de sus familias y comunidad”, comentó Jorge Solano Rodríguez, Gerente Coopemep R.L.

Impacto de la iniciativa

Desde 2024, la FAO es aliada de la ENEF mediante un convenio de cooperación que facilita identificar y acercarse a comunidades con potencial de crecimiento económico. Su aporte ha sido clave para establecer el vínculo con las mujeres de Rey Curré, la mayoría de ellas jefas de hogar dedicadas a actividades productivas como agricultura, crianza de animales, turismo y artesanías.

“Es importante el empoderamiento de las mujeres indígenas como agentes clave para transformar los sistemas agroalimentarios. A través del fortalecimiento de sus capacidades, se promueve la inclusión, la resiliencia y el desarrollo de sus comunidades para contribuir a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para toda la población indígena”, señaló Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

La ENEF, respaldada por la Ley 10627, Ley Marco para la Promoción de la Educación Financiera, busca fortalecer la alfabetización financiera en todo el país, especialmente en poblaciones con mayores desafíos para acceder a este tipo de conocimiento.

“Para nosotras, nuestro grupo y nuestra comunidad, la capacitación representa la construcción de mejores condiciones de vida y estamos seguras de que con estas herramientas lograremos mayor impacto en las actividades que hacemos y con ello impactaremos positivamente a nuestras familias y a las personas que nos rodean”, comentó Casilda Jiménez, secretaria de la Asociación de Mujeres Indígenas Emprendedoras Di Cri de Guácimo, Rey Curré.

Los resultados positivos que este tipo de esfuerzos, tienen en sus públicos meta, constituye una valiosa oportunidad para invitar a más organizaciones a sumarse al trabajo que se realiza desde el MEIC para hacer de la educación financiera un elemento clave que eleve las capacidades de la población con este tema.

El encuentro convocó a autoridades municipales, representantes de instituciones públicas, academia, sociedad civil y sector privado para fortalecer las capacidades sobre el derecho humano a la alimentación adecuada y la gestión local de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), intercambiar experiencias y visibilizar el papel estratégico de los gobiernos locales en la garantía de este derecho humano. 

Maricela Hernández, directora ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) enfatizó que los gobiernos locales conocen de primera mano las necesidades de sus territorios, por eso es clave motivar a que más municipalidades se sumen a estas iniciativas.

Según la directora ejecutiva, desde el IFAM celebran a los gobiernos locales pioneros, visionarios y líderes que ya implementan acciones concretas para transformar sus comunidades, como Curridabat, Santa Bárbara, Buenos Aires, Guatuso, entre otros. Estas experiencias demuestran que sí es posible avanzar en este tema. Las decisiones que tomen hoy son determinantes para garantizar, a largo plazo, la sostenibilidad de este derecho fundamental.

Durante la jornada se abordaron temas como el marco jurídico e institucional del derecho humano a la alimentación, estrategias municipales para impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles y los resultados de las evaluaciones de políticas públicas en esta materia.

"La gobernanza no se decreta, se teje: con confianza, datos simples, indicadores claros y aprendizajes compartidos. Cuando medimos, mejoramos; cuando coordinamos, multiplicamos. Si nadie queda atrás honramos el sentido de lo público", María Fernanda Jiménez, coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación (ODA), capítulo de Costa Rica.

En el marco del seminario, se presentó el mapeo de seguridad alimentaria y nutrición en los gobiernos locales de Costa Rica elaborado por la FAO. Este recurso ofrece a las municipalidades un marco conceptual jurídico, con datos clave y casos de éxito para fortalecer su trabajo en SAN.

“Garantizar el derecho a la alimentación adecuada y lograr la seguridad alimentaria y nutricional no es un tema exclusivo del nivel central, los gobiernos locales están llamados a liderar transformaciones desde sus territorios porque conocen de cerca la realidad de las comunidades”, destacó Manuela Cuvi, Oficial Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica de la FAO.

El seminario se enmarca en el proyecto “Legislar en favor del derecho a una alimentación adecuada”, ejecutado por la FAO con el apoyo del Ministerio Federal de Agricultura, Alimentación e Identidad Regional de la República Federal de Alemania (BMEL). Su propósito es promover marcos legislativos y políticas públicas, tanto a nivel nacional como local, que contribuyan a la transformación de los sistemas agroalimentarios, de manera que sean sostenibles, inclusivos, equitativos y resilientes, garantizando así el derecho a una alimentación adecuada.

Contexto nacional

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2024) en Costa Rica el 18% de los hogares se encontraban en condición de pobreza y un 4,8% en pobreza extrema. A ello se suma una creciente desigualdad: el índice de Gini pasó de 45,6 en 1997 a 50,2 en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estas condiciones afectan el acceso a alimentos suficientes y saludables para los grupos más vulnerables.

De ahí la importancia de avanzar en la gobernanza local de los sistemas agroalimentarios, garantizando que las políticas nacionales y locales incentiven el consumo de alimentos saludables, para que sean más accesibles y culturalmente apropiados para toda la población.

Este proceso cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Alianza Nacional por los Suelos y las Tierras (ANST) y socios internacionales.

“El suelo es un recurso vivo y limitado. Contar con datos sólidos sobre su biodiversidad es fundamental para tomar decisiones informadas que garanticen la producción de alimentos, la conservación de los ecosistemas y la resiliencia frente al cambio climático”, destacó Natalia Rodríguez Eugenio, especialista de la FAO. 

En un taller que reunió a cerca de 40 representantes del gobierno, academia, sector privado, organizaciones agrícolas y organizaciones no gubernamentales, quienes intercambiaron conocimientos y compartieron herramientas innovadoras para evaluar la biodiversidad de los suelos. Durante la actividad también se identificaron brechas en infraestructura y redes de colaboración, y se reconocieron proyectos y capacidades técnicas que podrían servir de base para el nuevo sistema de monitoreo.

El encuentro fue un paso clave hacia la gestión sostenible de los recursos y fue organizado por la FAO, en colaboración con la Alianza Mundial por el Suelo (GSP) y la Red de Observación de la Biodiversidad del Suelo (SoilBON).

Este esfuerzo forma parte del plan de acción de la Iniciativa Internacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad del Suelo, adoptado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y del Marco Mundial de la Biodiversidad Kunming-Montreal.

La FAO, a través del Observatorio Global de la Biodiversidad del Suelo (GLOSOB), busca impulsar el desarrollo de sistemas nacionales capaces de monitorear indicadores biológicos del suelo, mismos que son esenciales para mantener la salud de los ecosistemas, la productividad agrícola y la seguridad alimentaria.

El encuentro incluyó presentaciones de personas expertas a nivel nacional e internacional y un panel de discusión sobre el estado actual del monitoreo en Costa Rica (incluyendo los desafíos y oportunidades para su implementación).

El evento hizo un llamado a reforzar la cooperación entre instituciones públicas, sector privado y organizaciones de personas productoras, reafirmando el compromiso de Costa Rica con la gestión sostenible de sus recursos naturales y con las metas globales de conservación establecidas en el Marco Kunming-Montreal.

Este reconocimiento forma parte del proceso global impulsado por la segunda Cumbre de Seguimiento de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios (UNFSS+4, por sus siglas en inglés), que ha apoyado a más de 150 países en distintas acciones para transformar sus sistemas alimentarios con un enfoque más inclusivo, sostenible y multisectorial. 

Un sistema agroalimentario sostenible asegura que todas las personas puedan tener acceso a alimentos nutritivos hoy y en el futuro, sin poner en riesgo el medio ambiente, la economía ni el bienestar social. Esto implica que sea rentable, genere beneficios para toda la sociedad y proteja los recursos naturales. 

“Este tipo de prácticas y casos de éxito no solo inspiran a otros países, sino que también reflejan cómo las políticas públicas bien diseñadas, financiadas y monitoreadas pueden traducirse en transformaciones beneficiosas para las personas productoras, consumidoras y las futuras generaciones”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica. 

Costa Rica construyó una hoja de ruta a partir de diálogos multisectoriales que involucraron a la sociedad civil organizada, los sectores público y privado. Este proceso se desarrolló con un enfoque orientado a integrar la transformación de los sistemas agroalimentarios en los planes nacionales de desarrollo y en las políticas sectoriales claves vinculadas con una mejor nutrición, producción y medio ambiente. 

El informe destaca que, a partir de estos diálogos nacionales, se realizó un diagnóstico y un análisis de las políticas existentes para identificar prioridades y oportunidades aún no atendidas dentro de los marcos nacionales. Este ejercicio permitió orientar las acciones necesarias para cerrar las brechas detectadas en los sistemas agroalimentarios.  

Esta estrategia tiene fundamento legal en la Ley Marco 10627 para la promoción de la Educación Financiera de los Habitantes de la República.

“Desde el MEIC, hemos asumido el compromiso de llevar la educación financiera a todos los rincones del país; por eso, en alianza con la FAO y el Banco de Costa Rica, ponemos en marcha este programa de formación gratuita, diseñado especialmente para las necesidades de esta comunidad y su cooperativa. Con esta iniciativa buscamos que no solo puedan administrar mejor sus ingresos, sino también para hacer crecer negocios e impactar en la comunidad”, indicó Patricia Rojas Morales, ministra de Economía, Industria y Comercio.

El programa se ha desarrollado en el mes de julio de 2025 y ha sido impartido por personas expertas del BCR. Se han incluido temas como administración del dinero, elaboración de presupuestos, gestión de deudas, mercadeo digital, atención al cliente, manejo de inventarios, cálculo de costos y precios, entre otros.

Su objetivo es fortalecer las capacidades financieras y comerciales de la cooperativa.

“En el Banco de Costa Rica creemos que el acceso al conocimiento financiero transforma vidas. Por eso, impulsar la educación financiera en comunidades como la de estas trabajadoras del mar en Puntarenas, es parte de nuestro compromiso con el desarrollo inclusivo, la equidad de género y el fortalecimiento de las economías locales”, manifestó Julio César Trejos Delgado, gerente general a.i del BCR.

Por su parte, la FAO destacó la importancia de brindar herramientas concretas para el empoderamiento económico de las mujeres rurales.

 “Promover la autonomía económica de las mujeres rurales es fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios hacia modelos más inclusivos, resilientes y sostenibles. Al fortalecer sus capacidades financieras, contribuimos no solo al bienestar de sus familias, sino también a la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales”, expresó Andrea Padilla Arce, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

 Sobre CoopeMoluscos

 Fundada en 2014, esta cooperativa está integrada mayoritariamente por mujeres jefas de hogar que se dedican a la extracción artesanal y sostenible de moluscos como piangua, almejas, mejillones y choras. También, promueven la reforestación y conservación de los manglares en la zona.

 “Para nuestra cooperativa es importante reforzar conocimientos relacionados con la educación financiera para mejorar la actividad económica que realizamos, el contar con mayor conocimiento, nos permitirá ser más eficientes en la extracción sostenible de moluscos, lo cual constituye una actividad no solo representativa de la provincia, sino también una actividad de suma relevancia para los miembros de nuestra cooperativa y nuestras familias, comentó la presidenta de CoopeMoluscos Chomes, Aracelly Jiménez.

En el caso de Costa Rica, se reconoce el progreso en la elaboración de la hoja de ruta nacional para la transformación de los sistemas agroalimentarios, con un enfoque centrado en la equidad, la sostenibilidad y la resiliencia. Este instrumento, que abarca el periodo 2023 - 2026, define acciones concretas, responsables, indicadores de medición y asignaciones presupuestarias. Su fortalecimiento ha sido posible mediante la creación de la mesa técnica para los sistemas agroalimentarios, un espacio intersectorial que brinda apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en su rol de convocante nacional, en el seguimiento y monitoreo de las acciones definidas.

Este proceso ha sido posible gracias al acompañamiento técnico y estratégico de la FAO, en conjunto con la División de Sistemas Agroalimentarios e Inocuidad de los Alimentos (ESF) y al acceso a recursos provenientes del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uno de los hitos más relevantes ha sido la implementación del Programa Conjunto: “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles”, respaldado por el Fondo Conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Joint SDG Fund), la FAO y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), bajo el liderazgo del MAG, el Ministerio de Salud (MS) y los gobiernos locales.

Este programa se ejecuta en los cantones de Guatuso, Alajuela y Buenos Aires, Puntarenas, dos comunidades rurales con altas tasas de inseguridad alimentaria, malnutrición y bajo índice de desarrollo social.  En estos cantones se han construido estrategias con las comunidades para fortalecer la gobernanza local, mejorar capacidades en prácticas agroproductivas sostenibles y promover hábitos alimentarios saludables en las familias. Además, ha impulsado la participación de mujeres, Pueblos Indígenas y juventudes, colocando sus voces en el centro del proceso transformador. 

“La articulación y el trabajo que se ha desarrollado de manera participativa a nivel territorial han permitido promover acciones para la implementación de la hoja de ruta nacional para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, conectando la transformación de las políticas públicas con las dinámicas y necesidades de los territorios”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

En paralelo, la FAO ha trabajado junto al Ministerio de Salud en el desarrollo de una aproximación de análisis de la situación alimentaria y nutricional de los primeros mil días de vida en pueblos indígenas, desarrollando un documento con mensajes técnicos y materiales basados en las Guías Alimentarias ajustadas al contexto cultural de estas comunidades.

Acción climática: transformación resiliente para el sistema agroalimentario

Costa Rica también avanza en la integración de la sostenibilidad ambiental y la acción climática en su sistema agroalimentario. A través del apoyo de la FAO, el país ha desarrollado acciones clave de adaptación y mitigación frente al cambio climático, con un fuerte arraigo territorial.

Entre los hitos más destacados se encuentra la implementación de la Agenda Agroambiente con miras al 2030, con el apoyo de la FAO y el liderazgo del MAG y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), como una hoja de ruta para integrar la gestión ambiental en el sector agroalimentario, en línea con los ODS.

Además, con la implementación del proyecto "Acelerando la transición hacia una economía con emisiones netas cero y con enfoque positivo para la naturaleza en Costa Rica”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), se articulan acciones con el Plan Nacional de Descarbonización, promoviendo la iniciativa de agropaisajes y prácticas agrícolas sostenibles.

Por otra parte, mediante el Programa Ampliación de la Ambición Climática en el uso de la Tierra y la Agricultura (Scala), ejecutado por la FAO y el PNUD, con el apoyo del MAG y el Minae, se ha logrado la ejecución de acciones climáticas concretas en el sector agropecuario. En este marco, Costa Rica se ha convertido en uno de los primeros países en implementar los protocolos de Recarbonización de Suelos Agrícolas (Recsoil), una estrategia clave para mejorar la salud del suelo, capturar carbono y aumentarla productividad.

Asimismo, el país avanza en la creación de esquemas innovadores de Pago por Servicios Ambientales (PSA) enfocados en la recarbonización de los suelos agropecuarios, mediante la articulación de esfuerzos entre instituciones estatales y el sector privado. Esta estrategia no solo incentiva la conservación ambiental, sino que también mejora los medios de vida de las personas productoras.

En el ámbito ganadero, se trabaja en la certificación de carne bovina con trazabilidad, promoviendo una ganadería baja en carbono y con acceso a mercados sostenibles. De igual forma, en la región del Corredor Seco de Guanacaste se desarrollan acciones para fortalecer la resiliencia comunitaria ante la variabilidad climática, a través de prácticas agroecológicas, recuperación de suelos y acceso al agua.

Hacia un modelo de desarrollo justo, resiliente y bajo en emisiones

La experiencia de Costa Rica demuestra que el financiamiento estratégico, articulado con una planificación participativa y multisectorial, es fundamental para transformar los sistemas agroalimentarios. El trabajo conjunto con la FAO ha permitido al país convertir desafíos estructurales en oportunidades para el desarrollo, el bienestar y la sostenibilidad.

En la Cumbre de Seguimiento de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2025 (UNFSS+4), el país reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo rural que pone a las personas en el centro, fortalece la resiliencia climática y promueve una transición justa hacia sistemas agroalimentarios inclusivos, sostenibles y basados en derechos.

Sabrina Jiménez, una mujer productora y lideresa indígena de la comunidad Maleku, participó activamente en el taller de elaboración de bioinsumos y compartió: “este curso realmente me brindó nuevos conocimientos que puedo aplicar en mis cultivos y en los proyectos que realiza mi familia. Es importante saber que podemos implementar estos conocimientos para que nuestros cultivos y nuestras prácticas diarias sean más sostenibles y amigables con el medioambiente”.

Este valioso proceso de aprendizaje fue posible gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco del proyecto “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles”, respaldado por el Fondo Conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Joint SDG Fund), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Impulsar prácticas que reduzcan el uso de agroquímicos es fundamental para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Esto no solo contribuye a disminuir la contaminación del suelo y el agua, sino que también mejora la calidad de los alimentos, protege la salud de las personas productoras y consumidoras, y refuerza la resiliencia de los ecosistemas. En la FAO estamos convencidos de que el conocimiento práctico es una herramienta poderosa para lograr el cambio”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Las personas productoras también aprendieron a elaborar distintos tipos de productos libres de químicos a partir de materiales naturales, muchos de ellos disponibles en sus propias fincas. Entre los bioinsumos trabajados destacan el súper magro sólido y líquido, biol, compost, microorganismos de montaña (MM), caldos minerales y tés de compost. Todos estos insumos contribuyen a nutrir los cultivos, mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de productos químicos.

Además de las sesiones prácticas, las personas participantes tuvieron acceso a diferentes materiales educativos complementarios, entre ellos, una guía paso a paso y desplegables ilustrados que explican de forma sencilla cómo preparar y aplicar estos insumos en el campo.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del MAG para impulsar biofábricas en los territorios, como espacios clave para que las comunidades produzcan sus propios insumos naturales y avancen hacia una alimentación más saludable y una agricultura progresivamente libre de agroquímicos.

Según Marvin Leitón, jefe de extensión agrícola del MAG en Guatuso, contar con una biofábrica equipada ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso. “Esto nos permite desarrollar las capacitaciones de forma más eficiente y al mismo tiempo, ofrecer a las personas productoras un abanico más amplio de bioinsumos que pueden elaborar. Muchas veces lo más costoso es justamente eso: tener el lugar, el equipo y las materias primas. Esta iniciativa viene a contribuir con esa necesidad de forma muy concreta”, señaló.

Gracias al trabajo conjunto entre instituciones y comunidades, Guatuso avanza con paso firme hacia la transformación de sus sistemas agroalimentarios, apostando por prácticas más sostenibles, resilientes y libres de agroquímicos. La experiencia demuestra que, con conocimiento, herramientas adecuadas y compromiso local, es posible cultivar un futuro más saludable y próspero para las comunidades.

En un encuentro realizado en el Tecnológico de Costa Rica, sede Santa Clara en San Carlos, sector público y privado se acercó por primera vez para planificar esta iniciativa, con el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través del Programa ONU REDD y la colaboración del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (MINAE-SINAC) y la Cámara Forestal Madera e Industria (CFMI).

Este proceso es impulsado por el Ministerios de Ambiente y Energía, por medio de los viceministerios de Ambiente y Gestión Estratégica de Costa Rica, con el acompañamiento técnico de la FAO, y forma parte de una estrategia nacional para robustecer la legalidad forestal, reducir riesgos de comercio ilegal de madera y mejorar la competitividad del sector forestal costarricense frente a exigentes mercados como el europeo (EUDR) o el estadounidense (Ley Lacey).

“Costa Rica ha avanzado significativamente en materia de legalidad forestal, pero el siguiente paso es integrar tecnología e innovación en los procesos, para garantizar la trazabilidad desde la finca hasta el producto de primera transformación de la madera. No se trata solo de control, sino de asegurar transparencia, responsabilidad y competitividad en el comercio maderero”, comentó Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.

 La actividad contó con la participación de delegados de múltiples entidades nacionales involucradas en la cadena forestal, así como representantes de programas y organismos internacionales.

Cynthia Salas, directora de la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, mencionó que, “en un contexto global, donde la demanda de madera certificada y de origen legal crece de forma acelerada, la trazabilidad forestal se consolida como una herramienta clave para promover un comercio responsable. Costa Rica, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y por contar con un marco legal forestal sólido, enfrenta ahora el desafío de fortalecer sus sistemas de trazabilidad: desde el árbol en la finca hasta la troza o tabla que llega al aserradero o al mercado internacional”.

 Este paso implica incorporar herramientas tecnológicas que permitan dar seguimiento continuo a la madera, a lo largo de la cadena productiva, asegurando que el origen sea verificable y que los criterios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad sean respetados en cada eslabón de la cadena.

“Un sistema nacional de trazabilidad no solo fortalece la confianza en nuestros productos forestales, también le da al productor responsable las herramientas para demostrar que su madera proviene de una finca que cumple con todos los criterios legales y ambientales”, indicó Natalia Chacón Cid, directora Ejecutiva de la Cámara Forestal Maderera e Industria.

 Un sistema que fortalezca al productor nacional

Uno de los grandes desafíos actuales es comunicar y demostrar a los consumidores —nacionales e internacionales— que la madera costarricense proviene de fincas que aprovechan la madera, bajo el cumplimiento estricto de las normativas ambientales, con cosechas planificadas y ejecutadas bajo criterios técnicos y legales aportando al manejo forestal sostenible de los bosques del país.

La trazabilidad será una garantía para los compradores y una herramienta de respaldo para los productores forestales que hacen las cosas bien. Con un sistema nacional de trazabilidad consolidado, los productores responsables ganarán en reputación, acceso a nuevos mercados, y valor agregado para su madera.

Al respecto, el viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, indicó que, “un sistema nacional de trazabilidad no solo fortalece la confianza en nuestros productos forestales, también le da al productor responsable las herramientas para demostrar que su madera proviene de una finca que cumple con todos los criterios legales y ambientales”.

Por su parte, Carlos Isaac Pérez, viceministro de Gestión Estratégica, reiteró que este primer encuentro busca generar un diálogo abierto entre representantes del gobierno, sector privado, productores forestales, academia y organizaciones internacionales, con miras a construir de forma participativa el sistema nacional de trazabilidad.

Una nueva era para los bosques y el sector maderero en Costa Rica.

La trazabilidad no es solo un mecanismo de control: es una herramienta estratégica para dar valor a los productos forestales costarricenses, garantizar su legalidad, fortalecer la conservación productiva de los bosques y posicionar al país como un modelo regional en gestión forestal sostenible y transparente.

Costa Rica reafirma, así, su liderazgo en la región en temas ambientales, adaptando sus sistemas de control y fiscalización a las nuevas realidades del mercado global y a las exigencias de sostenibilidad del siglo XXI.

“Desde la FAO apoyamos este proceso porque la trazabilidad nacional forestal es una herramienta necesaria para fortalecer la buena gobernanza al interior del país y una condición clave para abrir mercados, garantizar legalidad y fortalecer la sostenibilidad del manejo forestal. Costa Rica tiene una base normativa sólida y el potencial para convertirse en un referente regional”, Nhaydú Bohórquez, Experta REDD+ -América Latina/Experta en Gobernanza Forestal y Cadenas de Valor Positivas para los Bosques de la FAO.

La actividad se organizó con la colaboración y participación de los  Ministerios de  Ambiente y Energía y Agricultura y Ganadería (MINAE-MAG), Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés).

Mediante un esfuerzo articulado entre el MINAE, el MAG y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), bajo la sombrilla de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles se lideraron iniciativas estratégicas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario exportador nacional, incluyendo las acciones del país al cumplimiento de los retos del Reglamento de Deforestación (EUDR) de la Unión Europea.

El EUDR representa un marco normativo que establece estrictos requisitos para la comercialización de productos agrícolas asociados a la deforestación. Este reglamento, que entró en vigor el 29 de junio de 2023, busca garantizar que materias primas como café, cacao, carne, madera, aceite de palma y otros productos clave sean comercializados bajo condiciones que no comprometan los bosques y los ecosistemas globales.

“Costa Rica no improvisa en sostenibilidad. Este proyecto refleja planificación a largo plazo, respaldo internacional y compromiso local. Integra agropaisajes sostenibles, biodiversidad y descarbonización en una sola visión: un país más justo, más verde y más preparado para el futuro”, expresó el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner.

Es importante destacar que el país ya estaba preparado para cumplir con el reglamento en el plazo inicial del 30 de diciembre de 2024, gracias a las herramientas, políticas y estrategias implementadas por el Gobierno, las cuales fueron presentadas por el viceministro del MAG, Fernando Vargas, e hicieron posible que la Unión Europea le comunicara a Costa Rica que es un país de bajo riesgo en materia de exportaciones de productos agrícolas libres de deforestación. Este resultado también ha abordado temas estratégicos que fortalecen la capacidad del país para posicionar al sector productivo no solo en la Unión Europea sino que también en otros mercados internacionales.

Seguidamente, Julieta Calvo, Directora CENIGA MINAE y Mauricio Gutiérrez, de la Unidad Agromática MAG presentaron, como parte del desarrollo de sistemas de trazabilidad, el Mapa de Referencia de uso Agropecuario y Forestal 2020, el cual posiciona a Costa Rica como líder no solo en sostenibilidad, sino también en el cumplimiento normativo y la producción responsable de bienes agropecuarios libres de deforestación.

 Finalmente, Carlos Isaac Pérez, viceministro del MINAE, presentó los siguientes resultados:

• Avances de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles (IAPS), como la propuesta de Costa Rica para implementar la declaración de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra y contribuir a la meta de 1.5℃, donde también la ha venido aplicando para apoyar a los productores agropecuarios en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Pacto Verde Europeo y otros similares. La IAPS tiene como objetivo para el 2035 mantener el territorio de Costa Rica como un paisaje forestal y agrícola resiliente capaz de producir “commodities” con cero deforestación neta y consolidar su transformación hacia un paisaje carbono neutral con bajo consumo de agroquímicos, así como la conservación de bosques de alto valor y aplicando los conceptos de la adaptación al cambio climático.

• La Marca País “PLANETA VIVO Costa Rica”, como un sello de excelencia en sostenibilidad que demuestra el compromiso del sector agropecuario para conservar el agropaisaje y garantizar la producción libre de deforestación, con un balance neutro en emisiones y una reducción significativa en el uso de agroquímicos en beneficio de los suelos y agua.

• El Proyecto: “Acelerando la transición hacia una economía de cero emisiones netas y positiva para la naturaleza en Costa Rica”. El mismo tiene como objetivo central apoyar a Costa Rica en la implementación tanto de la Iniciativa de Agropaisajes Sostenibles como de su Plan Nacional de Descarbonización (PND), fortaleciendo a su vez la integración entre descarbonización y biodiversidad, identificando acciones clave para la fase 2023-2050 del PND y desarrollando una serie de mecanismos para acelerar la descarbonización en el Agropaisaje e integrando a su vez a la naturaleza. Se aplicarán herramientas desarrolladas en sectores estratégicos, con el fin de generar evidencia tangible de la descarbonización y adaptación al cambio climático con enfoque positivo para la naturaleza, tales como: el subsector industrial del agro y el Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo).

“Cabe destacar que Costa Rica fue uno de los cuatro países seleccionados de América para llevar a cabo proyectos nacionales dentro de este programa global, el cual conseguirá impulsar el desarrollo sostenible mediante políticas que promuevan conjuntamente las bajas emisiones de carbono, un uso eficiente de los recursos y la recuperación de los mismos, mediante soluciones basadas en la naturaleza. El País recibirá USD$13 millones del GEF, y contará con el apoyo de dos agencias internacionales para su implementación, el PNUMA, la FAO, incluyendo a Fundecooperación como entidad ejecutora nacional”, manifestó el viceministro Carlos Isaac Pérez del MINAE.

Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, comentó que, “Esta es una muestra más de que desde esta administración hemos fortalecido la lucha contra el cambio climático y nos hemos enfocado en la adaptación de la mano con las comunidades y sectores involucrados. La agenda de Agropaisajes Sostenibles y su marca sectorial PLANETA VIVO-Costa Rica refleja que el país ha logrado importantes avances en la implementación de medidas y estrategias hacia la descarbonización de su economía. El Plan Nacional de Descarbonización (PND), establece acciones hacia el 2050, con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para el final de ese período”.

“Los agricultores costarricenses han demostrado que es posible producir conservando. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la descarbonización y la biodiversidad, liderando políticas como la Estrategia Nacional de Bioinsumos, que ya impacta positivamente en el área agrícola del país. Costa Rica avanza hacia un modelo más resiliente, bajo en emisiones y adaptado al cambio climático”, señaló Víctor Julio Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería.

Como parte de estos esfuerzos, el MAG y el MINAE impulsan paisajes agroproductivos sostenibles mediante las NAMAs agropecuarias, con acciones destacadas como la restauración de suelos, la ganadería de bajas emisiones y la implementación de prácticas sostenibles en cultivos clave como café, arroz, caña y musáceas. Gracias a estos avances, el sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra) se consolidó como el primero del país en alcanzar emisiones netas cero. “Además, se trabaja para cumplir con los estándares de sostenibilidad y trazabilidad, en mercados exigentes como la Unión Europea, fortaleciendo su contribución a la meta nacional al 2050”, expresó el viceministro del MAG, Fernando Vargas.

"Costa Rica es líder mundial en términos de sus ambiciones ambientales, y estoy orgulloso de ver que este espíritu innovador continúa bajo este proyecto", dijo Carlos Manuel Rodríguez, CEO y presidente del GEF ". Esta iniciativa ejemplifica cómo, con compromiso político, visión a largo plazo y alianzas sólidas, los países pueden integrar la descarbonización con la restauración de la naturaleza y el desarrollo agrícola sostenible". 

“Las amenazas simultáneas de cambio climático y pérdida de biodiversidad están profundamente conectadas. ¡Y sus soluciones también! Los esfuerzos de los países por reducir sus emisiones y cumplir los ambiciosos objetivos climáticos encuentran en la naturaleza destacados beneficios colaterales. Este proyecto refleja el compromiso de Costa Rica por avanzar hacia la sostenibilidad de una forma innovadora y en armonía con la riqueza natural del país. Desde el PNUMA estaremos aportando nuestra capacidad técnica para un desarrollo exitoso de esta iniciativa", aseguró Juan Bello, director regional para América Latina y el Caribe del PNUMA.

“Tras más de treinta años impulsando el desarrollo sostenible en Costa Rica, para Fundecooperación asumir el rol de ente implementador de este proyecto representa un firme compromiso con la sostenibilidad. Esta iniciativa refuerza nuestra convicción y entrega para que Costa Rica continue predicando con el ejemplo en la acción climática y en biodiversidad, a la vez que las zonas, sectores y personas más vulnerables del país contarán con una hoja de ruta clara y con oportunidades concretas de impacto positivo, que nos permitan avanzar hacia un futuro más adaptado y resiliente", señaló Marianella Feoli Peña, directora ejecutiva de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.

En términos ambientales y de cambio climático, Costa Rica ha adoptado políticas ambiciosas en biodiversidad, economía circular, movilidad, transición energética, agropaisajes sostenibles y adaptación al cambio climático. No obstante, la agenda de emisiones netas cero debe considerar, e integrar de manera suficiente el papel del agropaisaje y los ecosistemas en la estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero.

 “Desde la FAO nos sentimos muy orgullosos de acompañar a Costa Rica en su compromiso por construir un futuro más resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Mediante este proyecto podemos demostrar que la acción climática, la producción sostenible y la transformación de los sistemas agroalimentarios pueden ir de la mano para mejorar los medios de vida de las comunidades y beneficiar a toda la población”, aseguró Andrea Padilla Arce, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

 Durante el evento se presentó también el libro “La Paz” gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Esta es una herramienta de carácter educativo para educación de primer y  segundo ciclo que pretende capacitar a la población estudiantil sobre la importancia de los agropaisajes sostenibles y la lucha contra el cambio climático.

A la actividad asistieron representantes de las cámaras, asociaciones y cooperativas relacionadas con el sector agropecuario, representantes de las embajadas de los países europeos donde Costa Rica más exporta, agencias de cooperación internacional, autoridades del MAG, MINAE, COMEX y PROCOMER, incluyendo al Primer vicepresidente de la República, quien dio las palabras de clausura.

“EL SINAC se ha destacado como una de las instituciones más activas en la implementación de las metodologías y protocolos desarrollados por el Sistema de Monitoreo de Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), creado hace nueve años con el apoyo de la FAO. En este contexto, esta capacitación resulta especialmente oportuna para la actualización de los mapas de cobertura forestal de Costa Rica” dijo Carla Ramírez, asesora de la FAO para América Latina y el Caribe en Monitoreo Forestal.

La plataforma SEPAL es una herramienta tecnológica de acceso gratuito y código abierto que facilita el acceso a imágenes satelitales, el procesamiento de datos geoespaciales y el análisis detallado del uso y cobertura del suelo. Esta solución innovadora fortalece las capacidades de los países para monitorear los cambios en el paisaje, detectar procesos como la deforestación y la degradación de los bosques, así como otros cambios en el uso de la tierra, permitiendo una toma de decisiones más informada y basada en evidencia.

“Esta capacitación representa una oportunidad clave para que el personal técnico y de las áreas de conservación del SINAC incorpore nuevas herramientas que fortalezcan la toma de decisiones y la gestión de las áreas protegidas en el país”, dijo Mauricio Castillo del SINAC.

Durante el taller, las personas participantes aprenderán a utilizar la plataforma SEPAL para detectar cambios en la cobertura de la tierra, con énfasis en la cobertura forestal, realizar análisis de series temporales, monitorear incendios forestales y evaluar metodologías para cadenas de suministro libres de deforestación. La capacitación será impartida por especialistas internacionales de la FAO y desarrolladores de SEPAL, Erik Linquist, Daniel Wiell y Erith Muñoz.

Esta iniciativa busca impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del país, y se realiza gracias a la cooperación conjunta entre el SINAC, el Programa SEPAL de la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados.

Este curso, impartido por el SFE, tuvo una duración de 20 horas y tenía como objetivo fortalecer los conocimientos sobre la gestión de inocuidad en la producción agrícola y mejorar la producción y comercialización de alimentos en el país, asegurando que estos cumplan con los estándares de calidad requeridos. 

Durante el curso, las personas participantes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas clave como el manejo adecuado de plaguicidas y fertilizantes, el control de residuos químicos en los productos agrícolas, las técnicas de higiene y las buenas prácticas de manejo durante la cosecha, así como la prevención de contaminantes microbiológicos en la producción agrícola. 

En palabras de Berlioth Ugalde, inspectora de BPA del Servicio Fitosanitario del Estado y facilitadora del taller, “Este curso ha generado un impacto importante en las personas productoras porque buscamos generar más consciencia en las y los agricultores para que produzcan de manera más limpia y sostenible. A través de la capacitación, esperamos que puedan aplicar estos conocimientos para mejorar la calidad e inocuidad de los productos agrícolas, beneficiando tanto a los consumidores como a los productores mismos". 

Por su parte, Juan Carlos Arias, productor y participante del curso, expresó, “para nosotros es muy importante seguir aprendiendo sobre estos temas, un recordatorio de que debemos aplicar estos conocimientos en el día a día de nuestro trabajo como agricultores y nunca olvidar su importancia e impacto”.

Con esta iniciativa, el Programa Conjunto para los ODS, “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles”, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades rurales en el país. 

La ANST es liderada por la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS). Desde su conformación, en 2018, ha promovido un entorno propicio para impulsar acciones estratégicas orientadas a la conservación y el uso sostenible del recurso suelo.

 “Nos sentimos profundamente orgullosos de que este paso de la alianza se consolide con tanta firmeza, en un contexto de creciente impulso al manejo sostenible de los suelos en el país. Costa Rica fue pionera al establecer esta alianza, y hoy, más que nunca, es el momento de actuar, aprovechando la mayor conciencia nacional e internacional sobre la relevancia de los suelos para la seguridad alimentaria, la captura de carbono y la conservación ambiental. Agradecemos profundamente el respaldo de nuestros aliados y de la cooperación internacional, cuyo apoyo es fundamental para avanzar hacia una nueva etapa decisiva”, explicó Hugo Montero, presidente de la ACCS.

Un ambiente fértil en acción

Costa Rica es reconocida internacionalmente por sus esfuerzos en la protección del medio ambiente y la implementación de estrategias de descarbonización y adaptación al cambio climático. La rehabilitación de tierras degradadas en el país ha sido impulsada mediante diversos programas gubernamentales y de cooperación internacional, enfocados en la restauración de suelos en áreas críticas para la producción agrícola y forestal.  Además, se ha fomentado la adopción de prácticas sostenibles en ganadería y agricultura, incentivando a los productores a conservar y mejorar el carbono en los suelos.

El llamado de la ANST para este 2025, se da en un momento en que se realizan diferentes proyectos importantes en temas de gestión de suelos.

 Por un lado, el Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realiza una investigación para determinar la metodología idónea para monitorear el carbono orgánico del suelo (COS) presente en los suelos forestales del país. Es bien sabido que los suelos contienen hasta tres veces más carbono que la atmósfera, convirtiéndolos en uno de los reservorios más importantes para la regulación del clima global. Los hallazgos de esta investigación podrían permitir documentar la cantidad de COS que almacenan los suelos de los bosques ticos y recibir más recursos del financiamiento climático por su rol como sumideros de carbono, pero también desarrollar estrategias para su conservación y aumento.

Por otro lado, el Proyecto SCALA Costa Rica, implementado en conjunto por PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realiza acciones piloto para restaurar la salud del suelo y aumentar su contenido de carbono, mediante prácticas agroecológicas y sistemas productivos sostenibles, en alianza con productores, instituciones nacionales y gobiernos locales. Estas acciones forman parte de la estrategia de recarbonización de los suelos globales, conocida como iniciativa RECSOIL, impulsada por FAO y su Global Soil Partnership (GSP) mundialmente, promoviendo la gestión sostenible del suelo como un eje central para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Complementariamente, la ACCS implementa el plan piloto Doctores de los Suelos, alineado con la iniciativa global de FAO, en busca de fortalecer las capacidades locales en diagnóstico, manejo y rehabilitación de suelos, mediante la capacitación de técnicos y productores.

 “Desde el Proyecto REDD+ PBR, nos satisface colaborar con esta alianza, porque conocemos el potencial que tienen los suelos en la mitigación del cambio climático y sabemos que su adecuada gestión también contribuye a mejorar la fertilidad, la retención de agua  y la resiliencia de los ecosistemas agropecuarios y forestalesante condiciones climáticas extremas. Con esta activación de la ANST, Costa Rica se prepara para dar un paso decisivo en la gestión de los suelos y acelerar el desarrollo sostenible”, expresó Sandra Sosa, representante residente del PNUD.

Retos del horizonte

“Si bien existen avances en la implementación de prácticas sostenibles para la gestión del suelo, el impacto de estos esfuerzos sigue siendo limitado y es sujeto de fortalecimiento, en términos de escala y cobertura. Es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional mediante espacios de diálogo, cooperación y construcción de estrategias conjuntas que involucren a instituciones gubernamentales, organizaciones del sector productivo, academia, organismos internacionales y sociedad civil. Por eso nos satisface impulsar la activación de la ANTS”, expresó Natalia Rodríguez Eugenio, de la GSP de FAO.

La primera reunión de la ANST en 2025 permitió gestionar esfuerzos para facilitar el acceso a información actualizada, definir una agenda de acción prioritaria, promover la innovación metodológica y tecnológica e impulsar la gobernanza del suelo.

“Hoy logramos apreciar la diversidad de proyectos y actividades que nuestros aliados desarrollan en torno al manejo sostenible del suelo. A pesar de sus distintos enfoques, todos convergen en un objetivo común: usar adecuadamente y conservar mejor este recurso vital. Estos esfuerzos reflejan la dedicación de equipos de trabajo, que se potencia aún más cuando logramos articularnos. Desde la ACCS, seguiremos promoviendo estas alianzas y espacios de colaboración en pro del suelo y de todos sus beneficiarios”, concluyó Montero.

El acuerdo establece que, a lo largo de 2025, se promoverán diálogos técnicos sobre agricultura urbana y periurbana, mercados inclusivos y abastecimiento alimentario, gobernanza de los sistemas agroalimentarios y el rol de los gobiernos subnacionales en la agenda alimentaria, así como el intercambio de experiencias sobre ferias libres latinoamericanas como patrimonio cultural e histórico. 

Además, se desarrollará un conjunto de estudios sobre la seguridad alimentaria en las áreas urbana y periurbana, impactos del cambio climático en los sistemas agroalimentarios y financiamiento de políticas agroalimentarias, entre otros, con el objetivo de compartir buenas prácticas y experiencias a nivel regional que se destacan por su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional a las poblaciones más vulnerables en las ciudades y  la promoción de  entornos alimentarios saludables en los territorios urbanos.

Para definir las acciones a desarrollar, representantes de la Oficina Regional de la FAO, de las oficinas de la FAO en Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba y Perú, del MDS y de la ABC, se reunieron en Brasilia en el marco del proyecto Fortalecimiento de la agenda regional de sistemas alimentarios para el continuo urbano-rural en América Latina y el Caribe, iniciativa parte del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO.

La secretaria de Seguridad Alimentaria del MDS, Lilian Rahal, destacó el desafío de abordar la agenda de los sistemas alimentarios urbanos y garantizar el acceso a alimentos básicos y saludables: “Ahora enfrentamos un nuevo reto: mirar hacia nuestras ciudades y periferias urbanas, donde se encuentran algunos de los núcleos más complejos del hambre y la mala alimentación”. El programa Alimenta Ciudades del MDS resulta ser una de las principales iniciativas que inspira este proyecto y que será compartida a la región. 

Por su parte, Joao Intini, oficial de Políticas de Sistemas Alimentarios de la FAO, señaló que la agenda alimentaria urbana es un tema innovador: “Este proyecto representa para la FAO la oportunidad de actuar en el marco del proceso de urbanización que estamos viviendo a nivel global”.

Cecília Malaguti, coordinadora general de la cooperación técnica trilateral con organizaciones internacionales en la ABC, resaltó que: “Se identificó claramente cómo Brasil y el grupo seleccionado de países pueden desarrollar acciones para fortalecerse mutuamente. Esto hace que el proyecto sea altamente innovador”.

La coordinadora regional del proyecto, Ingrid Zabaleta, subrayó que esta iniciativa busca mejorar los marcos legales e institucionales de los países de la región, fortalecer el trabajo de redes regionales que están repensando el rol de las ciudades y el abastecimiento de alimentos para garantizar alimentación saludable y promover políticas públicas, programas e iniciativas que favorezcan la producción, oferta, acceso y consumo sostenible de alimentos en las zonas urbanas.

Frente a este desafío, el programa conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles” busca contribuir con la mejora en las prácticas agroproductivas y hábitos alimenticios de las personas que participan de la iniciativa. Este programa no solo promueve prácticas de producción más sostenibles, sino que  fortalece capacidades y empodera a las personas, garantizando que sus voces y conocimientos sean parte del cambio.

Los sistemas agroalimentarios son fundamentales para mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales. Estos abarcan desde la producción hasta el consumo, asegurando que cada etapa contribuya a reducir pérdidas y desperdicios de alimentos. Además, fomentan un entorno donde las familias pueden adoptar dietas saludables y prácticas de alimentación adecuadas para prevenir la malnutrición y luchar contra el cambio climático. 

El programa busca concienciar sobre la necesidad de que existan variedad de alimentos nutritivos disponibles y accesibles para las personas, priorizando la producción local y educando a las niñas, niños y sus familias sobre cómo tomar decisiones más sostenibles y saludables. Esto crea un círculo virtuoso que fortalece la nutrición, el bienestar y la resiliencia de las comunidades.

En Buenos Aires de Puntarenas, Álvaro Cordero, junto a su hijo José y su nieto Ian, cultivan una parcela familiar que representa mucho más que un medio de vida. “Llevamos muchos años dedicados al cultivo de hortalizas”, dijo con orgullo, mientras su nieto jugaba a cosechar junto a él. Estas historias evidencian cómo el conocimiento se transmite de generación en generación, garantizando un impacto duradero.

Empoderamiento femenino: agentes de cambio

Las mujeres, que históricamente han enfrentado barreras en el acceso a recursos productivos, están al centro de esta transformación. Maritza Cortés, una productora avícola de Guatuso, recuerda cómo su vida dio un giro gracias a conocimiento que ha ido fortaleciendo con el programa. 

“Hace poco me visitó gente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y me brindaron ayuda, por medio de eso yo he hecho mejoras. Ya compramos una cantidad de gallinas más y comederos y la meta es mejorar y tener mejor el gallinero”. Para Maritza, el programa no se trata solo de herramientas técnicas, sino de esperanza y autonomía.

El programa ofrece herramientas que fortalecen la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el marco de su actividad productiva, fortaleciendo su liderazgo en la comunidad. Esto no solo mejora la calidad de los alimentos producidos y consumidos, sino que también asegura que las presentes y futuras generaciones crezcan en un entorno más equitativo, reconociendo el rol transformador que tienen las mujeres en la actividad agropecuaria.

La niñez y adolescencia también juegan un papel esencial en esta iniciativa. El programa fomenta hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana, vinculando a la niñez con el proceso de producción y el medio ambiente. Estas acciones no solo impactan en su salud actual, sino que también siembran conciencia para toda la vida.

Un llamado global inspirado en lo local

Este programa conjunto no sería posible sin las alianzas entre instituciones locales y el apoyo de donantes. Con el liderazgo de las agencias de las Naciones Unidas, el MAG, el Ministerio de Salud y las municipalidades, este programa une esfuerzos para garantizar que las comunidades sean las protagonistas de su propio desarrollo.

Sylvia Chaves, coordinadora del programa, comenta que: “cada historia que escuchamos, cada persona productora, cada mujer y cada niño y niña con quienes compartimos en Buenos Aires y Guatuso nos enseñan sobre la trascendental tarea de producir alimento sano y fresco, en momentos donde el trabajo agropecuario ha venido a menos; asimismo nos hablan de convicción, amor y lucha para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, recordándonos el poder transformador que tienen las comunidades rurales del país".

Lo que está ocurriendo en estos dos cantones es un testimonio del poder de las comunidades para liderar su visión de desarrollo de la mano de gobiernos locales e instituciones que apuntan al mismo norte. Con el apoyo de la cooperación internacional, esta iniciativa demuestra cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden convertirse en una realidad.

Este programa no solo busca acabar con el hambre y promover la sostenibilidad, sino también inspirar. Con cada semilla plantada y cada conocimiento compartido, las personas están cultivando algo más que alimentos: están cultivando esperanza, resiliencia y un futuro mejor para no dejar a nadie atrás.

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El Fondo Conjunto para los ODS recibe apoyo de la Unión Europea, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, República de Corea, Arabia Saudí, España, Suecia y Suiza. Junto a nuestros socios y donantes trabajamos para transformar y empoderar a las comunidades, impulsando el desarrollo sostenible en todo el mundo y en cada país donde trabajamos para construir un mejor presente y futuro para todas las personas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sistema agroalimentario abarca el conjunto de elementos y relaciones que existen entre los diferentes actores que hacen posible que los alimentos lleguen a la mesa. Este proceso incluye la producción, el transporte, el almacenamiento hasta los lugares de expendio de alimentos, la publicidad, el mercadeo y finalmente hasta llegar a la persona consumidora.

Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica, destacó que un sistema agroalimentario determina la cantidad, la calidad y la diversidad de los alimentos disponibles para el consumo. Además, subrayó que, para seguir mejorando y fortaleciendo la seguridad alimentaria y nutricional del país, es fundamental contar con una hoja de ruta clara.

La hoja de ruta se construyó a partir del proceso de consulta nacional realizado en el año 2021, con la participación de múltiples actores vinculados a los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo. Este amplio proceso participativo involucró tanto al sector público como al privado en los diálogos nacionales, cuyos insumos y propuestas fueron presentados en la Cumbre 2021 sobre Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de la Cumbre 2021, surgió el proyecto: “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles”, desarrollado en el marco de la iniciativa del Programa Conjunto SDG Fund. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la gobernanza de los sistemas agroalimentarios, promover prácticas agroproductivas sostenibles y fomentar una alimentación saludable en los cantones de Buenos Aires y Guatuso. Su implementación es liderada por la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y los Comités Sectoriales Locales, además cuenta con el apoyo de los gobiernos de Alemania, España, Irlanda e Italia. 

“Es necesario que trabajemos bajo un enfoque integrado que permita la transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles, saludables, equitativos y resilientes. Este enfoque requiere la articulación entre el Gobierno, sector público y privado, para fomentar en conjunto acciones que mejoren los medios de vida, generen mayor cohesión social y salvaguarden la sostenibilidad del medio ambiente para las futuras generaciones, sin dejar a nadie atrás”, comentó Allegra Baiocchi, coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.

El documento también subraya la importancia de involucrar a las mujeres y a las juventudes rurales en la adopción de nuevas prácticas y tecnologías sostenibles, resilientes al clima que mejoren la producción local de alimentos para facilitar las cadenas de suministro cortas y reducir la huella climática.

“Como parte de este proceso para fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables 2023-2026, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como ente rector del Sector Agropecuario, identificó una serie de prioridades. Entre las cuales destacan, la comercialización de los productos agropecuarios mediante circuitos cortos para mejorar el acceso de la población, lograr precios justos para las familias productoras y reducir externalidades negativas. Además de fomentar las buenas prácticas para el desarrollo de la economía circular, priorizar el desarrollo de cadenas de valor agregado, para lograr la diferenciación y mayor aprovechamiento de los productos alimentarios; el fortalecimiento de la investigación y transferencia tecnológica, para el escalamiento de la producción agropecuaria orgánica y, desde la política pública agropecuaria, mejorar la accesibilidad de las personas consumidoras a dietas saludables”, explicó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.

El último informe de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (2024) reveló que el costo promedio de una dieta saludable a nivel mundial fue de $3,96 dólares por persona al día, mientras que en Costa Rica alcanzó los $4,56 dólares.

Esta diferencia muestra la importancia de promover sistemas alimentarios sostenibles, ya que el vínculo entre personas sanas, sociedades saludables y un planeta en equilibrio posiciona a estos sistemas en el centro de los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este proceso ha sido liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Ambiente y Energía y de Salud, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y la FAO.

El documento completo se puede descargar en el siguiente enlace: https://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/E10-11145.pdf

Estos cantones, ubicados en las regiones Brunca y Huetar Norte, figuran entre los más rezagados del país según el Índice de Desarrollo Social Cantonal, correspondiendo a un 15,35 y un 24,23 respectivamente. Por su parte, la inseguridad alimentaria, entendida como la carencia de acceso regular y suficiente a alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo adecuado, es alta, afecta al 22,65% de los hogares en Guatuso y al 11,76% en Buenos Aires, superando el promedio nacional del 16,42%, según datos del Ministerio de Salud.

Para abordar estos temas, recientemente se organizaron los primeros encuentros comunales donde personas de estos dos cantones que participan del proyecto, autoridades de los gobiernos locales y personas representantes de las instituciones que integran los comités sectoriales locales (COSELes), las agencias de las Naciones Unidas y la cooperación internacional compartieron información del proyecto y aprendieron sobre el valor nutricional de un tamal navideño.

“Hoy el mundo enfrenta problemas de sobrepeso, obesidad y malnutrición tanto en personas adultas como en niños, niñas y adolescentes , lo cual tiene consecuencias negativas para la salud y el desarrollo a lo largo de nuestras vidas. Además, el cambio climático afecta directamente la actividad agropecuaria, por lo que es necesario que mejoremos las formas de producción y consumo”, comentó Allegra Baiocchi, coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica.

Estos encuentros también fueron un espacio propicio para resaltar el rol fundamental de las personas agricultoras y de quienes crían animales para el consumo humano, son ellas quienes aseguran la disponibilidad de alimentos sanos, nutritivos, variados y producidos por medio de prácticas sostenibles, aspectos claves que impulsa el proyecto.

Lograr una adecuada y justa vinculación entre las personas que producen y quienes consumen es fundamental para alcanzar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una mejor vida, así lo señaló la Dra. Claudia Rosales, directora regional a.i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Norte.

Por otro lado, fortalecer la gobernanza de los sistemas agroalimentarios es clave para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, en esta tarea la ruralidad tiene un rol trascendental dado que es en ella donde se genera el mayor volumen de producción agropecuaria del país.

Es ese sentido, el proyecto contribuye con la mejora en la articulación entre los distintos actores locales y el trabajo que implementan las municipalidades de ambos cantones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud (MS) y demás instituciones que forman parte del COSEL de Buenos Aires y Guatuso.

Para la alcaldesa de Buenos Aires, señora Margoth Mora, es vital vincular la visión de desarrollo que impulsa el gobierno local, con el trabajo de todas las instituciones del Estado y actores presentes en el cantón en aras de alinear las visiones y esfuerzos de trabajo.

Matteo Buffagni, Agregado de la Embajada de Italia en Costa Rica, uno de los países que respaldan económicamente el proyecto, subrayó la relevancia de promover iniciativas de este tipo porque contribuyen de manera directa con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente con el 2 que demanda esfuerzos de todos los actores para alcanzar el hambre cero en el mundo.

Con esta iniciativa, Programa Conjunto SDG Fund: “Empoderando comunidades en sistemas agroalimentarios sostenibles”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades rurales en el país.

El instrumento de balance de carbono está diseñado para medir el carbono de los suelos y monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sistemas agropecuarios.

"Esta capacitación demuestra el compromiso de Costa Rica y la FAO en la implementación de tecnologías de vanguardia para medir y gestionar el carbono de los suelos, fortaleciendo la rentabilidad de las fincas ganaderas y cafetaleras, mientras que se protege el medio ambiente", expresó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

La sesión de trabajo técnico es un paso crucial para continuar con la implementación del programa de recarbonización de los suelos (RECSOIL), una iniciativa innovadora de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) de la FAO, desarrollada en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L y el Instituto del Café en Costa Rica (ICAFE) para apoyar al sector ganadero y cafetalero mediante el aumento de las reservas de carbono orgánico en los suelos.

A través de esta sesión de trabajo, el personal técnico y las personas productoras se capacitan en el uso de nuevas tecnologías que permiten recopilar datos de campo, monitorear prácticas de manejo sostenible y estimar las emisiones de GEI en fincas ganaderas y cafetaleras, algunas de las cuales ya participan en el programa de RECSOIL en el país.

Durante la sesión, se contó con personal técnico del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, la Alianza Mundial por el Suelo y diferentes miembros de la academia (Universidad Nacional-Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica).

 Este 05 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo

Bajo el lema “cuidar los suelos, medir, monitorear y gestionar”, este año se pretende resaltar la importancia de disponer de datos precisos y actualizados sobre los suelos. Contar con esta información permite comprender mejor sus características y tomar decisiones informadas para garantizar su manejo sostenible.

Una de las principales amenazas para el suelo y la seguridad alimentaria es la erosión; actualmente en Costa Rica aproximadamente el 42% de los suelos enfrenta algún nivel de erosión. Este fenómeno hace referencia a la remoción de la capa superficial del suelo por el agua, el viento o actividades agrícolas insostenibles como la labranza intensiva. Parte de la erosión del suelo es natural y se produce en todas las condiciones climáticas de todos los continentes. Pero gran parte de ella se debe a actividades humanas insostenibles –como el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y la deforestación– que pueden aumentar la tasa de erosión del suelo hasta un millar de veces.

Sin embargo, la erosión puede reducirse en gran medida con prácticas de gestión sostenible del suelo, como la construcción de terrazas o el desarrollo de cultivos de cobertura que protejan la superficie del suelo. Trabajando en conjunto, las personas productoras, investigadores, científicos y responsables de las políticas pueden desarrollar estrategias y programas para luchar contra la erosión del suelo.

• Capacitación es parte de los esfuerzos del MAG por fortalecer las capacidades del personal técnico para enfrentar los desafíos críticos en la gestión de plaguicidas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG) junto al Servicio Fitosanitario del Estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han unido esfuerzos para capacitar al personal técnico costarricense, con el objetivo de mejorar el sistema de registro de plaguicidas en Costa Rica para proteger los cultivos, la salud de las comunidades y la biodiversidad.

Con ese fin, se realiza en San José un taller, del 4 al 8 de noviembre, en el que participa personal experto y personal técnico especializado de diversas instituciones costarricenses, para compartir conocimientos y experiencias exitosas sobre la regulación de plaguicidas y la implementación del Convenio de Rotterdam en el país.

De parte de FAO, participan Baogen Gu, jefe del departamento de manejo de plagas y plaguicidas de la FAO; Ye Guibiao, del departamento de Manejo Integrado de Plagas y Plaguicidas de la Organización, y Mario Yarto, Oficial de Agricultura de la Secretaría del Convenio de Rotterdam-FAO. También participan Carles Escriva, especialista en Asuntos Regulatorios del Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alemania, y Carmen López Goti, experta evaluadora de equivalencias de sustancias técnicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España; así como funcionarios de las autoridades nacionales relacionadas con el registro de plaguicidas de Chile, México, Paraguay y Panamá.

Según mencionó el ministro Víctor Carvajal Porras, este taller no solo es un compromiso con el registro de nuevas moléculas sino también con el uso correcto de plaguicidas. “Durante una visita a Roma el año anterior, junto con los expertos de FAO en registro de plaguicidas, se coincidió en la oportunidad de desarrollar un taller regional donde se pudiera abarcar, al más alto nivel de conocimiento, la temática del registro de agroquímicos. En Costa Rica estamos liderando importantes esfuerzos para registrar nuevas moléculas de agroquímicos, reconociendo su papel en la agricultura moderna”, declaró el jerarca.

Actualmente, Costa Rica ha demostrado un compromiso firme con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. El registro de nuevas moléculas contribuye a una producción agrícola que minimiza el impacto ambiental y protege la salud humana.

“El avance en el desarrollo de estas nuevas moléculas responde, además, a la necesidad de adaptarnos al cambio climático. Los patrones climáticos cambiantes traen consigo nuevos desafíos para la agricultura, y las nuevas moléculas permiten una respuesta más rápida y eficaz ante las plagas y enfermedades emergentes”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

 Las personas participantes compartirán sobre experiencias de cada país en el diseño de políticas y marcos legales para la regulación y gestión de plaguicidas, la utilización del kit de herramientas de la FAO con metodologías de valoración de riesgos y mecanismos de intercambio de datos.

“La FAO apoyará a Costa Rica fortaleciendo capacidades nacionales para el manejo de plaguicidas con un enfoque de ciclo de vida, con el objetivo de proteger la salud vegetal, del ser humano y del medio ambiente y promoviendo una transformación hacia el desarrollo sostenible”, enfatizó Baogen Gu.

Finalmente, la capacitación promueve mecanismos para evaluar los expedientes de plaguicidas y conocer más a fondo las implicaciones del Convenio de Rotterdam, particularmente la aplicación de los artículos 11 y 12 del mismo, sobre obligaciones relativas a la exportación de productos químicos y las notificaciones de exportación, respectivamente. Este intercambio de conocimientos fortalece las capacidades colectivas para avanzar hacia una agricultura más segura y sostenible, que no solo proteja los cultivos, sino también la salud de las comunidades y la riqueza del entorno natural.

El Convenio de Rotterdam es un tratado internacional, especializado en el ámbito de gestión de productos químicos y plaguicidas, que facilita los procesos nacionales de decisión e información sobre la importación y exportación de sustancias químicas que pueden afectar la salud humana y del medio ambiente. Fue aprobado en 2009 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

“Mediante el apoyo de la Secretaría del Convenio de Rotterdam de la FAO, se brinda apoyo y asistencia técnica a los países en la caracterización de las actividades, roles, oportunidades y responsabilidades que desempeñan las entidades públicas y privadas para implementar adecuadamente el Convenio”, señaló Mario Yarto.

El Taller sobre Sistemas Agroalimentarios Urbanos, que se llevó a cabo en Roma, reunió a representantes de gobiernos locales, organizaciones internacionales y actores clave en temas de alimentación, salud y sostenibilidad. Su objetivo fue trazar una hoja de ruta colaborativa para los próximos cinco años, orientada a transformar los sistemas agroalimentarios en las ciudades y áreas periurbanas.

“Fue de gran provecho poder intercambiar experiencias con profesionales de otras ciudades y organizaciones. Además, de discutir acciones concretas que pueden implementarse desde los gobiernos locales para fortalecer su rol en la seguridad alimentaria que resulta esencial para avanzar hacia una alimentación más saludable y nutritiva”, dijo Raquel Hernández, encargada del área de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Municipalidad de Santa Ana.

En la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, se subrayó la importancia de los gobiernos locales y regionales en la construcción de sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles. En esta línea, el taller reafirmó la necesidad de fortalecer la gobernanza multinivel y de establecer alianzas que impulsen la participación de las autoridades locales en la construcción de una seguridad alimentaria duradera.

“El papel de los gobiernos locales es esencial para lograr una transformación efectiva, ya que son actores clave en la implementación de políticas y estrategias adaptadas a los contextos urbanos. La FAO hace un llamado a los gobiernos locales para que se integren a una visión compartida y un esfuerzo colectivo que permita enfrentar los desafíos actuales, como la urbanización, el cambio climático y la transformación de los patrones alimentarios”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

La Agenda Urbana de la FAO en sistemas agroalimentarios se enfoca en aprovechar el potencial de las ciudades como catalizadoras de cambio a través de la articulación de prioridades y la movilización de recursos. Se busca no solo fortalecer la resiliencia urbana, sino también mejorar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para toda la población.

La FAO continuará colaborando de cerca con los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como con otras organizaciones e instituciones, para implementar soluciones prácticas que conviertan a las ciudades en entornos más seguros y sostenibles en términos de alimentación. Ahora es el momento de unir fuerzas y avanzar hacia sistemas agroalimentarios urbanos más justos, resilientes y sostenibles, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a una mejor calidad de vida para toda la población.

Actualmente, la población tiene una fuerte exposición a comidas rápidas y procesadas debido a su fácil acceso y disponibilidad, así como a las estrategias de mercadeo y publicidad. Este tipo comidas, generalmente tienen un precio más accesible que un plato con alimentos frescos y saludables.

“Las ferias del agricultor y los mercados son plataformas que promueven la venta directa de productos nutritivos provenientes de la agricultura familiar. En estos espacios, las personas consumidoras pueden comprar frutas, verduras, vegetales a un precio justo, al mismo tiempo que apoyan a las personas productoras”, comentó Andrea Padilla, Representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024, en el periodo 2021-2023 la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en Costa Rica fue de 16,2% afectando a 800 mil personas.

Bajo el lema “Derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor. No dejar a nadie atrás”, la FAO señala la importancia de fortalecer los sistemas agroalimentarios locales para una mejor nutrición.

Un reciente estudio de la FAO reveló datos valiosos sobre las características, desafíos y oportunidades de las ferias del agricultor en el país. Esta investigación determinó la necesidad de modernizar estos espacios, mejorar su eficiencia y sostenibilidad, facilitar los encuentros directos entre las personas productoras y consumidoras, así como fortalecer su papel como motores del desarrollo económico local.

En este día, la organización realiza un llamado para seguir trabajando en conjunto con el gobierno, la academia, la sociedad civil organizada y las personas productoras, con el objetivo de promover la agricultura familiar y seguir luchando para que toda la población tenga un acceso seguro y permanente a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo.

Conversatorio de Héroes y heroínas de la Alimentación

En la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizó un conversatorio con la participación de Raquel Hernández, especialista en Seguridad Alimentaria y Nutricional con experiencia en producción sostenible; Adriana Miranda Delgado, fundadora de la empresa Quesos Biamonte y Joao Intini, Oficial de Políticas de Sistemas Alimentarios de la FAO en América Latina y el Caribe.

 En el conversatorio se rescató el papel de las ferias y los mercados en los sistemas agroalimentarios, ya que ofrecen una amplia variedad de productos frescos, nutritivos y de temporada, promoviendo dietas saludables y diversas. También, su rol como espacios de encuentro donde se fortalecen los lazos comunitarios y se incentiva el rescate de las tradiciones alimentarias costarricenses.

Actividades de Celebración del DMA

Para el sábado 19 de octubre, se realizará un conversatorio con la participación de personas productoras, en la Feria del Agricultor de Alajuela, en Plaza Ferias a partir de las 9:00 a.m. También, se contará con música, animación, un segmento de cocina en vivo, degustación, rifas, pintas caritas para las niñas y niños que asistan a la feria.

¡Súmate a esta iniciativa!

 Invitamos a todas las personas a visitar la nueva página web de las ferias del agricultor https://deferia.cr/  un nuevo espacio informativo creado por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, mediante el cual las personas consumidoras pueden acceder a información sobre los productos, precios, horarios y ubicación de las más de ochenta ferias que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país.

 “La plataforma promueve las ferias del agricultor y fortalece la relación directa entre consumidores y productores. Además, para nosotros es muy importante convencer a las personas que al comprar en la feria pueden acceder a una dieta nutritiva a base de productos frescos como frutas y verduras en contraposición a una alimentación de alimentos procesados”, comentó Fabián Abarca, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR y coordinador del proyecto deferia.

 Esta plataforma se convierte en el primer sitio web del país y de la región centroamericana en contar con un directorio de las ferias del agricultor, mercados libres y locales.

 Según Abarca, la alianza con la FAO representa un gran impulso para el proyecto y les ha permitido formar parte de los esfuerzos de la FAO en el país, para tomar conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional; así como facilitar el acceso a la información a través del uso de canales digitales para alcanzar a más personas.

 La iniciativa forma parte del Trabajo Comunal Universitario "Tropicalización de la tecnología" de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en alianza con la FAO y la Escuela de Nutrición de la UCR, el Consejo Nacional de Producción y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.

En el evento se analizaron los progresos de la región en la lucha contra el hambre y la malnutrición, a partir de los resultados del informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo 2024 (SOFI por sus siglas en inglés) que destacó los progresos de América Latina y el Caribe, en comparación con otras regiones del mundo, en la reducción de los índices de hambre e inseguridad alimentaria por dos años consecutivos.

Participaron Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana; Julio Berdegué, Secretario Designado de Agricultura y Desarrollo Rural de México; Zulfikar Mustapha, Ministro de Agricultura de Guyana; Ignacia Fernández Gatica, Subsecretaria de Agricultura de Chile; y Mariela Marín, Ministra interina de Salud de Costa Rica. Por parte de la FAO, Máximo Torero, Economista Jefe; y Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe.

Para iniciar el panel, el Economista Jefe de la FAO, Máximo Torero, realizó una exposición sobre la situación en la región resaltando que es necesario reflexionar sobre los buenos resultados en América del Sur y su escalamiento en toda la región. “Necesitamos extrapolar eso a América Central y el Caribe y necesitamos crear la transformación necesaria para acelerar este proceso. Es evidente que la región todavía tiene potencial para alcanzar el ODS 2 para 2030”.

En su intervención, el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacó el fomento de la producción y la exportación agropecuaria como parte fundamental de la estrategia de su país, que se complementa con la asistencia social y los programas de alimentación, permitiendo que el índice de subalimentación baje de 8,3 al 4,6% en los últimos cuatro años. “Debemos estar preparados para aprovechar las nuevas tecnologías en la agricultura y mejorar nuestra productividad de manera sostenible mientras enfrentamos los desafíos del cambio climático”, argumentó el Mandatario.

Julio Berdegué, Secretario Designado de Agricultura y Desarrollo Rural de México resaltó los avances de su país en la reducción del hambre y extrema pobreza asegurando que “se deben a una reorientación muy profunda de las políticas económicas y laborales y de la inversión pública para poner al centro el bienestar del pueblo, especialmente en grandes proyectos de infraestructura en el sur y sureste del país y un aumento de 114% del salario mínimo”.

El ministro de Agricultura de Guyana, Zulfikar Mustapha, expuso que en su país los programas de agricultura y emprendimiento han tenido un rol importante en el combate del hambre, especialmente el programa enfocado a los jóvenes. “Tenemos más de mil personas jóvenes hoy que se han involucrado en la agricultura. Debido al éxito que ha tenido, estamos haciendo que funcione en muchas partes del país y esperamos otros 5,5 millones de dólares en inversión para ampliar la cobertura del programa”.

La Ministra de Salud a.i de Costa Rica, Mariela Marín, indicó que su país “sigue firme en su compromiso con la promoción de la salud, la seguridad alimentaria y nutricional. Aunque enfrentamos desafíos en la lucha contra el hambre y la malnutrición, continuaremos trabajando para asegurar que toda nuestra población tenga acceso a una vida más saludable y plena".

La Subsecretaria de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, enfatizó que en su país están ejecutando una estrategia nacional de soberanía para la seguridad alimentaria, que considera medidas en cuatro ejes: la producción sustentable, diversificación de canales de comercialización, innovación agrícola, y la promoción de consumo de alimentos saludables. Enfatizó que estas medidas han logrado hacer una diferencia importante en sus indicadores.

Al concluir el diálogo, el Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, resaltó que, para avanzar en el combate del hambre y la inseguridad alimentaria, los sistemas de protección social sólidos son cruciales para responder con rapidez a los cambios y dirigir de manera eficaz los recursos hacia las poblaciones más vulnerables.

“Es innegable que debemos acelerar nuestros esfuerzos de manera decidida y coordinada y desde nuestros esfuerzos de cooperación técnica estamos trabajando junto a los gobiernos para reconocer y fortalecer áreas como la agricultura familiar, la producción sostenible, el comercio agroalimentario, la innovación y la gestión de la crisis climática, que son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra región y su resiliencia ha sido clave frente a los desafíos globales”, expuso Lubetkin.

El análisis de los resultados de la región en el combate al hambre continuará y profundizará en diciembre próximo cuando sea publicado el reporte del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina y el Caribe.

A pesar de enfrentarse a importantes barreras, las mujeres rurales desempeñan un papel cada vez más central en el sector agrícola de Costa Rica, contribuyendo de forma clave a la gestión sostenible de la agricultura y la ganadería.

El programa SCALA, codirigido por la FAO y el PNUD, se reunió recientemente con tres expertas costarricenses -Sylvia Chaves Acuña (Especialista en Género, FAO), Rafaella Sánchez Mora (Especialista Senior en Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, PNUD) y Katherine Fernández Rojas (Asociada en Igualdad de Género, PNUD)- para conocer sus puntos de vista sobre cómo promover la igualdad de género y la resiliencia climática en la agricultura en Costa Rica y más allá. Sus perspectivas ponen de relieve cómo las intervenciones específicas, como las del programa SCALA, y los esfuerzos de colaboración están impulsando el desarrollo sostenible y elevando el papel de la mujer en el sector ganadero.

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1. ¿Qué papel desempeñan las mujeres rurales en el sector agrícola de Costa Rica y a qué retos se enfrentan en el contexto del cambio climático?

Rafaella Sánchez Mora: Las mujeres rurales de Costa Rica son cruciales para la agricultura y la acción climática. Aunque representan sólo el 15,6% de los productores agrícolas y gestionan sólo el 8,1% de las tierras agrícolas, su experiencia en la gestión de la fauna y flora silvestres, la genética vegetal y las prácticas sostenibles es indispensable. Por ejemplo, las mujeres pastoras son esenciales para la producción ganadera sostenible, que es clave para la acción de adaptación al clima en Costa Rica.

Sin embargo, las importantes contribuciones de las mujeres a menudo se pasan por alto debido a muchas desigualdades, como el acceso limitado a recursos y oportunidades. Los impactos del cambio climático, agravadas por las secuelas de la pandemia del COVID-19, han afectado también de forma desproporcionada a las mujeres rurales, ya de por sí vulnerables.

Sólo el 3,1% de las explotaciones dirigidas por mujeres reciben asistencia técnica, y sólo el 38,4% de las organizaciones de mujeres pueden acceder al crédito, frente al 61% de las organizaciones dirigidas por hombres. Además, el 82% de las organizaciones de mujeres funcionan de manera informal, lo que refleja estereotipos de género muy arraigados. Las mujeres también dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y al cuidado de los niños que los hombres, lo que limita sus oportunidades económicas.

 2. ¿Cómo apoyan las políticas climáticas nacionales de Costa Rica la igualdad de género en el sector agrícola? ¿Cuáles son algunos ejemplos de iniciativas exitosas?

Rafaella Sánchez Mora: Costa Rica ha logrado avances significativos en la integración de la igualdad de género en sus políticas climáticas nacionales, alineándose con las normas internacionales de derechos humanos y abordando las necesidades de las mujeres en la agricultura. En 2016, el país avanzó en la participación de las mujeres en la política climática a través de iniciativas como la NAMA Ganadería, que incluía apoyo específico para las mujeres en el sector ganadero.

En 2018, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático incorporó perspectivas de género y derechos humanos para fortalecer la adaptación climática en la agricultura, abordando además los distintos impactos del cambio climático en diversos grupos.

De cara al futuro, la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional supervisará y promoverá la igualdad de género y la inclusión de los grupos marginados en todos los sectores climáticos de aquí a 2030. Como complemento a estos esfuerzos, se han previsto programas de formación para abordar los diversos impactos del cambio climático en estos grupos. Además, la Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agrícola (2020-2030) se centra en mejorar el acceso de las mujeres a los recursos y aumentar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.

Más recientemente, en 2023, Costa Rica introdujo el Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima, que hace hincapié en estrategias multisectoriales como la empleabilidad, la autonomía económica y el desarrollo de capacidades, al tiempo que integra aún más las perspectivas de género en las acciones climáticas.

3. ¿Cómo contribuyen los esfuerzos de colaboración entre las distintas partes interesadas a hacer avanzar la igualdad de género en la agricultura?

Katherine Fernández Rojas: En Costa Rica, la promoción de la igualdad de género en la agricultura se apoya mediante esfuerzos coordinados entre instituciones gubernamentales, ONG, organizaciones internacionales y el sector privado. Estos esfuerzos combinados ayudan a mejorar la productividad de las mujeres, fomentar la inclusión y promover el desarrollo agrícola sostenible.

Un ejemplo notable de colaboración eficaz es el programa conjunto "SDG Fund", ejecutado por el PNUD, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres. Esta iniciativa apoya a mujeres de grupos vulnerables -como comunidades indígenas, rurales, afrodescendientes y costeras- mediante la promoción de actividades socioproductivas. La iniciativa también refuerza la colaboración entre el gobierno, las ONG, el sector privado y los socios internacionales, impulsando el papel y los beneficios de las mujeres en la ganadería, fomentando un entorno empresarial más justo e impulsando el cambio cultural y sistémico.

Y, por supuesto, el programa SCALA es otro esfuerzo de colaboración, en el que agentes privados y públicos están profundizando en las pruebas sobre el papel de la mujer en la ganadería para mejorar la planificación y la implementación climática en ese sector.

4. ¿Cómo ha contribuido exactamente SCALA a abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres en la agricultura costarricense?

Sylvia Chaves Acuña: SCALA aborda las necesidades y experiencias específicas de las mujeres rurales de Costa Rica, garantizando que las soluciones desarrolladas sean pertinentes y eficaces, adaptadas a sus condiciones reales.  Un aspecto central del enfoque del programa es amplificar las voces de las mujeres, lo que sigue siendo un acto revolucionario, permitiéndoles definir sus funciones y contribuciones en la agricultura. A pesar de que a menudo no poseen activos productivos, las mujeres son esenciales para las operaciones agrícolas y asumen grandes responsabilidades, lo que conlleva largas jornadas de trabajo que combinan las tareas agrícolas con las domésticas.

Según el estudio de la OCDE "Igualdad de Género en Costa Rica", las mujeres dedican 23 horas semanales adicionales al trabajo doméstico no remunerado en comparación con los hombres. El Banco Central también estimó que en 2022 el valor del trabajo doméstico no remunerado era de 9,6 billones de colones, equivalente al 21,4 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

SCALA apoya la formulación de políticas públicas e iniciativas que tengan como objetivo reducir estas disparidades de género y mejorar el desarrollo y el bienestar de las mujeres y sus familias en la agricultura. Comprender sus realidades permite diseñar políticas que no solo reflejen sus necesidades, sino que también aborden las brechas de desigualdad y apoyen su desarrollo.

5. ¿En qué se centra la "Estrategia de Igualdad de Género e Inclusión Social" del programa SCALA en Costa Rica y qué repercusiones se han observado desde su puesta en marcha?

Sylvia Chaves Acuña y Katherine Fernández Rojas: La "Estrategia de Igualdad de Género e Inclusión Social" de SCALA en Costa Rica se centró inicialmente en conocer las experiencias de las mujeres en la ganadería. Para ello se realizó un "Análisis de la situación de las mujeres ganaderas en Costa Rica", un estudio pionero que implicó directamente a las mujeres y ayudó a identificar las brechas de género y los obstáculos a la plena participación de las mujeres en el sector.

El análisis reveló que sólo el 42% de las mujeres son propietarias de las tierras que trabajan, lo que limita su acceso al crédito y restringe su participación en los debates sectoriales. Además, la mayoría de las mujeres gestionan menos de 20 hectáreas y poseen menos animales que los hombres. Los retos económicos también son importantes, ya que el 85% de las mujeres no reciben ninguna compensación económica por su trabajo agrícola, lo que las obliga a buscar ingresos adicionales fuera de la producción ganadera, aumentando su carga de trabajo general. El estudio también reveló que el 77% de las mujeres necesita más formación, y el 75% no participa en programas pertinentes adaptados a sus necesidades. Además, sólo el 16% de las mujeres ocupan cargos en las juntas directivas de organizaciones ganaderas, y su participación se ve a menudo limitada por las prácticas discriminatorias y las responsabilidades domésticas.

Basándose en las conclusiones del análisis, SCALA elaboró un plan de acción trienal para subsanar las carencias de competencias y recursos y ayudar a las mujeres a superar los retos climáticos, productivos, sociales, económicos y familiares del sector ganadero. El plan ya ha dado lugar a una mayor visibilidad de las funciones y los retos de las mujeres en la ganadería y ha promovido prácticas más integradoras dentro del sector.

6. ¿Cuáles son los próximos pasos para seguir promoviendo la igualdad de género y el desarrollo sostenible en la ganadería costarricense?

Sylvia Chaves Acuña: El "Análisis de la situación de las mujeres ganaderas en Costa Rica" ofrece una visión esencial de los retos a los que se enfrentan las mujeres del sector. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se dispone a utilizar este informe para obtener hallazgos que fortalezcan las NAMA, incluidas las de ganadería.

La FAO y el PNUD están ayudando al Ministerio de Agricultura y Ganadería con la evaluación del actual Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género (2020-2023) y el desarrollo del Plan II. Esta asociación presenta una valiosa oportunidad para abogar por medidas que garanticen la participación equitativa de las mujeres en la ganadería, pasando de considerar la igualdad de género como un requisito del proyecto a integrarla como una obligación legal, social y moral fundamental.

Los próximos pasos consisten en vincular el plan de acción con los proyectos en curso de la FAO y el PNUD, asegurar la financiación y coordinarse con el sector privado, el Programa Nacional de Ganadería de Costa Rica, la NAMA ganadera, las instituciones académicas y otros organismos de cooperación.

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Enlaces y publicaciones de interés

• Obtenga más información sobre el enfoque de género y las actividades del programa SCALA de la FAO y el PNUD en diferentes países de SCALA.
• Análisis de la Situación de las Mujeres Ganaderas en Costa Rica - Resumen Ejecutivo
• Estrategia de género e inclusión social de SCALA

El presidente expondrá sobre la importancia del PAI y compartirá las principales acciones que el CNP está realizando para atender las necesidades de acceso alimentario por parte de la población más vulnerable en el país.

El PAI es un programa orientado a crear un mercado para pequeños productores agrícolas a través de las compras de instituciones estatales para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

El objetivo de la reunión es promover un diálogo basado en las experiencias generadas por los miembros de la Red SPAA en América Latina y el Caribe, respecto a las políticas de abastecimiento y comercialización de alimentos orientadas a promover sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes, y sostenibles, frente al cambio climático y situaciones de emergencia.  

Un espacio de cooperación e intercambio para promover una alimentación saludable

La Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe está integrada por 17 países de América Latina y el Caribe: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

Los Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos tienen un gran potencial para apoyar las compras públicas y fortalecer la agricultura familiar como herramientas que ayuden a los países a garantizar el derecho a la alimentación.

“El país, los productores y todo el sector agropecuario, se benefician enormemente de tener a las instituciones del sector trabajando articuladamente para empezar a utilizar todos los datos que tenemos de suelos y clima, mediante los diferentes modelos”, comentó Roberto Camacho director ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

Mediante el taller, se realizó una revisión de la experiencia brasileña en zonificación agrícola del riesgo climático y su aplicación práctica en territorios del Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana, con el objetivo de fortalecer las capacidades de extensionistas agrícolas y personal técnico del sector agropecuario costarricense.

Eduardo Assad, consultor de asistencia técnica para la adaptación y promoción de la ZARC enfatizó que un sistema de zonificación agrícola permite orientar la planificación y la toma de decisiones de los productores; además, impulsa la incorporación de buenas prácticas agrícolas para optimizar el rendimiento de los cultivos.

En la actualidad, los efectos del cambio climático han provocado pérdidas recurrentes en las cosechas, con graves repercusiones en los ingresos de las personas productoras y han afectado la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en condición de vulnerabilidad. 

“Mediante estas capacitaciones buscamos fortalecer el sistema para la gestión del riesgo de cambio climático de Costa Rica; asimismo, valorar la posibilidad de vincular las políticas públicas e instrumentos financieros y de seguros agropecuarios. También, esperamos que las personas agricultoras tengan acceso a datos locales y precisos sobre las épocas adecuadas para la siembra, y así lograr disminuir los riesgos de pérdidas en los cultivos”, comentó Andrea Padilla, representante asistenta de programas de la FAO en Costa Rica.

Esta actividad se enmarca en la iniciativa de la FAO Mano de la Mano “Construyendo Resiliencia en el Corredor Seco y Zonas Áridas de la región del SICA”. La iniciativa Mano de la Mano aporta análisis integrados que identifican interacciones clave, sinergias y compensaciones recíprocas para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios, con el fin de aumentar los ingresos, mejorar el estado nutricional y el bienestar de las poblaciones más vulnerables y reforzar la resiliencia al cambio climático.

“Nuestros sistemas agroalimentarios enfrentan un triple desafío: económico, social y ambiental. Es urgente poner en marcha soluciones innovadoras, integrales, que sean económicamente viables, socialmente justas y potencien los servicios ecosistémicos, incluidos los alimentos saludables, inocuos y nutritivos para beneficio de toda la población”, expresó Vargas Pérez.

La hoja de ruta surgió en el año 2021 atendiendo el llamado de las Naciones Unidas para desarrollar acciones que acelerarán la transformación de los sistemas agroalimentarios nacionales e internacionales y alcanzar las metas propuestas en la Agenda 2030. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica, desarrollaron cuatro diálogos nacionales con la participación de más de 500 personas.

“Un sistema alimentario sostenible permite garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y futuras. Esto significa que es rentable, que ofrece amplios beneficios para la sociedad, y que tiene un efecto positivo en los recursos naturales, salvaguardando la sostenibilidad del medio ambiente”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

El VII Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos promueve el fortalecimiento de los sistemas alimentarios sostenibles y su necesaria evolución hacia la regeneración y la resiliencia. Además, impulsa el uso de nuevas tecnologías como la ingeniería de alimentos, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología entre otras, con el fin de que las personas participantes reciban información científica y mejoren sus capacidades técnicas.

En este marco, se  realizó el taller de información y sensibilización con los socios implementadores del Programa como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  el Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como entidad acreditada ante el Green Climate Fund (GCF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para analizar los principales objetivos, actividades y resultados del programa en Costa Rica.

“Es fundamental observar la importancia de una buena relación entre ambiente y agricultura. El capítulo de este programa en Costa Rica tiene la expectativa de contribuir con las agendas de ambos ministerios, así como incidir en las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) y la agenda de agro paisajes productivos sostenibles”, comentó Adoniram Sanches, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante de la FAO en Costa Rica y Panamá.

Esta iniciativa regional está comprendida por dos componentes esenciales. El primero, busca incorporar tecnologías de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE) que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales; y el segundo, se enfoca en la financiación para la implementación de estas tecnologías y herramientas que faciliten el acceso a financiamiento en medidas de adaptación.

“El programa Corredor Seco Centroamericano financiado por el BCIE y Fondo Verde del Clima (FVC) facilitará un cambio en el enfoque de la gestión de los recursos naturales para aumentar la resiliencia a fenómenos climáticos extremos, y con su implementación se prevé beneficiar a cerca de 2.4 millones de personas y un área de aproximadamente 20,530 km², reduciendo la deforestación, y brindando acceso a servicios financieros y asistencias técnicas que permitan mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores de las zonas mayormente afectadas”, destacó Gloriana Jiménez, ejecutiva del BCIE en Costa Rica.

Para lograr esto, se fortalecerán capacidades técnicas con gobiernos locales y regionales, personas productoras y comunidades rurales; además de contribuir al desarrollo de información y conocimiento sobre adaptación al cambio climático que pueda ser retomada en la incorporación de políticas locales y nacionales.

En el caso particular de Costa Rica, la FAO estará ejecutando las acciones del programa en conjunto con el MINAE y el MAG, en la cuenca del Tempisque, en la provincia de Guanacaste, los cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Carrillo.

“Este programa es una oportunidad invaluable porque nos permitirá dar acompañamiento con recursos técnicos y de financiamiento para estos cantones de alta vulnerabilidad. El MAG estará impactando de forma positiva a nivel productivo, pero bajo una corresponsabilidad con los gobiernos locales y los demás ministerios, especialmente con el MINAE donde hemos logrado alianzas y sinergias de gran importancia”, concluyó Fernando Vargas, viceministro de Agricultura y Ganadería.

Por su parte, Carlos Isaac Pérez, viceministro de gestión estratégica del MINAE, señaló que las zonas de trabajo previstas con este Programa en Costa Rica son de alta sensibilidad y de las más afectadas por el fenómeno del Niño. Además, aseguró que este proyecto debe trabajar el tema de la gestión del agua, acompañándolo también con soluciones integrales y sostenibles a nivel social. La labor conjunta del MAG y el MINAE busca que el desarrollo agrícola contribuya a la economía nacional con empleos e ingresos, y que el desarrollo agrícola esté en armonía con el medio ambiente.

Este programa regional es un hito importante en la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y reafirma el compromiso de la FAO en Costa Rica y el mundo, en desarrollar acciones que hagan frente al cambio climático y contribuyan a la transformación y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, promoviendo un desarrollo inclusivo, eficiente y resiliente. Todo esto en el marco de la Iniciativa Mano de la Mano -Construyendo Resiliencia en el Corredor Seco y Zonas Áridas de la región del SICA.

Personas representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de la Municipalidad de Guatuso, del sector productivo, socios del proyecto, autoridades de instituciones públicas y equipo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica se reunieron para conocer los resultados de la primera fase del proyecto “Sistema piloto integrado de digitalización e información agroclimática", una iniciativa impulsada para mejorar la toma de decisiones,  optimizar el uso de fertilizantes y agua y para reducir incertidumbres y riesgos en los cultivos de yuca, pasto doble propósito y cacao de personas productoras de pequeña escala del cantón Guatuso, Alajuela.

El encuentro fue una oportunidad para que las personas asistentes conocieran los primeros resultados de la iniciativa y las oportunidades  de sostenibilidad a mediano y largo plazo para este sistema piloto que fue diseñado en el marco del proyecto “Cooperación Sur-Sur: Transformación digital e innovación en la agricultura” que lidera la FAO y la República Popular de China para mejorar los medios de vida en los sectores rurales de 12 países que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Durante la actividad, Carlos Sequeira, alcalde de Guatuso, resaltó que una iniciativa digital de este tipo aportará sustancialmente a construir una agricultura viva, en un espacio rural vivo y plenamente sustentable, donde las familias rurales tendrán mejores y crecientes niveles de vida.

Desde el MAG, institución que trabajó junto a FAO y Coopelesca en esta iniciativa y que fue fundamental en su aplicación, enfatizaron en que la tecnología es un gran aliado para mejorar el desempeño productivo en las fincas de las familias de pequeña y mediana escala costarricenses.

“Ejemplos como este proyecto vienen a darnos datos, lecciones y experiencias súper valiosas para que nuestros extensionistas y productores trabajen de una manera más armoniosa, más actualizada y apoyados por la tecnología y, lo más importante, optimizando recursos, desarrollando capacidades y todo por un bien común", señaló Karla Mena, directora de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG.

En tanto, Marvin Leitón, extensionista de la Agencia del MAG en Guatuso y quien junto con más de diez personas extensionistas del territorio norte- norte (Guatuso, Upala y Los Chiles) han estado recibiendo capacitación en el uso de los equipos e interpretación y análisis de los datos que generan, indicó que este proyecto piloto puede representar para las familias una oportunidad para mejorar el manejo de sus fincas, a partir de un análisis de datos, para producir de una forma más eficiente.

Además, de los dos funcionarios, la delegación del MAG contó con la participación de Norman Mora, director regional de la Dirección Regional Huetar Norte del MAG, quien participó en el viaje de intercambio a China que se realizó recientemente en el marco del proyecto Cooperación Sur-Sur: Transformación digital e innovación en la agricultura”.

Cabe destacar que el MAG también expresó su compromiso con la transformación digital a través de una carta en la que reafirmaron su intención de dar continuidad al trabajo realizado en el “Sistema piloto integrado de digitalización e información agroclimática", el cual contribuye con el “Plan Nacional para el Mejoramiento de la Productividad y la Sostenibilidad del Sector Agrícola” que pretende ser aplicado de forma escalonada en todo el país, bajo el nombre de AGRINNOVACION 4.0 para impulsar la recuperación económica y la generación de empleo.

“Para FAO lograr la continuidad de este proyecto es de vital importancia, no solo por la inversión que ya se ha hecho, si no por los beneficios y alcances que puede seguir teniendo en Guatuso, en el territorio norte-norte y el país en general, alcanzando más hectáreas y más cultivos”, expresó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica, quien además agradeció a la República Popular de China por el apoyo brindado en esta primera fase.

El nuevo documento publicado por la FAO: Políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios en Costa Rica ofrece un resumen de los avances del país en cuanto a la coordinación institucional, participación de múltiples partes interesadas, y la importancia de las inversiones para lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles.

“Resaltamos el valor de este documento como una herramienta clave en la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia modelos más sostenibles y saludables. Adicionalmente, respalda el proceso que se ha venido gestionando con la construcción de la hoja de ruta nacional”, comentó Andrea Padilla Arce, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Este informe destaca los principales indicadores socioeconómicos, de seguridad alimentaria y nutrición, y medioambientales, junto con los marcos de políticas públicas que guían el rumbo del sector agroalimentario costarricense.

En Costa Rica, la coherencia entre políticas públicas se ve favorecida por factores históricos, como la baja rotación del personal público y la implementación de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018-2030.

Recientemente, la Hoja de Ruta hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles, un documento preparado en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, está siendo actualizado y fortalecido. La Hoja de Ruta incluirá acciones concretas para cada una de las temáticas priorizadas, identificará responsables de su ejecución y contará con indicadores de implementación, así como con enlaces a partidas presupuestarias existentes. Como parte de su implementación, un comité interinstitucional se reunirá cada tres o cuatro meses para monitorear las acciones ejecutadas y coordinar soluciones a potenciales cuellos de botella.

Un elemento clave para el éxito de las políticas públicas es su apropiación por los diversos actores de la sociedad. En la actualidad, el país promueve el fortalecimiento de la democracia y mantiene la estabilidad política, factores que contribuyen al desarrollo de procesos de consulta amplios y bien establecidos.

Además, el país se ha destacado en la construcción y reciente publicación de la Agenda Agroambiente con miras al 2030 como un instrumento de política que, basado en criterios técnicos, orienta el desarrollo sostenible del paisaje nacional. Esta agenda promueve acciones estratégicas mediante un trabajo articulado, evolutivo y permanente, con el objetivo de lograr un cambio transformador en el modelo de producción agropecuaria pesquera, así como la conservación de los recursos biológicos, incluyendo los forestales.  Siendo un ejemplo de una coordinación interinstitucional entre los Ministerios de Ambiente y Energía con Agricultura y Ganadería.

Más información:

Para conocer más sobre los procesos que impulsan la transformación de los sistemas agroalimentarios en Costa Rica, puede acceder al documento completo en este enlace: https://doi.org/10.4060/cc9866es.

La última edición del informe El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA, por sus siglas en inglés) señala que la producción mundial de la pesca y la acuicultura en 2022 se elevó a 223,2 millones de toneladas, un 4,4 % más que en 2020. La producción incluyó 185,4 millones de toneladas de animales acuáticos y 37,8 millones de toneladas de algas. 

América Latina y el Caribe produjo 17,7 millones de toneladas de la producción pesquera y acuícola, el 8 % del total mundial, creciendo al 9 % si se considera solo la producción de animales acuáticos.

“La FAO valora los importantes logros alcanzados hasta ahora, pero se necesitan más acciones transformadoras y adaptativas para fortalecer la eficiencia, inclusividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas alimentarios acuáticos y consolidar su papel en la lucha contra la inseguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y la gobernanza sostenible”, aseguró el Director General de la FAO, QU Dongyu. “Por eso la FAO aboga por la Transformación Azul, para satisfacer los requisitos generales de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás”.

El informe SOFIA será presentado mañana en el evento de alto nivel sobre acción oceánica Inmersos en el cambio en San José, Costa Rica.

La acuicultura mundial produce una cantidad récord

En 2022 y por primera vez en la historia, la acuicultura superó a la pesca de captura como principal productora de animales acuáticos. La producción acuícola mundial alcanzó la cifra sin precedentes de 130,9 millones de toneladas, de las cuales 94,4 millones son animales acuáticos, es decir, el 51 % de la producción total de animales acuáticos.

América Latina y el Caribe registraron 4,3 millones de toneladas de producción acuícola, lo que se traduce en alrededor de 3,3% del total mundial. Esto convierte a la región en la segunda mayor productora de acuicultura, aunque significativamente por detrás de Asia (91,4 % del total mundial).

En la actualidad, un pequeño número de países domina la acuicultura en la región. Chile y Ecuador representan el 53 % de la producción acuícola total de animales acuáticos de América Latina y el Caribe, y ambos se encuentran entre los diez primeros países del mundo. 

“Las políticas específicas, la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades y la inversión responsable son cruciales para impulsar la acuicultura sostenible allí donde más se necesita”, afirmó el Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin. 

“Debemos promover la gestión eficaz y sostenible de todas las pesquerías, y la intensificación y expansión sostenibles de la acuicultura, para potenciar la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos a la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el uso sostenible de los recursos naturales, en línea con lo debatido en la última Conferencia Regional de la FAO”, subrayó Lubetkin.

El consumo mundial de alimentos de origen acuático aumenta de nuevo, pero la región está por detrás de la media mundial 

La producción récord de alimentos de origen acuático subraya el potencial del sector para combatir la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El consumo aparente mundial de alimentos (estimación de la cantidad total de un producto disponible para consumo dentro de un periodo de tiempo) de origen acuático alcanzó los 162,5 millones de toneladas en 2021. Esta cifra ha aumentado a un ritmo casi dos veces superior al de la población mundial desde 1961, con un consumo mundial anual per cápita que ha pasado de 9,1 kg en 1961 a 20,7 kg en 2022.  

En América Latina y el Caribe, el consumo aparente de alimentos fue de 7 millones de toneladas, lo que refleja un consumo per cápita de 10,7 kg. Aunque existe una gran variabilidad entre países, la media regional sólo es inferior a la de África, y se sitúa muy por detrás de la media mundial.  

Apoyar un mayor consumo de fuentes sostenibles en la región es crucial para fomentar dietas sanas y mejorar la nutrición en todo el mundo. Los alimentos de animales acuáticos proporcionan proteínas de alta calidad -el 15 % de las proteínas animales y el 6 % de las proteínas totales en todo el mundo- y nutrientes clave como ácidos grasos omega-3, minerales y vitaminas. En 2021, aportaron al menos el 20 % del suministro per cápita de proteínas de todas las fuentes animales a 3.200 millones de personas en todo el mundo.  

La mayor parte de la producción mundial de la pesca de captura procede de poblaciones sostenibles 

La producción mundial de la pesca de captura se ha mantenido estable desde finales de los años ochenta. En 2022, el sector produjo 92,3 millones de toneladas, de las cuales 11,3 millones correspondieron a la pesca continental y 81 millones a la marina. A pesar del crecimiento de la acuicultura, la pesca de captura sigue siendo una fuente esencial de producción de animales acuáticos.   

La producción de la pesca de captura de animales acuáticos en América Latina y el Caribe fue de unos 12,8 millones de toneladas, lo que representa el 14 % del total mundial. Perú, que aporta casi un 6 % de la producción mundial de animales acuáticos de captura, es el único país de la región que figura entre los diez principales productores mundiales de pesca de captura.  

A nivel mundial, la proporción de poblaciones marinas pescadas dentro de niveles biológicamente sostenibles disminuyó al 62,3 % en 2021, un 2,3 % menos que en 2019. Cuando se ponderan por nivel de producción, se estima que el 76,9 % de los desembarques de 2021 de las poblaciones seguidas por la FAO procedían de poblaciones biológicamente sostenibles. Esto subraya el rol que la gestión eficaz de la pesca puede desempeñar para facilitar la recuperación de las poblaciones y el aumento de las capturas, destacando la necesidad urgente de replicar las políticas exitosas para revertir la actual tendencia decreciente.  

La FAO prevé un aumento de la producción y el consumo 

El informe SOFIA prevé que la producción de animales acuáticos aumentará un 10 % en 2032 hasta alcanzar los 205 millones de toneladas, mientras que el consumo aparente se incrementará un 12% para suministrar una media de 21,3 kg per cápita en 2032. Se espera que el aumento de los ingresos y la urbanización, las mejoras en las prácticas post cosechan y las tendencias de distribución y alimentación impulsen la mayor parte de este incremento.  

El informe también muestra las posibles implicancias de la dinámica demográfica en el suministro de alimentos de animales acuáticos hasta 2050. Sólo para mantener las tasas actuales de consumo per cápita de alimentos de origen acuático en 2050, América Latina y el Caribe necesitaría aumentar su oferta en un 13 % adicional, e incluso más si la región quisiera acercarse a la media mundial anual de 20,7 kg per cápita. Esto pone de manifiesto la necesidad de acelerar las acciones prioritarias de Transformación Azul en un mundo en el que los alimentos acuáticos desempeñen un papel más significativo para acabar con el hambre, la malnutrición y la pobreza. 

El empleo en el sector es vital para millones de personas 

Además de la nutrición y la seguridad alimentaria, la pesca y la acuicultura son una importante fuente de medios de subsistencia. Según los últimos datos, se estima que, en 2022, 61,8 millones de personas estaban empleadas en el sector primario de la pesca y la acuicultura, frente a 62,8 millones en 2020.  

En América Latina, se estima que 2,3 millones de personas estaban empleadas en el sector primario, lo que representa el 4 % del total mundial.

Los datos desglosados por sexo indican que las mujeres representan el 24 % de la mano de obra mundial en el sector primario, pero el 62 % en el subsector de procesamiento. El informe da cuenta que continúan existiendo problemas de desigualdad de género, como las diferencias salariales, el reconocimiento insuficiente de la contribución de las mujeres al sector y la violencia de género.  

SOFIA es una publicación insigne de la FAO que analiza el estado y la salud de las poblaciones mundiales de peces, así como las tendencias de la pesca y la acuicultura a nivel mundial y regional. La edición de 2024 pone de relieve los avances concretos de la Transformación Azul en acción, mostrando el papel de la FAO, en colaboración con los Miembros y asociados, en el impulso del cambio hacia la expansión e intensificación sostenibles de la acuicultura, la gestión eficaz de la pesca y las cadenas de valor que dan prioridad a la eficiencia, la seguridad y la equidad. 

La urbanización sin planificación ha impactado negativamente los suelos, la biodiversidad y los paisajes, llevando a la fragmentación y destrucción de recursos naturales y ecosistemas tanto en las ciudades como en áreas periurbanas, afectando la calidad de vida de las poblaciones. 

“Los esfuerzos por poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en un mundo en urbanización ya no pueden basarse en una concepción tradicional de la división urbano-rural. La urbanización, combinada con cambios en ingresos, empleo y estilos de vida, presenta tanto desafíos como oportunidades para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición mientras se genera un equilibrio con el ambiente”, expresó el subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Mario Lubetkin. 

Según datos de Naciones Unidas, a partir de 2011, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero, representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía, el 75% de las emisiones de carbono, además de concentrar el 70% de la distribución y consumo de alimentos. 

Durante el evento se realizó la firma de la Estrategia Nacional a Largo Plazo para Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza en Áreas Urbanas y Periurbanas de Chile, proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima. 

 "El trabajo en ciudades verdes y sistemas agroalimentarios urbanos en América Latina es un ejemplo inspirador de cómo las políticas públicas, la cooperación internacional y las iniciativas locales pueden converger para abordar los desafíos urbanos contemporáneos. A través de esquemas de gobernanza multiactor, entornos alimentarios sostenibles, economía y desarrollo circular, resiliencia y gestión del riesgo, los países de la región están creando entornos más saludables y sostenibles para sus habitantes”, sostuvo Corinna Hawkes, directora de División de Sistemas Agroalimentarios e inocuidad de los alimentos de la FAO en Roma. 

“La FAO continuará apoyando estos esfuerzos, promoviendo el desarrollo de sistemas agroalimentarios integrados y la implementación de infraestructuras verdes que beneficien tanto a las ciudades como a todo el continuo urbano-rural”, sostuvo João Intini, Oficial de Políticas de Sistemas Alimentarios de la FAO, para América Latina y el Caribe. 

Iniciativas y proyectos en América Latina 

En América Latina y el Caribe 50 ciudades de nueve países de la Región participan en la Red de Ciudades Intermedias y Sistemas Alimentarios (Red CISA), que cuenta con el acompañamiento técnico de la FAO para promover la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la gobernanza de los sistemas agroalimentarios entre las autoridades y equipos municipales. 

La Red CISA se ha convertido en un espacio de intercambio y referencia, con los desafíos que significan la administración municipal, y que implican el planteamiento de estructuras de gobernanza novedosas, que permitan la inclusión de la agenda alimentaria en la planificación urbana y la participación de los gobiernos locales en los proyectos de inversión estratégica de los estados. 

En Argentina se ha avanzado en la gestión de excedentes agroalimentarios a través de cooperativas como la Cooperativa Obrera. El estudio: Abastecimiento local y modelo cooperativo de consumo, sistematiza esta experiencia y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La difusión de este modelo ha inspirado a otros actores a implementar prácticas similares que integren la producción y consumo responsable. 

En Brasil, se ha dado un nuevo impulso a las políticas de lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria y nutricional, coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Entre ellas: el restablecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, reactivando un espacio estratégico de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, destacándose la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Ciudades, la reestructuración de los programas de transferencia de renta y el Plan Brasil sin Hambre, que reúne 80 acciones y programas de los 24 Ministerios que componen la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

En Chile, se estima que el 88,6% de la población vive en áreas urbanas, con el 61,5% residiendo en grandes aglomeraciones urbanas. En el país, la FAO impulsa la Agenda Alimentaria Urbana y la iniciativa de Ciudades Verdes, que busca mejorar el entorno urbano y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos.  

Colombia ha facilitado espacios de diálogo y promoción de sistemas alimentarios urbanos con asociaciones de municipios. La instalación de la agenda urbana alimentaria en las áreas programáticas de la FAO ha permitido que los proyectos incluyan el fortalecimiento del continuo urbano-rural.  

Desde el 2018, Costa Rica ha trabajado en la creación de agencias intermunicipales para la gestión de cuencas. Estas, buscan mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de corredores y espacios biodiversos y la promoción de una gestión integral del agua. La FAO ha apoyado la revisión del marco jurídico sobre planificación urbana y la implementación de políticas de abastecimiento alimentario que aportan a la seguridad alimentaria y a la nutrición. 

En Paraguay, la FAO ha trabajado en la elaboración de lineamientos estratégicos para municipios y en el desarrollo de perfiles de proyectos vinculados a la agenda urbana alimentaria. Estos esfuerzos han generado oportunidades de trabajo conjunto con municipios, asociaciones de productores y organizaciones locales. 

En Perú, la FAO ha apoyado la promoción de cadenas de suministros en entornos alimentarios urbano-rurales saludables, sostenibles y resilientes. La gobernanza articulada entre gobiernos nacional, regional y local ha permitido implementar políticas y otros instrumentos normativos y técnicos que garantizan la producción, disponibilidad y acceso a dietas saludables y desarrollo de entornos alimentarios saludables, modelos de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la política de alimentación saludable, con un enfoque integrado, contando con la participación de los actores del canal tradicional de abastecimiento alimentario. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la República Popular China lideran el proyecto Cooperación sur-Sur: Transformación digital e innovación en la agricultura para mejorar los medios de vida rurales a través de la digitalización en 12 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

Justamente para avanzar con las metas de esta iniciativa, esta semana se lleva a cabo en Costa Rica el I Encuentro Transnacional Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial, el cual consta de tres días de trabajo de campo en San José y en Dota.

La apertura contó con la presencia de Fernando Vargas Pérez, viceministro de Agricultura y Ganadería, Eva Felicia Martínez Sánchez, Embajadora del Reino de España en Costa Rica, y Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica.

Además de Juan Carlos Fonseca Encargado de Cooperación Triangular del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en Representación del Comité Técnico de Adelante 2, Andrea Padilla Arce, Representante Asistente de Programas, Representación de la FAO en Costa Rica, así como representantes técnicos.

“Para el caso de Costa Rica, la gestión ha estado enfocada en presentar el cantón de Dota, y su cultivo del café, como candidato a ser el primer sitio SIPAM de Costa Rica y así formar parte del pequeño grupo de países de América Latina que cuenta con sitios SIPAM”, detalló el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.

“ADELANTE es una prueba del compromiso de la Unión Europea con la agenda 2030 y con el fortalecimiento de su asociación con América Latina y el Caribe, una región con rica diversidad que la ha convertido en un referente para explorar el potencial del diálogo y el intercambio de conocimientos y experiencias, para lo cual la Cooperación Triangular es una modalidad particularmente relevante y eficaz,” resaltó Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica.

En este proyecto de cooperación triangular, la entidad coordinadora es la Viceconsejería de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (España) y los colaboradores son la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras.

La población beneficiada con este proyecto son aproximadamente 154,000 habitantes de los territorios donde va a implementarse: Cantón de Dota (San José, Costa Rica), Comarca de la Axarquía (Málaga, España) y Valle del Jamastrán (Honduras), así como comunidades y productores locales, instituciones públicas y otros actores locales vinculados con otros sistemas productivos agrarios tradicionales.

En Costa Rica, Honduras y España existen diversos sistemas de producción agrícola que, por sus características y patrimonio tangible e intangible, atesoran un valor incalculable que requiere ser protegidos como base del desarrollo, la economía y el impulso a la seguridad alimentaria de las comunidades.

“Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto coordinador de la ejecución de este Fondo, este acto representa un paso más en el esfuerzo de realizar acciones para el desarrollo de nuestros pueblos con la contribución del mecanismo de cooperación triangular con el objetivo del cumplimiento de las metas de la agenda 2030, aumentando nuestras capacidades y compartiendo nuestras fortalezas con países amigos con el apoyo de la Unión Europea”, indicó la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones, embajadora Carolina Molina.

“España está muy satisfecha de compartir su experiencia con los SIPAM, sistemas tradicionales y a la vez vivos y en evolución. Generaciones de comunidades agrícolas han preservado paisajes ricos en biodiversidad.  Costa Rica, por su trayectoria, es un candidato idóneo para incorporarse al pequeño grupo de países de América Latina a los que la FAO ya ha reconocido estos paisajes”, declaró la embajadora de España, Eva Martínez.

Para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica sólo desde la cooperación y el trabajo en red entre regiones y territorios que disponen de recursos únicos (naturales, agrícolas, conocimientos, patrimonio material) es posible abordar los retos que permitan avanzar hacia una transición ecológica, recuperación verde y descarbonización, en todas sus vertientes.

“Aplaudimos como institución la coordinación y articulación entre distintos actores estatales, internacionales, el sector privado, gobiernos locales y organizaciones supranacionales. Uno de los objetivos de Mideplan, a través del Plan Nacional de Desarrollo, es llevar la cooperación internacional a poblaciones vulnerables y en riesgo social en zonas rurales, costeras y fronterizas, por esta razón, nuestro compromiso y responsabilidad siempre será aprobar proyectos vinculados al desarrollo rural, como es el caso del SIPAM”, mencionó Juan Carlos Fonseca, encargado de Cooperación Triangular de Mideplan.

La agenda de trabajo en el cantón de Dota estará directamente vinculada a elementos históricos, culturales, turismo rural comunitario, paisajístico y buenas prácticas, que brinden a los visitantes las herramientas para poder defender aún más los sistemas agrícolas tradicionales.

“Los sitios SIPAM representan un subconjunto de sistemas agrícolas que muestran diversos usos de la biodiversidad agrícola y de la agricultura sostenible que merecen ser reconocidos como patrimonio, por su afán de proteger, conservar y transmitir sus tradiciones bajo un enfoque holístico que involucra a todos los actores, con base en el conocimiento ancestral y la experiencia de las comunidades locales”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO Costa Rica.

Adelante 2 es el Programa de Cooperación Triangular de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, cuyo objetivo general es contribuir al logro de la Agenda 2030 a través de iniciativas de cooperación regional fortalecidas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) convocará varias reuniones regionales de coordinación en 2024 en las que se tratará, a nivel regional, la implementación del AMERP y el seguimiento de la “Estrategia de Bali” , aprobada por las Partes del Acuerdo en mayo de 2023. La reunión para América Latina y el Caribe se llevó a cabo en San José entre el 13 y 17 de mayo de 2024, con delegados de 18 países. 

El AMERP es el primer acuerdo internacional vinculante diseñado para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). El AMERP, que entró en vigor en 2016, tiene la tasa más alta de adhesión de todos los instrumentos pesqueros internacionales. Actualmente, las Partes en el AMERP son 78, incluida la Unión Europea, que se considera Parte en nombre de sus estados miembros. Papua Nueva Guinea y Comoras han sido los últimos estados en adherirse al AMERP, en abril de 2024, lo que eleva el número total de estados regidos por el Acuerdo a 104. 

 Las reuniones regionales de coordinación del AMERP fueron convocadas por las propias Partes en la primera Reunión de las Partes celebrada en Oslo en 2017. En concreto, esta reunión hizo un balance del estado del Acuerdo y su aplicación en la región, abordó los desafíos en la implementación del AMERP y el uso de su sistema mundial de intercambio de información. Al mismo tiempo, la reunión discutió estrategias de implementación de medidas regionales del estado rector del puerto y elaboró recomendaciones, incluso sobre la mejora de la efectividad y el seguimiento de la implementación del AMERP, para su consideración por el grupo de trabajo encargado de la estrategia y el seguimiento del AMERP. 

 Durante la segunda reunión regional de coordinación, Matthew Camilleri, Líder del Equipo de procesos mundiales y regionales de pesca de la FAO, afirmó que “estas reuniones de coordinación regional representan una gran oportunidad para avanzar en la coordinación e implementación del AMERP a nivel regional mientras se avanza en las discusiones sobre diversos aspectos de la Estrategia de Bali”. 

 La segunda reunión regional de coordinación del AMERP se celebró con cofinanciación de Noruega. 

La visita fue posible en el marco del programa: “Apoyo estratégico a la seguridad alimentaria sostenible en Cuba”, financiado por la Unión Europea, el cual incluye un componente dedicado al fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba (POSAS). Este proyecto es implementado por la FAO y el Ministerio de la Agricultura y entre sus principales resultados se encuentra la asistencia técnica brindada al proceso de la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Cuba.

Durante la semana del 8 al 15 de abril, la delegación compartió información y conocimientos sobre buenas prácticas en torno a los procesos de gobernanza y modelos de gestión de los sistemas alimentarios locales.

"Ha sido una buena experiencia para la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y las comisiones municipales sobre cómo se articulan los actores en otro país para lograr ese fin esencial que es la seguridad alimentaria y nutricional. Tuvimos acercamientos con varias localidades y gobiernos municipales, donde pudimos ver los éxitos de la intersectorialidad y del trabajo con programas con un enfoque social, muy aparejado con lo que venimos haciendo en Cuba con la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, aseguró Mayra Cruz Legón, secretaria de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y Directora Jurídica del Ministerio de la Agricultura de Cuba.

La misión conoció casos exitosos en la implementación de sistemas de indicadores para la planificación, monitoreo y control de la seguridad alimentaria a nivel local, así como el proceso de construcción de la hoja de ruta de Costa Rica presentada durante la Cumbre de los Sistemas Alimentarios.

Además, se compartieron iniciativas innovadoras en comercialización de productos agropecuarios, desarrollo de mercados, fortalecimiento de las ferias del agricultor y el trabajo a nivel local, que promueven diferentes municipalidades costarricenses, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades.

Como parte del intercambio también se realizó una visita a la Asamblea Legislativa para conversar con Sonia Rojas, coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, que les permitió analizar más a fondo el plan de trabajo del Frente a favor del fortalecimiento del derecho humano a la alimentación en la región.

La experiencia permitió demostrar las capacidades que poseen los países de la región para enfrentar los principales desafíos en el ámbito de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en temas estratégicos como la concepción e implementación de las Guías Alimentarias, la hoja de ruta de sistemas alimentarios locales, y la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos.

La misión se desarrolló en el marco de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA), la cual tiene como objetivo promover el diálogo e intercambio de experiencias, a fin de fortalecer las capacidades, facilitar el establecimiento de alianzas y desarrollar estrategias conjuntas de acción y proyectos de cooperación técnica entre instituciones públicas de comercialización y abastecimiento de alimentos de países de América Latina y el Caribe.

La 38ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe concluyó hoy con el apoyo unánime de los treinta y tres Estados miembros al Marco Estratégico 2022-31 de la FAO y a las cuatro prioridades que guiarán el trabajo de la Organización durante el próximo bienio.  

Las cuatro prioridades regionales interconectadas reflejan las Cuatro Mejoras de la FAO, cuatro dimensiones interconectadas que contribuirán a la transformación de los sistemas agroalimentarios a través de la promoción de una producción más eficiente, inclusiva y sostenible; acabar con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición; la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático; y la reducción de las desigualdades y la pobreza y la promoción de la resiliencia. 

El Director General de la FAO, QU Dongyu, asistió a la reunión de alto nivel en Guyana. Durante la ceremonia de clausura, expresó la importancia de esta instancia como plataforma crucial para que los responsables políticos aceleren los esfuerzos hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás.

En línea con el Marco Estratégico de la FAO, el Director General expresó el compromiso de la Organización en apoyar a los Miembros para fomentar una mayor cooperación, inversión, innovación y tecnología, tanto dentro como fuera de la región.

"Me complace observar que las cuatro prioridades establecidas para el próximo bienio están en consonancia con la asistencia técnica y en materia de políticas que estamos dispuestos a proporcionar, y la FAO mantiene su compromiso de apoyar a la región en la consecución de la transformación para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles", afirmó QU.

Durante la ceremonia de apertura, Mohamed Irfaan Ali, Presidente de Guyana, destacó la importancia de la Conferencia Regional y aseguró que la creación de sistemas agroalimentarios resilientes y protegidos del clima es una tarea imperativa de cara al futuro, y "la toma de decisiones debe basarse en los datos en la medida de lo posible". También pidió que se preste más atención a la nutrición.

Mustapha Zulfikar, Ministro de Agricultura de Guyana y Presidente de la Conferencia, declaró: "Durante estos días hemos tratados temas que son fundamentales para nuestra región: la pesca y acuicultura para la sostenibilidad; inversiones para la resiliencia; sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos; la reducción del hambre y la malnutrición mediante el comercio como impulso estratégico de desarrollo en la región, entre otros”. Agregó que “nuestro trabajo no termina con la clausura de esta Conferencia. Los insto a continuar compartiendo las reflexiones, la conexiones que han hecho en esta Conferencia, para que nuestro dialogo se convierta en iniciativas concretas que impulsen cambios transformadores en nuestros países".  

La Conferencia Regional además sostuvo mesas redondas ministeriales centradas en cómo hacer avanzar la pesca y la acuicultura bajo el enfoque de la Transformación Azul, aprovechar el comercio como motor estratégico para reducir el hambre y la malnutrición en la región y abordar los retos del nexo agua-bosques-biodiversidad-suelo en el contexto del cambio climático. 

La instancia contó con representantes de los treinta y tres países miembros. Asistieron dieciocho ministros y tres viceministros en persona y once ministros y cinco viceministros virtualmente. 

Tanto la Reunión de Altos Funcionarios, como la Reunión Ministerial de la Conferencia Regional fueron seguidas por 12.000 espectadores en línea, entre ellos tomadores de decisiones y actores no gubernamentales del mundo académico, científico, el sector privado y la sociedad civil. 

La agenda también incluyó eventos especiales de alto nivel centrados en cómo la ciencia y la innovación digital pueden impulsar la agricultura familiar, la necesidad de transformación de los sistemas agroalimentarios en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la región, la focalización de las inversiones a través de la Iniciativa Mano a Mano de la FAO, y los impulsores y desencadenantes de la prospectiva relevantes para América Latina y el Caribe. 

 Brasil acogerá la próxima Conferencia Regional 

Durante la Conferencia Regional, Brasil anunció la decisión de albergar la 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

El Presidente Inacio Lula da Silva, durante su intervención como Presidente Pro Tempore del G20, dijo a través de una carta: "Me complace anunciar la voluntad de Brasil de acoger la 39ª Conferencia Regional de la FAO en 2026. Será una oportunidad única para evaluar nuestros progresos y nuestras estrategias en materia de seguridad alimentaria y nutricional".  

27 de noviembre 2023, San José, Costa Rica. - Como parte de su gira oficial a Centroamérica, el Subdirector General y Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mario Lubetkin, visitó la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

En ese contexto, el presidente de la entidad, Rodrigo Arias Sánchez, suspendió la sesión ordinaria para llevar a cabo un acto protocolar para saludar al Representante Regional y hacer una mención de honor al trabajo que realiza la Organización para la erradicación del hambre y la malnutrición.

Además, las parlamentarias y parlamentarios compartieron brevemente con Lubetkin sobre la importancia del compromiso legislativo para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.

En Costa Rica el Frente Parlamentario contra el Hambre trabaja en la construcción de una estrategia y un plan de trabajo conjunto para disminuir la malnutrición, dinamizar la agricultura y la pesca como sectores propulsores de nuevas oportunidades de desarrollo, generadores de empleos para la juventud y la población adulta.

Frente Parlamentario contra el Hambre en la región

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) es una red plural y voluntaria, integrada por más de 400 legisladores de diferentes partidos políticos que trabajan colaborativamente desde 21 congresos nacionales, incluido el Poder Legislativo de Costa Rica, y cuatro parlamentos regionales.

El FPH-ALC nació en 2009 con el objetivo de responder al compromiso de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025.  Desde entonces, cuenta con el apoyo de la FAO y la Cooperación Española, así como con el de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.

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El MPP es una hoja de ruta estratégica que orienta el apoyo técnico de la FAO en Costa Rica y que contribuye a alcanzar las prioridades nacionales para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La firma se realizó en el Salón Dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la presencia del Ministro a.i. y Embajador, Alejandro Solano Ortiz y el Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin. Además, contó con los viceministros de Agricultura y Ganadería, de Salud y la representación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan); el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“Este acuerdo es un paso importante para fortalecer los lazos de cooperación y la labor conjunta entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO, con el fin de abordar los desafíos en la nutrición, el desarrollo rural y la transformación sostenible ambiental, resiliente y adaptativa al cambio climático de los sistemas agroalimentarios”, aseguró Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Por su parte, Alejandro Solano, Ministro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, resaltó la gran importancia de las relaciones de cooperación que se desarrollan en Costa Rica con el apoyo de la FAO, las cuales fortalecen programas prioritarios para el desarrollo sostenible del país, en temas de relevancia estratégica en la producción agropecuaria y en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Este marco de cooperación establece tres áreas prioritarias enfocadas en posicionar la seguridad alimentaria y nutricional con un rol central en la agenda nacional para contribuir con la agricultura costarricense; fomentar sistemas productivos sostenibles, eficientes e inclusivos con énfasis en los territorios rurales y convertir la Agenda AgroAmbiente como herramienta clave en la transformación del sector agropecuario, forestal y pesquero para gestionar la crisis climática.

Actualmente, gracias al trabajo conjunto que se ha desarrollado entre la FAO, el sector público y privado, Costa Rica logró ser el primer país en el mundo en implementar pruebas de campo para medir la recarbonización de suelos en fincas ganaderas y cafetaleras. Esta iniciativa permite apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático que realiza el país para empezar a incluir la captura de carbono en suelos, como parte del programa de pago por servicios ecosistémicos que se implementa a nivel nacional, y que hasta el momento solo incluye el pago por recursos forestales.

Este instrumento (MPP) está en consonancia con la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2031 y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF 2023-2027).

Esta iniciativa piloto, impulsada en el marco del proyecto de Cooperación Sur-Sur y Triangular: Transformación digital e innovación en la agricultura, tiene por objetivo entregar información sobre diagnóstico, control y nutrición de cultivos agrícolas, apoyando la toma de decisión de los productores y las productoras beneficiadas por el proyecto. Por ejemplo, podrán contar con datos de vigor, estrés y posibles enfermedades de sus cultivos gracias al uso de herramientas digitales y equipos especializados instalados en el campo.  

El evento se llevó a cabo en el asentamiento campesino Tujankir 1, que es uno de los sitios seleccionados para instalar el equipamiento tecnológico comprometido. Hasta ese lugar llegaron representantes de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R.L), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Todas estas instituciones han sido parte del trabajo coordinado que realiza la FAO para llevar adelante el piloto.  

 "La sostenibilidad de las acciones que realizamos solo es posible con el trabajo coordinado de diferentes actores que están involucrados, pues al hablar de digitalización hablamos de  generar ingresos en las familias, de dar acceso y oportunidades a las mujeres y jóvenes, de mejorar los medios de vida y esto solo se logra desde acciones y miradas conjuntas", detalló Katalina Moyano, coordinadora del proyecto FAO-China – CELAC. 

La actividad también contó con la valiosa participación de Xu Tiefei, consejero de la embajada de China en Costa Rica, quien se refirió a la tecnología como una herramienta para transformar la forma de hacer la agricultura.  

“Esperamos que este proyecto pueda ayudar a los agricultores a mejorar sus producciones y reducir los riesgos climáticos”, destacó.  

Tras las palabras iniciales, los invitados realizaron una caminata por la parcela donde se les explicó en detalle el funcionamiento del sistema Integrado de Digitalización e Información Agroclimática. Además, los asistentes presenciaron un vuelo de prueba de uno de los drones que se usarán para recopilar información, pudiendo demostrar un cálculo de índice de vegetación normalizada.  

Elías Jiménez, productor y beneficiado de la iniciativa, mencionó que tiene grandes expectativas sobre el proyecto y su alcance para mejorar la toma de decisiones para enfrentar los embates del cambio climático en sus cultivos.  

Cabe destacar que este proyecto busca contribuir al “Plan Nacional para el Mejoramiento de la Productividad y la Sostenibilidad del Sector Agrícola” (también conocido como Programa de AGROINNOVACIÓN 4.0) que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para impulsar la recuperación económica y la generación de empleo posterior a la pandemia por la COVID-19. 

El análisis muestra las acciones que se desarrollan a favor del derecho humano a la alimentación y la SAN; además, destaca que el 90% de los gobiernos locales ejecuta por lo menos una acción vinculada al acceso, disponibilidad o consumo de alimentos sanos.

“Es clave fomentar una gobernanza desde los gobiernos locales que incluya a todos los actores del sistema alimentario y a las personas legisladoras, como un componente importante para lograr el desarrollo sostenible y garantizar una alimentación saludable para todas las personas”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

El informe también señala los desafíos que existen para implementar acciones en seguridad alimentaria, así como el desconocimiento que existe del tema y la necesidad de sensibilizar a personas técnicas y con liderazgo político para fortalecer la SAN.

“Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de desempeñar un papel fundamental de apoyo en el fortalecimiento de nuestros sistemas agroalimentarios. A través de políticas y regulaciones efectivas, estamos comprometidos como Asamblea Legislativa en crear un entorno digno para el desarrollo sostenible de la agricultura y la garantía de que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada”, dijo Montserrat Ruíz, diputada del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición.

La agenda alimentaria urbana de la FAO identifica como fundamental el rol de los municipios, bajo los principios rectores de: sinergias entre el mundo rural y el urbano; inclusión social y equidad; resiliencia y sostenibilidad y conexiones e interconexiones de los sistemas alimentarios.

Durante el foro “legislando en seguridad alimentaria y nutricional: impulso al desarrollo de los territorios”, se contó con la participación de la diputada de República Dominicana, Shoraya Suárez Ariza, quien compartió el proceso de elaboración de la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual se originó debido a la creciente preocupación por los problemas de inseguridad alimentaria y malnutrición en República Dominicana.

Según la diputada Suárez, quien a su vez es la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre para el Caribe, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana contribuye con el desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en los municipios, al proporcionar un marco legal y una estructura organizativa que permite una mejor coordinación de los esfuerzos a nivel local.

Esta ley permitió la creación de un marco legal específico que establece políticas y estrategias para abordar la SAN desde un enfoque de derecho a la alimentación con acciones para mejorar la calidad de la alimentación, la nutrición de la población, la coordinación entre diferentes instituciones con mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el progreso.

En este mes de octubre se realizan diversas actividades a nivel nacional para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación (DMA). Este foro buscó contribuir con la discusión de la SAN con enfoque territorial en aras de seguir sensibilizando sobre la importancia de que los gobiernos locales de Costa Rica incorporen en sus líneas de trabajo acciones que permitan articular respuestas sostenidas para combatir el hambre y asegurarle a la población la disposición, el acceso a alimentos saludables y nutritivos.

De igual manera, se realizará el Foro Leonístico, liderado por el Club de Leones del Distrito 4, para promover la SAN el próximo 27 y 28 de octubre. En esta actividad, se reconocerá el aporte e involucramiento del Club a la SAN a nivel nacional. Este año, el lema de la celebración del DMA es:  El agua es vida. El agua nutre. No dejar a nadie atrás. 

Estudio evidencia que urgen mayores esfuerzos en la reducción de las brechas de género en el sector ganadero para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las mujeres ganaderas.

En la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y con el objetivo de reconocer y visibilizar su participación en el sector ganadero, se realizó un intercambio sobre los principales desafíos y las oportunidades de las mujeres ganaderas en el país.

En la actividad se presentaron los resultados del análisis de situación de las mujeres ganaderas en Costa Rica, el cual fue elaborado por el Programa de la Ambición Climática sobre el Uso de la Tierra y la Agricultura o Programa SCALA, (por sus siglas en inglés) implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio contó con la colaboración de la Corporación Ganadera (Corfoga), y se realizó con el propósito de identificar las brechas de género que limitan la participación de las mujeres en el sector y con ello proponer acciones que contribuyan con su atención.

“Es necesario garantizar mejores condiciones para que las mujeres ganaderas consigan acceder a tierras, créditos, recursos y capacitación, y puedan ejercer plenamente sus derechos. La información generada con el análisis alimenta los espacios de diálogo con el Gobierno, en aras de construir, de manera conjunta, un desarrollo inclusivo, integral e igualitario para los hombres y las mujeres del sector agropecuario y rural”, comentó Andrea Padilla, Representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica.

 Hallazgos del estudio

La investigación señala que, pese a que los sistemas ganaderos de las mujeres son igual de productivos que los de los hombres, ellas no disponen de las mismas oportunidades para acceder a la propiedad de la tierra, a créditos productivos, espacios en la toma de decisiones y mercados.

Según el análisis, el 33% de las mujeres tienen poca posibilidad para tomar decisiones sobre los ingresos y productos generados a través de la actividad ganadera, el 85% no reciben una retribución económica por el trabajo que realizan en la finca, y el 75% expresan no haber participado en programas o iniciativas que aborden sus realidades y necesidades específicas.

“Es de mucho orgullo dar a conocer los pioneros resultados que analizan la situación de las mujeres en el sector ganadero de Costa Rica, el cual fue diseñado en un proceso totalmente participativo y desde las voces de las mismas mujeres ganaderas de las 6 regiones del país. Sus hallazgos marcan una frontera clara: sí queremos ampliar la ambición climática en la ganadería, esta debe reconocer e impulsar a las ganaderas, y solo se logrará sí diseñamos e implementamos estrategias y medidas que promuevan la igualdad de género y las autonomías de las mujeres en la ganadería sostenible, la cual es esencial de la economía del país”, resaltó José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD.

Entre las acciones propuestas en el estudio se encuentra el fortalecimiento de capacidades y sensibilización en igualdad de género con organizaciones ganaderas, personal institucional, personas productoras y sus familias.

También, se busca generar un proceso de formación integral enfocado en el desarrollo de habilidades para mujeres ganaderas en gestión empresarial desde una perspectiva de género, así como fortalecer las alianzas con instituciones financieras, para mejorar el acceso a créditos y herramientas tecnológicas, entre otras acciones.

Campaña #MujeresRurales, Mujeres con Derechos 2023

 La campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos”, es una iniciativa de trabajo colaborativo que suma esfuerzos, articula redes, y difunde conocimientos y experiencias positivas para impulsar la autonomía plena de las mujeres en el mundo rural.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, se conmemora el 15 de octubre de cada año, y busca redoblar los esfuerzos en la reducción de las brechas de género y mejorar las condiciones de vida y reconocer la labor de las mujeres en el campo y diversos ámbitos para así lograr alcanzar el desarrollo sostenible.

Para acceder al resumen ejecutivo del estudio ingrese en el siguiente enlace: https://www.undp.org/es/costa-rica/publicaciones/analisis-de-la-situacion-de-las-mujeres-ganaderas-en-costa-rica

En esta celebración la Universidad Nacional (UNA), con la colaboración de la Red Costarricense para la disminución de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos,  la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros colaboradores,  realizó un conversatorio y feria interactiva con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la prevención y reducción de la PDA en Costa Rica.

Fiorella Piedra León, especialista en Guías Alimentarias basadas en Sistemas Alimentarios de la FAO en Costa Rica, compartió una exposición práctica, en la UNA, con medidas sencillas que se establecieron en las Guías Alimentarias para evitar el desperdicio de alimentos dentro y fuera del hogar.

Datos de la FAO evidencian que aproximadamente el 17 % de los alimentos se  desperdicia en supermercados, verdulerías, restaurantes y otros lugares de venta de alimentos y por los consumidores, especialmente en los hogares. 

“Es clave planificar las comidas de la semana para aprovechar al máximo los alimentos y reinventar recetas con los sobrantes. Asimismo, es importante organizarse en los tiempos de comida para compartir en familia, evitar distracciones como el celular y la televisión de manera que podamos garantizar una buena concentración en la alimentación. También, es importante adoptar una alimentación saludable, variada, colorida, con productos frescos, locales y de temporada”, indicó Piedra.

Otro consejo para tomar en cuenta es no juzgar los alimentos por su apariencia, ya que menudo se tiran a la basura frutas y hortalizas magulladas o con formas diferentes porque incumplen las normas estéticas. Sin embargo, es importante recordar que su sabor y sus propiedades nutritivas son las mismas y por ejemplo, se puede aprovechar la fruta madura para preparar batidos, zumos o postres.

Según la especialista, se puede organizar la alacena y los alimentos en la refrigeradora de forma que los primeros que estén a la vista sean los próximos en vencerse o deteriorarse y puedan consumirse más rápido y así evitar el desperdicio en el hogar y favorecer la economía familiar.

La celebración de este Día Internacional es un llamado a la acción, tanto para el sector público (autoridades nacionales o locales), como para el privado (empresas y particulares) y la sociedad civil para reforzar los esfuerzos de reducción para garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas.

Fundada en 1940 con el estatus de Universidad Autónoma, esta institución fue distinguida en 2001 como Institución Meritoria de la Educación y la Cultura Costarricense por la Asamblea Legislativa. Guiada por principios que incluyen la excelencia académica, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad, responsabilidad medioambiental y la búsqueda de la mejora constante, la universidad se ha comprometido a brindar educación superior accesible y mejorar la calidad de vida de su comunidad y del país.

La universidad enriquece los recursos de la red con valiosos aportes a través de su repositorio, que comprenden 8,223 registros indexados en AGRIS y abarca una amplia variedad de temas de investigación agrícola. Este ingreso fortalece la red de proveedores de datos nacionales en Costa Rica y se suma a otras instituciones como la Universidad Nacional, la Biblioteca Científica Electrónica en Línea de Costa Rica, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

Esto marca el ingreso de la universidad como proveedor de datos centroamericano en la Red AGRIS, en consonancia con la misión de la FAO de promover la cooperación internacional e intercambio del conocimiento para la transformación hacia sistemas agroalimentarios más productivos, sostenibles y resilientes.

¡Les damos la bienvenida a AGRIS!

En la actualidad, los gobiernos y los actores del sistema alimentario local desempeñan un papel fundamental para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para la transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles.

Sara Granados, especialista en sistemas alimentarios y gobernanza de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, enfatizó que en el marco de la agenda alimentaria urbana es esencial potenciar la conectividad entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, así como aumentar el acceso económico a dietas saludables, a través de inversiones en infraestructura, bienes públicos y mejora de capacidades. Además, de implementar políticas y legislaciones para mejorar los entornos alimentarios y empoderar a las personas consumidoras.

La agenda alimentaria urbana de la FAO está compuesta por una amplia variedad de políticas e iniciativas formuladas y puestas en práctica en asociación con diferentes partes interesadas: la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y de las Naciones Unidas, redes de ciudades y órganos y entidades públicos y privados, con el propósito de promover una alimentación saludable y variada en las zonas urbanas, periurbanas y en las zonas rurales cercanas.

Según datos de la FAO, más de 2.000 millones de personas adultas tienen sobrepeso u obesidad en las zonas urbanas y se ha determinado que los estilos de vida en las ciudades contribuyen significativamente al consumo de alimentos procesados con bajo valor nutritivo.

Los sistemas alimentarios en el contexto de un mundo en proceso de urbanización requieren soluciones innovadoras, locales y construidas de manera participativa.

 Marianella Zúñiga de la Escuela de Nutrición de la UCR, señaló que en Costa Rica hay un 16,4% de personas que presentan inseguridad alimentaria moderada y un 2,33% inseguridad alimentaria severa.

 Zúñiga destacó la importancia de que todos los actores del sistema trabajen en conjunto y articuladamente por la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional bajo principios integradores que incluyan la disponibilidad, el acceso, el consumo, la utilización biológica, multidimensional-cultural, social, económico, nutricional, ético, ambiental y política.

Por su parte, Ileana Víquez, vicealcaldesa de la Municipalidad de Santa Bárbara compartió la exitosa experiencia de la municipalidad en la creación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo objetivo es promover la producción sostenible y el consumo saludable para mejorar la salud, la nutrición y la calidad de vida de la población del cantón.

En el encuentro, la Escuela de Nutrición también presentó otras experiencias desarrolladas por la municipalidad de San Carlos, Santa Ana, San Ramón, La Unión, Sarapiquí y Montes de Oca, lo que evidencia el rol fundamental y estratégico que tienen los gobiernos locales en materia de seguridad alimentaria, sobre todo en momentos donde las presiones sociales, económicas y climáticas amenazan la disponibilidad y acceso a alimentos sanos y nutritivos para todas las personas.

El encuentro concluyó con un taller con las áreas rectoras de salud costarricense, con el propósito de sensibilizar y reactivar acciones que se desarrollan en materia de seguridad alimentaria y nutricional con los gobiernos locales.

En este último espacio, se destacó la importancia de activar el engranaje que promueve la seguridad alimentaria, donde la sensibilización y capacitación son básicas para seguir avanzando en una respuesta interinstitucional integrada.

 La actividad presentó soluciones y tecnologías de adaptación innovadoras que pueden reproducirse para hacer frente a los riesgos climáticos. Los profesionales presentaron una amplia gama de medidas de adaptación, como enfoques basados en los ecosistemas, infraestructuras resistentes al clima, sistemas de alerta temprana e iniciativas impulsadas por las comunidades para demostrar el potencial de mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en diferentes sectores y regiones.

Los debates se centraron en los últimos descubrimientos de la climatología, la toma de decisiones basada en datos y las metodologías para evaluar los riesgos climáticos, garantizando que las medidas de adaptación se basen en pruebas y se ajusten a los objetivos climáticos nacionales e internacionales.

Reconociendo el papel crucial de la financiación y el desarrollo de capacidades en el apoyo a las medidas de adaptación, los participantes intercambiaron ideas y experiencias sobre mecanismos de financiación innovadores y el papel de las asociaciones público-privadas en la movilización de financiación climática para poner en marcha iniciativas de adaptación. Las sesiones paralelas ofrecieron a los participantes una visión general de las herramientas, habilidades y conocimientos disponibles para diseñar y aplicar estrategias de adaptación eficaces, especialmente en los países en desarrollo, donde los efectos del cambio climático se dejan sentir con mayor intensidad.

En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el programa Ambición Climáticas para Mejorar el Uso de la Tierra y la Agricultura mediante Contribuciones Determinadas a nivel Nacional y Planes Nacionales de Adaptación (SCALA) se organizó un acto paralelo sobre medidas de adaptación transformadoras en los sectores de la agricultura y el uso de la tierra.

El evento reunió a representantes gubernamentales, profesionales y financiadores como el Fondo Verde del Clima (GCF) para compartir experiencias sobre la implementación de la adaptación en la agricultura y el uso de la tierra, centrándose en el uso de enfoques sistémicos y la promoción de la participación del sector privado para aprovechar las habilidades y los recursos. Vea un breve vídeo de resumen del Programa SCALA durante el evento.

En el evento se presentó a los participantes la nueva herramienta de revisión de acción climática de SCALA, que ayuda a los profesionales nacionales a evaluar el potencial transformador de las prioridades de los PNA en el uso de la tierra y la agricultura. La herramienta se desarrolló, y está a prueba en 10 países en el marco del programa SCALA, con el objetivo de facilitar la transición crítica de la planificación a la aplicación de medidas de adaptación.

La semana global de adaptación 2023, concluyó con un firme llamado a la acción y solicitando a los gobiernos, organizaciones, sociedad civil a acelerar la acción climática y priorizar los esfuerzos de adaptación. El evento hizo hincapié en la necesidad de mejorar la cooperación internacional, aumentar el apoyo financiero y los marcos políticos que integran la resiliencia climática en la planificación del desarrollo, así como en los procesos de toma de decisiones inclusivos que involucran de manera significativa a las mujeres, la juventud  y los pueblos indígenas.

Actualmente, los sistemas de producción ganaderos buscan integrar prácticas que favorecen la resiliencia, la sostenibilidad y competitividad de la producción, mediante un manejo amigable con el medio ambiente como lo es la NAMA Ganadería.

“La implementación de la Política de Ganadería Sostenible y su brazo ejecutor en campo la NAMA Ganadería, ha dado como resultado más de 2.400 fincas ganaderas acompañadas técnicamente por el MAG y que aplican prácticas de adaptación al cambio climático y disminuyen sus emisiones, privando siempre el aumento en la rentabilidad de la finca y la mejora en sus índices productivos, lo cual nos convierte en un referente a nivel mundial en cuanto a producción ganadera sostenible y responsable”, dijo el viceministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Vargas Pérez.

En Costa Rica, el sector ganadero representa una de las principales actividades socioeconómicas, además, el sector brinda servicios ecosistémicos y abastece al consumidor nacional de carne y derivados lácteos. Por otro lado, la ganadería tiene un rol importante en las emisiones y remociones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

“Es muy importante continuar promoviendo un manejo integrado de los recursos productivos, mediante la innovación tecnológica, la protección y la restauración de ecosistemas, con el propósito de disminuir las emisiones, y a su vez responder a la demanda por alimentos sanos e inocuos, mejorando los medios de vida y los ingresos de las personas productoras”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de Programas de la FAO en Costa Rica.

El taller se realizó con el apoyo del MAG, el INTA, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la FAO en el marco del proyecto EP/INT/431/UEP sobre "Creación de un ambiente favorable para mejorar la ambición y acción climática a través del desarrollo de capacidad institucionales" financiado por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC).

"Desde la CCAC quisiera subrayar los desafíos que estamos abordando en nuestro trabajo, la importancia de reducir el metano y reconocer que es nuestra mejor oportunidad para reducir el calentamiento a corto plazo. Esto tiene que ocurrir también con una descarbonización profunda y como parte de los objetivos más amplios de los sistemas alimentarios sostenibles. Para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 C y preferiblemente 1.5 C, necesitamos una acción decisiva en la descarbonización del sector y un esfuerzo para reducir los contaminantes climáticos de vida corta como el metano”, aseguró Catalina Etcheverry, gerente de proyectos de la Coalición Clima y Aire Limpio.

Como resultado del taller se identificó la necesidad de generar un espacio de articulación interinstitucional para direccionar la investigación de metano de origen ganadero en el mediano plazo.

Bajo el lema “Consumamos alimentos naturales, locales y de temporada para nuestro bienestar”, se insta a las personas a consumir productos frescos, autóctonos y nutritivos provenientes de la agricultura familiar.

“Debemos contar con estrategias y políticas que fortalezcan e incentiven la producción, reduzcan los costos de los alimentos nutritivos, mejoren la disponibilidad física y asequibilidad de los alimentos para la población en condición vulnerable. Asimismo, se requieren de estrategias y acciones para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en los entornos locales, rurales y costeros”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica.

Actualmente, los mercados y ferias del agricultor son espacios culturales que promueven el bienestar y la salud de la población. Asimismo, ofrecen alimentos naturales, locales, tradicionales y a un precio justo, producidos por personas productoras que implementan buenas prácticas agrícolas.

“Las familias tanto de los centros urbanos como de los pueblos, se alimentaban mucho mejor de lo que lo hacemos en la actualidad. Las abuelitas cocinaban alimentos naturales y frescos que compraban cerca de casa, en mercados, “pulperías” o bien alimentos que se sembraban en las huertas de sus propiedades o en sus localidades más cercanas. No se pagaban lujos en la compra de alimentos de lejos pues, los medios de transporte no permitían el rápido traslado de productos de un extremo a otro del país”, aseguró María Bolaños, presidenta del Colegio de Profesionales en Nutrición.

En el marco de conmemoración se realizará, el 18 de mayo, el Conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional desde los gobiernos locales” para conocer más del trabajo de la Municipalidad de Santa Ana en el mejoramiento de seguridad alimentaria de la población, promoción de la producción local, las compras directas a la persona productora, el manejo responsable de los recursos y los desechos.

También, en el Parque Recreativo y Deportivo de Santa Ana se llevó a cabo el mercado de abasto solidario con la participación de personas productoras, quienes ofrecieron una amplia gama de productos agrícolas como vegetales, frutas, conservas de alimentos, granos y artesanías amigables con el ambiente.

En los últimos años, Costa Rica, elaboró el Plan Nacional de Agricultura Familiar, las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios, la política pública para el Sector Agropecuario Costarricense, la hoja de ruta para lograr sistemas alimentarios sostenibles y saludables con el propósito de impulsar una alimentación más saludable y sostenible basada en la producción diversificada, mecanismos de comercialización para la agricultura familiar, programas de inversión agropecuaria y los encadenamientos productivos.

La Semana Nacional de la Nutrición se lleva a cabo del 15 al 21 de mayo y tendrá una serie de actividades organizadas por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Santa Ana, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Profesionales de Nutrición y la FAO.

Autoridades recalcaron que la enfermedad no afecta a las personas, pero si es altamente contagiosa y letal para la población porcina.

Con el sensible llamado a cuidar a los cerdos de nuestra región, esta mañana la representante asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica, Andrea Padilla, se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para concientizar sobre los riesgos de la Peste Porcina Africana (PPA) en la población animal y la importancia de mantener al país libre de esta enfermedad.

“Agradecemos a la FAO su colaboración en la lucha contra la propagación de la Peste Porcina Africana, una enfermedad que representa una grave amenaza para el sector porcino del país. La ayuda ha sido fundamental para continuar los esfuerzos de SENASA para evitar la introducción de la PPA en nuestro territorio. Estos materiales serán una valiosa herramienta para difundir información preventiva a nuestros productores y así proteger la salud del ganado porcino”, indicó Germán Rojas, director general del SENASA.

Si bien en la actualidad no hay indicios que la PPA se encuentre en Costa Rica, se han reportado casos en Haití y República Dominicana, lo que ha instado a la FAO en conjunto con la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) a informar a autoridades, personal veterinario, personas productoras y a turistas que visiten el país para ser parte activa de la prevención del ingreso de esta contagiosa enfermedad animal. 

“La PPA no reviste de ningún riesgo para la salud de las personas, pero es muy peligrosa para la producción porcina del país dado que a la fecha no hay cura ni vacuna contra la enfermedad. Es por ello que se está implementando una campaña en la mayoría de los países de la región para prevenir su llegada y para que las personas productoras tengan herramientas para identificarla, así como apoyo profesional en caso de sospecha de la enfermedad”, señaló Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO. 

En Costa Rica el MAG, SENASA y la FAO se unen para poder distribuir el material impreso en puntos de encuentro de la cadena porcina, tales como centros de comercio, granjas, transporte y mataderos, entre otros.  Precisamente, este miércoles se hizo entrega a representantes de la Cámara Costarricense de Porcicultores.

Este material fue preparado en forma conjunta entre la FAO y OMSA para entregar información simple, directa y de prevención de la enfermedad. Este mismo material será distribuido en el resto de los países de la región para generar una campaña continental de prevención.

La campaña además considera acciones en redes sociales con mensajes directos a las y los turistas que han visitado el país, y una campaña radial orientada a pequeños productores y productoras con consejos de bioseguridad.

La coordinación e implementación de esta campaña de concientización de los riesgos de la PPA también cuenta con el apoyo del Departamento de Agricultura de EEUU y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USDA y USAID por sus siglas en inglés, respectivamente).

 Las fincas ganaderas y cafetaleras costarricenses son fuente para la recarbonización de los suelos  y mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

 La Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) eligió a Costa Rica como el primer país del mundo en implementar una prueba de campo del programa de Recarbonización de los Suelos (RECSOIL), en fincas agropecuarias seleccionadas para apoyar los esfuerzos ante el cambio climático que se vienen desarrollando.

 RECSOIL es una iniciativa innovadora de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS) de la FAO, desarrollada en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L para apoyar al sector ganadero mediante el aumento de las reservas de carbono orgánico en los suelos.

 Esta primera prueba de campo se efectuará en fincas seleccionadas del sector ganadero y cafetalero de Costa Rica con posibilidad de ser escalado a nivel nacional y a otros sectores productivos. Las fincas participan de manera voluntaria en el programa, el cual tiene una duración de 4 años con evaluaciones anuales que contemplan medidas de Manejo Sostenible del Suelo (MSS), tales como implementar el pastoreo racional, pasturas mejoradas, usar cercas vivas, aplicar un plan de manejo nutricional apropiado, sembrar árboles de sombra, forestales y/o leguminosas que aporten hojas en los repastos, proteger las fuentes de agua que existen en la finca, entre otras. La AMS está iniciando el pilotaje de RECSOIL en otros cinco países de América Latina y África, para los cuales el ejemplo y experiencia costarricense será clave para el éxito.

 “Esta iniciativa permite aprovechar el carbono orgánico del suelo para proporcionar múltiples beneficios a través de servicios ecosistémicos clave. Los suelos saludables permiten mejorar la seguridad alimentaria, la producción agrícola, así como los ingresos y la rentabilidad de las fincas productoras. Además, facilitan servicios ecosistémicos esenciales que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para luchar contra el cambio climático y fortalecer la resiliencia de los suelos ante eventos climáticos extremos y pandemias”, comentó Andrea Padilla, Representante Asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

 Mediante esta iniciativa se contará con equipos técnicos capacitados de todas las organizaciones participantes para brindar asesoría a lo largo del programa, permitiendo apoyar a las personas productoras en sus esfuerzos dentro de las fincas tendientes al mejoramiento de la fertilidad, la capacidad productiva de las fincas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los ingresos.

 Luis Mastroeni, Director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos, explicó que: “Hace cinco años realizamos una investigación en nueve fincas de nuestros asociados productores para analizar el carbono y cómo desde este ecosistema se podría contribuir al manejo sostenible del suelo. Hoy por primera vez en el mundo, Costa Rica se convierte en el país pionero en implementar el programa RECSOIL y un grupo de 20 productores asociados de la Cooperativa forman parte de este importante hito, donde las fincas agropecuarias se transformarán en sitios idóneos para desarrollar prácticas sostenibles, con el fin de contribuir en la lucha contra el cambio climático”.

 Según, Fernando Vargas, Viceministro del MAG, RECSOIL puede ser una opción de ingresos por recarbonización y la preservación de estos servicios ecosistémicos, especialmente enfocados en aumentar las reservas de carbono orgánico del suelo (COS), disminuir emisiones de GEI, conservar la salud general del suelo, así como potenciar el trabajo que el MAG viene liderando con la NAMA Ganadería. Asimismo, se espera a futuro la participación del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) para reconocer monetariamente al agricultor/productor por el carbono secuestrado en el suelo y por disminuir emisiones a la atmósfera a través de las medidas de manejo sostenible.

 La selección de las primeras fincas para la aplicación de los protocolos de RECSOIL en Costa Rica, se basó en criterios previos como ser parte de la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA Ganadería) en fincas dedicadas a la producción de leche especializada, carne y doble propósito. El programa busca incorporar a todas las fincas que deseen promover el desarrollo sostenible en sus operaciones, para posteriormente reconocerlas por sus buenas prácticas de manejo sostenible del suelo. La cooperativa de productores de leche Dos Pinos incluirá en este proceso 20 fincas de sus asociados y el MAG secuencialmente incluirá fincas que ya forman parte de la NAMA Ganadería, meta asociada al PND e IP 2023 a 2026.

Con más de 260 eventos celebrados en 68 países, el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura 2022 "celebró a los millones de personas que trabajan en la pesca y la acuicultura artesanal a pequeña escala -entre ellas cerca de 45 millones de mujeres pescadoras artesanales- que producen el 40% de todo el pescado que comemos", aseguró el Director General de la FAO, QU Dongyu, en la ceremonia de clausura, añadiendo: "Son guardianes de valiosos ecosistemas, y de tradiciones y culturas de larga data".

En el caso de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, la organización cerró el AIPAA con un evento en el marco de la XVIII Sesión de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura de América Latina y el Caribe (COPPESAALC).

La COPPESAALC se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo en San José, Costa Rica, y sus objetivos fueron reportar las medidas adoptadas respecto de los acuerdos de la reunión anterior, y reflexionar colectivamente sobre los temas que atañen a la sostenibilidad y contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria, el alivio a la pobreza rural y el manejo responsable y armónico de los recursos naturales. Esto, en consonancia con las necesidades de los países miembros de la Comisión, las prioridades regionales de la FAO y los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En este contexto, la FAO lanzó tres publicaciones sobre pesca y acuicultura artesanal, las que se realizaron en base a encuestas y entrevistas a personas vinculadas a la pesca y la acuicultura en diez países en América del Sur.

Los tres informes adoptan el enfoque de género y evidencian, por medio de datos y la revisión de programas a nivel país, la relevante participación de las mujeres en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala en América del Sur, así como el importante desafío que plantea el avanzar de manera sostenible y sistémica en la reducción de las brechas de género presentes en el sector. 

A nivel regional, entre los logros destacados del año, se creó una red de acuicultores en Mesoamérica, se promovieron campeones de pesca y acuicultura artesanal en el Caribe, y se realizaron eventos de consumo de pescado y asociatividad relacionados a los sectores.

 “La celebración del AIPAA fue un reconocimiento importante para mujeres y hombres de la pesca y la acuicultura artesanal en pequeña escala, y para las y los trabajadores del sistema alimentario del sector, que contribuyen significativamente al logro de un mundo sin hambre”. En ese contexto, "las publicaciones que lanzamos hoy nos entregan un panorama más completo, con recomendaciones concretas para fortalecer el sector y para destrabar temas clave”, explicó José Aguilar Manjarrez, Oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO.

Pequeña escala, gran valor

La pesca artesanal a pequeña escala y la acuicultura (o piscicultura y marisqueo), realizadas en su mayoría por familias constituyen un subsector enorme. La pesca artesanal proporciona medios de subsistencia a casi 500 millones de personas en todo el mundo, el 95% de ellas en el Sur global.

Sin embargo, entre su mano de obra se encuentran algunas de las comunidades más vulnerables a la degradación medioambiental, la pérdida de biodiversidad, los impactos climáticos y las crisis económicas, ya que contribuyen a la gestión de los recursos acuáticos de los océanos, ríos y lagos del mundo. 

Para concienciar sobre su papel, la campaña dirigida por la FAO, con el apoyo de un amplio abanico de socios, ayudó a forjar y fortalecer alianzas entre los trabajadores de la pesca y la acuicultura artesanales a pequeña escala y otras partes interesadas. Ejemplos de ello son la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal a Pequeña Escala (RIPAPE) y la Plataforma del Magreb y Norte de África para la Pesca Artesanal.

El Informe Final del AIPAA 2022 destaca el importante número de declaraciones, llamamientos a la acción y manifestaciones realizadas por los socios, a nivel nacional, regional y mundial, además de ofrecer recomendaciones para seguir apoyando al subsector. Estas incluyen las áreas de sostenibilidad medioambiental, social y económica, gobernanza, igualdad y equidad de género, seguridad alimentaria y nutrición, resiliencia y participación de los jóvenes.

Aunque el AIPAA 2022 está llegando a su fin, "no debería ser el final, sino un nuevo comienzo en el que continuemos amplificando las voces de los pescadores artesanales a pequeña escala y sigamos apoyando el desarrollo de planes y estrategias nacionales inclusivas de pesca y acuicultura artesanal a pequeña escala", señaló el Director General de la FAO.

Revisa aquí las publicaciones:

"Caracterización de la pesca y la acuicultura artesanal en pequeña escala en América del Sur y recomendaciones de políticas públicas", es un estudio que caracteriza y evalúa el sector en la región, y realiza recomendaciones de política pública para su fortalecimiento. La metodología incluyó la aplicación de encuestas y entrevistas complementarias a las autoridades nacionales de pesca y acuicultura, a personas que trabajan en el sector, y a representantes de organizaciones no gubernamentales.

"Recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala en América del Sur - Lineamientos de políticas para las autoridades" está dirigida a las autoridades nacionales de pesca y acuicultura en los países de la región. Estas recomendaciones están alineadas con la implementación de las disposiciones y recomendaciones de instrumentos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

“Recomendaciones para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala en América del Sur - Lineamientos de políticas para hombres y mujeres que trabajan en el sector", está dirigida a las personas que trabajan en estos sectores y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y al desarrollo local.

Durante el evento se llevaron a cabo diversos conversatorios dirigidos a mujeres donde se analizaron temas como: los sistemas agroalimentarios como motores para el cumplimiento de la Agenda 2030; apoyos de capacitación para la producción de mujeres agroproductoras; apoyos financieros para las mujeres agroproductoras y acciones para el impulso de la autonomía económica de las mujeres agroproductoras.  Estas charlas estuvieron a cargo de entidades como la FAO, organizaciones de mujeres, el MAG, CONAC 4S, INDER, INAMU, representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y Malnutrición, INFOCOOP, INA, UNED y CANAESS.  Además, se aprovechó el encuentro para llevar a cabo, en el parqueo del MAG, ubicado en Sabana Sur, una feria con la participación de 50 mujeres agroproductoras nacionales.

Las mujeres son clave en el ciclo de producción y comercialización. Y así fue notorio en sus participaciones al evento donde mujeres que trabajan con maíz, café, coco, chocolate, entre otros productos, compartieron sus experiencias, aquellas que las han limitado, pero también otras que les han permitido aprender, crecer y avanzar en su autonomía económica.

“Nosotras somos parte de una asociación de mujeres indígenas, con más de 32 años de existencia, y en este caminar hemos aprendido sobre la importancia de la incidencia política que deben tener las mujeres en todos los procesos de desarrollo político, económico y social para defender nuestros derechos. Queremos que se visibilice más el trabajo de las mujeres en la agricultura, en la seguridad alimentaria y como emprendedoras”, señaló Faustina Torres, de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA).

“Las mujeres rurales representan cerca del 50% de la fuerza de producción de alimentos en el mundo, ocupando un rol importante en la preservación de la biodiversidad y de la seguridad alimentaria. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, los rendimientos de las cosechas aumentaría entre un 20% y 30%, con una reducción del hambre a nivel mundial entre un 12%y 17%. Por eso, se hace necesario crear políticas destinadas a mejorar su situación en todos los ámbitos y es ahí donde estamos trabajando en una comisión interinstitucional para mejorar el acceso, uso y control de la tierra para las mujeres rurales”, señaló Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer.

“Creemos firmemente que la transformación que requerimos en nuestra sociedad y en el Sector Agropecuario debe ser liderada mayoritariamente por mujeres. Según datos suministrados del Banco Mundial, en Costa Rica se contabilizaban alrededor de 12.600 mujeres productoras, las cuales son propietarias de 106.564 hectáreas de tierra en diferentes regiones, lo que significa un 15%, aproximadamente, de todas las fincas y el 8% del total de la superficie agropecuaria perteneciente a personas en el país. Por eso, queremos promover mecanismos para que las mujeres puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres para acceder a los recursos productivos: tierra y agua, energía e infraestructura. También para que reciban servicios rurales financieros -entre ellos, créditos, ahorros, seguros- y no financieros, como asistencia técnica, innovación, conocimiento, y reducir así las brechas de desigualdad”, expresó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Julián Arias Varela.

Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva del INAMU, recordó que se está impulsando una reforma al Reglamento del Instituto de Desarrollo Rural, asegurando un mayor acompañamiento técnico a las mujeres rurales en la presentación de sus proyectos, eliminando el exceso de trámites o requisitos a las mujeres rurales en la presentación de sus proyectos, así como incorporando que en los casos de renuncia de predios, se haga un análisis integral por parte del INDER en conjunto con el INAMU, con el fin de descartar posibles situaciones de violencia de género que hayan influido en la decisión de renuncia. “También, se ha venido apoyando en la constitución y consolidación del Foro Nacional de Mujeres Rurales, el cual está desarrollando una agenda propia para este sector”, recordó la jerarca.

“Es urgente visibilizar a las mujeres como agentes de cambio en la agricultura familiar, donde contribuyen, de manera activa, en la transformación de los sistemas alimentarios impulsando que sean sostenibles y regenerativos, productivos e inclusivos. Con esto, las mujeres siguen promocionando una alimentación saludable y nutritiva para alcanzar el desarrollo sostenible”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica.

Por su parte, Jéssica Brenes, directora de CANAESS enfatizó la importancia de incrementar la equidad de género en sectores como el agrícola, previendo la seguridad alimentaria, ya que, según estudios de la FAO, no se vincula solamente con el hecho de que las personas puedan contar con alimentos o recursos económicos para adquirirlos, sino también con que puedan tener acceso constante a alimentos de alta calidad nutricional.

Este evento se llevó a cabo gracias a la colaboración de Coopealianza, INFOCOOP, Coope Ande y CoopeBorbón R.L.

En el marco de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, Representantes de la Plataforma de Acción Climática para la Agricultura en América Latina y el Caribe (PLACA), lideraron el evento "Agua y agricultura para el clima en América Latina y el Caribe", donde dialogaron sobre la gobernanza del agua y la sostenibilidad de la agricultura.

El evento tenía como objetivo central mostrar casos de éxito sobre buenas prácticas de gestión de agua frente a la crisis climática, incluyendo iniciativas de adaptación y mitigación, un reto permanente que enfrentan las familias agricultoras en la región.

Actualmente, la extracción de agua agrícola en la región representa el 74% del total, posicionando a la agricultura como la actividad económica con mayor consumo de este recurso. En la región, varios países vienen acumulando altos índices de estrés hídrico y sequías prolongadas, como son el caso de México, Chile y de Perú, o de los países del corredor seco Centroamericano. Incluso en la Amazonia, que ha sido tradicionalmente muy húmeda (recibiendo hasta 5.000 mm al año de pluviosidad), hay áreas que se han vuelto más áridas. En 2020 en el Caribe, siete países registraron sequías graves.

 “Se espera que el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio climático aumenten la demanda de agua, por lo que es cada vez más importante contar con sistemas eficientes para el uso sostenible adaptado al cambio climático. En ese contexto, PLACA es un espacio regional de diálogo de los ministerios de agricultura para abordar el tema del cambio climático y la escasez hídrica en la región”, explicó Hivy Ortiz, Coordinadora de la Iniciativa Regional de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO.

PLACA, es una iniciativa lanzada en la COP25 como un mecanismo voluntario regional para compartir conocimientos, tecnologías y prácticas de colaboración en la agricultura, para hacer frente al cambio climático. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), están a cargo de la secretaría técnica de la plataforma.

Hasta la fecha, 16 países de la región se han adherido a esta iniciativa. (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bahamas y Uruguay).

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Durante las 6 ediciones participaron empresas pertenecientes a los países de la región SICA (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), y de otros países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela; y empresas compradoras de China, países europeos y Estados Unidos.

Esta iniciativa conjunta se realizó a través de la Red Centroamericana de Comercio (REDCA), “una la plataforma digital centroamericana creada y administrada por la SIECA, que reúne a más de 28,000 empresas y constituye una poderosa herramienta al servicio de las empresas, para hacer vínculos de negocios y crear redes de contacto que posicionen sus productos y servicios en los mercados internacionales”, así lo indicó Edith Flores, Directora del Centro de Estudios para la Integración Económica CEIE de la SIECA.

A través de los eventos se impulsó la comercialización de productos y servicios del sector agroalimentario, entre ellos productos primarios y sus derivados, alimentos transformados, fibras naturales de algodón, servicios de apoyo a la producción, y servicios para la comercialización.

Los subsectores de frutas, vegetales, café, cacao, granos básicos, semillas, preparaciones alimenticias, snacks saludables, empaques y servicios de distribución, transporte y logística destacaron por su participación durante esta serie de eventos desarrollados en los últimos 3 años.

Lucrecia Rodríguez, Secretaria Ejecutiva del CAC, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que apoyan el comercio y el desarrollo de los territorios rurales de la región pues el sector agropecuario es el principal generador de empleo en la zona rural y además una fuente importante de ingresos por divisas. Se estima que cerca del 45% de las exportaciones del SICA corresponden a productos agrícolas.

“En tiempos en los que el sector agroalimentario se ha visto afectado por múltiples crisis, vinculadas con la COVID-19, las condiciones climáticas adversas que están afrontando varios países de la región y el conflicto bélico en Ucrania, fortalecer el comercio regional  se convierte en un elemento clave, no solo porque permite una mayor oferta de alimentos e insumos de procedencia cercana minimizando los riesgos a la seguridad alimentaria, sino porque favorece encadenamientos productivos, que promueven el desarrollo económico y social.  En este marco, las Ruedas Virtuales de Negocios de las Cadenas Agroalimentaria de América Latina y el Caribe se han convertido en un punto de encuentro para estrechar los lazos comerciales entre los países de la región”, comentó Daniel Rodríguez, Gerente del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA. 

Por su parte, Pablo Rabczuk, Oficial Coordinador de Comercio Internacional de FAO para América Latina y el Caribe, enfatizó que la FAO está comprometida a seguir apoyando iniciativas que acerquen a los pequeños productores, las pymes y las organizaciones de la agricultura familiar a nuevos mercados, generando oportunidades comerciales y, al mismo tiempo, impactando sobre el desarrollo económico y social de la región.  

“Las ruedas de negocios virtuales junto con los programas de capacitación y asistencia técnica son claves para que estos actores cuenten con las herramientas necesarias para poder crecer. Esta rueda de negocios virtual es una muestra de la relevancia del comercio intrarregional y de las capacidades que existen en nuestra región. Y esto ha sido posible en el marco del trabajo mancomunado entre SIECA, SECAC, IICA y FAO, coordinación que ha permitido consolidar un servicio de apoyo muy importante para el comercio agroalimentario en toda la región”, dijo Rabczuk.

En 2023 se continuará con este esfuerzo de apoyo al sector agrícola de la región a través de la Plataforma “Red Centroamericana de Comercio” REDCA, la cual facilita a las empresas la consolidación y diversificación de sus mercados, acortando distancias y reduciendo costos, ya que las reuniones o encuentros de negocios virtuales entre las empresas, se llevan a cabo desde cualquier lugar del mundo a través de un dispositivo celular, tablet o computadora que cuente con conexión a internet.

 El nuevo informe de Naciones Unidas Panorama  de la seguridad alimentaria y nutricional 2022 asegura que el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta  saludable. En el Caribe, un 52% de la población ha sido afectada por esta situación; en  Mesoamérica este número alcanza el 27,8% y en América del Sur el 18,4%. 

La publicación informa que 131,3 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable en 2020. Esto representa un aumento de 8 millones con respecto al 2019, y se debe al mayor costo diario promedio de este tipo de dieta en América Latina y el  Caribe comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un valor  de USD 4,23, seguido de América del Sur y Mesoamérica con USD 3,61 y USD 3,47,  respectivamente. 

La falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable observada en toda la región también está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y nutricionales. El  informe presenta una clara relación con variables como el nivel de ingresos de un país, la  incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. 

El reporte reveló también que el aumento de precios internacionales de alimentos experimentado desde 2020, especialmente después del inicio del conflicto en Ucrania, y el alza en la inflación alimentaria que se encuentra por sobre la general, han incrementado las dificultades para que las personas puedan acceder a una dieta saludable. 

El informe además incluye recomendaciones y un análisis de políticas para mejorar la  disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos, principalmente, a fin de apoyar a las  personas más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos que gastan una mayor  proporción de su presupuesto en alimentos. 

“Ninguna política por sí sola puede proporcionar la solución a esta problemática. Es necesario reforzar los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la malnutrición”, señaló Mario Lubetkin, subdirector y representante regional de FAO para América Latina y el Caribe.

“Para contribuir a la asequibilidad de dietas saludables, se requiere crear incentivos para la diversificación de la producción de alimentos nutritivos dirigidos principalmente a la agricultura familiar y productores y productoras de pequeña escala, medidas para la transparencia de los precios de estos alimentos en los mercados y el comercio, transferencias en efectivo y otras acciones como la mejora de los menús escolares”, concluyó Lubtekin.  

Las políticas comerciales y de mercados pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que a través de una mayor transparencia y eficiencia se reduce la incertidumbre y se mejora la previsibilidad y  estabilidad del comercio agroalimentario inter-regional.  

“Hablamos de la región del mundo con la dieta saludable más costosa, lo que afecta  particularmente a las poblaciones vulnerables —pequeños agricultores, mujeres rurales  y poblaciones indígenas y afro-descendientes—, las cuales destinan un mayor porcentaje  de ingresos a la compra de alimentos”, dijo Rossana Polastri, Directora regional del FIDA.  “Para revertir esta situación, debemos promover soluciones innovadoras que  diversifiquen la producción y aumenten la oferta de alimentos saludables y que mejoren el acceso de los pequeños productores a los mercados y los alimentos de calidad”.

En el informe, se describe también cómo han funcionado algunos programas de protección  social sensibles a la nutrición y que resultan imprescindibles para apoyar las dietas de la  población más vulnerable particularmente en situaciones de crisis. 

“La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los  alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la  COVID-19”, dijo Lola Castro, directora regional del WFP. “Debemos actuar ya, pero ¿cómo  podemos hacerlo? Apoyando a los gobiernos a expandir las redes de protección social  porque la pandemia volvió a demostrar que la protección social es útil para mejorar la  asequibilidad a una dieta saludable evitando que crisis como esta golpeen aún más a las  poblaciones afectadas”.

Otras políticas alimentarias, como el etiquetado nutricional, el subsidio de alimentos  nutritivos y la aplicación de impuestos sobre alimentos de alta densidad energética y  mínimo valor nutricional que no contribuyen a dietas saludables, si están bien diseñadas,  podrían desempeñar un papel en la asequibilidad de las dietas saludables y prevenir otras  enfermedades relacionadas con el sobrepeso y obesidad.  

“Debemos redoblar los esfuerzos para abordar la malnutrición en todas sus formas promoviendo políticas públicas para crear entornos alimenticios saludables, eliminar las grasas trans de producción industrial, implementar el etiquetado frontal de advertencia, regular la publicidad de alimentos no saludables, establecer impuestos a las bebidas azucaradas, y apoyar las políticas de alimentación saludable y actividad física en las escuelas”, consideró la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Comprender los factores que determinan las malas prácticas alimentarias es clave para encontrar soluciones y asegurar que todas y todos en la región puedan acceder a una alimentación saludable”, destacó.

Por ejemplo, los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad tienden a presentar mayores dificultades para acceder a una dieta saludable. Esto se asocia directamente con  una mayor prevalencia de hambre, desnutrición crónica en niños y niñas y anemia en  mujeres de 15 a 49 años. 

 “Para que los niños y las niñas puedan crecer sanos, no sólo es urgente asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos a precios asequibles. También es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen una nutrición adecuada, además de consejería nutricional, focalizando acciones en las poblaciones más vulnerables”, señaló Garry Conelli, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

 El panorama socioeconómico de América Latina y el Caribe no es alentador; los grupos de población más afectados son los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres, pues sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres. 

El Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2022 es una publicación  conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana  de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas  para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés)  de las Naciones Unidas.  

Número de personas con hambre en la región sigue en aumento 

 Entre el 2019 y el 2021, la cifra de hambre en la región aumentó en 13,2 millones, alcanzando un total 56,5 millones de personas con hambre en 2021, situación que también fue afectada por el impacto de la pandemia causada por la COVID-19. Un incremento  liderado por América del Sur, donde 11 millones de personas adicionales padecieron  hambre. Entre 2019 y 2021, el hambre alcanzó una prevalencia del 7,9 % en América del  Sur, 8,4% en Mesoamérica y 16,4% en el Caribe.  

 Con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, en 2021 el 40,6% de la  población regional experimentó esta situación, en comparación a un 29,3% de la población  a nivel mundial. La inseguridad alimentaria severa también es más frecuente en la región  (14,2%) que en el mundo (11,7%). 

 Otras cifras presentadas en el informe señalan que la región registra una importante  evolución respecto a la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.  En 2020, esta cifra fue del 11,3% en América Latina y el Caribe, aproximadamente 10 puntos  porcentuales por debajo del promedio mundial. Sin embargo, 3,9 millones de niños y niñas  de hasta 5 años padecen sobrepeso.

La Corporación Ganadera (Corfoga) y el Programa SCALA FAO-PNUD lanzan el primer pilotaje para identificar y monitorear la aplicación de buenas prácticas de manejo y producción de carne bovina libre de pérdida de cobertura boscosa.

“El pilotaje se estará realizando en la región Brunca para probar la norma, sin embargo, posteriormente se estará escalando a nivel nacional, a fin de poder contar en el mercado con un producto certificado libre de deforestación y al pastoreo. De esta manera, las fincas ganaderas bovinas a nivel nacional podrán optar por cumplir de forma voluntaria con uno o más de los niveles establecidos en el documento normativo; lo anterior, de acuerdo con su condición de desarrollo empresarial y con el puntaje obtenido en la evaluación”, señaló Luis Diego Obando Espinach, director ejecutivo de Corfoga.

Para el pilotaje se identificaron quince fincas ganaderas que están interesadas en obtener una guía que les ayude a mejorar los procesos internos de administración y registro de sus fincas, así como el manejo y la alimentación que se le brinda al ganado. Esto con el objetivo de garantizar un uso adecuado de los suelos, el agua y los recursos para generar mayores rendimientos de productividad en las fincas.

“Este piloto es una oportunidad única para potenciar y replicar en el país una ganadería más sostenible, que evite la degradación de los bosques, garantice la disponibilidad de alimentos y genere más empleos. Además de proteger la naturaleza y desarrollar una gestión adecuada de la tierra, el agua y los recursos naturales para las futuras generaciones”, dijo Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica.

Las fincas ganaderas que cumplan con todos los estándares de calidad, recibirán un incentivo económico y certificado que permitirá que las personas consumidoras obtengan información confiable sobre el origen de la carne y las prácticas de manejo sostenible que llevó a cabo la finca.

Los datos del último Censo Nacional Agropecuario indican que las personas ganaderas costarricenses se comprometen a cuidar y conservar alrededor del 18% de los bosques fuera de las áreas de protección del Estado.

El lanzamiento del pilotaje fue posible con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Osa Conservación, la Cámara de Productores Unidos y la Cámara de Ganaderos Independientes del Sur.

Según la FAO, la ganadería puede disminuir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura de carbono, a través de un correcto manejo de suelos y pastos, ayudando a las personas productoras a optimizar la productividad del ganado para mejorar los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y nutricional, y mitigar los efectos provocados por el cambio climático.

Actualmente, en Colombia, la experiencia exitosa de la marca Orinoco Green Beef demuestra que la implementación de una norma diferenciada brinda un valor agregado al producto cárnico, facilita la trazabilidad, fomenta la biodiversidad, y reduce la intermediación del producto para beneficiar directamente a la persona productora.

Orinoco Green Beef surgió como una estrategia de un grupo de personas ganaderas en Casanare, Colombia, que identificaron una oportunidad para adaptarse hacia una ganadería más sustentable, y que permitió que el mercado les reconociera un precio justo y diferenciado hasta más de un 15% por el producto cárnico.

El Programa SCALA en Costa Rica es un esfuerzo conjunto entre el MAG, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se trabaja en una agenda de acción climática para fortalecer al sector agropecuario y conservar el medio ambiente.

El Frente construirá una estrategia y un plan de trabajo conjunto para disminuir la malnutrición, dinamizar la agricultura y la pesca como sectores propulsores de nuevas oportunidades, generadores de empleos para la juventud y la población adulta, promotores de una nutrición adecuada y pilares de crecimiento económico.

“En un país donde vemos una brecha social en crecimiento debemos buscar los mecanismos indicados dentro de la producción nacional, para poder apoyar un portafolio de seguridad alimentaria y nutricional, para que todas las personas que vivimos en Costa Rica tengamos asegurado un alimento de calidad, y también el acceso a los alimentos, por eso es de vital importancia que las y los legisladores empecemos a formular marcos jurídicos en este entorno sosteniendo la producción agrícola y pecuaria de nuestro país”, señaló la diputada integrante del FPHM, Montserrat Ruíz.

 El frente está conformado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí; la diputada Sonia Rojas Méndez; la diputada Montserrat Ruíz; el diputado Pedro Rojas Guzmán; la diputada Priscilla Vindas Salazar; el diputado Ariel Robles Barrantes; el diputado Carlos Andrés Robles Obando; la diputada Kattia Cambronero Aguiluz; la diputada María Marta Padilla Bonilla; la diputada Olga Morera Arrieta; y el diputado Yonder Salas Durán.

 “Para garantizar la seguridad alimentaria de la población, en especial de la más vulnerable, y combatir la malnutrición, es necesario transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos eficientes, sostenibles, justos e inclusivos. También necesitamos regulaciones para que todas las personas puedan acceder a un precio justo, a productos nutritivos, seguros y producidos de manera responsable, tanto en términos ambientales como sociales”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Durante la actividad de presentación del FPHM, se realizó un foro, el cual convocó a representantes del Parlamento de Costa Rica, asesorías legislativas, asociaciones de personas productoras agropecuarias, cámaras empresariales, centros agrícolas, y actores sociales claves de la institucionalidad pública y del sector académico, para dialogar sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional y sus perspectivas en el marco de los tratados de libre comercio.

 “Es importante reflexionar sobre uno de los temas más relevantes para la humanidad, como lo es la seguridad alimentaria. Desde hace muchos años esto se ha convertido en un aspecto clave en la política internacional y nacional. La inseguridad alimentaria persigue a grupos vulnerables de todo el mundo, y Costa Rica no escapa de esta realidad, es necesario movilizar las capacidades y el compromiso de los diferentes actores para alcanzar acuerdos para establecer políticas de sostenibilidad alimentaria”, indicó Óscar Izquierdo diputado del FPHM.

Ante los diversos cambios en los patrones de consumo de la población, los estilos de vida y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, se requiere de legislación y de políticas integradoras y multisectoriales que incidan directamente en el mercado y la industria alimentaria, esto con el propósito de atender y mejorar la salud, y la nutrición de las niñas, niños, personas adolescentes y adultos en Costa Rica.

 “La seguridad alimentaria debe ser una prioridad en la discusión política, los números son claros, hoy se enfrenta una coyuntura frágil en la que se debe proteger al sector agropecuario y la seguridad de las personas”, dijo el diputado Ariel Robles integrante del FPHM.

En el foro también se analizaron los retos, oportunidades y experiencias regionales de los acuerdos de comercio en el sector agropecuario, pesquero y rural para desarrollar una agenda complementaria conjunta que contribuya en la resolución de los problemas que impactan la seguridad alimentaria y afectan a los sectores vulnerables y en condición de pobreza.

Hoy, el comercio internacional tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y nutricional de todos los países de la región y en todas sus dimensiones, especialmente en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, el cual incluye la comercialización de productos frescos, procesados y el expendio de alimentos en diferentes modalidades, entre otros.

En este espacio se hizo un llamado para promover más espacios de acercamiento entre el gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo de continuar trabajando de manera solidaria la agenda complementaria para lograr cambios significativos en beneficio de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

Lo anterior, en un contexto donde entre las principales enfermedades que padece la población adulta costarricense, se destacan el sobrepeso y la obesidad, que alcanzan el 70,7%; así como la diabetes mellitus, que alcanza un 14,8%. Además de la hipertensión arterial que afecta el 36% de la población, la prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad y, a partir de los 40 años, representa el 75% del total de la población, según los últimos datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Frente Parlamentario contra el Hambre

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) es una red plural y voluntaria, integrada por más de 400 legisladores de diferentes partidos políticos que trabajan colaborativamente desde 21 congresos nacionales, incluido el Poder Legislativo de Costa Rica, y cuatro parlamentos regionales.

El FPH-ALC nació en 2009 con el objetivo de responder al compromiso de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Desde entonces, cuenta con el apoyo de la FAO y la Cooperación Española, así como con el de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.

Mujeres ganaderas del cantón de Nandayure y Nicoya aprenden nuevas técnicas de manejo de forrajes y medidas de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático.

El proyecto “Fortalecimiento de capacidades adaptivas al cambio climático en acciones de ganadería liderados por mujeres productoras de Nandayure y Nicoya, Guanacaste”, forma parte de las labores que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realiza para robustecer las capacidades de las personas productoras nacionales.

Esta iniciativa de Extensión Agropecuaria contó con la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), evidenciando que de manera conjunta el desarrollo de sinergias entre instituciones genera servicios y productos integrados de gran valor para las personas productoras.

"El MAG ha desarrollado una serie de estrategias para generar condiciones de mitigación y adaptación al cambio climático, entre ellas la herramienta NAMA, que brinda conocimientos y buenas prácticas a productores y productoras para que puedan enfrentar las condiciones variantes del clima, con acciones sostenibles para mejorar el desempeño productivo de sus fincas y por ende sus ingresos”, comentó Karla Mena Soto, directora de Extensión Agropecuaria del MAG. 

“Con la ejecución de este proyecto, utilizando el método Aprender-Haciendo, las productoras lograron experimentar nuevas técnicas y herramientas de producción sostenible que les permitirá mejorar sus prácticas para resolver los desafíos de alimentación y nutrición del ganado en época de sequía o exceso de lluvias”, agregó la funcionaria quien destacó que las mujeres productoras agropecuarias son ejemplo de trabajo arduo y esfuerzo constante, obligadas por la doble y triple carga laboral. “En Extensión estamos comprometidos a facilitarles los servicios que brindamos para que ellas puedan mejorar las condiciones, la gestión y administración de sus actividades productivas”, afirmó.

Desde hace muchos años, la provincia de Guanacaste experimenta sequías severas y prolongadas, además de un aumento en la temperatura debido a los efectos del cambio climático. Todo esto contribuye a la aridez de los suelos en la región; también repercute en la agricultura, y en la escasez de agua para solventar las necesidades básicas de la población y de los animales.

“Este proceso es una gran oportunidad para identificar las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres ganaderas, lo que nos permitirá priorizar acciones dirigidas específicamente a ellas, contribuyendo así a disminuir las brechas de género en este sector, en el que tradicionalmente se invisibiliza su aporte. Asimismo, es un espacio para avanzar en el reconocimiento de la importante labor y liderazgo de las mujeres ganaderas en adoptar prácticas de mitigación y adaptación para combatir los efectos del cambio climático, con el objetivo de conseguir una mayor productividad en sus fincas para el beneficio de sus familias y la comunidad, fortaleciendo así su seguridad alimentaria y nutricional”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Con poca disponibilidad de agua y alimentos se baja considerablemente la productividad y los rendimientos de los animales, lo que no solo afecta la sostenibilidad económica de las áreas productivas familiares, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la región.

Durante la capacitación las mujeres aprendieron sobre herramientas y acciones para contrarrestar la escasez de alimentos, por medio del manejo y almacenamiento del ensilaje, el cual es un método para conservar el pasto en buen estado.

También se recabaron datos e información sobre los retos y las experiencias de las mujeres ganaderas, con el propósito de implementar un plan de trabajo en género que contribuya en la disminución de brechas entre hombres y mujeres que se dedican a la ganadería.

El plan de trabajo en género forma parte de la estrategia global de género e inclusión social del Programa SCALA FAO-PNUD que promueve una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones.

El Programa SCALA está diseñado para realizar una transformación y acción climática que mejore el uso de la tierra y la agricultura, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática de las fincas de productoras y productores en Costa Rica.

Fotografías: https://drive.google.com/drive/folders/1d4vxPkvOpKkaX3FtNirGD68o5C8lioIB?usp=share_lin

Testimonios:

Karla González Morena, mujer ganadera:

https://drive.google.com/file/d/1jj7k4ca4g2PZxcOLSkwLheeutckGpyVm/view?usp=sharing        

William Sánchez Ledezma, investigador y jefe de la unidad pecuaria del INTA:

https://drive.google.com/file/d/1EAmZAUhEIW5tmctYUQ_hyjwwHo1loPGl/view?usp=sharing

-Capacitación procura detectar brechas y oportunidades para fortalecer la implementación del convenio internacional en el país

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la FAO realizan un intercambio de conocimientos e información para fortalecer la implementación del Convenio de Rotterdam en el país, que implica un adecuado manejo y uso de plaguicidas y productos químicos.

“Como Ministerio de Agricultura y Ganadería, responsable del registro de las moléculas y productos que se aplican en el campo para la producción agropecuaria, reconocemos la necesidad de fortalecer y reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento, obligaciones y beneficios de este convenio internacional”, expresó el ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Julio Carvajal Porras, quien agregó que es de vital importancia analizar el marco regulatorio, operativo y procedimental del país en relación con las disposiciones del Convenio de Rotterdam, con el fin de detectar brechas y oportunidades que permitan fortalecer su implementación.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, el personal técnico de las diferentes instituciones recibirá una serie de capacitaciones para conocer más sobre la implementación de dicho acuerdo.  En el taller participan también representantes de organizaciones productivas, colegios profesionales y de la academia, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para identificar y prevenir el comercio no deseado en ciertos productos químicos, además de establecer procedimientos, actualizar registros y esquemas de evaluación de riesgos.

“Costa Rica está haciendo un valioso esfuerzo para avanzar hacia una mejor gestión del uso y registro de productos químicos para lograr una producción más eficiente y amigable con el medio ambiente, que no afecte la salud humana, y que le permita al país un desarrollo sostenible con beneficios económicos, sociales y ambientales”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica.

El Convenio de Rotterdam es un tratado internacional, especializado en el ámbito de gestión de productos químicos y plaguicidas, que facilita los procesos nacionales de decisión e información sobre la importación y exportación de sustancias químicas que pueden afectar la salud humana y del medio ambiente. El Convenio de Roterdam brinda las herramientas necesarias para que, a nivel nacional, los países puedan adoptar las medidas reglamentarias adecuadas a su contexto y marco regulatorio.

En el 2009 la Asamblea Legislativa aprobó el Convenio de Roterdam para promover una detección y generar una alerta temprana que minimice los riesgos a la exposición de sustancias peligrosas.

Mediante la secretaría del Convenio de Rotterdam de la FAO, se brinda apoyo y asitencia técnica a los países en la caracterización de las actividades, roles, oportunidades y responsabilidades que desempeñan las entidades públicas y privadas para implementar adecuadamente el Convenio.

El proyecto “Fortalecimiento de capacidades en la producción de semillas para una agricultura adaptativa y resiliente” fue formulado por la ONS para articular el trabajo interinstitucional, e impulsado con recursos del Fondo de Adaptación. Tania López Lee, directora ejecutiva de la ONS, indicó que para la Oficina ha sido estratégico, enriquecedor y potenciador, enlazar con estas instituciones para tener un mayor alcance y poder apoyar a los territorios.

“Por ejemplo, trabajar con el INTA en la regeneración y reproducción de materiales tradicionales que fueron reubicados en lugares donde se producían anteriormente, los cuales presentan características de adaptación muy favorables y que requieren menor uso de insumos químicos”, señaló la directora ejecutiva de la ONS.

Personas agricultoras de los territorios indígenas Alto Comte Burica, Boruca, Térraba, Ujarrás, Salitre, Rey Curré, Cabagra, China Kichá, Maleku, Zapatón, Talamanca cabécar y bribri, recibieron semillas acriolladas y variedades mejoradas cumpliendo los estándares de calidad para fortalecer sus sistemas productivos y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades.

 También, se logró promover una agricultura adaptativa y resiliente al clima, que favorezca el desarrollo de un sector semillerista formal e informal, impulsando para este último sector una mayor accesibilidad para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y fomentando una diversificación de los sistemas agroalimentarios.

“Nos llena de satisfacción ser parte de este proyecto que busca dotar de semilla de calidad a personas productoras en territorios indígenas y agricultoras quienes son parte muy importante de nuestro trabajo en Fundecooperación. Además, el proyecto contribuye con varios ODS muy especialmente con el ODS #2, al favorecer la permanencia de los sistemas agroalimentarios familiares con productos básicos para su dieta, respetando en todo momento las prácticas ancestrales. Todo esto favorece el desarrollo sostenible del país, siempre pensando global y actuando local, sin dejar a nadie atrás”, comentó Marianella Feoli, directora ejecutiva de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.

Laura Ramírez, jefa del Departamento de Transferencia del INTA, comentó que los sistemas de semillas de las personas agricultoras indígenas se caracterizan por su gran biodiversidad y por promover la distribución gratuita de semillas y conocimientos entre la población. El INTA promueve el rescate y conservación de la semilla por medio del refrescamiento y limpieza de los materiales con la finalidad de contribuir con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas de producción.

Los sistemas de semillas de las personas agricultoras aumentan la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, las enfermedades y plagas. Asimismo, las semillas criollas locales constituyen un patrimonio biocultural de gran riqueza para la población y los sistemas agroalimentarios.

“Las semillas criollas son la base de la agricultura y alimentación, y poseen un gran valor nutricional y sociocultural. Por lo tanto, es transcendental fortalecer el conocimiento de las personas de la agricultura familiar y comunidades locales, sobre las diferentes técnicas para su selección, conservación y reproducción, y así proteger las especies locales que hay en el país y que constituyen un patrimonio biocultural de gran riqueza para estas poblaciones y para nuestros sistemas agroalimentarios”, dijo Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica.

Las semillas en los sistemas alimentarios indígenas representan la vida y los derechos humanos, además constituyen la garantía de una alimentación adecuada para las poblaciones indígenas en el ejercicio de su autodeterminación, permitiendo el intercambio comercial y trueque para la distribución entre sus comunidades.

 Ver el video de la entrega de semilla de arroz en territorios indígenas, elaborado por el INTA:

https://youtu.be/JWiUt7KIyYo

En un escenario inmejorable, que convocó a personas productoras de frutas, tubérculos, granos, vegetales y mucho más, lleno de colores y alegría, se tuvo la primera de dos actividades organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el asocio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CENCINAI).

Este grupo de personas productoras, la alcaldesa de San Carlos señora Karol Salas, miembros de las instituciones y FAO dialogaron sobre la importancia de los sistemas agroalimentarios para tener una mejor de la alimentación, fortalecer el consumo de productos locales de la agricultura familiar y el desarrollo de los territorios rurales.

Así, Karla Mena, directora nacional de Extensión Agropecuaria del MAG, comentó que para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables, no solamente es necesario abordar la producción y la oferta de productos. También se deben proteger los recursos naturales; el acceso y asequibilidad de los alimentos; los hábitos de consumo, las costumbres, y la salud de las personas consumidoras. Asimismo, enfatizó la necesidad de alianzas entre actores públicos y privados para potenciar las capacidades de cada una de las partes involucradas en favor del entorno alimentario en su conjunto.

Por su lado, Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica, indicó que un sistema agroalimentario sostenible es aquel que suministra una alimentación sana, accesible y culturalmente pertinente para toda la población, mediante el uso y gestión responsable de los recursos naturales.

“En el ecosistema de los sistemas agroalimentarios, los mercados y las ferias del agricultor son clave para fortalecer y diversificar medios de vida sostenibles y empleo rural. Además, aseguran el acceso una producción diversa de buena calidad y a precios justos para las personas consumidoras”, agregó Padilla.

En esta actividad de conmemoración del DMA y el Día Nacional de las Frutas y Vegetales, se llevaron a cabo dos conversatorios que evidenciaron el rol, las oportunidades y los retos de las personas que forman parte de la cadena de suministro, producción, distribución, preparación de alimentos y el entorno alimentario. Además, se destacó la gran labor diaria de las heroínas y héroes de la alimentación, personas agricultoras familiares, quienes llevan hasta las mesas de la población alimentos saludables, frescos y nutritivos.

“Seguridad alimentaria es garantizar el derecho a alimento inocuo y nutritivo, a toda la población. En Costa Rica, las ferias del agricultor son la única opción de comercialización para personas productoras de pequeña y el mediana escala; quienes son un pilar para acercar la producción a las familias consumidoras, así como la preservación de la gastronomía tica. Gracias a la FAO por acuerpar e impulsar este tipo de iniciativas”, destacó Wenceslao Bejarano Rodríguez, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.

Este año, la FAO conmemora el 77° aniversario de la organización y el DMA con el lema: una mejor producción, nutrición, medio ambiente y una vida mejor para que nadie se quede atrás. En Costa Rica las celebraciones se realizan hoy 13 de octubre en la feria del agricultor de Ciudad Quesada, y mañana 14 de octubre en el Museo Nacional, en San José.

La celebración iniciará a partir del martes 27 de septiembre, mediante la realización de un conversatorio que mostrará la experiencia del sector educativo en la prevención de las PDA, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Universidad Earth, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad Técnica Nacional, por medio del canal de YouTube de REDIES Costa Rica a partir de las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Mientras que, el miércoles 28 de septiembre se realizará un Facebook Live en la red social del Programa Estado de la Nación, de 5:30 p.m. a 7:00 p.m, con el objetivo de conocer cómo disminuir las PDA en los sistemas alimentarios y cuáles han sido las experiencias más exitosas en América Latina y el Caribe. En el conversatorio, también se conocerá el trabajo de los gobiernos locales en el tema con apoyo de la iniciativa ciudadana ReverdeSer.

Asimismo, se expondrá el caso exitoso del cual Costa Rica fue parte, al generarse el primer Código de Conducta Voluntario en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, un instrumento de carácter internacional que actualmente permite orientar a los países, organizaciones e individuos sobre cómo actuar ante esta problemática.

Para finalizar, el jueves 29 de septiembre a las 5:00 p.m, se llevará a cabo un conversatorio para mostrar los avances y contribuciones estratégicas que se han puesto en marcha desde la industria alimentaria, el emprendedurismo y el sector hotelero costarricense. Adicionalmente, se conversará sobre la posibilidad de crear instrumentos de certificación voluntaria para motivar y evidenciar los múltiples esfuerzos en torno a la prevención del desperdicio. La transmisión se realizará por medio YouTube de la Escuela de Agronegocios del TEC .

El objetivo de las actividades es sensibilizar al público sobre el problema, y evidenciar el trabajo articulado y vinculado en la prevención de las PDA, a partir de exposiciones cortas por áreas temáticas basadas en experiencias de distintos ámbitos.

Según la FAO, los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. Esta situación hace que alrededor de 1/3 de los alimentos del mundo se pierdan o se desperdicien cada año. 

El 29 de septiembre, es la fecha oficial en la que se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Esta celebración, se realiza en un contexto mundial complejo debido a los desafíos de una crisis alimentaria desencadenada por la pandemia de COVID-19, el alza en los precios de los alimentos, los insumos agropecuarios, la inseguridad social  y el impacto del cambio climático.

El primer día, en San José, la comitiva de alto nivel se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En conjunto, mantuvieron un conversatorio con mujeres jóvenes indígenas cabécares y bribris, quienes compartieron su experiencia como parte de un análisis para involucrar a los pueblos indígenas en procesos participativos y de toma de decisión, con el apoyo del Programa.

Después, se reunieron con representantes de la Oficina Nacional de Semillas, Fundecooperación para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), así como con miembros de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y de la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf).

La Redcaf, que cuenta con el apoyo técnico de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, tiene como propósito promover la articulación, la coordinación y el diálogo nacional para la incidencia, la construcción, la implementación y el seguimiento de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. Lo anterior, mediante acciones y estrategias que contribuyan con la asignación de recursos y con el fortalecimiento de las unidades productivas familiares y sus organizaciones, impulsando su mejoramiento integral y el empoderamiento local y nacional, con miras al desarrollo territorial sustentable y a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

En los días posteriores, los miembros de la misión AMEXCID-FAO asistieron a un conversatorio donde participaron aliados de las iniciativas piloto para analizar los aportes del Programa a la seguridad alimentaria y nutricional en el país, incluyendo extensionistas del MAG, personas funcionarias del Ministerio de Salud, de Educación, y municipalidades.  Además, la comitiva visitó la Feria de abasto solidario del municipio de Santa Ana, en la que se comercializan productos de la agricultura familiar local, y que cuenta con apoyo de la Oficina de seguridad alimentaria de la municipalidad de Santa Ana y “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, donde conversaron con algunos agricultores locales que venden ahí sus productos.

También, viajaron hasta Limón, al territorio de Talamanca, para visitar el Centro Kábata Könana. Ahí, organizaciones territoriales de mujeres cabécares y bribris compartieron sobre los apoyos brindados por “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” para la reactivación económica de sus comunidades frente al contexto de la pandemia por COVID-19. El Programa contribuye a generar espacios de intercambio para resaltar el liderazgo que las mujeres indígenas de Costa Rica tienen en sus comunidades, y promueve su participación efectiva en la construcción de políticas públicas incluyentes.

La asociación de mujeres indígenas Kábata Könana, de Talamanca, funciona como un espacio de desarrollo económico, social y ambiental, con pertinencia cultural, que, con el acompañamiento técnico de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, permite a sus miembros aprovechar conjuntamente el conocimiento ancestral y poner en marcha soluciones innovadoras para seleccionar, manejar y guardar semillas nativas que se adapten mejor a los patrones de lluvia y sequía, para así lograr sus objetivos de desarrollo, incluso frente a la pandemia.

En ese sentido, en el marco de la misión, AMEXCID y FAO, junto con la Oficina Nacional de Semillas, Fundecooperación para el Desarrollo y el INTA, entregaron semillas nativas de arroz e insumos agrícolas a las agricultoras indígenas. También se brindó capacitación a las personas presentes en el de manejo de la semilla entregada y sus generalidades agronómicas, para que la comunidad del Centro Kábata Könana pudiera sacar el mayor provecho productivo de ellas. Estos materiales se caracterizan por ser más resistentes y tolerantes a plagas y enfermedades y requieren una carga mínima de insumos externos, como agroquímicos.

Mediante el proyecto de Fortalecimiento de capacidades en la producción de semillas para una agricultura adaptativa y resiliente, que es liderado por Fundecooperación para el Desarrollo y la Oficina Nacional de Semillas, se fomenta el uso de semillas de calidad superior como insumo básico para la promoción de una agricultura adaptativa y resistente frente al cambio climático. En el marco de este proyecto, en coordinación con el INTA, el MAG, y con apoyo del Programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, se ha incrementado la producción de semilla de arroz, a través de 6 materiales acriollados, que se entregan a agrupaciones de productores y productoras en los territorios indígenas de las zonas sur, norte y caribe[AP1] .

Para finalizar la misión, se celebró en Cancillería una reunión bilateral entre la actuaria Gloria Sandoval y el Comisionado Presidencial de Costa Rica ante el Proyecto Mesoamérica, Lic. Christian Guillermet Fernández.

El programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Costa Rica:

En el plano nacional, “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” contribuye a la generación de herramientas metodológicas, el fortalecimiento institucional y la formulación e implementación de instrumentos normativos y de política pública, que contribuyen al funcionamiento efectivo de los sistemas alimentarios y a una atención diferenciada a la agricultura familiar. A nivel territorial, el Programa pone especial énfasis en facilitar la vinculación de la agricultura familiar a los mercados, el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de productores y el fortalecimiento de la institucionalidad local.

Estos son algunos de los resultados obtenidos y de las acciones que “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” acompaña en el país:

1. Aprobación formal de definiciones y tipologías de la agricultura familiar.
2. Desarrollo de capacidades de productores y organizaciones locales para su vinculación al Programa de abastecimiento institucional y para el mejoramiento de sus sistemas productivos.
3. Diseño de materiales de comunicación y sensibilización frente a la problemática del sobrepeso y la obesidad infantil en el marco de un pacto nacional interinstitucional.
4. Incorporación del módulo para el registro de la agricultura familiar en el sistema de información del Departamento Nacional de Extensión Agraria y ejercicio piloto de registro.
5. Formulación de una agenda agroambiental para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de Ambiente y Energía.
6. Análisis de los sistemas territoriales de abastecimiento alimentario.
7. Construcción participativa y aprobación del Plan nacional de agricultura familiar.
8. Formulación del borrador de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y las orientaciones metodológicas para un proceso pertinente de consulta.
9. Elaboración de pilotos de guías técnico-pedagógicas para la implementación de huertos escolares en comunidades indígenas.

“Hoy anunciamos la Ruta para el Fortalecimiento de las Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Mujeres y  la Juventud Indígena, como un compromiso para fortalecer las políticas públicas del sector que empoderen a las mujeres y jóvenes, garanticen su participación en la toma de decisiones y reconozcan sus derechos a nivel comunitario para mejorar su liderazgo y sus oportunidades de desarrollo, en el marco de procesos productivos que respeten su participación plena y efectiva en todos los ámbitos, y nos lleven a una vida intercultural saludable en todo el país”, expresó la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla Coto, durante un conversatorio con jóvenes y mujeres indígenas de distintas zonas del país. 

La iniciativa de trabajo conjunto se realizará con estas poblaciones en el área de producción con identidad, y se contará con un acompañamiento interinstitucional del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural para generar las prioridades de apoyo a sus ideas productivas sostenibles, que fortalezcan su empoderamiento social y económico, junto con otras acciones concretas para erradicar el hambre y la malnutrición en sus comunidades.

“Este esfuerzo busca mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias indígenas más vulnerables, mediante el fortalecimiento de capacidades de las mujeres y de la juventud indígena, para aumentar la resiliencia de sus medios de vida que se han visto impactados por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, el alza en los precios de los alimentos y los insumos agropecuarios, la inseguridad social y el cambio climático”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

La propuesta consiste, en una primera fase, en un análisis participativo de la situación actual de las mujeres y la juventud indígena que permita construir una metodología de acompañamiento respetuosa y pertinente de las necesidades de esta población. Esto con el objetivo de mejorar las políticas públicas del sector que empoderen a las mujeres y a la juventud de los territorios indígenas.

El programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, una iniciativa conjunta de la AMEXCID y la FAO, que impulsa acciones enfocadas a reducir la pobreza, el hambre y todas las formas de malnutrición, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha promovido procesos de consulta y espacios de diálogo para involucrar a los pueblos indígenas en los procesos participativos y de toma de decisión. El Programa suma esfuerzos con diversos actores públicos en la creación de estrategias y normas para sustentar políticas públicas que favorezcan la seguridad alimentaria y nutricional, y el desarrollo rural en Costa Rica.

Las Naciones Unidas llaman a conmemorar, cada 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena con el objetivo de rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo, y lograr visibilizar sus luchas, demandas y aportes, así como su trascendencia en la transmisión de conocimientos ancestrales.

Datos relevantes:

Según el Censo Nacional de Población de 2011, en el país residían 104.143 personas indígenas, de las cuales 51.509 eran mujeres.

Estas poblaciones están distribuidas en 24 territorios y provienen de 8 pueblos, a saber: Bribri, Brunca o Boruca, Cabécar, Chorotega, Huetar, Maleku o Guatuso, Ngöbe o Guayamí, Terribe o Térraba.

El promedio de años de escolaridad formal de esta población es de 5,7 años, mientras que el resto nacional es de 8,7 años.

El 70% de los hogares indígenas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha.

Lubetkin, periodista uruguayo de larga trayectoria, es experto en comunicación internacional sobre el desarrollo sostenible.

El funcionario se incorporó a la FAO en 2014 como director de la Oficina de Comunicación Institucional, desde el 2015 dirigió el gabinete del Director-General, y en el 2017 fue nombrado Subdirector General.

“Tenemos ante nosotros desafíos extraordinarios. Los efectos de la pandemia del Covid-19, la guerra en Ucrania, así como otros conflictos en diferentes partes del mundo, han agravado aún más la ya existente tendencia negativa al aumento del escenario del hambre de los últimos años. Basta pensar que desde el 2019, 13 millones de personas se han sumado a la situación de hambre en la región, y 4 de cada 10 habitantes viven en situación de inseguridad alimentaria, según los recientes informes que la FAO, junto a otras agencias de las Naciones Unidas, han hecho público. A su vez, esta región, cuenta con un potencial extraordinario para la transformación de los sistemas agroalimentarios que mejoren sustancialmente estas tendencias negativas”, señaló Lubetkin al asumir su nuevo cargo en la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile.

El nuevo Representante Regional destacó el apoyo que la FAO seguirá prestando intensamente a los gobiernos de la región, trabajando en forma conjunta con otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones internacionales y regionales, así como con otras organizaciones no gubernamentales y centros de estudio que focalizan su atención en la transformación de los sistemas agroalimentarios, estimulando los procesos de innovación.

Una distinguida carrera

Lubetkin inició su carrera profesional en la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) en 1979, y ejerció como director general desde 2002 hasta 2014.

En tal función, ha coordinado proyectos con los gobiernos de Brasil, España, Finlandia, Italia y Uruguay, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En 2012, fue nombrado miembro del Grupo Asesor de las Naciones Unidas para el Año Internacional de las Cooperativas (IYC), y colaboró ampliamente con la sociedad civil y los medios de comunicación en Argentina, Brasil, Ecuador, Italia, y Uruguay, entre otros países.

Lubetkin se ha desempeñado como consultor de comunicación de alto nivel para diversas organizaciones en América Latina y la Unión Europea, y para entidades del sector privado en los Estados Unidos.

Antes de unirse a la FAO en 2014, Lubetkin fue profesor de Comunicación para Relaciones Internacionales y de Desarrollo en la Universidad IULM de Milán (Italia), y Director de Seminarios sobre Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander (España).

En abril de 2016 fue nombrado “Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana” por el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

• Mensajes serán divulgados en redes sociales del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural, y de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.
• Las Ferias del Agricultor son espacios de diversidad cultural, que ofrecen variedad, calidad y precios justos.

Las instituciones del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural, la Junta Nacional de Ferias del Agricultor y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, unen sus voces en una campaña para convocar a las personas consumidoras a visitar las Ferias del Agricultor que se realizan cada fin de semana en muchas comunidades del país.

La campaña está conformada por varios mensajes que serán divulgados en las redes sociales de las instituciones del Sector Agropecuario y de la Junta Nacional, los cuales nos recuerdan que las Ferias del Agricultor son espacios de diversidad cultural y alimentaria, donde las personas productoras comercializan de manera directa. A cambio, los compradores y compradoras reciben productos diversos, frescos, saludables, de buena calidad y a precios justos.

Para Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica, las Ferias del Agricultor son un aporte fundamental a la seguridad alimentaria y nutricional del país, pues ofrecen a la población la oportunidad de acceder a una gran variedad de productos agropecuarios, de la pesca y acuicultura, que son nutritivos e inocuos, o seguros para el consumo humano. Además, dinamizan los sistemas alimentarios locales y ponen en contacto directo a las personas productoras con las consumidoras, lo que es esencial para que las personas se vayan sensibilizando sobre el origen y las propiedades de los alimentos que consumimos.

Según datos recientes de la JNF, en total se desarrollan casi 100 ferias del agricultor a nivel nacional. “Somos el mercado minorista más grande del país, participan más de 9 mil productores y unas 400 mil personas consumidoras, se benefician cada semana. Las ferias, son seguridad alimentaria y gracias a ellas se preserva la gastronomía criolla”, manifestó Wenceslao Bejarano, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor.

“El llamado que hacemos a los consumidores es que vayan a las ferias, vivan la experiencia y apoyen a las personas productoras que ofrecen productos recién cosechados, saludables, variados, producidos de manera responsable y con trazabilidad, porque solo en las ferias usted puede saber quién produce lo que usted se come”, dijo la viceministra de Enlace del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rocío Valerio Rodríguez.  

Así que no lo dude, identifique la feria del agricultor que le quede más cercana y disfrute la experiencia de comprar los mejores productos, a precios justos, producidos por los mejores productores y productoras.

La FAO realizó un encuentro virtual sobre los proyectos que la iniciativa 1000 Aldeas Digitales está apoyando en la región para impulsar la digitalización de las zonas rurales.

La iniciativa 1000 Aldeas Digitales fue creada por la FAO en 2020, para entregar apoyo y asistencia a los países para ampliar el acceso y uso de las herramientas digitales en los sistemas agroalimentarios y los territorios rurales.

En América Latina y el Caribe, 1000 Aldeas Digitales está centrada en experiencias de turismo rural. Busca ayudar a las comunidades locales a aprovechar las ventajas que ofrecen las herramientas digitales para mejorar la promoción y venta de sus servicios turísticos, aumentar sus ingresos y generar oportunidades de empleo.

“América Latina y el Caribe tiene un enorme potencial en turismo rural como actividad que genera ingresos y empleos de calidad. Hay que hacer más de eso y lo digital es clave para acelerar ese proceso”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, durante el encuentro virtual.

1000 Aldeas Digitales está apoyando 52 emprendimientos de agroturismo en catorce países de la región (Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela).

La iniciativa ha desarrollado diagnósticos en cada uno de los países, y ha ofrecido un curso virtual para la producción de videos de marketing, centrado en jóvenes.

El encuentro en línea contó con la participación del Representante Regional de la FAO, el economista en jefe de la FAO, Máximo Torero, y el economista líder de la división de América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fabrizio Bresciani.

Participaron también el Director General de la Agencia Nacional Digital de Colombia, Juan Pablo Ceballos, el Director de la Iniciativa de Conectividad de Microsoft para LATAM, Germán Otálora, el representante de FAO en Ecuador, Agustín Zimmermann, y el representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda.

1000 Aldeas digitales en América Latina y el Caribe

La experiencia apoyada por la FAO en Ecuador es liderada por la corporación Yunguilla, que desarrolla actividades de turismo y comercio de productos locales.

La ruta turística del café en Chanchamayo, Perú, también es parte de 1000 Aldeas Digitales, y promueve los paisajes y las experiencias del Fundo Magdalena y la Chacra D’ Dago.

La ruta del embrujo llanero ubicada en el departamento del Meta, Colombia, es una red de productores y operadores turísticos que utilizan las plataformas digitales como medio de comercialización y publicidad, y que también participan de la iniciativa de laFAO.

En estas tres experiencias, la FAO está capacitando a los emprendedores en el uso de videos para el marketing digital de sus servicios y productos.

El Programa “Mesoamérica Sin Hambre AMEXCID-FAO”, una iniciativa conjunta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto a la Mesa Nacional Indígena, el Ministerio de Agricultura y Ganadería  y el Sistema de las Naciones Unidas, realizaron un diálogo para fortalecer y definir una agenda de trabajo conjunta que incluya el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas en los sistemas alimentarios.

“Este diálogo es una oportunidad para comprender la concepción de los sistemas alimentarios desde la visión de los pueblos indígenas y a partir de este aprendizaje, nosotros como parte del Sistema de Naciones Unidas, y la institucionalidad pública, crear líneas de trabajo conjuntas que respondan a sus necesidades con un enfoque intercultural. Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas contribuyen a ampliar, enriquecer y diversificar nuestra base alimentaria”, comentó Andrea Padilla, representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica.

Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas están vinculados a sus modos de vida, cosmovisión e identidad, los cuales se han adoptado a los ciclos naturales de los ecosistemas, y resguardan la agrobiodiversidad un elemento fundamental para ampliar la base alimentaria.

“Queremos que respeten y comprendan nuestros conocimientos tradicionales ancestrales, nosotros no queremos perder nuestras tradiciones del buen vivir. Nosotros somos muy espirituales y tenemos amplios conocimientos en medicina, alimentación, la agricultura y la conservación de todos los recursos”, dijo Oldemar Pérez en representación de la Mesa Nacional Indígena.

En el diálogo, también se discutió la necesidad de valorar más su producción y mejorar el acceso a nuevos mercados y medios de vida justos para las comunidades indígenas.

“Es importante trabajar articuladamente con las organizaciones de personas productoras, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales desde la cooperación internacional hasta el sector de turismo local de cada comunidad para poder gestionar y fortalecer los canales de comercialización locales, nacionales e internacionales, esto con el objetivo de visibilizar la gastronomía propia de los pueblos indígenas, valorizar más sus sistemas alimentarios propios de cada pueblo y fomentar sus tradiciones”, aseguró Faviana Scorza, asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En la actualidad, los pueblos indígenas enfrentan amenazas y desafíos climáticos, cambios en los patrones de producción y consumo en las diferentes comunidades, las invasiones y el limitado acceso a la tierra, todos estos elementos afectan directamente a sus sistemas y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Mauricio Mireles, oficial de Políticas para Pueblos Indígenas e Inclusión Social resaltó que los sistemas alimentarios indígenas presentan un enfoque integral resiliente al cambio climático en los cuales se combinan prácticas de manejo territorial para la conservación de la biodiversidad biológica, la producción de alimentos de subsistencia, el cultivo de plantas medicinales, la elaboración de artesanías y la conservación de prácticas socioculturales de orden espiritual.

“Estamos muy orgullosos del Programa Mesoamérica sin hambre, que opera desde el 2015 en Costa Rica, con apoyo del Gobierno de México y la cooperación de AMEXCID. También, vemos importante establecer un diálogo para rescatar la riqueza de las comunidades indígenas, definitivamente hay mucho que aprender de los saberes y prácticas sostenibles de los pueblos indígenas”, comentó Andrea Huerta en representación de la Embajada de México.

¿Qué es un Sistema Alimentario Sostenible?

El sistema alimentario reúne todos los elementos (ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones) y las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación, el consumo de alimentos y los impactos de estas actividades.

Un sistema alimentario sostenible es aquel que suministra una alimentación nutritiva y accesible para todas las personas y en el que la gestión de los recursos naturales preserva los ecosistemas.

Agrotransformación es un espacio de interacción entre los sectores empresariales agrícolas, gubernamental y académico de manera que se posibilite un proceso de fortalecimiento de las cadenas de valor.

 Es parte de DESCUBRE, un programa interinstitucional coordinado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), de la mano con la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (CINDE) y el Sistema de Banca para el Desarrollo.

 Conservación, producción y valor agregado

La producción y salud humana dependen de los ecosistemas y como parte de la Agenda 2030, FAO, ONUDI y PNUD mantienen distintas acciones alineadas a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, Producción y consumo responsables.

En Costa Rica, las 3 agencias trabajan articuladamente en intervenciones en campo. Estas involucran herramientas de manejo del paisaje; tecnología de monitoreo; ambición climática; y desarrollo de capacidades para el cumplimiento de estándares de calidad y sostenibilidad, que permitan impulsar una ganadería innovadora y sostenible en Costa Rica. Se unen el Proyecto Paisajes Productivos MIANE-GEF-PNUD, el Programa para Aumentar la Ambición Climática sobre el Uso de la Tierra y la Agricultura (SCALA) y el Programa de Calidad y Estándares Globales.

 Con financiamiento del Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF), el Proyecto Paisajes Productivos busca generalizar la conservación de la biodiversidad en paisajes rurales y urbanos de Costa Rica.

Durante más de 3 años, Paisajes Productivos ha apoyado a 27 iniciativas socio productivas en la zona de amortiguamiento del Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P) que alcanzan más de 500 fincas, para que implementen herramientas de manejo del paisaje. Así se promueve un equilibrio entre uso, producción y conservación.

El Programa SCALA es financiado con recursos del Ministerio Federal de Medioambiente y Protección de la Naturaleza del gobierno alemán. Busca apoyar la acción climática transformadora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático en los sectores cafetalero y ganadero, y contribuir directamente en el logro de los ODS.

Global Quality and Standards Programme (GQSP) es un programa financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y administrado por ONUDI. Impulsa el desarrollo comercial a lo largo de cadenas de valor específicas, mediante el fortalecimiento de infraestructura de calidad de las instituciones y el sector privado.

“El evento Agrotransformación 2022 permitió exponer al público asistente cuán atractiva puede ser la agricultura, y sobre todo cuán importante es mantener la innovación y promover la sostenibilidad para atraer a los jóvenes al sector y entrar a nuevos mercados que exigen cada vez más, altos estándares de calidad y sostenibilidad ambiental”, comentó Katty López, coordinadora nacional de ONUDI en Costa Rica.

"La producción agropecuaria depende de los ecosistemas. Debemos producir conservando y conservar produciendo. Las prácticas agrícolas insostenibles ponen en jaque a los ecosistemas y nuestra salud. El PNUD apoya a iniciativas socio productivas de la Zona Sur, que han transformado su modelo. Ahora son más conscientes del valor de los servicios naturales, al tiempo que su producción es más eficiente y sostenible”, afirmó Miriam Miranda Quirós, coordinador del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD.

“Agrotransformación ha sido una valiosa oportunidad para dar a conocer las diferentes actividades que está desarrollando el sector agropecuario nacional e internacional; así como el trabajo conjunto entre las agencias de Naciones Unidas en Costa Rica con el sector privado y público en torno a procesos de producción mejorada, sostenible e innovadora la cual beneficia a miles de personas en el país”, dijo Arturo Ureña, coordinador técnico del Programa SCALA.

 En Costa Rica, se busca cumplir con las normas y estándares de calidad y sostenibilidad de la Unión Europea, para la entrada de carne de bovino, miel y algunas frutas a su mercado. 

 Las intervenciones en territorio se abordan desde un enfoque intersectorial e interinstitucional. PNUD, FAO y ONUDI se alían y coordinan con entidades públicas y privadas:

• Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
• Sistema Nacional de áreas de conservación (SINAC)
• Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA)
• Cámaras regionales de ganaderos
• 27 organizaciones productivas de la Zona Sur del país, 

Con el apoyo de Naciones Unidas, estas cámaras y familias innovan en la producción de pastos dedicados a la ganadería para a la producción de carne y leche.

• En un foro virtual compartieron las experiencias de Chile, México y Argentina, disponible aquí:www.facebook.com/UNICEFCostaRica/videos/491914462552535
• Naciones Unidas invita a la próxima Asamblea Legislativa a presentar un nuevo proyecto, ya que el #22.065 fue archivado por el actual congreso.

Naciones Unidas urgió a Costa Rica a identificar los productos altos en grasa, sodio y azúcar a través del etiquetado frontal. También invitó a la Asamblea Legislativa a desarrollar una nueva iniciativa de ley para avanzar en esta materia, dado que el proyecto #22.065 fue archivado recientemente.

La ONU organizó un foro sobre el tema que contó con la participación de representantes de gobierno y academia de Chile, México y Argentina, quienes compartieron la experiencia de esos países con el etiquetado frontal para la advertencia de productos altos en grasa, azúcar y sodio.

En la conversación, presentaron el proceso y los resultados de la implementación en sus países del etiquetado frontal de advertencia en productos altos en grasa, azúcar y sodio, como medida para brindar a la población información para la toma de decisiones sobre su alimentación y, así, reducir los índices de enfermedades crónicas no transmisibles.

Chile, uno de los pioneros de la región en la materia, mostró resultados de estudios que han llevado a cabo para evaluar la efectividad del etiquetado frontal con octágonos desde su implementación en el año 2016. Luego de la entrada en vigor de la ley, aumentó en un 30% la capacidad de las personas para clasificar los alimentos según su impacto para la salud. Además, se registró una reducción en la compra de productos altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, que son los ingredientes en los cuales se enfoca la legislación de etiquetado frontal en Chile.

Camila Corvalán, académica de la Universidad de Chile, afirmó que estos cambios en el comportamiento no responden solamente a cambios en la toma de decisiones de los consumidores, sino a reformulaciones que ha realizado la industria alimentaria en sus productos en el marco de la implementación de la ley de etiquetado, que se reflejan principalmente en la reducción de azúcar y sodio. Además, la especialista enfatizó que no se registra una disminución de empleos o de salarios en el sector alimentario tras la implementación de la ley, a pesar de haber sido este uno de los principales argumentos de inquietud ante el proyecto de ley.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, mencionó que el impacto del etiquetado frontal tras su implementación en el año 2020 ha sido inmediato y ha gozado de buena aceptación por la población. Las investigaciones han demostrado que, gracias al etiquetado, la compra de bebidas azucaradas por parte de adolescentes y adultos se redujo un 48%, mientras que la compra de dulces, chocolates y postres se redujo en 41%; 43% la de cereales azucarados y 39% la de papas fritas.

Además, el 72% de las personas encuestadas consideró que las etiquetas frontales son útiles para tomar decisiones sobre los productos que consume. En México, el proceso de implementación de la ley y su evaluación han continuado a pesar de haberse iniciado durante la pandemia por COVID-19.

López-Gatell mencionó que el etiquetado frontal es parte de una estrategia integral de alimentación saludable que incluye intervenciones en salud escolar, programas públicos de alimentación con producción local, entre otras. El especialista coincide en que la implementación de la ley ha llevado a la industria a innovar y hacer cambios en la composición de los productos, pero además mencionó el efecto de la ley en las estrategias de mercadeo, pues los productos que no cuentan con etiquetas de alerta son más promocionados, ya que actualmente tienen un nicho de mercado más amplio, debido a que el tema ha permeado en la conciencia pública.

En Argentina, la implementación del etiquetado frontal fue aprobada a finales de octubre de 2021 y se estableció un plazo de 6 meses para que las personas productoras incluyan las advertencias en los empaques y envases. Silvina Calle, Asesora del Senado de Argentina, explicó que la medida no prohíbe alimentos ni los califica como “malos” en su totalidad, pero se le comunica de forma clara a las personas consumidoras cuando hay exceso de nutrientes críticos, como parte de su derecho a la información.

La Senadora mencionó que uno de los argumentos en contra del proyecto giró en torno a que los productos no podían tener rotulación distinta a la planteada en Mercosur: “Esto lo debatimos muchísimo, tratados comerciales internacionales habilitan a los países a regular en forma autónoma cuando se trata de proteger la salud pública de sus habitantes”.

La actividad fue organizada por el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica mediante sus agencias especializadas: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

¿Qué pasa en Costa Rica?

Nydia Amador, miembro de la Asociación Costa Rica Saludable, explicó que en julio del año 2020 se presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley 22.065: “Ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, para facilitar la comprensión y toma de decisión del consumidor, sobre el contenido de nutrientes críticos e ingredientes que, por su consumo excesivo, representen riesgos para la salud de las personas”.

El proyecto proponía la utilización de símbolos de advertencia en el frente de los paquetes de productos para informar a las personas consumidoras sobre el exceso de nutrientes críticos, además, de advertencias sobre presencia de cafeína y edulcorantes especialmente dañinos para las niñas y los niños. También incluía restricciones en cuanto a publicidad y promoción y tenía componentes educativos.

Amador indicó que en febrero del 2022 la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, archivó el proyecto, alegando que las instituciones y órganos consultados para analizarlo no lo han visto conveniente, pero ignorando el criterio de expertos en el tema: “el proyecto lo que busca es informar y educar a la población y la sociedad civil no se dará por vencida, luchará para que la próxima Asamblea Legislativa retome el tema y se presente una nueva propuesta de proyecto de ley”, expresó.

De acuerdo con Fabio Gómes, Asesor en Nutrición y Actividad Física de OPS/OMS, datos del 2019 reflejan que el 44% de las muertes en Costa Rica están asociadas a tres factores de riesgo relacionados con hábitos alimenticios: glucosa elevada, hipertensión y sobrepeso u obesidad.  “Sabemos que la adecuada alimentación es uno de los principales determinantes de la salud y el bienestar de las poblaciones. Reiteramos el apoyo que desde OPS/OMS estamos dispuestos a brindar al país en pro de dar a la población más herramientas para que puedan tomar decisiones informadas para beneficio de su salud”, mencionó Wilmer Marquiño, Asesor en Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de OPS/OMS.

Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF en Costa Rica, mencionó que cerca de un 34% de niños, niñas y adolescentes que viven en Costa Rica tiene sobrepeso y obesidad: “Si queremos atender esta situación que consideramos una emergencia de salud pública, debemos no sólo brindar la oferta programática institucional, sino también desarrollar estrategias de comunicación para el cambio de comportamiento y normas sociales que nos lleven a realizar cambios de patrones alimenticios de los niños, niñas, adolescentes y sus entornos, ya que éstos constituyen un factor de riesgo potencial para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta”, mencionó.

“El etiquetado nutricional frontal es clave, se ha demostrado que es uno de los métodos más efectivos para informar a las personas sobre el contenido de los alimentos pre empacados. En medio de la crisis sanitaria y económica que experimentamos desde el 2020, las medidas que favorezcan una alimentación balanceada, fresca y natural, serán siempre el estándar a seguir”, indicó Andrea Padilla, Representante Asistente de FAO en Costa Rica.

Para que Costa Rica pueda avanzar en la materia, Naciones Unidas invitan a la próxima Asamblea Legislativa a presentar un nuevo proyecto, ya que el #22.065 fue archivado por el actual congreso.

 Aprobación de protocolo es parte de los compromisos asumidos en la Comisión Presidencial contra la pesca ilegal, instaurada por el presidente Alvarado y conformada por el MAG, INCOPESCA, MINAE, Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Guardacostas y Vigilancia Aérea y la Cancillería.

Una alianza de trabajo liderada por el Instituto de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo técnico y financiero de la Asociación Costa Rica por Siempre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permitió la elaboración de un protocolo de procedimientos para implementar las medidas derivadas del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP).

El Acuerdo es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), cuyo objetivo es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR impidiendo que los buques que la practican utilicen puertos para desembarcar sus capturas.  Fue adoptado por el país en el 2015, mediante Ley Nº 9321. 

El protocolo elaborado, por su parte, incorpora procedimientos estandarizados e instrumentos técnicos de trabajo para cumplir con los compromisos del AMERP, entre ellos, el análisis de información de las diferentes inspecciones y la emisión de criterios técnicos para la aplicación de las medidas del Estado rector de puerto.

“La adopción de este Protocolo reitera el compromiso del país en el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, promoviendo el uso sostenible de nuestros recursos marinos y beneficiar al sector pesquero, tanto mediante el fortalecimiento de las medidas de control y vigilancia en nuestras aguas jurisdiccionales, como aportando garantía para nuestro sector pesquero en los mercados internacionales de que nuestro pescado proviene de fuentes sostenibles", explicó Daniel Carrasco Sánchez, presidente ejecutivo de INCOPESCA.

La aprobación de este convenio, además, es parte de los compromisos asumidos en la Comisión Presidencial Contra la Pesca Ilegal, instaurada por el presidente Alvarado mediante Decreto Ejecutivo 41025-MP-MAG-MSP, y conformada por el MAG, INCOPESCA, MINAE, Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Guardacostas y Vigilancia Aérea y la Cancillería, entre otras dependencias relacionadas con el tema.

“En una Zona Económica Exclusiva tan amplia como la de nuestro país, el trabajo interinstitucional y las alianzas público-privadas son vitales para lograr combatir la pesca ilegal y procurar la conservación de los recursos marinos. En el marco de la alianza entre INCOPESCA y Asociación Costa Rica por Siempre, logramos elaborar estas herramientas que permitirán mejorar los procedimientos de descarga en puerto, a la vez que el país continúa avanzando en pro de un océano más sano, resiliente y productivo”, comentó Mónica Gamboa, Gerente de Conservación Marina de la Asociación Costa Rica por Siempre.

“El AMERP es considerado el medio más poderoso y eficaz para combatir la pesca INDNR ya que establece un conjunto mínimo de procedimientos estandarizados, medidas y acciones que deben aplicar los países en conjunto. Costa Rica ya cuenta con sus propios procedimientos nacionales, que contribuyen a poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con el objetivo de garantizar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos”, comentó Andrea Padilla Arce, Representante Asistente de la FAO en Costa Rica.

Las aguas nacionales de Costa Rica cubren cerca de 600.000 km², diez veces más grande que su área terrestre, y es un país ampliamente reconocido por su liderazgo ambiental global. Las pesquerías son una fuente vital de trabajo para muchas comunidades costeras en Costa Rica.

“Es fundamental asegurar el acceso de la agricultura familiar a las nuevas tecnologías brindándoles las condiciones necesarias de conectividad, financiamiento, capacitación y conocimiento. Además, debemos continuar fortaleciendo el desarrollo de mercados, con precios justos para las personas agricultoras; así como la construcción de mitigadores de riesgos para garantizar esquemas de financiamiento adaptados a la realidad del sector agropecuario y que incluyan seguros para la agricultura familiar”, comentó Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería.

Como parte de un proceso previo a la Conferencia Regional, se realizan diversas consultas nacionales con el objetivo de compartir las propuestas del nuevo marco estratégico de la FAO e identificar las prioridades de los países miembros para debatir en la Conferencia.

En la consulta nacional, el ministro de Agricultura y Ganadería señaló que el país debe fortalecer la producción de granos básicos, entre otros productos, para asegurar una base alimenticia nutritiva para el consumo interno en situaciones de emergencia, sobre todo de la población en condiciones de vulnerabilidad.

También comentó que es clave la construcción de alianzas que involucren mecanismos de financiamiento para la pequeña y mediana agricultura; así como la creación y el fortalecimiento de políticas públicas diferenciadas para el sector agropecuario, con una visión de desarrollo a largo plazo y de sostenibilidad ambiental, social y económica.

Durante la Conferencia, los Estados miembros definirán las áreas prioritarias de trabajo de la FAO durante los próximos dos años, y se establecerán soluciones conjuntas a los principales retos relacionados a una alimentación saludable y a una agricultura resiliente para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“La Conferencia Regional es una oportunidad para que Costa Rica pueda orientar y priorizar la asistencia técnica de la FAO hacia una efectiva transformación de los sistemas agroalimentarios para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor para toda la población costarricense”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de la FAO en Costa Rica.

La Conferencia de la FAO se realizará el próximo mes en Quito, Ecuador, y reunirá a ministros y ministras de Agricultura y jerarcas de los 33 países miembros de la FAO en América Latina y el Caribe, junto al sector privado, la sociedad civil, la academia y el personal del Sistema de las Naciones Unidas.

Sitio web: Conferencia Regional de la FAO

Un total de 250 productores y productoras de diferentes países de América Latina reforzaron sus conocimientos sobre agricultura familiar a través de cuatro capacitaciones virtuales.

La iniciativa fu organizada por el comité de comunicación y gestión del conocimiento de la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), con el propósito de potenciar el desarrollo de capacidades de las y los agricultores en cuatro grandes áreas de conocimiento como lo son: seguridad alimentaria y nutricional, género, comunicación para el desarrollo y cambio climático.

Los webinars también contaron con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mesoamérica Sin Hambre (MSH) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Cada capacitación virtual tuvo una duración aproximada de 2 horas por temática y se dividió en tres módulos de conocimiento, el primero consistió en una introducción básica de cada tema por parte de una persona experta en la materia, seguido de un espacio de preguntas liderado por las y los productores, para así finalizar con una conversación sobre reflexiones y lecciones aprendidas.

Deima Calvo, miembro de Redcaf y participante de los webinars afirmó que los espacios de capacitación fueron de suma importancia para enriquecer y compartir conocimientos entre productores y productoras.

Asimismo, destacó que la metodología utilizada por las y los expertos conferencistas de la FAO “fue más allá de las palabras y la teoría”. Por último, Calvo puntualizó en la necesidad de realizar más actividades de capacitación virtual para personas de la agricultura familiar.

Las capacitaciones son parte de los objetivos de la estrategia de comunicación para el desarrollo y gestión del conocimiento desarrollada por la Redcaf.

La sostenibilidad, de hecho, va más allá del medio ambiente: incluye otras cosas que la gente necesita, como puestos de trabajo, igualdad de oportunidades, salud, educación, seguridad y una calidad de vida dinámica. Forjar un futuro mejor es el espíritu de las festividades y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta época festiva, ¡allanemos el camino hacia un año mejor!

 He aquí algunas cosas que puedes hacer para que estas festividades sean sostenibles, alegres y positivas:

 1. Piensa en los demás. ODS 1 – En la actualidad, más de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema, muchas de ellas sin acceso a necesidades básicas como atención sanitaria, alimentación, educación, agua y saneamiento. ¿Por qué no dedicar algo de tiempo al voluntariado en un comedor local o en un refugio para personas sin hogar? Asegúrate de que nadie se sienta excluido o solo.

2. ¡Sé cuidadoso con los alimentos! ODS 2 – Desperdicia menos comida y elige alimentos locales y de temporada producidos de forma sostenible. O dona artículos no perecederos a un banco de alimentos local. Más de 800 millones de personas pasan hambre en esta época festiva y la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) no ha hecho más que aumentar esas cifras. La comida es un privilegio, ¡no la desperdicies!

3. Lleva un estilo de vida saludable. ODS 3 – El acceso constante a suficientes alimentos nutritivos es fundamental para la salud de las personas. Nos permite crecer, luchar contra las enfermedades y llevar una vida productiva. Estas festividades, añade alimentos nutritivos al menú, no te olvides de hacer ejercicio a diario y ¡no caigas en excesos!

4. Regala o dona un libro. ODS 4 – En 2018, cerca del 20 % de los niños y jóvenes de todo el mundo no estaban escolarizados. Sin una buena educación, los niños no solo ponen en riesgo su propio sustento, sino también la oportunidad de contribuir de manera significativa a la sociedad. Estas festividades, promueve la educación donando libros o regalando material escolar.

5. ¡Apoya a otras mujeres! ODS 5 – ¡Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y la mitad de su potencial! Pero la desigualdad de género persiste en todas partes. Estas festividades, homenajea a las mujeres de tu vida y, en el nuevo año, apoya a las mujeres como líderes de tu comunidad. Si eres una niña, asegúrate de completar tu educación escolar y ve a por la carrera que quieres.

 6. Reduce el consumo de agua. ODS 6 – No hay vida sin agua. La necesitamos para beber, cultivar alimentarnos, limpiar, cocinar y mucho más. Sin embargo, en el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable. Estas festividades, usa menos agua, cerrando el grifo mientras lavas los platos, y plantéate el reto de ducharte en cinco minutos.

 7. Reduce el consumo de energía. ODS 7 – Las festividades son una época de luces, pero en el mundo, una de cada 10 personas carece de acceso adecuado a la electricidad. Este año, si usas luces para decorar, opta por tecnología LED u otras soluciones energéticamente eficientes. Apaga las luces cuando salgas de una habitación y, por qué no, considera usar paneles solares el año entrante.

8. Compra en empresas socialmente responsables. ODS 8 – Cuando hagas regalos, procura apoyar a empresas con un buen historial de condiciones laborales. Debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID–19), 1 600 millones de trabajadores corren el riesgo de perder su empleo. Apoya la economía de tu zona comprando productos y contratando servicios locales.

9. ¡Innova! ODS 9 – ¡Piensa en algo innovador para los regalos de estas fiestas! Las prácticas y tecnologías innovadoras pueden hacer avanzar a la sociedad de múltiples maneras.

10. Sé consciente de las desigualdades. ODS 10 – En estas festividades, infórmate acerca de los problemas de tu comunidad y busca iniciativas destinadas a eliminar las desigualdades. Explora oportunidades de voluntariado o participa en campañas de donación.

11. Aboga por una ciudad sostenible. ODS 11 – Las ciudades suelen reinventarse para las festividades, con luces u otros adornos para mostrar su alegría. ¿Y si pudieras reinventar algo más que su fachada? Para el próximo año, promueve el tipo de ciudad sostenible en la que crees. Habla con tu ayuntamiento, participa en las iniciativas de limpieza de la ciudad o incluso dona un árbol a tu ciudad.

12. Adopta un estilo de vida que genere menos residuos. ODS 12 – Recuerda reducir, reutilizar y reciclar. Busca alimentos y productos con menos envases. Haz regalos sostenibles, encuentra formas ecológicas de envolverlos y apoya a las marcas socialmente responsables.

13. Ten en cuenta el clima al comer y comprar. ODS 13 – Estas festividades, ten en cuenta el impacto ambiental de los alimentos que consumes. Añade más legumbres a tu dieta: son nutritivas y su producción requiere poca agua. Reduce tu huella de carbono conduciendo menos, comprando productos de temporada y llevando tu propia bolsa de la compra.

14. Sé respetuoso con los océanos. ODS 14 – Elige pescado capturado o criado de forma sostenible, como pescado provisto de etiqueta o certificado ecológico. Evita comprar alimentos con exceso de envases de plástico que a menudo acaban en nuestros cursos de agua.

15. Mantén limpios parques y suelos. ODS 15 – En la época festiva, pueden generarse muchos residuos. Asegúrate de eliminarlos de forma responsable. Los productos químicos de las pilas o los restos de detergente, por ejemplo, pueden filtrarse en los suelos y contaminarlos.

16. Promueve la inclusión y el respeto por los demás. ODS 16 – Durante estas fiestas, haz un esfuerzo por conocer otras tradiciones y festividades religiosas. Puede que no todo el mundo las celebre de la misma manera que tú. Aprender más sobre los demás ayuda a cultivar el respeto hacia personas de diferentes orígenes étnicos, religiones, género, orientaciones sexuales u opiniones.

17. ¡Comparte lo que has aprendido! ODS 17 – Comparte esta historia y muestra tu apoyo a las iniciativas locales que promueven el desarrollo sostenible. Hazte miembro de una comunidad para hacer oír tu voz con más fuerza.

¡No dejes que tus buenos hábitos se acaben después de los 17 días! Esto no es más que el comienzo. Nuestras acciones son nuestro futuro. Puedes empezar a marcar la diferencia estas festividades.

Más de 30 mujeres indígenas de los territorios de Chiná Kichá, Cabagra, Ujarrás, Salitre, Boruca, Térraba y Rey Curré, recibieron capacitación en educación financiera del 19 al 21 de octubre con el objetivo de fortalecer sus emprendimientos productivos, actividades de arte y textiles, turismo rural y de alimentación, así como para mejorar el bienestar financiero de sus familias.

“Nunca he tenido la oportunidad de participar en un taller de este tipo. Me siento muy feliz de estar acá e ilusionada de participar y aprender para llevarme a Ujarrás y aplicar en mi emprendimiento de huertas”, expresó Marcelinda Ríos Figueroa.

Durante las capacitaciones se trabajó en la mejora de habilidades blandas y se impartió una base de herramientas financieras como planificación para pequeñas y medianas empresas (PYME), encadenamientos productivos, estimación de precios, costos y gastos, así como presupuesto personal y familiar para mejorar la gestión y sostenibilidad de sus emprendimientos.

Estas capacitaciones se realizaron con el apoyo técnico del Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental (PC)” y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) quien lidera la Estrategia Nacional de Educación Financiera, con ayuda de dos de sus socios estratégicos: Coope Ande y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Este esfuerzo se ofreció, por primera vez, a personas indígenas con el fin de impulsar la cultura del ahorro y el manejo adecuado de las finanzas personales y del presupuesto familiar.

“La Estrategia Nacional de Educación Financiera busca contribuir con la ciudadanía para que conozca y aplique conceptos financieros para la mejor toma de decisiones. Dentro de los grupos meta de esta iniciativa, se encuentran las mujeres indígenas, con el fin de capacitarlas en educación financiera, encadenamientos productivos, gastos, costos, entre otros temas que les permitan reforzar sus actividades productivas”, dijo Victoria Hernández, ministra de Economía.

La Estrategia Nacional de Educación Financiera promueve la vinculación de esfuerzos entre las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, para que la población pueda desarrollar habilidades que le permitan tomar decisiones financieras acertadas.

“Nos sentimos muy felices de haber podido reunir a este grupo de mujeres de los territorios indígenas del sur para seguir contribuyendo con el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión de sus emprendimientos e ideas productivas, con el propósito de que continúen su crecimiento hacia la autonomía económica”, afirmó Andrea Padilla, representante asistente de Programas de la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una de las cuatro agencias que participan en este proyecto. 

Las mujeres indígenas participantes son parte de las iniciativas productivas que se apoyan por medio del Programa Conjunto (PC), el cual además fortalece la articulación institucional e interinstitucional del sistema de protección social para contribuir con la generación de oportunidades de empleo, emprendimiento y empresarialidad de mujeres en condición de vulnerabilidad.

Hoy se conmemoró el segundo aniversario del Comité de Mujeres de la FAO por medio de un té virtual, con el objetivo de empoderar y visibilizar el importante rol de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas en el desarrollo rural.

“Las mujeres rurales y el personal femenino de la FAO son realmente la médula espinal del mundo rural de la agricultura y debemos procurar que tengan una mayor y mejor representación en posiciones de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones”, comentó el Director General de la FAO, QU Dongyu, en la inauguración del evento.

Dongyu también hizo énfasis en que hay que garantizar que las mujeres tengan un acceso equitativo a los recursos, servicios y oportunidades socioeconómicas.

“Las mujeres a menudo son las principales cuidadoras de sus familias, sus tareas van desde preparar los alimentos a cuidar de las niñas, niños y adultos mayores; así como proporcionar un apoyo financiero a sus familias. Todas estas actividades realizadas por las mujeres son fundamentales para garantizar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor que es la base que sustenta el nuevo marco estratégico de la FAO 2022 -2031”, comentó el Director General de la FAO.

El comité de mujeres de la FAO funciona como un espacio de intercambio de experiencias y propuestas para reducir las brechas de género e impulsar el crecimiento personal y profesional de las mujeres. Asimismo, en la celebración del segundo aniversario del Comité, participó Epsy Campbell Barr, primera Vicepresidenta de Costa Rica.

“He visto las barreras y retos que tienen que afrontar las mujeres rurales en las zonas urbanas, pues las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas estamos exigidas a dar más que el promedio para tener el mismo espacio en el terreno político, al no formar parte esencial de esos espacios de poder tradicionales. Además, sabemos que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible debemos afrontar los problemas profundos de las brechas de desigualdad que existen en nuestras sociedades”, dijo Epsy Campbell Barr, primera Vicepresidenta de Costa Rica.

Finalmente, la Vicepresidenta de Costa Rica, señaló la importancia de generar una alianza global en pro de la educación para las personas que viven en condiciones de pobreza. También de la necesidad de promover modelos de liderazgos de mujeres y jóvenes para que las niñas y los niños vean que es posible soñar en grande, y generar un sentido de visión y esfuerzo individual y colectivo, para enfrentar los principales problemas que aquejan a las sociedades y a las comunidades rurales.

En el cierre de la actividad, la Directora General Adjunta de la FAO, María Helena Semedo, quien preside el Comité de Mujeres, anunció que prontamente se lanzará el primer Comité de Mentorías de la FAO para compartir conocimientos y fomentar el desarrollo profesional.

Este sábado se realizó la Feria de la Semilla en Buenos Aires de Puntarenas, con el propósito de intercambiar conocimientos tradicionales y técnicos en la conservación de semillas criollas y así proteger las especies locales en los diferentes territorios indígenas del sur del país.

“Esta semana anduvimos por los territorios indígenas de Pérez Zeledón y Buenos Aires y hemos podido confirmar cómo en medio de la pandemia por la COVID- 19, las personas indígenas se han aferrado aún más a la tierra para producir y salir adelante. Por ello, compartimos sobre sus requerimientos para fortalecer sus iniciativas productivas, respetando la riqueza cultural y el conocimiento ancestral. Como sector tenemos la extraordinaria oportunidad de seguir apoyándoles, más ahora que se ha iniciado la aplicación de la ficha agro en las primeras comunidades”, expresó el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

Durante la feria se realizó un intercambio de semillas por medio de gestiones de la Oficina Nacional de Semilla y en correspondencia con las dinámicas agroculturales y los sistemas de producción. Además, se tuvo la oportunidad de intercambiar conocimiento de instituciones como el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) con organizaciones de los territorios como Ye Yamipa de Salitre y Finca Loroco de Talamanca que fue invitada como exponente de su iniciativa sobre bancos de semillas.

“Los sistemas tradicionales de producción indígena han demostrado que a partir del conocimiento es posible tener un sistema resiliente y sostenible por muchas generaciones, y por medio del Programa Mesoamérica sin Hambre se ha trabajado en potenciar y fortalecer lo que las comunidades han ido perdiendo por la inclusión de otras culturas, sistemas económicos y sectores. Por lo tanto, este fortalecimiento ha buscado utilizar economías mixtas que permitan robustecer la base de la seguridad alimentaria, pero también incluirnos a un mercado mixto que nos permita una mayor comercialización y generación de nuevos ingresos”, señaló Dónald Rojas, presidente de la Mesa Nacional Indígena.

También se tuvo oportunidad de hablar del valor nutricional y sociocultural de las semillas, entendiendo que son la base de los sistemas agroalimentarios sostenibles; estos sistemas son aquellos en los que se dispone de una diversidad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio asequible para todas las personas, y en el que nadie pasa hambre ni sufre malnutrición.

“Se ha demostrado que las mujeres con los mismos recursos que los hombres, pueden producir hasta un 30% más, por eso es fundamental garantizar las condiciones necesarias que les permitan a todas las mujeres mejorar sus emprendimientos, y en particular a los pueblos indígenas, quienes se enfrentan a una gran desigualdad en el acceso a la tierra, a recursos financieros que tomen en cuenta sus especificidades culturales y de tenencia de la tierra en territorios indígenas, insumos de trabajo y acompañamiento técnico que parta de la visión de desarrollo que ellas tienen y quieren para sus familias y para fortalecer los procesos colectivos de los territorios en cuanto a alimentación y sistemas tradicionales de producción; eso es lo que hemos estado impulsado desde el Programa Conjunto, proyecto de cuatro agencias de las Naciones Unidas, el cual es liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el cantón de Buenos Aires”, comentó Andrea Padilla Arce, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

La actividad también facilitó dos diálogos interculturales que se realizaron en el marco de conmemoración del Día internacional de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema “nuestras acciones son nuestro futuro”, esto último coincide con el 76° aniversario de la FAO y el mes de celebración de la ONU.

Estos diálogos permitieron que mujeres indígenas compartieran sus experiencias productivas, cosmovisión y los desafíos que enfrentan en sus comunidades para avanzar en el fortalecimiento de los derechos indígenas en cuanto al acceso, uso y protección de sus recursos y saberes.

La feria fue organizada por la FAO, por medio del Programa Mesoamérica sin Hambre- AMEXCID y el Programa Conjunto: fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo con perspectiva de género y ambiental; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) , Fundecooperación, la Mesa Nacional Indígena, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por medio de su proyecto Paisajes Productivos y la Conagebio.

Durante la semana, también se realizó una gira a China Kichá en Pérez Zeledón; Cabagra, Salitre, Térraba, Boruca y Rey Curré en Buenos Aires, con participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, y Ángel Jiménez Segura, presidente ejecutivo del CNP, quienes compartieron con diferentes organizaciones y asociaciones indígenas con el fin de mejorar el acompañamiento técnico que se da a las personas productoras indígenas en la producción y comercialización de sus productos, con base en criterios de pertinencia cultural.

En la gira se concretó la primera entrega de 8.600 unidades de plátano producido por productores de Rey Curré, afiliados a la Asociación de Desarrollo de ese territorio indígena, al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP.  Se espera mantener un abastecimiento de 1700 unidades semanales.

Profesionales del CNP, en conjunto con la FAO y el MAG trabajan desde junio con las personas productoras indígenas de la región Brunca, con el fin de apoyarlos en la producción y comercialización de sus productos, a través de un mercado seguro y a precio justo.

• Conversatorio identifica las mejores prácticas para que en el sector agrícola, los servicios de alimentación y en los hogares se reduzca el desperdicio de alimentos y se logre una producción y consumo más sostenible

 Hoy se conmemora el Día Internacional para la concienciación de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA), con el objetivo de identificar las oportunidades para prevenir el desperdicio de alimentos en el contexto de la pandemia por COVID-19.

“Las acciones de prevención y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos mediante agregación de valor, innovación, redistribución y concienciación siempre tendrán un lugar de preferencia en la solución de esta problemática, sin dejar de lado que si las PDA se dieron, aún podemos visualizar opciones de recuperación y reciclaje, como veremos en este conversatorio”, comentó Laura Brenes Peralta, coordinadora de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. 

“En el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) , con el   Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos  (CENADA), desde el 2019 se desarrolla el programa de aprovechamiento de productos con limitado valor comercial y reducción de los residuos de la comercialización mayorista de la Central más importante del país; gracias a ello, 28 organizaciones se han visto beneficiadas con el aprovechamiento de 84 diferentes productos agropecuarios, para un total de 756 toneladas recolectadas de alimentos que pasaron de ser posible “desecho” a ser 2,4 mil platos de comida. Reconocemos que este tema es un gran reto y nos alegra que nuestros concesionarios se sumen mediante esta gran donación que tiene la claridad de contribuir a la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos”, Gabriela Brenes Mendieta, gerente general del PIMA.

Detrás de las toneladas de alimentos que se pierden hay una serie de procesos y recursos involucrados como el agua, tierra, horas de trabajo y los esfuerzos tecnológicos que igualmente son desperdiciados. Además, prevenir botar alimentos que aún son inocuos y saludables podría significar tener más alimentos disponibles para la población. 

“Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos debe ser una prioridad fundamental porque no solo tiene efectos en la inseguridad alimentaria, sino que también genera graves consecuencias sociales, económicas y un gran impacto ambiental”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica.

Según el último reporte del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están relacionados a la pérdida y desperdicio de alimentos. 

Por lo tanto, la Red Costarricense para la Disminución de PDA, a través de sus miembros, la Universidad Nacional (UNA) y el International Life Sciences Institute (ILSI) Mesoamérica, organizaron el “V Conversatorio Nacional Cero desperdicios de alimentos: producción y consumo responsable” para visualizar la situación de Costa Rica, y buscar concienciar e identificar buenas prácticas para que en el sector agrícola, en los servicios de alimentación y en los hogares, se reduzca el desperdicio. 

Reducir las pérdidas y el despilfarro de alimentos puede apuntar a mejorar el rendimiento económico, la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad ambiental.

La Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, cuyo coordinador es el Tecnológico de Costa Rica y su Secretaría Técnica la ejerce la FAO, es una plataforma multisectorial, la cual convoca a cerca de 30 organizaciones del sector público, privado, académico y de ciudadanía organizada. Los miembros de la Red están comprometidos con la problemática, y se reúnen periódicamente para generar estrategias sostenibles sobre la ruta a trazar de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el desperdicio cero de alimentos.

Un nuevo Programa SCALA apunta a incrementar la ambición climática para mejorar el uso de la tierra y la agricultura, reducir la emisión de GEI, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática de las fincas  de productores y productoras en Costa Rica.

Además, promoverá soluciones para la transformación de los sistemas alimentarios y el establecimiento de medidas más ambiciosas, con el fin de mejorar integralmente la seguridad alimentaria y nutricional, la salud pública y proteger la biodiversidad.

SCALA es fruto del esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Es indispensable seguir trabajando en conjunto de manera articulada, pues contamos con una agenda de acción climática robusta y una agenda agroambiente que deben servir como marco para hacer sinergias entre los diferentes sectores en beneficio del país”, comentó Laura Pacheco Ovares, viceministra de Agricultura y Ganadería.

Los fondos para desarrollar este proyecto son US$600K provenientes de IKI (International Climate Iniciative) del Ministerio Federal del Ambiente de Alemania y se proyecta beneficiar al menos unas 100 familias directamente.

La acción climática en el uso de la tierra y agricultura contempla el lanzamiento de dos proyectos piloto que fortalecen acciones previas del sector agropecuario.

 El primer piloto corresponde al desarrollo de una norma  que permitirá trazar la producción de carne bovina en la Región Brunca y ofrecer al consumidor un producto que comprueba ser originado de fincas libres de deforestación  y que también ponen en práctica las medidas de mitigación y adaptación.

Este es un trabajo conjunto con la Corporación Ganadera (CORFOGA), MAG,  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y el proyecto Paisajes Productivos de PNUD. Para ello, se utilizará como herramienta de verificación, el monitoreo de cambio en la cobertura y uso de la tierra (MOCUPP) desarrollada por el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología, el Instituto Geográfico y el Registro Nacional con el apoyo de PNUD.

El segundo proyecto comprende la facilitación de recursos y financiamiento para la puesta en marcha  de un esquema de reconocimiento a productores que  aplican  prácticas de manejo sostenible del suelo (MSS) en sus fincas, permitiendo la recarbonización de estos suelos (RECSOIL). Este es un trabajo colaborativo entre MAG, INTA, ACSC (Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ( FONAFIFO) y FAO.

“La gestión adaptativa principalmente en función de la seguridad alimentaria resulta crucial en este contexto, por lo que Costa Rica ha incluido al sector agropecuario como eje fundamental en todos sus instrumentos de planificación en materia de acción climática”, dijo Marco Chinchilla de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía.

El programa SCALA también contribuye a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo llevar las experiencias de los países, a las negociaciones internacionales.

“Este proyecto es parte de los esfuerzos interagenciales entre el PNUD y la FAO, con la participación del MAG y MINAE, para contribuir a que el sector agropecuario fortalezca el trabajo que ha desarrollado en la reducción de la pérdida de la cobertura forestal, el mejoramiento del uso del suelo, los procesos de producción y comercialización de productos diferenciados”, comentó Miriam Miranda Quirós, coordinadora del Proyecto Paisajes Productivos del PNUD.

“La acción climática en los sistemas alimentarios puede aportar un 20% de la reducción de emisiones requerida para el 2050. Por lo que los países pueden mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos climáticos y limitar el calentamiento a 1,5˚C a fines de siglo, mediante la adopción de compromisos más específicos para transformar los sistemas alimentarios, y no solo en la fase de producción, sino en su totalidad, desde las fincas, hasta el consumo de alimentos, mediante la adopción de patrones de consumo y dietas más sostenibles”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, el 23% de todas las emisiones netas de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano provienen de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra; sin embargo, la FAO advierte que casi la mitad de las soluciones existentes, escalables y operacionalmente viables para mantenerse dentro de los objetivos climáticos internacionalmente acordados provienen del mismo sector.

El lanzamiento del Programa SCALA se realizó recientemente en un taller para facilitar y promover el proceso de intercambio, retroalimentación y socialización de las actividades que el proyecto desarrollará en el marco de la Agenda AgroAmbiente, que el MAG y Minae han venido construyendo con apoyo de la FAO para su implementación, junto a las contribuciones nacionales determinadas y el plan nacional de adaptación al cambio climático de Costa Rica.

Actualmente, existe un consenso entre el gobierno nacional, el sector privado y la sociedad civil de que los sectores de carne y café de Costa Rica deben mejorar el desempeño social y ambiental de la cadena de producción y suministro.

Hay aproximadamente 1,28 millones de cabezas de ganado en 37 171 fincas. El 42% del ganado vacuno se destina a la producción de carne, el 26% a la producción de leche y el 32% a doble finalidad.

La ganadería costarricense se basa en el pastoreo y utiliza cerca de un millón hectáreas, área equivalente al 43% de la tierra dedicada a la agricultura y al 20% del área total nacional. Más de 26.000 productores informan que el ganado es una actividad primaria generadora de ingresos y más de 37.000 productores tienen ganado en su finca.

Desde que se inició la implementación de la NAMA Ganadería el hato nacional ha crecido en un 25% y utiliza la misma cantidad de área de pastoreo, comprobando que es posible una intensificación sostenible de la actividad.

El conversatorio sirvió como telón para compartir experiencias que están enfrentando mujeres indígenas en sus espacios productivos y de liderazgo, así como para exponer las principales brechas que ellas han identificado como limitantes para su desarrollo socio económico. 

En la charla participaron Isabel Rivera y Elides Rivera de Mano de Tigre del Territorio Indígena Térraba; Edith Villanueva de Mujeres Ribca, Marisela Fernández de Kabata Konana, de la organización perteneciente al Territorio Talamanca cabécar; y Jenny Lacayo y María Liliam Silva de Mujeres Recuperadoras del territorio indígena Maleku. Asimismo, el evento contó con una invitada internacional: Sara Omi, de la comarca emberá de Panamá.

“Las mujeres y nuestras organizaciones seguimos esforzándonos por tener un espacio. Realmente queremos superar las necesidades que tenemos para poder compartir lo que tenemos por ofrecer, para aprovechar todos los recursos para el bien  común de nosotras con asociatividades y encadenamiento con otros emprendimientos”, manifestó Elides Rivera, lideresa indígena.

El conversatorio virtual fue conducido por Cecilia Ballesteros Valdez, especialista en Diálogo intercultural e inclusión social de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, quien enfatizó el fortalecimiento de las actividades turísticas como impulso para la recuperación económica; el rol de las mujeres en el resguardo; el esfuerzo en conjunto en el proceso de legitimación de derechos humanos y la transmisión de los conocimientos de sus pueblos para encontrar innovación en el ámbito económico. 

Esta actividad, fue organizada por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se desarrolló de forma virtual y puede ser revisitada en la cuenta de Facebook del viceministro de la Presidenica, Randall Otárola.

“Nos complace la realización de este foro porque este intercambio nos recuerda el liderazgo trascendental que las mujeres tienen en sus comunidades. El hecho de que los proyectos para las comunidades tengan un porvenir positivo es en gran parte a la capacidad de resiliencia de esta población y este foro nos ha permitido conocer de primera mano lo vital que es compartir experiencias de este carácter para que las comunidades puedan salir adelante”, expresó el viceministro Otárola, quien es el coordinador de la agenda indígena.

“Debemos invertir en acciones que promuevan que las mujeres y jóvenes indígenas puedan superar las normas y reglas que limitan su empoderamiento y ser propulsoras de la reactivación económica en sus comunidades; siempre respetando su derecho a la autodeterminación, reconociendo el trabajo reproductivo que desarrollan, garantizando su participación en espacios de tomas de decisión, facilitando su acceso a bienes y a propiedad, y fortaleciendo sus liderazgos y procesos asociativos”, dijo Verónica Chicas, especialista en género y pueblos indígenas de la FAO para Mesoamérica.

Este foro forma parte de las actividades conmemorativas al Día de las Mujeres Indígenas, celebrado el 5 de setiembre.

• Iniciativas beneficiarán a mujeres de los 24 territorios indígenas que existen en el país

Con el anuncio de una serie de proyectos en beneficio de las mujeres que habitan en los 24 territorios indígenas del país, se conmemoró el 5 de setiembre, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en Shiroles de Talamanca.

En la actividad –organizada por el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano- la ministra de Educación, Guiselle Cruz, presentó una herramienta con la que se diagnosticará el estado de alfabetización en mujeres indígenas con el objetivo de definir rutas para la reducción de las brechas educativas.

En tanto, la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, informó sobre la Estrategia Educación Financiera, enfocada en las mujeres indígenas, acorde con su cultura, idioma nativo, factores sociopolíticos, entre otros. En la iniciativa participan CoopeAnde, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por su parte, Marcela Guerrero, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) dio a conocer la promulgación de una guía cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de la ley 8901 en las Asociaciones de Desarrollo.

En las actividades conmemorativas de este domingo –realizadas en el Salón de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca, ACOMUITA- estuvieron también presentes la vicepresidenta Epsy Campbell, el director de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) Franklin Corella y el viceministro de la Presidencia Randall Otárola.

Además, participaron Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO y Ana María Upegui, Asesora de Derechos Humanos en representación de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica.

Asimismo, participaron –cumpliendo todos los protocolos sanitarios- 26 mujeres indígenas de los territorios Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Kekoldi, Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Nairy Awari, Tainy, Térraba y China Kichá.

“Nos satisface presentar una línea de acciones en favor de las mujeres indígenas en su día. Hemos sido testigos de la capacidad de innovación y resiliencia que han mostrado las mujeres en sus pueblos, siendo lideresas en estrategias comunitarias para hacer frente a la pandemia. Celebramos su figura y mostramos nuestra absoluta disposición en tomar acciones a su favor”, manifestó el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano Randall Otárola, quien es el coordinador de la agenda indígena.

En tanto, Andrea Padilla, representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica, destacó las acciones que se están desarrollando en los territorios en el marco del Programa Mesoamérica sin Hambre Amexcid-FAO y el Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, comentó que “las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes poseen un rol clave en la reactivación económica de sus territorios y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en conjunto para cerrar las brechas de género en las comunidades rurales, respetando sus particularidades culturales e identitarias”.

Aprender a leer y escribir español es una herramienta importante. “Aprender a leer y escribir español es una herramienta importante porque en un tiempo los hombres hablaban por las mujeres, las mujeres trabajaban y los hombres cobraban; con estos aprendizajes las mujeres tomarán fuerza, valor, a ser fuertes, no más miedo y a ser protagonistas de su trabajo”.

Así lo declaró Justa Romero Morales, lideresa indígena y presidenta de Acumuita (Asociación Comisión de Mujeres Indígenas Bribrí y Cabécares), quien a sus 64 años, aprendió adulta a escribir y leer en español, al referirse a la implementación del diagnóstico de alfabetización de las mujeres en territorios indígenas.

La propuesta, según explicó la jerarca del MEP, surgió ante la preocupación por la poca participación de mujeres en instancias de toma de decisiones en las comunidades, producto en parte de que muchas no saben leer ni escribir en español.

La mayoría domina su idioma materno, pero al carecer de conocimientos en lengua española, no pueden tener acceso a documentos importantes para el progreso de sus comunidades, ni pueden realizar trámites ante las entidades.

“Conformamos en el mes de mayo un equipo de trabajo, donde está el Viceministerio de la Presidencia y el INAMU, para trabajar, como primer paso, un diagnóstico que será liderado por el sector educación, de forma tal que se pueda conocer la necesidad de alfabetización, los lugares que más les sirven para educarse y escuchar de viva voz lo que ellas requieren para aprender un segundo idioma”, manifestó la ministra Cruz.

Con una metodología que fue valorada de manera positiva con los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEIs), se realizará el diagnóstico del 13 al 30 de setiembre en los 24 territorios indígenas. Contará con el apoyo del personal de las Direcciones Regionales,  supervisiones y centros educativos, quienes ayudarán a las mujeres a llenar el cuestionario.

Se prevé tener los resultados a finales de año, para tomar decisiones sobre la implementación de prácticas a favor de las mujeres.

Impulso a nuevos emprendimientos. En paralelo con este lanzamiento, el MEIC presentó la Estrategia Educación Financiera, enfocada en la población indígena y ajustada según sus necesidades, cultura, idioma nativo, factores sociopolíticos, entre otros.

Bajo el liderazgo del MEIC, se logró la coordinación interinstitucional de aliados público-privados como: CoopeAnde, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la FAO para capacitar de manera presencial –en una primera instancia- a un grupo de 60 mujeres indígenas que residen dentro de los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Ellas cuentan con siete proyectos (seis en Buenos Aires y uno en Pérez Zeledón), en áreas como turismo, arte, textil y producción en ganadería, tilapias, apicultura, gallinas, cerdos, agricultura, hortalizas, alimentos procesados.

Los temas fueron seleccionados según sus iniciativas productivas, por ejemplo: bases de educación financiera, encadenamientos productivos, gastos y costos, fijación de precios de los productos, manejo de inventario y reinversión de ganancias en el emprendimiento, planificación financiera para Pymes.

“Reconocemos el valioso aporte cultural de las agrupaciones indígenas. Por eso en esta estrategia las incluimos y gracias a la experiencia de algunas de las instituciones en estos territorios buscaremos apoyarlas, con el objetivo de garantizar la toma de decisiones para que refuercen su papel como emprendedoras en aras del desarrollo comunitario”, expresó la ministra de Economía, Victoria Hernández.

Paridad de género. El INAMU presentó la Guía Práctica para aplicar la Ley No. 8901 y su reglamento “Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben Integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas”, para garantizar la conformación paritaria de las juntas directivas de las organizaciones sociales como las asociaciones de desarrollo integral.

“Ustedes se constituyen en mujeres protagónicas. A través de sus organizaciones reivindican el reconocimiento de sus demandas en las agendas públicas, exigiendo visibilización y nuevas acciones que puedan garantizar el acceso efectivo a sus derechos, entre ellos, ser electas en condiciones de paridad en las juntas directivas de las organizaciones a las que pertenecen. Para lograrlo, hoy cuentan con una nueva herramienta: la Guía Práctica para aplicar la Ley No. 8901 y su reglamento”, señaló la ministra Guerrero.

El director nacional de Dinadeco, Franklin Corella, resaltó que “la inserción de las mujeres en las estructuras comunales es algo fundamental. Su participación y toma de decisiones permitirá incorporar una nueva visión en la consecución de proyectos para atender las necesidades de estos territorios. Dinadeco promueve acciones que permitan el respeto tanto en materia de paridad de género, como con el empoderamiento de las mujeres para integrar y asumir puestos de toma de decisión a nivel nacional, con especial énfasis en territorios indígenas”, dijo.

El día de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de setiembre según el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en 1983, en Tiahuanaco, Bolivia.

Una reciente publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presenta un análisis de políticas públicas, programas y mecanismos institucionales para la transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles.

El caso de estudio tiene por objetivo inspirar a gobiernos y partes implicadas en transformar los sistemas agropecuarios mediante soluciones innovadoras que resulten en alimentos nutritivos, accesibles y producidos de manera sostenible. La publicación, que es parte de un estudio más amplio sobre las experiencias de Costa Rica, Irlanda y Ruanda y sus transiciones hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, también contribuye a los diálogos nacionales en el contexto de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre de 2021.

“La Precumbre sobre los Sistemas Alimentarios estableció que, a través de todos los contextos, los sistemas agroalimentarios están moldeados por una inmensa cantidad de actividades y factores complejos, con aún mayor diversidad de actores y voces. Los casos de este informe también demuestran que cuando se fomenta la participación de las partes interesadas y las decisiones están respaldadas por datos confiables y evidencia científica, los procesos y las transformaciones son más resilientes. La FAO está sumamente agradecida de poder compartir estas lecciones con los países miembros, y extiende su agradecimiento a las partes interesadas que participaron en este estudio, para que quizás otras naciones puedan inspirarse en sus acciones en el complejo camino hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios”, indicó Jamie Morrison, Director de la División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos de la FAO.

Por su parte, Cecilia Gamboa, Coordinadora de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Costa Rica, señaló que lograr sistemas alimentarios sostenibles y saludables es un gran reto que tiene el país para hacer frente al aumento de la demanda de alimentos y producir de forma sostenible suficientes alimentos nutritivos, mitigando el cambio climático, con el objetivo de asegurar una alimentación adecuada y una vida sana para todas las personas.

En tanto, Roberto Azofeifa, Coordinador de los Diálogos Nacionales sobre Sistemas Alimentarios, de Costa Rica, se refirió a losdiálogos nacionales que ha desarrollado el país como espacios muy valiosos, que motivan la participación e interacción de múltiples actores relevantes, identificando acciones prioritarias que, desde una visión común, se requieren para avanzar hacia su sostenibilidad.

“El esfuerzo que se ha venido realizando, representa una etapa crítica para que, a partir de las ideas aportadas por las personas participantes, el sector agropecuario ajuste y fortalezca acciones a favor de resolver los factores que están limitando la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, desde el campo hasta el plato”, destacó.

Consideraciones clave que emanan de estudio

Con base en conversaciones con representantes de instituciones públicas, así como de organizaciones del sector privado y la sociedad civil, el caso de estudio aporta una visión general sobre el contexto que da forma al sector agroalimentario de Costa Rica. El análisis culminó en una serie de consideraciones clave:

• El sector público cumple la función esencial de sentar las bases.
• La ventaja comparativa de Costa Rica es clave para el desarrollo del sector agropecuario.
• El sentido de urgencia es fundamental para que se produzcan los cambios.
• Las cooperativas pueden desempeñar una función esencial en la transición hacia la sostenibilidad.
• Un espacio cívico transparente puede contribuir a políticas y prácticas sostenibles.

Colaboración FAO-WUR

El estudio, financiado por el Gobierno de Irlanda, fue liderado por investigadores del Wageningen Centre for Development Innovation (WCDI), que forma parte de Wageningen University & Research (WUR), en colaboración con FAO. Los investigadores siguieron un enfoque cualitativo basado en entrevistas con actores clave, revisión de literatura y estadísticas, e interpretación de los resultados a través de una serie de marcos teóricos.

Las diferentes publicaciones del estudio pueden ser consultadas a través de los siguientes enlaces (a excepción del caso de estudio de Costa Rica, las publicaciones están disponibles únicamente en idioma inglés):

Costa Rica y su camino hacia sistemas alimentarios sostenibles - Los procesos y prácticas que han marcado la diferencia. Ver aquí: https://doi.org/10.4060/cb5997es (también disponible en inglés a través del siguiente link: https://doi.org/10.4060/cb5997en).

National processes shaping food systems transformations. Lessons from Costa Rica, Ireland and Rwanda. Ver aquí: https://doi.org/10.4060/cb6149en.

Ireland’s journey towards sustainable food systems. The processes and practices that made a difference. Ver aquí: https://doi.org/10.4060/cb5996en.

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs) son el primer instrumento con evidencia científica que brinda recomendaciones apropiadas para mantener una alimentación saludable y combatir la malnutrición desde la infancia.

Son una base para la formulación de políticas públicas en materia de alimentación, nutrición, salud, protección social, agricultura y programas de educación nutricional.

A partir de hoy el país cuenta con las Guías Alimentarias para la población de los primeros mil días, período que incluye el embarazo, la lactancia y la alimentación de niñas y niños menores de dos años, con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios y reducir la malnutrición en esa población.

“Asegurar la implementación de las Guías Alimentarias permitirá orientar e influir en el comportamiento de las personas para promover una mejor salud y prevenir las enfermedades crónicas desde la infancia. Además, este instrumento sirve de base para la formulación de políticas públicas en materia de alimentación, nutrición, salud, protección social, agricultura y programas de educación nutricional para fomentar hábitos de alimentación y de vida sanos”, indicó el Ministro de Salud, Daniel Salas.

En el país se han identificado tres problemáticas que aquejan a la población de los primeros mil días: solamente un 27.5% de las personas menores de 2 años reciben lactancia materna exclusiva; el 22% de las niñas y niños de 6 a 24 meses padecen de anemia, siendo más afectadas las poblaciones de las zonas periféricas (Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántico y Chorotega). Asimismo, se reporta que solamente el 39.7% de las niñas y niños reciben una dieta mínima aceptable para su desarrollo óptimo.

Las Guías, como documento técnico, establecen recomendaciones para las distintas etapas cubiertas en los primeros 1000 días, por ejemplo, en el embarazo se recalca la necesidad de consumir alimentos frescos, naturales, con poca sal, azúcar y grasas por razones de salud, que sean variados y de producción local sin restringir ningún grupo de alimentos, procurando mantener un peso saludable.

De igual forma las Guías Alimentarias fomentan la leche materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, ya que es el único alimento que necesita el bebé en ese período; también brindan recomendaciones una vez que el infante supera este período y puede iniciar con la alimentación complementaria a la leche materna, incorporando todo tipo de alimentos, sin excluir aquellos como el huevo o los mariscos.

“Reconocemos que el Gobierno está abordando la problemática a favor de las madres, niñas y niños para asegurar el bienestar de toda la población. Las Guías Alimentarias son el resultado de un proceso nacional que contribuye a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la transformación de los sistemas alimentarios para asegurar una mejor producción, nutrición, medio ambiente, y garantizar así una mejor vida para toda la población, en este caso, para las niñas y los niños menores de dos años”, comentó Adoniram Sanches, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Costa Rica y Panamá.

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAs) para los primeros mil días de vida fueron elaboradas por el Ministerio de Salud, la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition).

Para Gerda Verburg, Subsecretaria General de Naciones Unidas y Coordinadora del Movimiento SUN, “es necesario invertir en una nutrición adecuada para que todas las personas puedan alcanzar todo su potencial en la vida, no solo a nivel físico, sino también cognitivo. La nutrición no es independiente de otras cuestiones: forma parte de muchos aspectos de nuestras vidas, como la salud humana y del planeta, la economía, los conflictos y otros elementos. El derecho a la alimentación y la nutrición comienza en el sitio más pequeño según mi conocimiento: allí donde se produce la concepción de un niño o una niña. Ese momento, y los 1000 días posteriores, hacen la diferencia en tanto que el niño tenga la oportunidad de ejercer su igualdad y libertad. Contar con las Guías Alimentarias para este grupo particular, es decisivo para el cambio”.

Les invitamos a acceder a la nueva página de las GABAs para conocer más de las recomendaciones de alimentos para la población de los primeros mil días, con diferentes materiales gráficos y videos para descargar.

Enlace web: www.ministeriodesalud.go.cr/guiasalimentarias

“Llegamos al último diálogo nacional en el cual nos planteamos la aplicación de las nuevas tecnologías a la producción agropecuaria, con el fin de hacerla más productiva, más competitiva y más sostenible.  Es un tema que no podíamos dejar de lado, ya que la innovación y las tecnologías de última generación deben ponerse a disposición de nuestros agricultores y agricultoras, para que no se queden atrás y para que la agricultura costarricense siga siendo promotora de desarrollo económico y social”, indicó el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, convocante de los diálogos nacionales en nombre del gobierno de Costa Rica.

La innovación y la aplicación de tecnologías digitales permitirán acelerar la transformación de los sistemas alimentarios para que sean más eficientes y brinden nuevas oportunidades de empleos e ingresos mediante la digitalización, la automatización de los procesos de producción, el comercio electrónico y la diversificación de mercados, entre otros.

“Para optimizar la eficiencia de los sistemas alimentarios debemos invertir más en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para generar mejoras a mediano y largo plazo en la productividad, sostenibilidad, resiliencia e inclusión social de las comunidades rurales”, comentó Adoniram Sanches, coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Costa Rica y Panamá.

Actualmente, pese a los esfuerzos nacionales, el desarrollo de procesos de innovación y digitalización en la agricultura primaria y en la agroindustria, así como en otros medios de vida en los territorios rurales, sigue siendo un reto para la agricultura familiar, las mujeres, la juventud y comerciantes del sector agroalimentario en los territorios rurales.

"El sector agrícola de Costa Rica está siendo poco a poco testigo de los beneficios que trae la transformación digital y la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a sus procesos productivos, estas incluyen por supuesto el uso de tecnologías de internet de las cosas, uso de dispositivos móviles, herramientas de observación, modelaje y monitoreo avanzadas, análisis de datos entre otras", dijo el Viceministro de Ciencia y Tecnología, Federico Torres Carballo, quien además destacó que "los desafíos que nos imponen nuestros tiempos hacen que nos enrumbemos necesariamente por la ruta de los sistemas productivos que complementen estos criterios de eficacia y eficiencia con escenarios de mayor incertidumbre, así como con demandas de resiliencia y sostenibilidad; aspectos en los que Costa Rica puede asumir un importante liderazgo a nivel mundial".

En el diálogo se señaló que las acciones de los diferentes actores públicos y privados del sector agropecuario, pesquero y rural deben enfocarse en propiciar el uso eficaz de los avances científicos y tecnológicos para favorecer sistemas alimentarios más competitivos y rentables con una gestión participativa y de responsabilidad compartida.

En medio de la pandemia por COVID-19, la innovación tecnológica representa una oportunidad para acercar a productoras, productores y consumidoras, consumidores de manera óptima y más equitativa, a una producción ambientalmente más sostenible y a acceder a alimentos frescos y saludables.

Los resultados de los diálogos nacionales se presentarán en la Cumbre Alimentaria convocada por Naciones Unidas. En Costa Rica, los diálogos han sido liderados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de los ministerios de Salud; de Ambiente y Energía; de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y de Relaciones Exteriores y Culto; además con el acompañamiento del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Naciones Unidas y la FAO.

“La pérdida y el desperdicio de alimentos limita la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, pues implica un desperdicio de recursos naturales, productivos y nutricionales. Por eso, abordar esta problemática desde la visión de la donación y redistribución de alimentos crea la oportunidad de gestionar de manera más responsable los excedentes y se da un paso más hacia la seguridad alimentaria; y justamente de todos esos aspectos es que deseamos conversar en este Diálogo Independiente”, comentó Laura Brenes Peralta, coordinadora de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

Además, se discutirán aspectos clave como la identificación de las poblaciones beneficiarias y sus necesidades nutricionales, la inocuidad alimentaria, la calidad nutricional de los alimentos donados, los mecanismos nacionales para la donación, el uso de las tecnologías y las políticas públicas necesarias para fomentar este método de reducción de los desperdicios de alimentos y la mitigación del hambre.

“Para la sociedad costarricense, principalmente para las organizaciones sociales como el Banco de Alimentos y corporativos productores de alimentos, es de vital importancia conocer el marco regulatorio que existe en el país, el cual delimita el proceso de donación de alimentos, así como los beneficios legales que lo respaldan desde una perspectiva de inversión social. Lo anterior permitiría favorecer cada vez más a un volumen mayor de población en vulnerabilidad.  Resulta indispensable lograr en este proceso de diálogo una propuesta clara de donación de alimentos que sea presentada en la Cumbre del próximo mes de setiembre”, indicó Francia Linares, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Costa Rica.

Este diálogo es organizado por la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y el Banco de Alimentos de Costa Rica; además, cuenta con el apoyo de la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias (FLPC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Los insumos sobre las prioridades, las acciones, y el avance factible y alcanzable de los esfuerzos de donación de alimentos que se generen en el Diálogo Independiente, se presentarán en setiembre en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, convocada por Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Adicionalmente, sumarán al avance de la temática a nivel nacional.

En Costa Rica, los Diálogos Nacionales que ya se han celebrado en los meses de junio y julio, así como el Diálogo Independiente: “Donación de Alimentos como oportunidad contra el desperdicio”, representan una valiosa oportunidad para que, personas que directa o indirectamente están vinculados en los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo, compartan criterios sobre la situación actual y propongan soluciones deseables para mejorar el desempeño de los sistemas alimentarios en materia ambiental, económica y social, para beneficio particular y colectivo.

“Es importante mapear las acciones y propuestas para disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA), pues esto genera un gran impacto en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios; además, reduce la disponibilidad local de los alimentos, provocando pérdidas en el ingreso de las y los productores nacionales. También, afecta al medio ambiente, la salud y nutrición de las y los consumidores”, señaló Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Se estima que un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial acaba perdiéndose o desperdiciándose a lo largo de la cadena de suministro; esto equivale aproximadamente a 1,300 millones de toneladas de alimentos que cada año terminan en la basura.

La pérdida o el desperdicio de alimentos ocurre en cada etapa del sistema agroalimentario: los alimentos se pierden durante la cosecha inicial debido a los bajos precios del mercado, también a causa de los altos costos de la mano de obra y la demanda de productos de aspecto perfecto; igualmente, la demanda tiende a ser sobreestimada, lo que genera el desperdicio de esos excedentes. Las prácticas ineficientes de compra y de cocina por parte de los consumidores, junto a las dificultades de comprensión de las etiquetas con las fechas, también fomentan el desperdicio de los alimentos.

Si desea participar en este Diálogo Independiente: “Donación de Alimentos como oportunidad contra el desperdicio” , que se realizará mañana miércoles de 9:00 a.m. a 11:00 a.m, y ser parte de la transformación de los sistemas alimentarios del país, puede escribir al correo labrenes@tec.ac.cr

Hoy se realizó la apertura de la Trigésima sesión virtual sobre Estadísticas Agrícolas y Pecuarias para América Latina y el Caribe, en la que participan los 30 países que integran el grupo de trabajo de FAO-OEA/CIE-IICA. Por primera vez, el encuentro se realiza desde Costa Rica en calidad de país miembro y anfitrión virtual.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe (FAO-ALC) coordina esta sesión bianual con el objetivo de dar seguimiento a los avances de los países miembros y, a su vez, ofrecer acompañamiento y asesoría sobre el desarrollo y estandarización de los servicios de estadísticas agrícolas y pecuarias.

El encuentro virtual, que se extiende hasta el 23 de julio, tiene como objetivo que los representantes discutan las necesidades de sus países y las acciones que se deben implementar para mejorar y respaldar el sistema estadístico nacional, con la asesoría técnica y apoyo de la FAO.

Desde su rol asesor, FAO identificará puntos de mejora y dará continuidad a las metodologías y herramientas innovadoras para producir estadísticas agropecuarias. Asimismo, elaborará un informe de recomendaciones con las solicitudes de apoyo que nutrirá las prioridades estratégicas. Este informe será presentado en la Conferencia Regional de la FAO durante 2022 y se espera que estas iniciativas se puedan implementar en el siguiente bienio. Este informe será un instrumento clave para comunicar las necesidades y prioridades que se deben impulsar para lograr avances importantes en el mediano plazo.

En la ceremonia inaugural participó el Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado; el Sub Director General y Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué; y el Jefe de Estadísticas de la FAO, Pietro Gennari.

“Al igual que las instituciones de todos sus países, en FAO nos basamos en los datos y las estadísticas para diseñar programas, intervenciones y orientar a los gobiernos para abordar los numerosos desafíos de la región”, aseguró Julio Berdegué. “Espero que durante este encuentro ustedes proporcionen comentarios y aportes sobre cómo desde la FAO podemos apoyar a sus instituciones. Nuestro personal a nivel regional, nacional y de la sede está dispuesto a proporcionar asistencia técnica y formación de cualquier manera que podamos y esperamos que todos los países miembros soliciten apoyo”, agregó.

Por su parte, el jefe de estadísticas de FAO dijo: “para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se necesitan datos de alta calidad, relevantes, oportunos, confiables y comparables internacionalmente para identificar los obstáculos del desarrollo y orientar las políticas y las necesidades de inversión”.  Asimismo, destacó que se deben aprovechar los nuevos métodos y fuentes de datos alternativos para complementar las estadísticas tradicionales y generar información detallada que permita el avance de las naciones: “Es necesario que los países realicen una mayor inversión en las estadísticas y se debe convencer a los responsables de la toma de decisiones políticas para que apoyen la producción de estadísticas agrícolas y pecuarias”, concluyó.

"Cuando pensamos en la necesidad de crear políticas públicas eficientes, eficaces y oportunas, pensamos en estadísticas claras. No hay forma de generar verdaderas políticas públicas si no hay datos desagregados y específicos", dijo Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, en la inauguración.

“Yo creo que es importante conocer e intercambiar las técnicas aprendidas con los conocimientos que tenemos los pueblos indígenas para la producción, esto nos fortalece, y nos hace crecer en conocimiento para trabajar nuestras tierras. También, es importante saber su importancia y agradecemos a programas como Capital Semilla e instituciones como el INA, que nos llevan a participar en estos espacios para aprender más y mejorar nuestra calidad de vida”, señaló Doris Ríos Ríos, lideresa del territorio de Chiná Kichá.

La actividad se realizó bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a través del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) y con participación del Programa Conjunto (PC) “Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental”.

El intercambio fue posible tras la culminación de un proceso de capacitación de dos meses desarrollado por el INA y en el que participaron 22 personas de diferentes territorios indígenas, con el objetivo de promover la producción sostenible de alimentos en fincas recuperadas de personas no indígenas. En la mayoría de los territorios indígenas persiste la ocupación de tierras por personas no indígenas.

Por otra parte, Carmen Villanueva, lideresa del territorio indígena de Ujarrás, comentó que les agradó mucho el recibimiento y el trato del profesor del INA, además de tener la oportunidad de compartir con personas de diversos lugares para aprender a combatir los insectos que afectan las plantas de una forma sencilla y práctica para sus cultivos.

En este curso, las personas participantes hicieron una huerta comunitaria en la Finca Crun Shurin de Térraba, la cual previamente estuvo dedicada a la ganadería extensiva. Para las comunidades indígenas es prioritario promover el uso sostenible de la tierra e incorporar sistemas de producción que cuiden los recursos naturales y que sean culturalmente pertinentes.

En el cierre del curso del INA, se organizó el intercambio entre las personas que lo concluyeron y las mujeres indígenas de otros territorios que están siendo apoyadas con el PC para el desarrollo de sus actividades productivas. Esta actividad permitió estrechar lazos entre personas indígenas de distintos territorios, compartir el conocimiento tradicional, y buscar soluciones a retos e intereses similares.

“En el cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón, todas las iniciativas productivas apoyadas por el PC incluyen al menos un componente vinculado con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos, y, sobre todo, desde un profundo sentido de recuperación y reapropiación de la tierra desde la visión de las mujeres indígenas para cultivarla y producir. Asimismo, desde la FAO, reconocemos la importancia de recuperar y fortalecer los conocimientos y capacidades para una producción de alimentos nutritivos y ambientalmente sostenibles, que impulsen un rol activo de las mujeres en la dinámica económica de sus familias y territorios”, dijo Andrea Padilla, representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica.

Para las mujeres indígenas, la producción representa un reto que inicia por el acceso a la tierra y por contar con las condiciones (conocimientos, herramientas, recursos) que les permitan impulsar actividades productivas que aseguren su alimentación y un ingreso para sus familias.

La implementación del PC está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por parte del Gobierno, el Programa lo lidera el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Con el objetivo de impulsar este tipo de agricultura, y en virtud de la vocación del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” de facilitar el intercambio de experiencias entre los países mesoamericanos para compartir y replicar buenas prácticas validadas, se llevó a cabo esta mañana un conversatorio virtual sobre la experiencia legislativa colombiana en el ámbito de las compras públicas a la agricultura familiar, convocado a solicitud del Parlamento Agropecuario Nacional de Costa Rica.

“Para nuestro espacio, es prioridad fortalecer los sistemas de comercialización para las organizaciones agropecuarias y pesqueras, en busca de mejorar la participación del primer eslabón de la seguridad alimentaria en el mercado y así, reducir la intermediación, fomentando precios justos y la dignificación agropecuaria, sin duda alguna, este dialogo nos conduce a propiciar mejores escenarios en el futuro”, afirmó Windell Gabriels, presidente del Parlamento Agropecuario Nacional de Costa Rica.

La presentación de la experiencia de formulación de la Ley de Compras Públicas colombiana, así como de su evolución y principales lecciones aprendidas, estuvo a cargo de Marcos Rodríguez, coordinador de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Colombia, quien estuvo involucrado muy de cerca en el acompañamiento al proceso de dicha Ley.

Según Rodríguez, el 20 de junio del año pasado, el congreso de Colombia aprobó la Ley de Compras Públicas, que fomenta la inclusión productiva de los agricultores familiares al mercado de compras públicas en todo el territorio colombiano, y obliga a las entidades del Estado a que al menos el 30% de las compras públicas de alimentos se hagan directamente de la agricultura familiar local. La Ley aplica no sólo para entidades públicas a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, sino también para sociedades de economía mixta y entidades privadas que manejan recursos públicos.

La Ley es el resultado de un proceso que inició en 2018, impulsado por el Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo Colombia, y que contó con el apoyo del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” — una iniciativa liderada conjuntamente por la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)— y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos de Colombia.

Por parte de FAO, además, participaron en el intercambio las asistentes de representante para Colombia, Manuela Ángel, y para Costa Rica, Andrea Padilla, así como la coordinadora del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Costa Rica, Magaly Lázaro, entre otros funcionarios.

Este conversatorio constituye un punto de partida tanto para la formulación de marcos normativos y políticas públicas diferenciadas, como para el control y la fiscalización que deben ejercer los parlamentarios costarricenses en la materia.

El diálogo independiente convocado por el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Costa Rica generó un espacio de debate para robustecer e impulsar mecanismos efectivos para propiciar el acceso a una alimentación saludable y adecuada, especialmente para la población más vulnerable.

“Además de fortalecer lo que se ha venido discutiendo bajo el proyecto de la Ley Marco para la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, esto debe ser parte integral de las políticas del sector agroalimentario, tomando en consideración sus cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. Debe responder a la acción conjunta de la institucionalidad pública para atacar nuevos flagelos que tiene la sociedad, tales como la obesidad, la ingesta de comida chatarra, la doble carga de la malnutrición y la desnutrición. Se debe asegurar el derecho humano a la alimentación para alcanzar una sociedad más saludable y productiva”, señaló Paola Valladares, diputada y Coordinadora Nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Costa Rica.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, destacó durante su participación que los sistemas alimentarios sostenibles deben incluir el pago de precios justos para las personas productoras y para los consumidores.  “Es necesario reflexionar sobre la necesidad de la alimentación saludable y sostenible, tomando en cuenta varios elementos.  Necesitamos que los alimentos estén disponibles, sean accesibles, inocuos y que tengan trazabilidad, para garantizar que la población tenga alimentos nutritivos.  La seguridad alimentaria debe basarse en una canasta básica alimentaria ampliada, que cumpla con los principios de una alimentación saludable según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Queremos una producción sostenible para el ambiente, pero también sostenible social y económicamente, garantizando precios justos a los agricultores familiares y a los consumidores”, manifestó.

Un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción,  distribución y consumo de alimentos. La transformación hacia sistemas alimentarios más sostenibles requiere de regulaciones y políticas públicas que permitan a la población tener acceso a productos nutritivos producidos de manera responsable con el medioambiente.

“América Latina y El Caribe debe apuntar hacia sistemas democráticos saludables, en procura del bien común. La seguridad alimentaria y nutricional debe ser garantizada como derecho humano en nuestras naciones. Solo así podemos asegurar el bienestar de las personas, su protección, promover su desarrollo y dinamizar sus territorios al incluirlas en el centro de las decisiones políticas”, comentó Mario Castillo, diputado de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Juan Carlos García y Cebolla, jefe del Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, comentó que el derecho humano a la alimentación puede ayudar a generar respuestas para transformar los sistemas alimentarios y es una oportunidad para salir de la crisis causada por la pandemia de COVID-19 de una manera exitosa e inclusiva con la contribución de todas las personas.

En el 2018, diputadas y diputados, integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Costa Rica (FPHM), presentaron el Plan Estratégico del periodo 2018-2022 con el objetivo de liderar el diálogo, el debate y la incidencia política para reducir todas las formas de malnutrición.

Los insumos del diálogo independiente se presentarán en septiembre en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, convocada por Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. La modalidad de los diálogos independientes —que están impulsados localmente y son totalmente adaptables a distintos contextos— permiten identificar soluciones sostenibles de colaboración para reforzar los sistemas alimentarios locales y mundiales.

Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de América Latina y el Caribe

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe es una red regional de legisladores que no solamente impulsan leyes, sino que también se encargan de que estas funcionen e impacten en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero.  

“El Frente es una plataforma plural regional que está presente en 21 congresos nacionales (incluida la Asamblea Legislativa de Costa Rica) y en cuatro parlamentos regionales que, en tiempos de COVID 19, ha impulsado más de 30 leyes a favor de sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y sostenibles”, dijo Luis Lobo, Oficial del Programa España – FAO para América Latina y el Caribe. 

El Frente cuenta con el soporte técnico del proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe de la alianza entre la Cooperación Española y la FAO; y del programa Mesoamérica sin Hambre de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la FAO.

Los participantes se organizaron en distintos grupos de trabajo para determinar cómo desde sus instituciones u organizaciones es posible apoyar sistemas más justos y sensibles a la nutrición. Asimismo, en los diferentes equipos de trabajo se identificaron políticas, prácticas y mecanismos de mayor repercusión para la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles y saludables.

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, convocante de estos diálogos en nombre del Gobierno de Costa Rica, agradeció este trabajo participativo que está generando importantes insumos en la ruta hacia la generación de mejores espacios para que consumidores y productores se interrelacionen de manera más directa.

“Es urgente poner en marcha soluciones innovadoras, integrales, que sean económicamente viables y justas para todos los actores de la cadena. Tenemos que detener los procesos de degradación de los recursos naturales y debemos generar cambios en los hábitos de consumo a favor del bienestar integral de las poblaciones. Estos diálogos sobre los Sistemas Alimentarios en Costa Rica, representan una valiosa oportunidad para compartir criterios sobre la situación actual, proponer soluciones y definir qué debe cambiar para mejorar el desempeño de los sistemas alimentarios en materia ambiental, económica y social”, expresó el jerarca.

Por su parte, Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), comentó que la discusión sobre los sistemas alimentarios abre una oportunidad para repensar y mejorar la producción de alimentos, desde toda la cadena de valor hasta que llegan a la mesa del consumidor de tal manera que los alimentos aporten nutrientes a las personas y al mismo tiempo, protejan al planeta.

Los sistemas alimentarios sostenibles tienen un rol clave para promover dietas saludables, asequibles y al mismo tiempo impulsar la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para la Viceministra de Salud, Alejandra Acuña, "lograr sistemas alimentarios sostenibles y saludables es un gran reto que tenemos como país, para hacer frente al aumento de la demanda de alimentos y a producir de forma sostenible suficientes alimentos nutritivos para todas las personas".

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la triple carga de la malnutrición —desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad—, afecta a una gran proporción de la población mundial. Las políticas públicas relacionadas con los sistemas alimentarios deben considerar las repercusiones económicas, sociales, ambientales, culturales, nutricionales y para la salud, prestando atención a las personas en condición de pobreza y que son más vulnerables a padecer malnutrición, incluyendo la obesidad.

“Para lograr la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, debemos tomar en cuenta aspectos como la disponibilidad, el acceso a los alimentos, la generación de entornos saludables y de oportunidades para la agricultura familiar y, por último, su vinculación con los mercados y la conservación de los recursos naturales”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Los diálogos nacionales aportarán insumos para la Cumbre Alimentaria, convocada por Naciones Unidas, para setiembre de este año. En el país son liderados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de los ministerios de Salud, de Ambiente y Energía, y de Relaciones Exteriores y Culto; asimismo cuentan con el acompañamiento del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Naciones Unidas y la FAO.

La actividad se llevó a cabo con el apoyo del Proyecto Fortalecimiento de la alimentación y nutrición de Costa Rica con énfasis en la población materno-infantil, el cual es financiado por el Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition); también apoyaron esta actividad, el Programa Mesoamérica sin Hambre (MSH) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El encuentro se realizó de forma presencial en Buenos Aires de Puntarenas y contó con la participación de expertas en nutrición materno- infantil y consejeras en lactancia materna, quienes se encargaron de guiar a las mujeres asistentes por medio de actividades lúdicas sobre lactancia y alimentación.

Adicional al taller participativo, se consolidó un grupo de apoyo virtual —por medio de WhatsApp— en el que, además de las mujeres que asistieron al taller, participan también otras madres interesadas y las expertas en lactancia para brindar asesoría y seguimiento a las madres.

“El acompañamiento a estas y otras madres de los territorios continuará, gracias a la creación de un grupo de apoyo vía WhatsApp. El mismo está moderado por profesionales expertas en nutrición materno-infantil, asesoras en lactancia materna y de inclusión de pueblos indígenas”, señaló Broitman, especialista en lactancia materna de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según la especialista, el contar con actividades en temas de alimentación y lactancia permitirá que las madres se empoderen, se sientan en confianza, aprendan y aclaren sus inquietudes. Se busca además que estos abordajes se realicen de una forma pertinente y respetuosa a los conocimientos ancestrales, y principios de colectividad de los pueblos indígenas, así como el fortalecimiento de espacios de transmisión de conocimientos intergeneracional entre las mujeres indígenas.

“En estos territorios no existen grupos de apoyo para madres y la información que ellas conocen es rica en tradiciones, pero también en mitos y miedos. Estos espacios, son perfectos para conversar desde la igualdad, debatir estos mitos y miedos, ofreciendo recomendaciones accesibles y pertinentes que logren pequeños cambios de comportamiento”, comentó Broitman.

Dafne Rojas, madre y participante de la actividad, resaltó la importancia de este taller para las mujeres de territorios indígenas debido a que la natalidad en estas comunidades es alta y porque es difícil acceder a herramientas educativas sobre estos temas.

“Para mí como madre es un plus que nos llena de aprendizaje, es sumamente importante porque en el transcurso de la vida hemos tenido que afrontarnos a diferentes dificultades y sobre todo a muy poco conocimiento, especialmente en áreas que tengan que ver con el crecimiento de nuestros hijos. Este taller también nos llenó de conocimiento para crecer de una forma apropiada para nuestros niños”, reiteró.

Por último, Rojas incentivó a otras mujeres a participar de este tipo actividades “yo insto como mamá y como parte de la comunidad a que se sigan haciendo más talleres y que las mujeres asistan, colaboren y participen activamente”.

Sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición de Costa Rica con énfasis en la población materno- infantil

Durante el periodo 2020-2021, la FAO, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Movimiento SUN ha trabajado en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS) para los primeros mil días de vida en Costa Rica, dentro del marco del Proyecto.

Las recomendaciones técnicas de estas GABAS para la población de los primeros mil días fueron la base para el desarrollo de este taller, enfocándose principalmente en la temática de la lactancia materna exclusiva.

Con la participación de más de 130 actores del sector público, privado, academia y sociedad civil, se realizó este martes el segundo diálogo nacional sobre sistemas alimentarios con el propósito de identificar propuestas que impulsen la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, optimizando el uso de los recursos ambientales en la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos.  

Entre otros temas, los participantes plantearon soluciones para reducir la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y promover un mejor uso del agua en el país.

“En los últimos años, hemos venido avanzando en la sinergia entre producción, ambiente y desarrollo sostenible; desarrollando y ejecutando acciones y prácticas que tienen que ver con el aprovechamiento responsable de los recursos, los cuales a su vez se convierten en alternativas que minimizan los costos y les permiten generar ingresos a las personas productoras. Hemos venido logrando una producción más limpia, con un mejor aprovechamiento de los recursos y con un uso más responsable”, destacó el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, convocante de los diálogos a nivel nacional, en nombre del Gobierno de la República, en la ruta hacia la Cumbre Alimentaria, donde aspira a que Costa Rica comparta su experiencia con otros países que comparten su interés por seguir ruta a la descarbonización.

Por su parte, Andrea Meza Murillo, ministra de Ambiente y Energía destacó que “en el marco de implementación de la Agenda Agroambiental MAG – MINAE, hay que seguir avanzando hacia la creación de mecanismos que propicien el desarrollo de herramientas técnicas y financieras para valorizar el potencial productivo y ambiental de los suelos, con acciones de mitigación y adaptación. En el país no existen fincas dedicadas exclusivamente a una sola actividad productiva, es por ello, que los programas de financiamiento y el reconocimiento de los servicios ecosistémicos deben responder a esta realidad”.

Según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, el 23% de todas las emisiones netas de  gases de efecto invernadero producidas por el ser humano provienen de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que casi la mitad de las soluciones existentes, escalables y operacionalmente viables para mantenerse dentro de los objetivos climáticos internacionalmente acordados provienen del mismo sector.

Para que el país pueda propiciar la transformación de los sistemas alimentarios es importante garantizar los medios de vida dependientes del funcionamiento del sistema alimentario, y la inclusión de mujeres y juventudes, la prevención de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante la promoción de hábitos de consumo a favor del bienestar integral de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

“Vemos que los sistemas alimentarios en el contexto de la pandemia de COVID-19 enfrentan un triple desafío, económico, ambiental y social. Por lo tanto, es necesario poner en marcha soluciones innovadoras, integrales, que sean económicamente viables y justas, con el objetivo de detener el ritmo acelerado de la degradación de los recursos naturales que son la base para sustentar la vida de las comunidades”, comentó Andrea Padilla, representante asistente de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Experiencias exitosas

Costa Rica ha demostrado su capacidad mediante la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono (NAMA) en cuanto a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) de los sistemas ganaderos, potenciando el uso de nutrientes, creando reservas de carbono y nitrógeno en los suelos y mejorando el uso de productos ganaderos en dietas humanas saludables.

También, con el programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), implementado desde hace más de 20 años, que contribuyó a detener la deforestación en Costa Rica e, incluso, a recuperar la cobertura boscosa que hoy es de un 54% en todo el territorio nacional. El PSA promueve un reconocimiento financiero -por parte del Estado- a pequeños y medianos propietarios de bosques, plantaciones forestales y sistemas agroforestales, por los servicios ambientales que estos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Los resultados de los diálogos nacionales se presentarán en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, a realizarse en setiembre próximo.

Los diálogos nacionales son organizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de los ministerios de Salud, de Ambiente y Energía, y de Relaciones Exteriores y Culto; también cuentan con el acompañamiento del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Naciones Unidas y la FAO.

Este jueves 10 de junio, Costa Rica realizó el primero de los diálogos nacionales sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, en el cual participaron cerca de 130 actores clave de los sectores privado y público, con el objetivo de definir la hoja de ruta sobre temas relacionados con “Acciones transformadoras para la producción y el consumo sostenible en Costa Rica”.

Los participantes se dividieron en grupos de trabajo para analizar estos temas desde las perspectivas de las cadenas de suministros, entornos alimentarios y comportamiento del consumidor.

Para el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, este diálogo es una oportunidad para valorar la agricultura y su importancia en el desarrollo de las economías locales y los territorios.  “Requerimos transformación tecnológica e innovación, de manera que nuestros productores sean resilientes no solo desde la perspectiva ambiental, sino también social y económica. Porque no lograremos sistemas sostenibles, si nuestros productores no logran ser más eficientes y logran rentabilidad.  Sin eso, será difícil mantenerlos en el campo y realizar el cambio generacional”, expresó el jerarca, quien agregó que es imprescindible que los alimentos no sean solo inocuos, tienen que estar disponibles, tienen que ser accesibles y tienen que ser trazables.   “El consumidor quiere saber la historia detrás de la producción, de dónde vienen, quién los produce y cómo los producen”, dijo. 

Además, Alvarado llamó la atención sobre la necesidad de analizar sobre la intermediación comercial y la creación de mercados de cercanía, territoriales, donde el consumidor pueda encontrarse con el productor y que ambos se beneficien de un producto más fresco y sostenible, con mejor precio para ambos extremos de la cadena.

Por su parte, Joao Intini, Oficial de Políticas de Sistemas Alimentarios de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, recordó la importancia de los Sistemas Alimentarios Sostenibles y su aporte a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cuanto a la eliminación de la pobreza y el hambre. 

“Es importante la promoción de dietas saludables y medidas que faciliten el acceso y la disponibilidad de alimentos nutritivos a las personas en condiciones de vulnerabilidad para combatir todas las formas de malnutrición”, comentó Intini.

Los diálogos nacionales se realizan bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de los ministerios de Salud, de Ambiente y Energía, y de Relaciones Exteriores y Culto y con el acompañamiento del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica; el Sistema de Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Los resultados de este primer diálogo sobre producción y consumo sostenible;  y de otros dos que se realizarán en las próximas semanas, en torno a impulsar soluciones basadas en naturaleza y garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todas y todos, brindarán los insumos que Costa Rica presentará en la Cumbre Alimentaria que se llevará a cabo en setiembre de este año, en Nueva York, EE.UU.

El primero de tres encuentros virtuales arrancará el jueves 10 de junio entre diversos actores clave del sector público y privado.

Con amplio proceso participativo, el objetivo es alcanzar soluciones naturales que garanticen el acceso a alimentos sanos y nutritivos para toda la sociedad costarricense.

Iniciativa es liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Ambiente y Energía y de Salud y el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Con el tema “Acciones transformadoras para la producción y el consumo sostenible en Costa Rica” iniciará el próximo 10 de junio el primero de tres diálogos nacionales con actores clave de los sectores privado y público. El objetivo es definir una hoja de ruta para adoptar modalidades de consumo y producción sostenible, impulsar soluciones basadas en naturaleza y garantizar el acceso universal a alimentos sanos.

El lanzamiento de este proceso de diálogos nacionales se hace bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con el apoyo de los ministerios de Salud, de Relaciones Exteriores y Culto, de Ambiente y Energía (MINAE), y el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El ministro del MAG, Renato Alvarado, indicó que los diálogos son una excelente oportunidad para revitalizar las vías hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, así como un esfuerzo que aportará insumos para la Cumbre Alimentaria, convocada por Naciones Unidas, para setiembre de este año. 

“Tendremos la oportunidad de escuchar a múltiples actores quienes desde su perspectiva y experiencia, manifiesten sus opiniones sobre las acciones necesarias para lograr sistemas alimentarios sostenibles, que suplan las necesidades de alimentos de la población, minimicen el impacto ambiental y fortalezcan la sostenibilidad económica”, comentó. 

Según la FAO, un sistema alimentario es aquel que provee una alimentación saludable, nutritiva y accesible para todas las personas, y en su gestión se garantiza un uso sostenible de los recursos de manera que se puedan asegurar las necesidades alimentarias actuales y del futuro.

Además, abarca a todos los actores involucrados en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción, recolección, elaboración, empaquetado, distribución, venta, almacenamiento, comercialización y consumo. 

La representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica, Andrea Padilla, explicó que el sistema alimentario determina la cantidad, la calidad y la diversidad de los alimentos disponibles para el consumo. “La creciente urbanización, el cambio en los patrones alimentarios y las nuevas formas de producir y procesar alimentos han modificado la cantidad, calidad e impacto social y medioambiental de los alimentos que se consumen hoy”, dijo.

 Por su parte, Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, enfatizó que para transformar los sistemas alimentarios es clave la articulación e involucramiento de todos los sectores socioeconómicos del país. También destacó el compromiso de Naciones Unidas y sus agencias para asegurar que los sistemas alimentarios sean integrales y que consideren también el desarrollo del sector agro con un enfoque de inclusión social, protección ambiental y de la salud.

Finalmente, la viceministra de Salud, Alejandra Acuña, expresó que los sistemas alimentarios sostenibles y saludables tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de dietas sostenibles, saludables, asequibles, y en la mejora de la nutrición, así como contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Esto es un gran reto que tenemos como país, para hacer frente al aumento de la demanda de alimentos y a producir de forma sostenible suficientes alimentos nutritivos para todas las personas. Queremos que la población pueda tener acceso a productos nutritivos, seguros, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medioambiente”, comentó.

Las fechas de los otros dos diálogos se anunciarán oportunamente. 

El apoyo a esta iniciativa se realizó a través de un encuentro liderado por el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Mesa de Diálogo Indígena de Buenos Aires y Pérez Zeledón, donde se identificaron: líneas de apoyo referente a registro de marca, empaque y etiquetado, así como la adquisición de equipo para mejorar la competitividad de los productos con valor agregado.

Sobre el proceso, Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP señaló que, "las poblaciones indígenas de nuestro país poseen una cultura enfocada en la producción sostenible y de preservación del medio ambiente. En el CNP valoramos esa forma de producir y estamos apoyando para que las comunidades indígenas sean parte del Programa de Abastecimiento Institucional a fin de que tengan un mercado seguro prevaleciendo su cultura y forma de producir”.

“Es por ello que hemos participado en programas de entrega de semilla certificada a estas comunidades, para garantizar cosechas sostenibles para autoconsumo y comercialización directa, en mercados como el PAI; así como ruedas de negocios que les permitan la vinculación con agro-empresas en el intercambio o colocación de sus productos”, concluyó.

Bajo esa misma línea, Andrea Padilla, representante asistente de FAO Costa Rica, afirmó que, “como Organización nos comprometemos con las y los productores indígenas y con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), para seguir articulando y buscando conexiones para que las organizaciones puedan tener un mejor acceso a mercados con precios justo, considerando que el PAI es uno de los principales mecanismos del sector para la inclusión productiva”.

Como parte de los acuerdos del encuentro, tanto el CNP como la alianza FAO-AMEXCID y la Mesa de Diálogo Indígena de Buenos Aires y Pérez Zeledón acordaron realizar durante el mes de mayo una rueda de negocios con las y los agricultores, con el fin de concretar convenios de comercialización y producción en los territorios indígenas.

Sobre el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)

El PAI es un programa orientado a crear un mercado para pequeños productores agrícolas a través de las compras de instituciones estatales que asimismo se inscribe en las políticas públicas, para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

De acuerdo con datos de la Dirección de Mercadeo e Industria, gracias a este programa, en el 2020 se registraron 320 productores, un 1 por ciento más que en 2019.

“Romper con las brechas de desigualdad en la generación del Bicentenario, en un sistema de seguridad y protección social inclusivo como el costarricense, requiere de madres informadas y de profesionales conscientes de una tarea que va más allá de los límites que hemos puesto al sector social o de salud. Esa generación necesita de oportunidades ampliadas para disfrutar de sus derechos, y para esto promovemos ajustes tanto en protección social como en la integración de servicios sociosanitarios”, comentó Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición de Costa Rica con Énfasis en la Población Materno-Infantil”, financiado por el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), se firmó la Carta Coordinación de Acciones entre la FAO, el Ministerio de Salud y el IMAS, para apoyar la modalidad de atención NiDO. Esto con el propósito de articular acciones entre diversos sectores y actores para promover entornos adecuados en familias beneficiarias a través de la cogestión social y el acompañamiento familiar.

“Este esfuerzo conjunto ha sido una oportunidad para incidir en el desarrollo infantil temprano, y en mejorar la atención de las necesidades de las madres gestantes o en periodo de lactancia. Sabemos que la calidad de la alimentación influye en el desarrollo de las personas durante el resto de sus vidas. La promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable es una de las mejores apuestas de la salud pública”, comentó Andrea Padilla, Representante Asistente de Programas de la FAO en Costa Rica.

El inicio temprano de la lactancia materna y su empleo exclusivo durante los primeros seis meses de vida previenen la mortalidad de los infantes, reduce el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y repercute positivamente en la salud durante la edad adulta.

“Para el Ministerio de Salud es un gusto poder contar con esta alianza multisectorial con el IMAS y el apoyo de la FAO. Esta cooperación nos permite iniciar con la implementación y los conceptos básicos de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS) para la población menor de 2 años”, dijo Alejandra Acuña, Viceministra de Salud.

Las GABAS surgen en respuesta de las crecientes problemáticas en materia de nutrición materno-infantil y la relación con los sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

“Para el Movimiento SUN, que cuenta con la participación de 63 países y cuatro estados de la India, el derecho a la alimentación y la nutrición comienza a partir de la concepción de un niño o una niña. Ese momento y los mil días posteriores marcan la diferencia para que niñas y niños puedan desarrollarse adecuadamente con la oportunidad de ejercer su igualdad y libertad”, reconoció Gerda Verburg, coordinadora del Movimiento para el fomento de la nutrición.

En este proceso de capacitación participaron cogestoras sociales y profesionales en desarrollo social de todas las Unidades Locales de Desarrollo Social del IMAS, que atienden a más de 1.000 hogares beneficiarios de esta modalidad de atención.

Evaluar sistemáticamente los daños y pérdidas por desastres -como sequías, inundaciones o huracanes- en el sector agrícola, es clave para entender la vulnerabilidad de las personas que dependen del sector agropecuario, y para contar con políticas capaces de reducir dicho impacto y garantizar la seguridad alimentaria.

Para hacer frente a ese desafío, la FAO desarrolló una metodología para evaluar el impacto por daños y pérdidas económicas de los desastres en cultivos, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura, para desastres de pequeña, mediana y gran escala. La herramienta aborda desde la recopilación hasta la sistematización, análisis y reporte de datos para la toma de decisiones.

La agricultura absorbe una parte desproporcionada de los desastres. Según la FAO, entre el 2008 y 2018, a nivel mundial la agricultura y sus subsectores absorbieron el 26% del impacto causado por desastres de mediana y gran escala. En América Latina y el Caribe, las pérdidas alcanzaron los US$ 29 mil millones.

Sin embargo, esta cifra está lejos de representar la realidad dado que los impactos en la agricultura, y sobre todo las pérdidas económicas directas no suelen ser debidamente cuantificadas, pese a las severas consecuencias que tienen para la agricultura y la seguridad alimentaria.

"Los desastres resultan en daños y pérdidas de producción, con un impacto económico directo para los productores, que se traduce a lo largo de toda la cadena de valor afectando el crecimiento general del sector y de las economías nacionales. Esta situación se ha agravado aún más por la pandemia", dijo Anna Ricoy, Oficial de Riesgos y Desastres de la FAO para América Latina y El Caribe.

Países que la están implementando

En Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, la metodología ya está siendo adoptada para poder fortalecer los sistemas nacionales de evaluación de daños y pérdidas. En algunos casos se han sumado herramientas y tecnologías digitales para la recolección de datos de campo y su registro.

La idea es extender la adopción e institucionalización de la metodología en otros países de América Latina y el Caribe, ya que permitiría asegurar la comparabilidad y estandarización de los datos entre países y subregiones. 

Un sistema de evaluación de daños y pérdidas puede generar el necesario respaldo de instrumentos financieros (asignaciones presupuestarias, fondos, seguros), que permitan la inversión a mayor escala, en una agricultura y unos sistemas alimentarios más sostenibles resilientes e inclusivos.

La metodología desarrollada por la FAO ha sido dada a conocer en distintos países de América Latina y el Caribe en un ciclo de seminarios, seguidos por cerca de cinco mil personas. La apuesta es que la información permita movilizar la acción conjunta entre los sectores público y privado.

Además, su adopción facilitaría el cumplimiento de los compromisos y reporte de indicadores en las dos principales agendas internacionales que reconocen la resiliencia como fundamental para su logro, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cursos FAO

La FAO y el Consejo Agropecuario del Sur (Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), elaboraron dos cursos en línea, gratuitos, en español e inglés, para que técnicos del servicio público, académicos, empresas de seguros y otros interesados en la región, puedan conocer más sobre el tema, y entender su vinculación con la gestión del riesgo de desastres, la gestión de las emergencias y los marcos internacionales sobre la materia.

Conoce más:

“Introducción a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas de la FAO”

 “Cómo usar la metodología de la FAO para calcular daños y pérdidas”

 El Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental (PC)” anuncia la apertura de una convocatoria dirigida a mujeres indígenas de los territorios de Buenos Aires y China Kichá de Pérez Zeledón, para que puedan concursar por fondos no reembolsables destinados a iniciativas productivas o basadas en la naturaleza que contribuyan a su autonomía económica.

La convocatoria del capital semilla ha sido diseñada para que los proyectos seleccionados tengan un componente cultural y relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, respetando su diversidad. En esta región hay presencia del pueblo cabécar en los territorios de China Kichá y Ujarrás, del bribri en los territorios de Cabagra y Salitre, del Brunka en los territorios Boruca y Rey Curré y del pueblo Brörán en Térraba.

En este contexto, el trabajo del Programa Conjunto desde un enfoque intercultural ha tomado como punto de partida que la concepción de la tierra, los territorios y recursos naturales tienen un arraigo profundo en la cosmovisión de cada uno de estos pueblos y que, además, las mujeres tienen un rol primordial en la conservación y trasmisión de estos conocimientos, usos y relación con la naturaleza.

“La colocación de estos recursos se suma al esfuerzo del PC por fortalecer a las mujeres indígenas de los siete territorios en los cuales trabaja en la zona sur. Esto en aras de que ellas puedan mejorar sus prácticas productivas en armonía con la naturaleza y desde su propia perspectiva indígena, y con esto, su posibilidad de tener trabajo remunerado”, dijo Andrea Padilla, Representante asistente de programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica.

El concurso de fondos no reembolsables de capital semilla, que va desde los $2.000 a los $10.000 por iniciativa, está dirigido a financiar proyectos liderados por organizaciones formales o grupos de mujeres indígenas (no formales) de territorios indígenas de Buenos Aires y China Kichá de Pérez Zeledón.

“Desde nuestro Sector Agropecuario, hemos trabajado por brindar herramientas principalmente a las mujeres que por mucho tiempo han quedado rezagadas en este sector; buscamos la inclusión y que todas puedan tener las mismas oportunidades para desarrollar sus ideas productivas. Así mismo, nos hemos enfocado en incentivar la diversificación agrícola y su vinculación a mercados, pero respetando la visión de los pueblos indígenas, y en este caso de las mujeres, sobre sus sistemas agroalimentarios”, declaró Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería.

Las propuestas deben responder a los principios de diversidad productiva, innovación, generación de empleos, seguridad alimentaria, arte y textiles, turismo y sostenibilidad ambiental. En este caso, el Programa Conjunto apoyará un mínimo de siete y un máximo de diez iniciativas en los territorios en mención.

“La Estrategia Puente al Desarrollo otorga a las familias la oportunidad de crecer de forma integral, de manera que superen su condición de vulnerabilidad en múltiples dimensiones. El fortalecimiento de la estrategia mediante el trabajo conjunto de las instituciones, abre este espacio con el fin de generar impacto, construir una ruta de recuperación y reconstrucción social y económica con rostro de mujer y en pleno respeto a su cosmovisión, generando circunstancias positivas para sus comunidades y que sean las ellas protagonistas del bienestar de sus familias”, afirmó Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.

“Naciones Unidas tiene un compromiso absoluto con las mujeres indígenas de Costa Rica y esperamos que la apertura de estos fondos de capital semilla permitan que estas mujeres indígenas consoliden su liderazgo, empoderamiento y oportunidades para fortalecer sus proyectos productivos. Estamos plenamente convencidos de la importancia de invertir y cumplir con esas deudas históricas que tenemos con los pueblos y las mujeres indígenas”, destacó la Coordinadora Residente de la ONU, Allegra Baiocchi.

Esta iniciativa pretende, además, fortalecer la articulación interinstitucional del sistema de protección social del país para contribuir con la generación de oportunidades para las mujeres indígenas en condición de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica.

Las postulaciones deben realizarse por medio de un formulario disponible en http://www.fao.org/costarica/noticias/detail-events/es/c/1395060/, el período para presentar las propuestas cierra el viernes 30 de abril de 2021 a media noche. En el sitio está disponible también toda la información de requisitos y proceso de inscripción. Las personas interesadas pueden hacer consultas al teléfono 8731-2992 o escribir al correo: ximena.sandi@fao.org

Este lanzamiento se hizo en la sede del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, institución con la que la FAO ha generado un esquema de cooperación conjunta para trabajar en los territorios indígenas de Buenos Aires y China Kichá en Pérez Zeledón.

“La Cruz Roja Costarricense atiende a su mandato humanitario y sus principios fundamentales de humanidad e imparcialidad, por lo que el trabajo con la diversidad de poblaciones se vuelve fundamental para dar vida a la inclusión social, su contribución a la construcción de entornos de paz y atención a quienes más requieren de nuestro apoyo. Las mujeres indígenas como expresión de nuestra multiculturalidad y diversidad nos enseñan la fuerza y sabiduría histórica para avanzar hacia una mutua comprensión, y es precisamente en esos espacios en los que podemos construir y avanzar, ahora que los tiempos nos los exigen muchísimo más que antes” mencionó Pamela Zúñiga, Sub Gerente Administrativa de Cruz Roja Costarricense.

En Costa Rica, la implementación del Programa Conjunto está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y la FAO, las cuales cuentan con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU. Por parte del Gobierno, el Programa lo lidera el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y lo integran el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

¿Qué es el Programa Conjunto?

 El Programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental es un proyecto de las Naciones Unidas ejecutado por medio de cuatro de sus agencias (PNUD, OIT, ONU MUJERES y FAO) y desarrollado en los cantones de Limón, Puntarenas y Buenos Aires. Tiene por objetivo fortalecer la articulación institucional e interinstitucional del sistema de protección social para contribuir con la generación de oportunidades de empleo, emprendimiento y empresarialidad de mujeres en condición de vulnerabilidad.

¿Qué es el capital semilla?

 Son fondos no reembolsables que sirven como apoyo económico para impulsar iniciativas o proyectos que contribuyan al empoderamiento y autonomía económica de las mujeres indígenas, por medio de actividades productivas o ideas basadas en la naturaleza con enfoque de género.

¿Quiénes pueden concursar por fondos de capital semilla?

En términos generales podrán participar organizaciones formalizadas lideradas por mujeres o grupos de mujeres indígenas que trabajen en conjunto en alguno de los seis territorios indígenas de Buenos Aires o en China Kichá de Pérez Zeledón y que cumplan las siguientes características:

1. Que desarrollen iniciativas productivas o basadas en la naturaleza, potenciando la autonomía económica de las mujeres, la innovación y el uso responsable de los recursos naturales.
2. Que contribuyan con la generación de oportunidades de empleo o fortalecimiento de emprendimientos y empresas de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica en su territorio.
3. Que fomenten la apertura o consolidación de mercados. Preferiblemente que ya cuenten con una red o alianzas para la producción, distribución o encadenamiento de sus productos en sus comunidades, a lo interno del territorio indígena o a nivel regional.  
4. Que generen un aporte colectivo a la comunidad o territorio indígena al cual pertenecen.

Zona geográfica de la convocatoria

El área de intervención de esta convocatoria es exclusiva para los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón.  Las iniciativas productivas con posibilidad para ser seleccionadas deberán desarrollar su actividad en alguno de los siguientes territorios indígenas:

¿Cuáles son los temas o áreas prioritarias para la convocatoria del capital semilla?

Podrán participar todas aquellas iniciativas productivas o basadas en la naturaleza, entre ellas, pero no limitadas a:

Arte y textiles: todas las actividades de creación de máscaras, bolsos, ropa o cualquier otro artículo, utilizando materiales locales y basados en la naturaleza como tintes, algodón madera, etc. Se priorizarán aquellos productos que tengan un componente cultural (por ejemplo, tejidos tradicionales, objetos culturales, materiales cultivados o recolectados en los territorios).

Seguridad alimentaria: en esta categoría pueden incluirse iniciativas de agricultura familiar, agricultura orgánica, sistemas de producción indígena, uso, conservación y cultivo de semillas criollas, agrobiodiversidad, cría de pollos, cerdos, peces, cabras, ovejas u otras especias propias o adaptadas a los territorios. Cualquier actividad de cultivo o producción para garantizar la alimentación del grupo familiar o de la comunidad. Producción y venta de comidas tradicionales.

Turismo y revitalización cultural: actividades de hospedaje, tours, avistamiento de especies nativas, venta de comidas tradicionales, uso de medicina tradicional como actividad turística. Fortalecimiento de usos tradicionales de recursos naturales (producción y tinte de algodón).

Se valorarán con particular interés aquellas propuestas que incluyan componentes de:

i. Diversidad productiva

ii. Innovación 

iii. Seguridad alimentaria

iv. Uso sostenible de la naturaleza

Fondos disponibles para la convocatoria

El Programa Conjunto apoyará un mínimo de 7 y un máximo de 10 iniciativas (al menos una por territorio), con un monto mínimo de $2000 y un máximo de $10.000.

Posibilidades de financiamiento con los fondos del capital semilla

  Compra de equipo y materiales:

-          Máquinas de coser.

-          Telas, pinturas, hilos, etc.

-          Herramientas para sembrar

-          Semillas

-          Equipo de cocina

-          Implementos para hospedaje

-          Otros similares

    Infraestructura:

-          Mejora de instalaciones

-          Construcción de oficina o salones de trabajo/producción

-          Ampliación o mejora de chiqueros, corrales, estanques

-          Mejora de accesos (rampas, gradas, etc)

Duración

El proyecto debe ejecutar en un máximo de 5 meses. Iniciando el 31 de mayo y concluyendo el 29 de octubre del año 2021.

¿Cómo serán seleccionados los proyectos para recibir fondos de capital semilla? 

El Programa Conjunto convocará a un concurso abierto, público, transparente y participativo para que los grupos u organizaciones de mujeres indígenas que trabajen en conjunto dentro de los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires y de China Kichá de Pérez Zeledón, puedan presentar sus propuestas e iniciar un proceso de 8 etapas.

Para la selección de las propuestas por financiar, se conformará un grupo de personas (integrado por personal de las agencias de las Naciones Unidas y otras dependencias) que, con base en los criterios específicos y de evaluación, harán la escogencia y el respectivo anuncio.

                                                    Etapas del proceso:

1. Lanzamiento

El viernes 16 de abril de 2021 se hará una presentación pública de la convocatoria por medio del Facebook Live del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con ello, se inicia unl periodo de dos semanas para divulgación y difusión de la convocatoria a través de medios locales de comunicación y otras redes como grupos de WhatsApp y redes sociales de organizaciones representativas de los territorios indígenas.

2. Formulario

Del 16 al 30 de abril todas las organizaciones o grupos de mujeres indígenas que trabajen en conjunto dentro de los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires y de China Kichá de Pérez Zeledón, podrán elaborar su propuesta llenando el formulario generado para este fin.

El formulario será distribuido de la siguiente forma:  

• Puede ser descargado en el siguiente link: 
• https://drive.google.com/file/d/1ZOXOVras3ld7KiHTIwQPUWMxcFDTmcnf/view?usp=sharing
• Podrá recogerse en las oficinas del Comité Local de Cruz Roja ubicadas en el centro de Buenos Aires.
• Puede ser solicitado por medio de un correo electrónico a la dirección Ximena.Sandi@fao.org;  o un mensaje al teléfono 8731-2992.

Este formulario sirve para comunicar al Programa Conjunto sobre el objetivo y naturaleza de la organización o grupo que presenta la iniciativa, así como las principales características de la iniciativa productiva tales como: el tipo de actividad productiva que se propone financiar, zona geográfica en la que se desarrollará, metas y actividades por realizar.

En este periodo podrán solicitar apoyo o aclarar dudas con el equipo del PC-FAO por los siguientes medios: dirección de correo Ximena.Sandi@fao.org;  o un mensaje al teléfono 8731-2992.

3. Presentación de la propuesta

Una vez llenado el formulario (digitalmente o a mano), se podrá presentar de diferentes formas:

• Enviar el formulario llenado digitalmente al correo:   Ximena.Sandi@fao.org;o por WhatsApp al teléfono:  8731-2992.
• Entregar el documento físico (llenado a mano) en el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Buenos Aires.
• La fecha límite para presentar la propuesta es el 30 de abril a las 23 h 59 min.

4. Pre-selección

Las iniciativas recibidas serán revisadas y analizadas  por el Comité Evaluador del Programa Conjunto. Si el perfil es aprobado, integrantes del Programa Conjunto podrían visitar el lugar donde se propone desarrollar la iniciativa o, de ser necesario, consultar a la organización o grupo solicitante para aclarar temas propios de la propuesta.

5. Desarrollo de la propuesta: mejoras, ajustes y correcciones

En este proceso, el Comité Evaluador del PC podrá solicitar mejoras o ajustes a la iniciativa productiva con el fin de que el documento cumpla con todos los requisitos establecidos. En caso de solicitarse mejoras o más detalles se tendrá tiempo hasta el 18 de mayo para presentar nuevamente el formulario con lo solicitado.

6. Análisis y evaluación final de proyectos

El Comité Evaluador revisará los proyectos  con las correcciones o detalles solicitados y brindará una resolución del análisis que puede ser:

1. Aprobación del proyecto de la iniciativa productiva, de manera que inicie el proceso de traslado de recursos para empezar el desarrollo de las actividades previstas.
2. Hacer una resolución negativa de la propuesta de la iniciativa productiva, con lo que se terminaría el proceso.

A más tardar el 26 de mayo, el Comité Evaluador definirá cuáles serán las iniciativas seleccionadas.

7. Notificación proyectos seleccionados

Entre el 27 y el 30 de mayo, el equipo de FAO se pondrá en contacto con la organización o grupo de mujeres, para informarle que fue seleccionada. Se le darán detalles sobre requerimientos y pasos a seguir.

8. Firma de acuerdo legal

La oficialización de la donación o capital semilla se realizará mediante la firma de un Memorando de Acuerdo, donde se estipulan las responsabilidades y derechos de la organización o grupo seleccionado, así como la proyección de entrega de informes y desembolsos.

Durante toda la ejecución de la iniciativa productiva el Programa Conjunto acompañará y monitoreará las actividades y el alcance de resultados, indicadores y objetivos, de acuerdo con lo que se estipuló en el documento de proyecto aprobado.

La firma del acuerdo tendrá que realizarse a más tardar el 31 de mayo.

Resumen y cronograma del proceso

Criterios de evaluación:

El Comité Evaluador realizará la función de calificar cada iniciativa productiva presentada, utilizando los siguientes criterios de evaluación:

        I.            Información general para la admisibilidad de la iniciativa

• ¿Indica nombre, número de cédula e información de contacto del grupo, organización o mujer indígena representante?
• ¿Se ubica en uno de los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires o del territorio de China Kichá de Pérez Zeledón?
• ¿Es desarrollada por un grupo u organización liderada o coliderada por mujeres indígenas?
• ¿Integra dos o más iniciativas productivas de un mismo territorio indígena o entre territorios?
• ¿El tema de la iniciativa se relaciona con uno o más ejes temáticos priorizados(1. Arte y textil 2. seguridad alimentaria 3. turismo y revitalización cultural)?
• ¿Plantea actividades o resultados que representen un beneficio para la comunidad indígena o el territorio?

      II.            Relación de la iniciativa con los objetivos del Programa Conjunto y los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas

• ¿El desarrollo de la iniciativa productiva o basada en la naturaleza permitirá fortalecer la autonomía económica de las mujeres indígenas beneficiaras? 
• ¿Para el desarrollo de la iniciativa se proponen actividades: i.) basadas en la naturaleza, ii.) innovadoras y iii.) que propicien oportunidades de empleo para las mujeres indígenas?
• ¿El proyecto incluye en sus actividades la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de la tierra, el territorio y los recursos naturales?
• ¿Se fortalece algún aspecto de la cultura del pueblo indígena con la ejecución de la iniciativa?
• ¿El proyecto o iniciativa puede ser replicable en el territorio al cual pertenece el grupo de mujeres o en otro del cantón?
• ¿El proyecto aporta al fortalecimiento de capacidades de la organización o grupo que propone la iniciativa?
• ¿El proyecto fomenta la participación de las mujeres indígenas en procesos de organización interna de su territorio indígena?

   III.         Nivel de sostenibilidad y viabilidad de la iniciativa

• ¿Las mujeres indígenas que participan están siendo apoyadas o han sido apoyadas por algún programa institucional vinculado al Programa Conjunto o algunas de las instituciones que hacen parte de la Estrategia Puente para el Desarrollo?
• ¿El formulario desarrolla de manera clara, coherente y articulada los diferentes componentes de un proyecto, para presentar una idea productiva o basada en la naturaleza?
• ¿Las actividades son ejecutables en el tiempo establecido?
• ¿El presupuesto es coherente con las actividades propuestas?
• ¿La agrupación de mujeres cuenta con una estructura o red que permita el encadenamiento con la iniciativa de otras mujeres u organizaciones dentro y/o fuera del territorio indígena?
• ¿Las actividades propuestas son culturalmente pertinentes y viables en las condiciones actuales de los territorios indígenas?
• ¿El proyecto aportará algún beneficio directo y/o indirecto a la comunidad indígena y al territorio?
• ¿La propuesta presenta mecanismos o estrategias para continuar con la actividad productiva una vez se haya terminado la ejecución del presupuesto aprobado para el capital semilla?
• ¿Se plantean acciones para fomentar un trabajo respetuoso y equitativo entre el conocimiento tradicional indígena y los conocimientos técnicos?
• ¿La propuesta incluye análisis factores de riesgo y su posible impacto en el desarrollo de la iniciativa?
• ¿La propuesta impulsa acciones relacionadas con la diversidad productiva, la innovación, la seguridad alimentaria o el uso sostenible de la naturaleza?

Las familias que se dedican a la producción agropecuaria cuentan con un protocolo para prevenir y mitigar la COVID-19. Este se dirige tanto a las personas productoras como a personas funcionarias de las entidades del sector que les brindan servicios de extensión, capacitación y atención, de forma tal que puedan realizar el trabajo en el campo, aplicando medidas de precaución que eviten contagios de la enfermedad.

De manera particular, el protocolo fue diseñado para el uso de las instituciones del sector agro que forman parte de la Estrategia Puente Agro, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y Consejo Nacional de Producción (CNP), cuyo proceso de visita a hogares productores reiniciará en la primera semana de abril.

“Con el sector, hemos construido ya cerca de 20 protocolos para prevención de la COVID - 19.  Este en particular, nos permitirá continuar con la tarea de Puente Agro, desarrollando planes de intervención en los hogares productores para mejorar sus condiciones de producción y de vida, tomando las medidas de prevención y mitigación de la COVID-19”, expresó el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

“Disponer de una herramienta práctica para identificar los riesgos y definir acciones de prevención y mitigación de la enfermedad COVID-19 es importante para garantizar la continuidad de las actividades agroproductivas y la disponibilidad de alimentos, así como para fortalecer la reactivación del sector”, comentó por su parte Andrea Padilla, Representante asistente de programas de la FAO en Costa Rica, organismo que apoya estos esfuerzos del Sector Agropecuario costarricense. 

El Protocolo para la implementación de medidas de prevención y mitigación de la COVID-19 para los hogares productores en la Estrategia Puente Agro está disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/3cnrw6T. En conjunto con la guía que le acompaña, brindan información clave sobre la sintomatología de la COVID-19, formas de contagio, maneras de prevención, cuidados y demás información.

La guía, mediante recursos visuales y un lenguaje sencillo, explica la relevancia de mantener hábitos de higiene adecuados, utilizar siempre el respectivo equipo de protección personal y realizar una buena gestión en los procesos productivos y en el hogar.

Además, se desarrollaron materiales como presentaciones, rotafolios, plegables, entre otros, para facilitar la labor de las personas extensionistas, tanto para trabajar con sus colegas (diseminadores de información a lo interno), como con los hogares productores. 

La elaboración de la guía y el protocolo es un esfuerzo del Programa Conjunto: fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental, con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

En Costa Rica, la implementación del Programa Conjunto está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OIT, ONU Mujeres y la FAO, las cuales cuentan con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU. Por parte del Gobierno, el Programa lo lidera el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y lo integran el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el MAG y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

 La Representación de la FAO en Costa Rica apoya la implementación del Programa Conjunto mediante el fortalecimiento de capacidades, y la promoción de iniciativas agroproductivas con mujeres indígenas en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

La mejora de la tenencia de los bosques por parte de los pueblos indígenas y tribales puede reducir las tasas de deforestación y la pérdida de biodiversidad, evitando las emisiones de C02, pero se necesita más inversión para abordar las crecientes amenazas.

 Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, y mejorar la seguridad de la tenencia de estos territorios es una forma eficiente y rentable de reducirlas emisiones de carbono. 

Ese es uno de los hallazgos clave de un nuevo informe –Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques– de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).  

Basado en una revisión de más de 300 estudios publicados en las últimas dos décadas, el nuevo informe revela por primera vez hasta qué punto la ciencia ha demostrado que los pueblos indígenas y tribales en general han sido mucho mejores guardianes de sus bosques en comparación con los responsables de los demás bosques de la región. 

La investigación también sugiere que su función protectora está cada vez más en riesgo, en un momento en que la Amazonía se acerca a un punto de inflexión, que podría tener impactos preocupantes en las precipitaciones y en la temperatura y, eventualmente, en la producción de alimentos y el clima global. 

“Los pueblos indígenas y tribales, y los bosques en sus territorios, cumplen un papel vital en la acción climática global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición. Sus territorios contienen alrededor de un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué. 

Los mejores resultados se observaron en los territorios de los pueblos indígenas que cuentan con títulos legales colectivos reconocidos: entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación en estos territorios en la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana fueron solo la mitad a un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares. 

El informe pide a los gobiernos, a los financiadores climáticos, al sector privado y a la sociedad civil que inviertan en iniciativas que fortalezcan el papel que juegan los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal, refuercen los derechos territoriales comunales, compensen a las comunidades indígenas y tribales por los servicios ambientales que brindan, y que faciliten el manejo forestal comunitario. 

También afirma la importancia de revitalizar las culturas y los conocimientos tradicionales, fortalecer la gobernanza territorial y apoyar a las organizaciones de pueblos indígenas y tribales, reconociendo el papel fundamental de las juventudes indígenas y de las mujeres indígenas.

Los territorios titulados sufren una menor deforestación, emiten menos carbono 

Según uno de los estudios analizados en el informe FAO / FILAC, la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia. 

Los territorios colectivos titulados evitaron entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas (MtC) de emisiones de CO2 cada año en estos tres países; estas emisiones combinadas equivalen a sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos durante un año. 

De las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente sus derechos de propiedad colectiva o usufructo sobre cerca de 269 millones de hectáreas; si bien el impacto de garantizar la seguridad de la tenencia es grande, el costo es muy bajo: solo se necesitan 6 dólares para titular una hectárea de tierra en Colombia y 45 dólares en Bolivia. 

El informe FAO / FILAC afirma que el costo de titular tierras indígenas es de 5 a 42 veces más bajo que el costo promedio de evitar CO2 a través de la captura y almacenamiento de carbono fósil, tanto para centrales eléctricas a carbón o a gas. 

 Los pueblos indígenas y tribales son agentes invaluables contra el cambio climático 

 “Casi la mitad (45 por ciento) de los bosques intactos de la cuenca amazónica se encuentran en territorios indígenas –dijo Myrna Cunningham, presidenta de FILAC-, y la evidencia de su papel vital en la protección forestal es clara como el agua: mientras que el área de bosque intacto disminuyó solo 4,9 por ciento entre 2000 y 2016 en las áreas indígenas de la región, en las áreas no indígenas se redujo en un 11,2 por ciento. Esto hace evidente por qué su voz y su visión deben tenerse en cuenta en todas las iniciativas y marcos globales relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la silvicultura, entre muchos otros temas”. 

Los pueblos indígenas y tribales participan en la gobernanza comunal de entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques en la región, que almacenan alrededor de 34.000 millones de toneladas métricas de carbono, más que todos los bosques de Indonesia o de la República Democrática del Congo. 

 Mientras que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3% del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, las áreas protegidas no indígenas perdieron 0.6%, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6%: como resultado de ellos, a pesar de que los territorios indígenas cubren el 28% de la cuenca del Amazonas, solo generaron el 2,6% de las emisiones brutas de carbono de la región. 

Con el objetivo de impulsar sistemas agroalimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos en el país, la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, realizaron un diagnóstico sobre la situación alimentaria y nutricional del cantón de Pérez Zeledón.

El diagnóstico elaborado entre los meses de marzo y noviembre del año anterior, muestra evidencia actualizada sobre las principales redes de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos en Pérez Zeledón. Asimismo, caracteriza a los principales actores sociales del sector agroalimentario de la zona, en medio del contexto que aqueja al país por la pandemia de COVID-19.

Entre los principales hallazgos que arrojó el análisis a nivel de producción de alimentos, destaca que los distritos que tuvieron mayor cantidad de productores con participación activa fueron Pejibaye, El General, y, en tercer lugar, Platanares y Cajón.

Asimismo, evidenció que el 61% de los productores encuestados desarrolla como principal actividad agropecuaria la producción agrícola, mientras que un 22% posee una finca integrada mixta dedicada a distintas actividades (hortícola y pecuaria).

A nivel de comercialización de alimentos se desprende que el 88% de los establecimientos patentados en la Municipalidad y que comercializan alimentos son considerados poco saludables, ya que, dentro de ellos, se vende en su mayoría alimentos procesados.

Según la última Encuesta Nacional de Nutrición en Costa Rica, un 35,3% de las mujeres entre 20 a 64 años padecen de sobrepeso y un 31,3% tienen obesidad; mientras que un 43,5% de los hombres entre 20 a 64 años sufren sobrepeso y un 18,9% son obesos.

En el país, la epidemia del sobrepeso y la obesidad ha crecido, en gran parte, debido a cambios en los patrones alimentarios, y a un mayor consumo de alimentos procesados altos en azúcar, grasas y sodio; la desregulación del mercado, el rápido crecimiento económico y la falta de actividad física, entre otros factores.

A partir del mapeo nutricional y alimentario del cantón, la FAO presentó una propuesta de estrategia municipal para contribuir a la promoción del acceso físico y económico de alimentos saludables, sostenibles y locales.

"Este proyecto es la primera vez que se hace, nunca se había realizado en esta Municipalidad y es de suma importancia porque se trata de la alimentación que es un derecho humano. Además de coincidir con la pandemia, nos brindó una visión que no teníamos para promover la alimentación saludable e impulsar la agricultura familiar”, manifestó Karen Arias Hidalgo, coordinadora de intermediación laboral de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Prioritariamente, las y los técnicos de la Organización aconsejaron que el municipio debe contar con una o varias personas expertas en temas de alimentación y nutrición.

Sobre este tema, la Municipalidad de Pérez Zeledón inauguró el pasado mes de febrero la Comisión Especial Intersectorial Agroalimentaria para articular esfuerzos entre diversas instituciones del país y promover sistemas alimentarios más saludables. Asimismo, la municipalidad declaró de interés cantonal el tema agroalimentario.

Para Andrea Padilla, representante asistente de la Representación de la FAO en Costa Rica, el informe nutricional y alimentario estimula la investigación a nivel local, a través de metodologías adaptadas a los cantones, y permite reconocer la importancia de incluir la seguridad alimentaria y nutricional como tema prioritario en la agenda de los gobiernos locales.

“El diagnóstico alimentario realizado en el cantón de Pérez Zeledón es sumamente necesario, ya que permite conocer la situación de abastecimiento local de alimentos y la identificación de vacíos o cuellos de botella en el cantón, con el propósito de generar cambios positivos en la alimentación de la población y la vinculación de los productores locales a los mercados, mediante una oferta de alimentos frescos y de alto valor nutricional”, afirmó Padilla.

En este contexto, la Organización implementa simultáneamente la Agenda Alimentaria Urbana en varios países de la región, incluyendo: Perú, Chile, Costa Rica y México. La Agenda contempla el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y saludables, rescatando el trabajo colaborativo con los gobiernos locales de los territorios rurales, que se convierten en zonas estratégicas para satisfacer la creciente demanda urbana de alimentos suficientes, adecuados, inocuos y nutritivos.

Desde marzo 2020, cerca de nueve millones de niñas, niños y adolescentes en la subregión mesoamericana, dejaron de recibir lo que, para muchos de ellos, era la única comida o la más nutritiva del día con el cierre de las escuelas.

A casi un año del cierre de las escuelas, como consecuencia de la crisis sanitaria por la emergencia de la COVID-19, autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han reiterado la importancia de continuar promoviendo sistemas alimentarios sostenibles, particularmente ahora que Mesoamérica enfrenta otros desafíos en materia de inseguridad alimentaria, hambre, pobreza y malnutrición.

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020, firmado por las Naciones Unidas, la población subalimentada en Mesoamérica alcanza a 15,2 millones durante el período 2017-2019. Y estas cifras podrían haber aumentado luego del cierre de las escuelas y, por tanto, de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) que significaban para muchos de los estudiantes su principal fuente de alimentos nutritivos en el día.

Ante esto, el Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci, aseguró que los PAE son ejemplos de programas sociales que hacen frente a la crisis sanitaria y que aportan en el compromiso de los países por cumplir las metas de Desarrollo Sostenible al 2030, puesto que contribuyen a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada para las y los escolares.

En ese sentido, Sanches Peraci aplaudió que los gobiernos de Mesoamérica atendieran el llamado de no limitar el acceso de alimentos a través de los PAE, y buscaran otras alternativas para dar cobertura a la población escolar. Tal es el caso de Honduras, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, en donde se siguen distribuyendo canastas de alimentos en los hogares de niñas y niños de edad escolar.

Adicionalmente, en su más reciente informe, la FAO ha insistido en que es necesario seguir promoviendo la educación alimentaria y nutricional frente a la otra pandemia, la obesidad, como uno de los mayores y crecientes retos en la subregión. De acuerdo a datos oficiales, por cada persona que sufre hambre existen más de seis que sufren sobrepeso u obesidad. Si bien el exceso de peso afecta a todos los grupos etarios, en edad escolar, entre el 20 y 40% de las niñas, niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad.

Para hacer frente a esta otra pandemia, la malnutrición, las escuelas también han representado espacios idóneos para promover mejores prácticas alimentarias y de estilos de vida saludables, a través de intervenciones de educación alimentaria y nutricional, que dan respuesta a esta otra cara de la malnutrición en la población estudiantil. 

Los avances en alimentación escolar en la subregión

La FAO también ha reconocido los importantes avances en la promoción de la alimentación saludable en las escuelas de los países de Mesoamérica, destacando entre ellos que en los últimos cincos años, Guatemala, Honduras y Panamá aprobaron leyes que regulan específicamente la alimentación escolar e incorporan la participación de la agricultura familiar en los procesos de adquisiciones de alimentos.

Por su parte, en 2020, El Salvador desarrolló la estrategia de alimentación escolar sostenible y una ley de agricultura familiar; mientras que en Costa Rica y República Dominicana se implementan estrategias de atención en alimentación y nutrición durante el confinamiento.

Además, se han incrementado los presupuestos públicos para los PAE, los cuales durante la COVID-19, en 2020, superaron aproximadamente los 500 millones de dólares para la atención de 7,5 millones de niños, niñas y adolescentes, en escuelas públicas desde pre-primaria, primaria y, en algunos países, la secundaria.

Lo anterior es muestra de la relevancia que tienen los PAE como instrumento de política pública para los países mesoamericanos. Según, Sanches Peraci los PAE son claros ejemplos de políticas de protección social sensibles con la nutrición que pueden generar una transformación e inclusión social, sobre todo en los territorios de mayor pobreza.

Para la fase post COVID-19, y ante el retorno de las clases presenciales, la recomendación de la FAO ha sido continuar con la adquisición de alimentos a nivel local, de preferencia provenientes de la agricultura familiar, promoviendo la diversidad de la producción, consumo y la gastronomía nacional, para dinamizar las económicas regionales y reducir los desperdicios de alimentos.

La FAO ha reiterado la efectividad e impacto que tiene la alimentación escolar a nivel de desarrollo socioeconómico de los países mesoamericanos y en los territorios de mayor rezago social y económico, e insta la participación del sector privado a través de cooperativas y asociaciones de productores y productoras, que permitirán la continuidad en el abastecimiento de alimentos saludables para los servicios de la alimentación escolar.

“Uno de los propósitos centrales del proyecto es fortalecer la lactancia materna exclusiva y la alimentación saludable en niños y niñas durante los primeros mil días, por los beneficios protectores que la leche materna brinda a los seres humanos a lo largo de todo su ciclo vital. También buscamos impulsar hábitos de alimentación y de vida más saludables, especialmente en poblaciones vulnerables, como elementos básicos para que Costa Rica tenga una población que pueda tener una mejor calidad de vida y alcanzar su pleno potencial”, dijo Andrea Padilla, Representante Asistente de la FAO en Costa Rica.

El proyecto: "Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición con énfasis en la población Materno-Infantil", es financiado por el Movimiento SUN, y cuenta con la participación del Ministerio de Salud y el apoyo técnico de la FAO.

El proyecto también trabajará de la mano de actores claves, como las Asociaciones de Desarrollo, líderes comunales y grupos organizados, que contribuirán a impulsar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses; la meta del proyecto es pasar de una media nacional de 27.5% en niños y niñas lactantes a un 30% en el cantón de Santa Ana.

 “Esta es una oportunidad para promover la lactancia materna y construir una estrategia de participación social innovadora que impulse una alimentación óptima en los primeros mil días, período que transcurre desde la concepción hasta cumplir los dos años”, comentó Cecilia Gamboa del Ministerio de Salud.

Dichos procesos contarán con la participación del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cosan), el cual es coordinado desde la Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Municipalidad, por medio del Programa de Alimentación Consciente que incluye el grupo de apoyo en lactancia materna y alimentación con profesionales expertos en el tema.

“La Municipalidad de Santa Ana promueve la calidad de vida en la población, con iniciativas que fomentan estilos de vida sana y reafirman su compromiso con la niñez, con el apoyo a la promoción de la lactancia materna y una alimentación sana”, comentó Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana.

En los últimos diez años, la Municipalidad de Santa Ana como gobierno local ha impulsado el desarrollo integral de la comunidad y cuenta con una Oficina de Seguridad Alimentaria Nutricional consolidada, que aborda integralmente los temas de producción sostenible y alimentación saludable de toda la población del municipio.

Mediante la firma, la Municipalidad de Santa Ana, la FAO y el Ministerio de Salud, se comprometen a mejorar tanto el acceso a la información, conocimientos y experiencias en el ámbito de la seguridad alimentaria nutricional y la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables.

Recarbonizar, es decir, aumentar el carbono orgánico de los suelos, y obtener pagos en el marco del financiamiento climático por servicios ambientales, son dos medidas que está impulsando Costa Rica para enfrentar el cambio climático.

Su programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) opera hace más de 20 años y entrega un reconocimiento financiero por parte del Estado a pequeños y medianos propietarios de bosque y plantaciones forestales, por el secuestro y almacenamiento del dióxido de carbono atmosférico.

Este programa ha sido fundamental: Costa Rica aumentó su cobertura boscosa desde 25% en los años 1980, a 52% en la actualidad. Ahora, en una nueva versión del PSA buscan incluir el cuidado y recuperación de los suelos degradados a través de su recarbonización, es decir, el aumento de su carbono orgánico.

Según el informe El cambio climático y la tierra, del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el aumento del carbono orgánico del suelo proporciona beneficios económicos positivos a corto plazo y beneficios a más largo plazo en cuanto a la adaptación al cambio climático y a la mitigación del cambio climático, la biodiversidad y la mejora de las funciones y los servicios ecosistémicos.

“Necesitamos nuevos enfoques en la agricultura y la alimentación para mejorar la productividad y proteger los sistemas naturales y la biodiversidad. Como FAO estamos trabajando con Costa Rica, México y otros países latinoamericanos para capturar CO2 en los suelos a través del programa RECSOIL: recarbonización de los suelos agropecuarios del mundo, mejorando su salud y dando múltiples beneficios a los ecosistemas silvestres y agrícolas”, dijo el Director General de la FAO, Qu Dongyu, durante la inauguración del seminario Bosques y suelos: Una nueva oportunidad para el planeta.

Durante el seminario, Costa Rica presentó su experiencia nacional en los mercados de carbono, sistemas comerciales que facilitan la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la compra de bonos, y se abordó el pago por servicios ambientales 2.0., y la captura de carbono que se da en bosques y suelos en el país.

“Costa Rica ha demostrado que es posible generar empleos para las personas, bienestar para la sociedad y la salud a través de los ecosistemas. El país ha entendido que la conservación de los recursos naturales es vital para el progreso humano”, dijo la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

La vicepresidenta de España, Teresa Ribera, reconoció la exitosa experiencia de Costa Rica en el mercado de carbono, y detalló los énfasis de España en estas materias:“Costa Rica ha sido fuente de inspiración e innovación. Ocurrió cuando el país apostó por hacerse verde y ocurre ahora cuando se plantean metas de neutralidad climática y gestiones agrícolas inclusivas. La gestión de suelos, forestal e hídrica son asuntos de nuestra agenda también, y tienen un fuerte sesgo de género”, dijo la vicepresidenta de España y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera.

Por este medio, alertamos a la población en general a estar atenta ante posibles estafas en nombre de supuestos consultores(as) de la FAO en Costa Rica, que están enviando cartas y documentos falsos.

La Representación de la FAO en Costa Rica, les invita informarse por las cuentas oficiales de la FAO a través del sitio web: http://www.fao.org/costarica/es/ y el Twitter: @FAOCostaRica.

Les agradecemos realizar cualquier denuncia de irregularidad a través del correo: FAO-CR@fao.org

“Reconocemos la urgencia de visibilizar y rescatar el valioso aporte de las mujeres, con el objetivo de continuar avanzando en la construcción de políticas públicas con un enfoque de igualdad para las mujeres rurales, actoras imprescindibles para lograr la consecución de la Agenda 2030. Tenemos muy claro que cerrar la brecha de género en la agricultura, así como en otros aspectos de la vida rural, podría generar avances significativos para un mejor desarrollo”, comentó Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de la República.

Actualmente, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes desempeñan un rol fundamental en la producción y el abastecimiento de los alimentos en el país, a pesar de los retos diarios, ellas continúan trabajando para atender las demandas alimentarias de sus familias y sus comunidades como heroínas de la alimentación.

“Las Mujeres Rurales son esenciales para erradicar el hambre, la malnutrición y para disminuir la pobreza en sus localidades. Ellas juegan un rol vital en las economías rurales y en donde vive la mayoría de la población en condiciones de pobreza. Las mujeres también son fundamentales para la familia, la seguridad alimentaria y la nutrición, dado que, por lo general, son ellas las responsables de la selección y preparación de los alimentos, así como del cuidado y alimentación de las niñas y los niños”, aseguró Adoniram Sanches, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Costa Rica.

Según datos del último Censo Agropecuario de Costa Rica,, se registran 12 598 mujeres productoras, lo que equivale al 15,6% a nivel nacional, mientras que la participación de los hombres como productores es 5 veces mayor a la proporción de las mujeres. El Censo Agropecuario registra que solamente el 3% de las mujeres productoras han recibido asistencia técnica agropecuaria.

“La institucionalidad está en deuda con las mujeres rurales. Nos urge avanzar en políticas y acciones para superar los desequilibrios o las brechas existentes que procuren entre otras cosas: aumentar y fortalecer la participación de las mujeres en el diseño y ejecución de planes de desarrollo local y la mejora del acceso a los servicios de educación, salud, agua potable y tenencia de la tierra. Además, se requiere promover el empoderamiento económico de las mujeres en las zonas rurales, y fomentar el liderazgo y protagonismo de las mujeres para que participen en los procesos de toma de decisiones y en los espacios políticos locales y nacionales”, dijo Patricia Mora Castellanos, ministra de Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Este mes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería lanzó la Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030 y el I Plan de Acción 2020-2024.

“Mediante esta Política buscamos contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso a las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural”, señaló Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería.

En el I Plan de Acción, que se ejecutaría entre el 2020 y 2024, las entidades del Sector Agropecuario se comprometen a una readecuación de sus servicios en cuanto al acceso a la tierra, acceso a crédito rural, acceso a fondos no reembolsables para capital semilla, capacitación y servicios de asistencia técnica adecuados a ellas para el desarrollo de capacidades, acceso a la investigación y a la transferencia de tecnología y, sensibilización en temas de género dentro de cada institución.

La Vicepresidencia de la República y la FAO organizaron un conversatorio respecto al rol determinante de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades, por medio del Facebook Live del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Foro contó con la participación de Luis Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica; Jairo Flores, coordinador general del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe; Adoniram Sanches, coordinador de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica y representante de FAO en Costa Rica y Paola Valladares, congresista y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en Costa Rica.

El evento impulsó el intercambio de conocimiento, experiencias y legislatura sobre cómo se aborda en diferentes lugares de América Latina y Costa Rica la seguridad alimentaria y nutricional y cómo se incide en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional, incluyendo las diferentes formas de malnutrición. 

Asimismo, posicionó a través de la experiencia de las y los expositores la importancia de avanzar hacia una profunda transformación de los sistemas alimentarios sostenibles y saludables, para enfrentar los impactos sanitarios, económicos y sociales que actualmente se viven a causa de la pandemia de COVID-19. 

Sobre este tema, la Oficina de la FAO en Costa Rica apoya acciones y esfuerzos nacionales para impulsar la seguridad alimentaria y nutricional, de la mano de herramientas que también permitan mitigar los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. Entre los que destacan la cooperación relacionada con el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030, la construcción de las recomendaciones de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA´s) y la elaboración de una propuesta de canasta básica que incorpora elementos nutricionales. 

 “Para alcanzar el hambre cero se deben tomar medidas para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos; mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, a precio justo y producidos de manera responsable con el medioambiente”, dijo Adoniram Sanches, coordinador de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica y representante de la FAO en Costa Rica.

Bajo esa misma línea, diputados y diputadas, integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Costa Rica también aprobaron liderar e incidir en el diálogo y debate político hacia sistemas alimentarios más justos e igualitarios.

Para Paola Valladares, congresista y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en Costa Rica es fundamental dar a conocer la importancia de mantener sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles, en un contexto actual donde el país y el mundo enfrentan una crisis sanitaria y económica.

“La pandemia ha valorado en su justa dimensión la importancia de sistemas alimentarios estables y sostenibles, donde el abastecimiento de semillas ha sido fundamental para no empeorar la actual crisis sanitaria, es por ello que desde el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición impulsamos una iniciativa para contar con un sistema que permita asegurar la calidad de las semillas y la adaptabilidad de los materiales a ser utilizados por el productor”, señaló la diputada.

 Durante un evento de diálogo político de alto nivel, se presentó el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030, que impulsa acciones que garantizan el desarrollo integral e inclusivo de la agricultura familiar con el objetivo de fortalecer las capacidades de productores y productoras, la generación de ingresos y el fomento de sistemas alimentarios saludables, culturalmente apropiados, inclusivos y sostenibles.

El mismo fue elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), con el apoyo del programa “Mesoamérica Sin Hambre AMEXCID-FAO”,  una iniciativa conjunta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“En este contexto de pandemia sabemos que la reactivación económica vendrá del campo y que las agricultoras y los agricultores familiares serán un sector prioritario, no solo para alimentarnos, sino también para salir adelante de la crisis social económica que generó la misma pandemia”, comentó Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería.

La agricultura familiar es la base de la seguridad alimentaria y de los sistemas alimentarios sostenibles; según los últimos datos del Censo Agropecuario, el 55% de las explotaciones agrícolas son dedicadas a la agricultura familiar. Además, genera el 36% del empleo sectorial y contribuye al 39% del PIB sectorial. Las fincas de la agricultura familiar representan más de la mitad de las fincas censadas en el país, lo que evidencia su relevancia para la economía y el desarrollo social.

“La agricultura familiar produce más del 70% de los alimentos de Centroamérica y posee un enorme potencial para incrementar la productividad y dinamizar al sector agrícola, contribuyendo a una mayor estabilidad de abastecimiento de alimentos frescos y saludables. Desde la FAO reconocemos que es un sector clave para avanzar hacia la erradicación del hambre y la pobreza rural, por lo tanto, felicitamos al país y a la Red Costarricense de Agricultura Familiar por la construcción del Plan Nacional”, comentó Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Costa Rica.

El Plan fomenta el desarrollo de marcos jurídicos que impulsan políticas diferenciadas para las agricultoras y agricultores familiares. Por otro lado, resalta la importancia de la generación de oportunidades para la juventud rural; y busca contribuir en la disminución de las tasas de migración de jóvenes a la ciudad en busca de empleos y una mejor calidad de vida.

Según la FAO, las mujeres son esenciales para garantizar el bienestar de sus familias y las comunidades rurales. Las mujeres se dedican a actividades agrícolas y no agrícolas y cumplen una función fundamental en la gestión de los recursos naturales, en la producción, elaboración, conservación y comercialización de los alimentos. Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales del Plan Nacional es garantizar la equidad de género, el liderazgo, la participación efectiva y el empoderamiento económico de las mujeres rurales como agentes de cambio.

Recientemente, Costa Rica presentó su Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030; así como su Primer Plan de Acción 2020-2024, que tiene como objetivo convertirse en una herramienta para que las mujeres rurales puedan exigir mejor calidad en los servicios que les prestan las entidades gubernamentales.

Por otra parte, el plan de agricultura familiar señala la importancia de la asociatividad y la organización de productores y productoras familiares que les permitirá un mejor acceso a los mercados de insumos y productos, a los servicios sociales técnicos y financieros.

“El trabajo coordinado entre instituciones gubernamentales, organizaciones de productores y la academia es fundamental para impulsar la agricultura familiar. Nuestro compromiso desde la AMEXCID, y a través de Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, es seguir apoyando a la región en el fortalecimiento de políticas públicas para avanzar conjuntamente en la lucha contra el hambre y la pobreza, y promover alianzas y estrechar lazos de cooperación en beneficio de la construcción de un sector rural más próspero e inclusivo”, dijo Bricio Nava, director para desarrollo social, humano y sustentable de la AMEXCID.

Actualmente, la alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático que sufren las comunidades rurales resalta la necesidad de implementar medidas para mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático de la agricultura familiar, cuyos medios de vida dependen directamente de los bienes y servicios de los ecosistemas. Por lo que, en el Plan, se toman en cuenta acciones para asegurar una adecuada gestión de los ecosistemas y la biodiversidad con un enfoque de territorio.

Además, se valoriza el papel clave que tiene la agricultura familiar como promotor de la agrobiodiversidad para el desarrollo de los territorios, la erradicación de la pobreza, el logro de la seguridad alimentaria y nutricional y en la generación de crecimiento económico a partir de iniciativas sostenibles y culturalmente pertinentes.

A nivel internacional, Costa Rica fue uno de los países que lideró la proclama del Decenio de la Agricultura Familiar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir en gran medida a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“La campaña resalta la importancia de incorporar en la dieta una mayor diversidad de frutas y vegetales, ya que estos alimentos y sus nutrientes cumplen un rol clave en el desarrollo y preservación del sistema inmune”, afirmó la viceministra de Salud, Alejandra Acuña.

Actualmente, Costa Rica, alberga el 6,5% de toda la biodiversidad mundial, con suelos fértiles que permiten salvaguardar la seguridad alimentaria y fomentar el consumo de alimentos frescos incluyendo una gran variedad de frutas y vegetales disponibles para la población durante todo el año.

La campaña promueve la producción nacional y el consumo de alimentos provenientes de agricultores y agricultoras familiares, que incluye una gran variedad de leguminosas como: frijoles, lentejas, garbanzos; y lácteos, carnes blancas, entre otros.

“Detrás de nuestros alimentos siempre hay alguien que los produjo, plantó, cosechó, pescó o transportó. En esta conmemoración, aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestros héroes y heroínas de la alimentación, que inclusive ante los impactos del COVID-19, continúan trabajando para hacer posible que todos y todas tengamos acceso a esta increíble variedad de frutas y vegetales”, dijo Adoniram Sanches, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Costa Rica.

En la campaña se incluyen consejos para ingerir la cantidad adecuada de frutas y vegetales, con el propósito de que la población implemente mejores hábitos alimentarios y también aprenda a aprovechar todas las partes comestibles de los alimentos, como la cáscara de las frutas, las hojas y raíces de los vegetales.

Asimismo, se incluyen algunas sugerencias para compartir en familia, disfrutar de los alimentos y cuidar de su inocuidad para mantener una buena salud.

Este año, la FAO celebra su 75° aniversario de la mano del DMA, bajo el lema: cultivar, nutrir, preservar, conjuntamente, y reconoce la valiosa labor de las y los productores que trabajan constantemente adaptando sus métodos a todo lo que se presente, desde plagas hasta crisis relacionadas con la salud o el clima.

Hoy se conmemora el 1° Día Internacional para la concienciación de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA), mediante el conversatorio nacional titulado: Nuestro Rol ante el Desperdicio de Alimentos.

“Este es el cuarto conversatorio que celebramos, y hemos querido centrarnos esta vez en las responsabilidades y oportunidades que cada uno de nosotros tiene como individuo, pues todos podemos ser parte de la solución al aprender cómo ser más conscientes a la hora de realizar compras e incluso apoyar a nuestros productores, podemos aprender formas diversas y saludables de preparar los alimentos, y también podemos motivar a más miembros de nuestras familias, a amigos y compañeros del trabajo o la comunidad a evitar el desperdicio de alimentos”,  señaló Laura Brenes, coordinadora de la Red Costarricense para la Disminución de PDA, y especialista en Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica.

El conversatorio sensibilizará a las personas participantes sobre su compromiso ante el desperdicio de alimentos en su cotidianidad, sea esta en el hogar o la oficina, sus actividades de compra y consumo de alimentos.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en América Latina y el Caribe, se pierde o desperdicia cada año, aproximadamente 220 millones de toneladas de alimentos, lo cual en términos económicos equivale a 150 mil millones de dólares por año.

“Es importante destacar que la FAO también apoya a los países en la generación de un Código Internacional de Conducta para la Disminución de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos, esto ha sido posible gracias a la iniciativa presentada por Costa Rica y la Red Costarricense para Disminución de PDA”, comentó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional para Mesoamérica y Representante de la FAO en Costa Rica.

El tema de PDA se incluyó en la Agenda 2030, en la meta 12.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establece al 2030 mermar las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidos los descartes poscosecha y reducir a la mitad el desperdicio de comida.

A nivel nacional, se trabaja en la construcción de la meta 12.3.1 bajo el liderazgo de los diferentes actores del sistema alimentario con el propósito de posicionar la temática en la agenda nacional.

El descartar alimentos implica un mal uso de los recursos y genera un impacto ambiental negativo. Además, representa un obstáculo para alcanzar sistemas alimentarios saludables e inclusivos, la seguridad alimentaria y nutricional, mejorar la economía de productores, procesadores, distribuidores, servicios de alimentación y consumidores.

El conversatorio es organizado por miembros de la Red Costarricense para la Disminución de PDA, y es coordinado por la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES), junto a Alimentalistas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la  FAO. Además, se cuenta con el apoyo del TEC, Universidad EARTH, la UCR, el INA, la Universidad para La Paz, y la UNA.

La actividad virtual está abierta al público general que esté interesado en reducir el despilfarro de comida, inscripciones aquí.

El Gobierno de Guatemala con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), promueven la creación de un sistema de nacional de monitoreo, reporte y verificación del sector agrícola y forestal con un enfoque  multipropósito que permita la generación, colecta, sistematización y reporte de los datos del sector agrícola, forestal y los ecosistemas.

En este contexto, la FAO, realizó un intercambio de experiencias con Costa Rica a través de un taller virtual, sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), que se ha implementado para el monitoreo, reporte y verificación del sector agrícola y forestal en Costa Rica.

El nuevo sistema de Guatemala, se desarrolla a través del proyecto: “Generación y preparación de información para la formulación de propuestas de financiamiento para el sector agricultura, bosques y otros usos de Guatemala” para apoyar la preparación de la Autoridad Nacional Designada (NDA, por sus siglas en inglés), ante el Fondo Verde del Clima (FVC), y el proyecto Global CBIT-Forest de la FAO, en el cual Guatemala es un país participante y referente de innovación de herramientas para el fortalecimiento de las capacidades nacionales sobre el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) del sector Agricultura Bosque y Otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés).

Durante el intercambio de experiencias y presentación del SIMOCUTE, que ha sido desarrollado por el Gobierno de Costa Rica para mejorar los procesos de generación de la información sobre cambios de la cobertura y uso de la tierra, los ecosistemas, la biodiversidad y la producción agrícola y forestal. El SIMOCUTE, constituido formalmente desde el 2015, considera otros sistemas e iniciativas de monitoreo existentes en el país, con el objetivo de integrarlos y armonizarlos en un sistema robusto e integrador.

El intercambio permitió conocer la experiencia de crear un sistema que integre el sector forestal y agrícola, así como los componentes, los datos que recopila, las instituciones vinculadas y los mecanismos de gobernanza que utilizan para su implementación. Asimismo, facilitó la apropiación de los actores en Guatemala sobre las acciones conjuntas que son necesarias para contribuir al monitoreo de la acción climática y reportar sus avances en el ámbito internacional en el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático de Guatemala, liderado por el viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, Fredy Chiroy.

Los participantes por parte de Guatemala son profesionales y técnicos del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de los Bosques y Uso de la Tierra (GIMBUT), integrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),  el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (URL) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

A partir de este intercambio se fortalecieron los lazos de cooperación y trabajo conjunto entre Costa Rica y Guatemala, para continuar con el intercambio de experiencias en temas específicos y potenciar la participación de ambos países en las iniciativas regionales y globales de monitoreo de la tierra.

Ante la crítica situación, un grupo de mujeres dedicadas al pelado de camarón y pescadores se unieron para hacer realidad una gran iniciativa: una serie de módulos de producción de hortalizas bajo un innovador sistema llamado “casas malla”.

Priscilla Sandí Chinchilla fue la primera hija, de siete, en graduarse de bachiller en el Liceo de Chacarita. Ella nació en una familia históricamente dedicada a la pesca y al pelado de camarón.

“Una de mis hermanas mayores, Maribel, quien se ha dedicado por muchos años al pelado de camarón fue la lideresa que impulsó la creación y consolidación del grupo. Yo, sinceramente, no quería participar, pero mi hermana me insistía para que me fuera involucrando. Finalmente, le hice caso y poco a poco aprendí sobre la importancia de la asociatividad entre personas que se dedican a la pesca y hasta la fecha aquí seguimos con el grupo”, dijo Priscilla.

Mediante el apoyo del proyecto “gestión sostenible de la captura incidental en la pesca de arrastre de América Latina y el Caribe” (Rebyc-II LAC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), mujeres y hombres, recibieron capacitaciones sobre el fortalecimiento organizacional, la planificación estratégica, el empleo decente y el empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de desarrollar nuevos emprendimientos que se complementaran con la actividad pesquera.

El 30 de octubre del 2018, el grupo logró conformar formalmente la Asociación de Mujeres y Hombres Emprendedoras(es) de Bella Vista.

“Al principio, teníamos mucho temor. Sin embargo, reconozco que este proyecto productivo ha sido una gran experiencia porque pasamos del mar a la tierra. Ninguna de nosotras sabíamos cómo sembrar y pues es una actividad muy diferente a la que estábamos acostumbradas como pelar camarón y pescar”, contó entusiasmada Priscilla.

“Fomentar la asociatividad entre quienes trabajan en la pesca y fortalecer el derecho a la participación, sumado al reconocimiento real de la organización pesquera, tiene un importante papel en el desarrollo comunitario de las zonas costeras. Asimismo, contribuye a la participación de las mujeres como agentes activas del cambio en el sector, a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza”, comentó Adoniram Sanches Peraci, Representante de la FAO en Costa Rica.

El proyecto desarrollado por la Asociación de Mujeres y Hombres Emprendedoras(es) de Bella Vista ha sido coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (Inta), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Trabajo (Mtts), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la FAO.

 “Hemos logrado articular el trabajo de muchas entidades en torno a este proyecto que pretende ser una alternativa de producción para dar calidad de vida a un grupo de mujeres y sus familias que se vieron afectadas por el cierre de empresas camaroneras en Puntarenas.  Necesitamos seguir acompañando esta iniciativa para que sea un éxito sostenible. Estas productoras han demostrado que la transformación es posible, porque cambiaron su forma de aportar bienestar a sus familias y su forma de pensar”, expresó el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, quien destacó la importancia de la tecnología en la producción agropecuaria.

El proyecto productivo se ubica en un terreno del Consejo Nacional de Producción (CNP), localizado en Barranca, Puntarenas, el cual está cedido como préstamo en precario a la Asociación de Mujeres y Hombres Emprendedoras (es) de Bella Vista, e incluye 2.400 m² de módulos de “casas malla”, donde se cultivan chile dulce, pepino, lechuga, repollo, culantro, albahaca, entre otros.

Este modelo de ambiente protegido (“casas malla”) contribuye a garantizar la producción de cultivos sanos e inocuos, así como a la adecuada utilización de los recursos naturales y la aplicación de buenas prácticas agrícolas. 

Los módulos fueron financiados con recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype) del Ministerio de Trabajo. A las mujeres, adicionalmente se les brindó un subsidio económico temporal, por medio del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).

“Nosotras hemos aprendido a sembrar, cosechar, comer nuestros propios alimentos y además ahora tenemos la oportunidad de vender los productos que con tanto esfuerzo hemos cultivado. Actualmente, estoy ayudando a mercadear nuestros productos por medio de las redes sociales para ir posicionándonos mejor”, expresó sonriente Priscilla.

La producción actualmente alcanza para el autoconsumo de las familias y, a la vez, pueden comercializar los excedentes en algunas ferias del agricultor de la región, gracias también a una gestión del CNP, para mejorar la economía familiar.

En un futuro, Priscilla y cada una de las personas asociadas al proyecto aspiran a convertirse en proveedoras del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Asimismo, esperan con ansias conseguir un puesto fijo de venta en la feria de Barranca para continuar con la venta de productos frescos y saludables, con ello no solo segurián llevando sustento a sus familias, sino que además fortalecerán sus capacidades empresariales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del Programa Mesoamérica sin Hambre, en conjunto con el Viceministerio de la Presidencia, trabajan en la elaboración de la política pública para pueblos indígenas.

“Se trabaja en la construcción participativa de una propuesta que fortalezca la autonomía, la territorialidad y el desarrollo de los pueblos indígenas en el país. Consideramos clave mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas mediante la instauración de medidas específicas en las propuestas de política social con inclusión de la visión de los territorios”, comentó Adoniram Sanches Peraci, Representante de la FAO en Costa Rica.

El proceso de construcción de la consulta para la política, que sigue las disposiciones del derecho a consulta bajo el principio del consentimiento, libre, previo e informado, pretende garantizar el respeto, el reconocimiento del marco de derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); así como el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional para robustecer la gobernanza en los territorios indígenas, fomentando el respeto a la libre determinación y el derecho al desarrollo propio.

“La política pública se inserta dentro de una serie de esfuerzos que vienen a consolidar el interés estatal en promover el bienestar en una población que tradicionalmente se ha visto excluida de las oportunidades de desarrollo, razón por la cual se desenvuelve en un contexto histórico de trascendencia, donde el Estado se compromete a diseñar, ejecutar y evaluar las acciones afirmativas en pro de las luchas y dignificación de la cultura indígena del país”, dijo el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola.

El Proceso de Consulta se realizará bajo las normas que orienta el Decreto Ejecutivo número 40932-MP-MJP, sobre el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (MGCI), donde se aplicarán todos los protocolos correspondientes para asegurar que la población indígena pueda participar de forma segura en el contexto actual, sin perjudicar los derechos de participación plena y efectiva que fortalecen la gobernanza democrática del país.

Además, junto al Viceministerio se trabajará en una herramienta técnica y política que considere la información relevante, confiable, oportuna, desagregada y culturalmente pertinente para comprender los diferentes aspectos de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

“En este proceso sentí que por primera vez se tomaba en cuenta nuestra voz, conocimientos, saberes, y se incluía la participación de las mujeres en la construcción de una política pública tan importante para buscar soluciones a los temas de pueblos indígenas”, comentó Doris Ríos Ríos, lideresa cabécar de China Kicha.

Asimismo, mediante la política se buscan reducir las desigualdades, las brechas de género y garantizar entre otros aspectos, el acceso efectivo a los servicios básicos, y también asegurar las condiciones de vivienda y acceso a los servicios esenciales en los territorios indígenas que actualmente son más limitados que en el resto del país, fomentando una adecuación cultural de los mismos servicios públicos.

Como parte de este esfuerzo, el Gobierno de la República, se encuentra en la confección de una carta de compromiso que reafirme el acuerdo asumido por el Estado costarricense con la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2021-2026.

Desde la FAO, se reconoce la gran importancia del conocimiento de los pueblos indígenas en los sistemas agroalimentarios, con sus dietas tradicionales, sistemas de producción y la gestión sostenible de los recursos naturales como un patrimonio inestimable, que puede ser clave para encontrar respuestas a los problemas que nacen de los actuales paradigmas de vida y el progreso de la sociedad contemporánea

En Costa Rica la deforestación alcanzó su máximo valor en la década de 1980, en ese entonces el país tenía una de las tasas de deforestación más altas del mundo.

Sin embargo, gracias a un gran esfuerzo nacional, luego de más de 20 años después, el país logró un aumento del 54% en su superficie forestal, convirtiéndose en ejemplo global.

La cubierta forestal ha crecido producto de prácticas agrícolas sostenibles, la reversión de la deforestación y mútltiples políticas e iniciativas forestales.

Actualmente, Costa Rica es globalmente reconocida por sus extensos bosques tropicales, su gran biodiversidady su lucha para mejorar la conservación y recuperación de los bosques, sin dejar de lado el desarrollo del sector agropecuario.

Sin embargo, a pesar de estos logros, hasta hace poco el país no contaba con un sistema de monitoreo robusto y armonizado que le permitiera dar seguimiento a la evolución de sus recursos naturales de manera integral.

Por muchos años el monitoreo de los recursos forestales y agrícolas se llevó a cabo de forma aislada, ocasionando diferencias entre los científicos del país y limitando el reporte consistente y transparente de los compromisos internacionales relacionados con las convenciones de cambio climático, biodiversidad y desertificación.

En la encrucijada por generar información de alta calidad técnica para apoyar la toma de decisiones políticas nacionales concernientes a la gestión de los recursos naturales, surge como respuesta la creación y el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), con el cual, el país resurge como referente de mejora e innovación.

El SIMOCUTE inició acciones en 2015, promovido por el gobierno quien demandaba la creación de un sistema nacional para monitorear la cubierta terrestre, el uso de la tierra y los ecosistemas para facilitar la recolección, integración, gestión y difusión de datos e información ambiental a escala nacional.

Cabe destacar que un sistema de monitoreo ofrece oportunidades educativas y de formación profesional para estudiantes y jóvenes expertos en las primeras etapas de sus carreras. La integración de jóvenes expertos —tanto hombres como mujeres— en la planificación y organización del sistema de monitoreo está estrechamente ligado al desarrollo de la capacidad y la creación de redes.

La FAO identificó y presentó como caso de estudio al SIMOCUTE por medio de un ZOOM organizado por el proyecto: Fomento de la capacidad global para aumentar la transparencia en el sector forestal (CBIT-Forest, por sus siglas en inglés).

El SIMOCUTE es fruto de un arduo trabajo conjunto, liderado por el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), con  más de 40 instituciones vinculadas con el monitoreo de bosques, coberturas y usos de la tierra en el país, con la participación de instituciones públicas, organizaciones nacionales, la academia, y la cooperación internacional, incluyendo la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el programa SilvaCarbon de los Estados Unidos y en general los socios de la Iniciativa Mundial de Observaciones Forestales (GFOI, por sus siglas en inglés).

El SIMOCUTE como plataforma permite conocer los cambios de la cobertura y uso de la tierra, la situación de los ecosistemas, la biodiversidad, la producción agrícola y forestal. También, considera los sistemas e iniciativas de monitoreo existentes en el país, con el objetivo de integrarlos y armonizarlos en un sistema más robusto. Asimismo, el SIMOCUTE contribuirá a la acción climática (Acuerdo de París) poniendo a disposición datos e información sólida y transparente que permitirán tomar decisiones para el país y reportar sus avances en ámbito internacional.

Más información:

Sitio web: Boosting transparency of forest data
Brochure del proyecto: Fomento de la capacidad global para aumentar la transparencia en el sector forestal
Caso de estudio Costa Rica
Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional

• El Objetivo es diversificar los cultivos producidos por comunidades vulnerables para mejorar su actividad productiva y ampliar sus opciones alimenticias, brindando acompañamiento técnico en el manejo integral de semillas. 

Con el objetivo de atender las necesidades de familias y comunidades vulnerables de los territorios rurales que se han visto severamente afectados por la pandemia de COVID-19, la Oficina Nacional de Semillas, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, lanzó el programa “Doná Semillas, es tiempo de ser solidarios”.

La iniciativa consiste en la donación de semillas para distribuir a lo largo del territorio nacional a pequeños productores, con el fin de que mejoren su actividad productiva y amplíen su dieta familiar, para lo cual se dará asistencia y seguimiento técnico tanto por parte de las instituciones de gobierno como de las empresas donantes.

“La semilla es un insumo estratégico en la producción agropecuaria. Con el apoyo de las empresas semilleristas del país, de la academia, organismos internacionales e instituciones del Sector Agropecuario, vamos a hacer llegar este importante insumo a grupos de los territorios rurales que han sido afectados por la pandemia”, informó Tania López, directora ejecutiva de la ONS. 

Detalló que la campaña “Doná Semillas, es tiempo de ser solidarios” tiene 3 objetivos específicos: 

Diversificar los cultivos producidos por comunidades y población vulnerables, con el fin de mejorar su dieta ampliando las opciones alimenticias, incrementando mayor resiliencia ante el cambio climático u otras adversidades.

Apoyar el suministro de semillas a grupos vulnerables que requieren fortalecer los medios de vida y el aprovisionamiento de alimentos básicos.

Brindar acompañamiento en el manejo integral de semillas, desde la recuperación y selección de semillas, características del cultivo, elaboración de almácigos, limpieza, sistemas de producción, almacenamiento, etc., como una forma de mejorar la eficiencia productiva con el uso de semillas de buena calidad.  

Para el sector semillerista representa una oportunidad para aportar en la recuperación de las economías rurales, en medio de la pandemia. “Queremos que este sea un programa sostenible en el tiempo, ya que es una donación orientada hacia la demanda y asistida, para garantizar el éxito del proyecto”, expresó Sebastián Silesky, de la Cámara de Insumos Agropecuarios. 

Diferentes grupos de pequeños productores agrícolas de granos básicos y hortalizas, pueblos indígenas, grupos de mujeres y jóvenes y organizaciones de la sociedad civil; CEN-CINAI; Fundación Lloverá Comida, de Tamarindo, Guanacaste; y municipalidades como la de Coto Brus han planteado solicitudes ante la ONS para participar en el programa como beneficiados. 

López agregó que a los proyectos se les dará seguimiento por parte de las entidades institucionales y las mismas empresas, para que la semilla realmente rinda el fruto esperado. 

Otros donantes de semillas son el Centro para la Investigación de Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, CIGRAS, y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Este último dona germoplasma único y mayoritariamente criollo o localmente adaptado; por lo tanto, estratégico para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad alimentaria y nutricional, la respuesta a nuevas enfermedades y la adaptación al cambio climático.

En este esfuerzo, la ONS es acompañada por entidades del Sector Agropecuario como el INTA, el CNP, INDER, Consejo de Clubes 4S, el INA, la Red de Agricultura Familiar; desde la academia por el CIGRAS-UCR; CATIE; por la FAO, y Fundecooperación; la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria;  la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, así como por empresas semilleristas como Abono Superior, El Colono, Duwest Cafesa Costa Rica, Resusa, SENUMISA, Eurosemillas,  Trisán, y Semillas para el Futuro Lem, S.A., DGR S.A., entre otras.

Where: Zoom

Language: English

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Costa Rica has made many efforts to monitor and conserve its forests. Since 2015, the Government has been developing a national system for monitoring land cover, land use and ecosystems (SIMOCUTE: Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas) that facilitates the collection, integration, management, and dissemination of national-scale environmental data and information.

SIMOCUTE has been developed through a participatory and interinstitutional process led by the National Center for Geo-environmental Information (CENIGA: Centro Nacional de Información Geoambiental), which involved 40 institutions from government, academia and the private sector.

Furthermore, ten international organizations provide technical and/or financial support to SIMOCUTE, including partners of the Global Forest Observations Initiative (GFOI), in particular the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the SilvaCarbon programme of the United States.

The event will “zoom” in on Costa Rica’s national system for monitoring land cover, land use and ecosystems SIMOCUTE, which has been highlighted in a recent FAO case study publication. The webinar will feature presentations on the case study and SIMOCUTE, followed by a discussion and will conclude with the key messages of this work.

Welcoming remarks and introduction: Lucio Santos, LAC REDD+ Coordinator (FAO)          

Programme:

Presentation 1 Ms. Rocío Cóndor-Golec, FAO/GEF CBIT-Forest global project

Presentation 2 Mr. Rafael Monge-Vargas, CENIGA, Ministry of Environment and Energy, Costa Rica

Q&A session

Closing remarks: Julian Fox, National Forest Monitoring Team Leader (FAO)          

Moderator: Khalil Walji, Capacity development specialist (FAO)

The webinar and the case study are conducted in the framework of the project “Building global capacity to increase transparency in the forest sector (CBIT-Forest)” funded by the Capacity-Building Initiative for Transparency (CBIT) trust fund of the Global Environment Facility (GEF).

Esta rueda de negocios, realizada a través de la plataforma de la Red Centroamericana de Comercio (REDCA), contó con la participación de 574 empresas de 22 países de América Latina y Europa, quienes tuvieron la oportunidad de ampliar sus contactos con potenciales socios estratégicos, clientes o proveedores. En total, se realizaron 1,037 reuniones y hasta la fecha se ha contabilizado una intención de negocio de más de USD 4.7 millones.

La iniciativa fue organizada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Melvin Redondo, Secretario General de la SIECA, destacó que las ruedas virtuales de negocios permiten dar una solución para enfrentar los efectos de la COVID-19 al mantener vivo el comercio y las relaciones empresariales.

“Esta actividad ha sido una oportunidad de expandir los negocios en nuevos mercados, contactando a compradores y vendedores del sector agroalimentario. Desde la SIECA seguiremos apostando por estas iniciativas con el propósito de potenciar el comercio electrónico y los negocios de Centroamérica con el mundo, por ello para los próximos dos años tenemos programadas 10 ruedas virtuales de negocios adicionales”, reiteró Redondo.

 “La necesidad de buscar alternativas de comercialización durante esta pandemia ha agilizado el uso de las tecnologías y plataformas virtuales a todos los niveles, y esta iniciativa es una muestra de ello. Avanzar progresivamente en una mayor digitalización del sector agropecuario puede contribuir a un mayor acceso a mercados, mayor competitividad, y al desarrollo de las economías rurales”, afirmó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Para Federico Villarreal, Director de Cooperación Técnica del IICA, el comercio internacional juega un papel estratégico en la seguridad alimentaria mundial, favoreciendo la disponibilidad de alimentos inocuos y nutritivos en los mercados locales, la generación de divisas para financiar los programas de asistencia humanitaria y de recuperación socioeconómica, así como la promoción de ingresos para los productores y empresas y de empleos para los pobladores rurales urbanos. Agregó que estas actividades han sido una excelente oportunidad para promover el comercio intrarregional utilizando nuevas tecnologías y medios virtuales para realizar negocios.

Entre los sectores que mayor interés suscitaron se encuentran las frutas y vegetales, y el café, ambos con un 19% del total de contactos, seguidos de preparaciones alimentarias con un 14%, y granos básicos y cereales, con un 7%. En cuanto al país de origen de los participantes, lidera Honduras, con 142 empresas participantes, lo que supone el 25% del total, seguido de Colombia y Argentina con 88 y 50 empresas respectivamente.

Red Centroamericana de Comercio (REDCA)

Las ruedas virtuales de negocios permiten a compradores y vendedores establecer contacto comercial previa aceptación de las empresas. En esta modalidad virtual, las reuniones virtuales se desarrollaron bajo la misma dinámica que las reuniones sostenidas de forma presencial, con la diferencia que el evento se desarrolló en su totalidad dentro de la plataforma REDCA con el apoyo de sus herramientas de “Match Making” y “Salones virtuales”.

La REDCA es una plataforma regional de información e inteligencia comercial desarrollada por la SIECA que permite incrementar oportunidades comerciales a nivel internacional, combinando herramientas de inteligencia comercial y de generación de redes de contacto empresarial.

En la actualidad la plataforma reúne a un directorio virtual de más de 18 000 empresas, de 28 países del mundo, situándose como la red empresarial más grande de Centroamérica y líder en desarrollo de ruedas virtuales de negocio en la región, logrando alcanzar un monto de intención de compra mayor 10,4 millones de dólares como resultado de 13 ruedas virtuales de negocios. La próxima rueda de negocios del sector agroalimentario bajo esta modalidad virtual se realizará en el mes de septiembre.

La rueda virtual de negocios del sector agroalimentario forma parte de las acciones conjuntas impulsadas por la SIECA y la FAO en el marco de un acuerdo de cooperación en materia de economía, comercio intrarregional, agricultura, seguridad alimentaria y promoción a cooperativas y pequeñas y medianas empresas, y de apoyo a la recuperación post- COVID-19.

Ministros y Secretarios de Agricultura de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) acordaron la formulación de un plan que permita reactivar el sector agropecuario ante la COVID-19 durante la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, realizada el 25 de junio bajo la presidencia pro tempore de Honduras.

El objetivo del plan es definir y orientar acciones articuladas en la región centro americana, buscando sinergias entre las medidas que están siendo tomadas en los países. Preocupaciones como mantener el comercio intrarregional y evitar rupturas en la cadena de suministro de alimentos están entre los puntos destacados pelos Ministros.   

El Plan se realizará por un equipo de trabajo interinstitucional liderado por la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Desde el inicio de la pandemia, la FAO ha brindado asistencia técnica y recomendaciones a los países e instituciones del SICA para mitigar los efectos inmediatos de la COVID-19 en las cadenas agroalimentarias y su impacto en la población más vulnerable”, afirmó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

La FAO, a través de su programa de cooperación técnica, orienta a los países centroamericanos en el desarrollo de mercados y la facilitación de comercio agroalimentario, para incentivar la reactivación de sectores priorizados. Para ello, se realizan análisis de oportunidades comerciales y desarrollo de políticas para su aprovechamiento, se están fortaleciendo las capacidades de Cooperativas, Mipyme rurales y organizaciones de agricultura familiar para su acceso a mercados y se han organizado ruedas de negocios virtuales para facilitar el desarrollo de mercados en medio de la COVID-19.

Del mismo modo, la FAO está apoyando el desarrollo de planes de recuperación económica en comunidades rurales e indígenas, que incluyen la mejora de los sistemas de información social nacional para la focalización priorización de inversiones, el monitoreo y la evaluación, así como la identificación de oportunidades para movilizar a las comunidades rurales y su inclusión económica.

“Desde la FAO estamos comprometidos con aportar al desarrollo de este plan no solo para atender las necesidades tempranas sino también para generar un impacto positivo a medio y largo plazo con acciones que permitan fortalecer el sector agropecuario en los países del SICA y contribuir a un desarrollo rural inclusivo y más sostenible”, concluyó Adoniram Sanches. 

La iniciativa denominada Programa Conjunto: Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, apunta a romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental. Las acciones tienen como objetivo fortalecer las capacidades y la articulación de las entidades del sistema de protección social, con énfasis en los componentes de bienestar, agro y trabajo de la Estrategia Puente al Desarrollo, además de acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Costa Rica debe alcanzar al 2030.

“La crisis sanitaria que vivimos afecta de manera acentuada a las mujeres y más a las que están en condición de pobreza, tenemos claro que no habrá reactivación ni solución sostenible que no tenga rostro de mujer. El apoyo de Naciones Unidas es crítico para avanzar en igualdad de género y liberar el potencial de las mujeres en cantones rurales y costeros para garantizar su derecho a una integración socioeconómica plena y con ello hacer que el país avance más rápido hacia el cumplimiento de la Agenda 2030”, afirmó Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.

Por su parte Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica destacó que “estamos iniciando la Década de Acción para cumplir con los ODS y Costa Rica está reafirmando su compromiso de trabajar con las mujeres rurales, que por mucho tiempo han estado excluidas de las oportunidades para lograr un desarrollo pleno y sostenible. Naciones Unidas trabajará hombro a hombro con el Gobierno y el país entero para cumplir con la Agenda 2030 y así NO DEJAR A NADIE ATRÁS”.

El Programa Conjunto se implementará en dos niveles, el nacional y el local.

A nivel nacional se impulsará el trabajo de las instituciones nacionales responsables de la implementación de la Estrategia Puente al Desarrollo para fortalecer las acciones de articulación institucionales centradas en las personas, sensibles al género, que promuevan la innovación y el uso responsable de los recursos naturales, en beneficio de las comunidades y la biodiversidad. El programa también impulsará los enfoques de protección social y la autonomía económica de las mujeres.

A nivel local se implementarán laboratorios de innovación en los cantones de Puntarenas, Buenos Aires y Limón, dirigidos a proporcionar a mujeres y sus familias los servicios institucionales hechos a la medida que potencien las capacidades para incrementar sus ingresos a través de iniciativas productivas basadas en la naturaleza y respondan a la demanda del mercado.  

La Estrategia Puente al Desarrollo tiene el propósito de incidir en la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad social. La estrategia brinda una atención integral, preferente y oportuna a las familias en condiciones desfavorables desde todas las dimensiones de la intervención institucional.

Por parte del Sistema de Naciones Unidas, la implementación del Programa está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente de la ONU. Por parte del Gobierno, el Programa lo lidera el IMAS y lo integran el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Nacional de las Mujeres.

El Fondo Conjunto para los ODS es financiado con aportes de la Unión Europea y los países de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y Suiza, y tiene como objetivo acelerar el progreso de los 17 ODS y el logro de la Agenda 2030.

• Con apoyo del gobierno central, se gestiona un proyecto con enfoque en la economía azul, para mejorar las condiciones del sector pesquero y acuícola.

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible resalta la trascendencia de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y acabar con la pesca INDR, asimismo de establecer planes de gestión sostenible.

En la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR), las autoridades del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, (INCOPESCA), el Viceministerio de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente, la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica, el Servicio Nacional de Guardacostas y la organización no gubernamental Conservación Internacional, compartieron un espacio de intercambio de ideas y acciones en materia de combate a la pesca ilegal y otros delitos contra la regulación pesquera.

“Reconocemos la importancia que como país aunemos esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en nuestros territorios marinos del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Ningún esfuerzo que haga el país para ordenar sus pesquerías y aprovechar la riqueza del mar o proteger su biodiversidad tendrá éxito realmente, si no viene asociado con un esfuerzo concertado de luchar, desincentivar y acabar con este flagelo, que tiene el potencial de socavar nuestra riqueza pesquera y nuestra biodiversidad, agudizar los problemas de pobreza y la malas capturas que enfrentan nuestros pescadores”, declaró Daniel Carrasco, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA.

Algunas de las actividades más habituales de la pesca INDNR son operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura.

Estas prácticas  amenazan la sostenibilidad de los mares, poniendo en riesgo los medios de vida de las familias que dependen de la pesca, especialmente de los pescadores artesanales, no solo de Costa Rica, sino que es común a todos los países ribereños alrededor del mundo. Se estima que cada año, la pesca INDNR suma capturas de hasta 26 millones de toneladas en todo el mundo, con un valor que llega a 23 000 millones de dólares.

Este es un problema también para las Áreas Marinas Protegidas, porque impacta negativamente los esfuerzos de conservación de nuestra biodiversidad marina, que realiza el estado a través del Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y la academia.

Entendiendo esta situación, Haydée Rodriguez Romero Viceministra de Aguas y Mares del MINAE, señala la importancia de la coordinación interinstitucional para el control y vigilancia de los espacios marinos costarricenses. “Hoy más que nunca, es indispensable que las instituciones involucradas trabajemos en conjunto para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Mediante el fortalecimiento de las medidas de control y vigilancia en nuestras aguas jurisdiccionales, podemos gestionar y supervisar de manera más efectiva las actividades que realizan los diferentes usuarios en el mar. Esto permite una distribución equitativa de los beneficios que brindan los ecosistemas marinos y costeros”, agregó la viceministra.

“Para Conservación Internacional, el problema de la pesca INDNR resume el reto que enfrentamos nacional y globalmente para una gestión efectiva de nuestros océanos. Nuestros mares proporcionan múltiples servicios a nuestra sociedad y lograr hacer el balance entre estas prioridades es un reto complejo que no se lograra alcanzar sin colaboración. Desde esa perspectiva, en Conservación Internacional nos hemos enfocado en apoyar a nuestras autoridades al facilitar acceso a herramientas tecnológicas para el control y vigilancia de nuestros mares, así como en generar capacidades y compartir conocimientos para avanzar hacia esa gestión integral”, aseguró Ana Gloria Guzmán, directora ejecutiva de la organización.

En este sentido, Carrasco Sánchez  aprovechó la oportunidad para referirse al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo con apoyo del Banco Mundial, que procura mejorarel manejo del recurso pesquero, aumentando los beneficios económicos para el país, pero sobre todo para las personas de las comunidades costeras, fortaleciendo además la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero y acuícola.

Se trata de una iniciativa que se desarrollaría mediante un empréstito del Banco Mundial, entidad que apoyó la construcción y elaboración del estudio de prefactibilidad del proyecto.  “En total, se estarían invirtiendo más de 72 millones de dólares, en un proceso que incluye el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la reforma de marcos normativos, y otras acciones del sector público necesarias para mejorar la gestión de las pesquerías prioritarias costeras y oceánicas, para orientarlas hacia la generación de mayor valor económico para el país, el registro de embarcaciones, investigación científica, monitoreo, control y vigilancia de la pesca ilegal, y generación de información pesquera y acuícola mediante el uso de la tecnología, entre otras”, indicó Carrasco.

Además de esto, Costa Rica ha evidenciado su compromiso adoptando e implementando diversos instrumentos internacionales y  directrices, tal es el caso de su adhesión en el 2015 al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (AMERP) promovido por la FAO.

El AMERP tiene como objetivo prevenir, disuadir y eliminar esta práctica a través de la prohibición a los buques que la practican de atracar en sus puertos para desembarcar sus capturas o acceder a servicios portuarios, desincentivando así estas operaciones ilegales.

“Costa Rica está trabajando de manera constante en fortalecer la capacidad nacional para luchar de forma eficiente y eficaz contra la pesca INDNR, por lo que desde la FAO en el marco del programa mundial de desarrollo de capacidades para la implementación del AMERP y la lucha contra la pesca INDNR, junto con el INCOPESCA, se generan esfuerzos para garantizar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, comentó Adoniram Sanches Peraci, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y Representante de Costa Rica.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible resalta la trascendencia de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y acabar con la pesca INDR, asimismo de establecer planes de gestión sostenible, compromisos asumidos por el país.

“Hoy nos unimos en esta celebración y rescatamos la importancia de fomentar el consumo, la comercialización y la producción de alimentos provenientes de la agricultura familiar. Además, vemos la oportunidad de orientar y concientizar a la población con contenidos que resalten la importancia de una adecuada alimentación y nutrición para preservar y fortalecer el sistema inmunológico”, aseguró Adoniram Sanches Peraci, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Costa Rica.

Por su parte, Renato Alvarado, ministro del MAG, comentó que en tiempos de pandemia por COVID -19, es indispensable apoyar a las productoras y productores, a las pequeñas y medianas empresas y a las organizaciones locales de la sociedad civil para que la producción continúe y se suministren alimentos asequibles, adecuados, seguros, variados y culturalmente apropiados.

La campaña, también ofrece orientaciones a los consumidores para planificar sus compras con el propósito de aprovechar al máximo todos los productos y evitar el desperdicio de alimentos. Asimismo, se visibiliza el gran aporte de los productores y productoras a la seguridad alimentaria y nutricional del país y para dinamizar la economía nacional.

“Recordamos que, en gran medida, llevar a la mesa alimentos seguros depende de respetar medidas de higiene básicas como el lavado correcto de manos en distintos momentos de la cadena de producción y comercialización; así como antes y después de manipular los alimentos.  En la lucha contra la pandemia, enfatizamos la importancia de que en las ferias del agricultor se mantengan, además de las medidas de higiene necesarias, el distanciamiento físico y aforo permitido para evitar el contagio por COVID-19”, afirmó María Dolores Pérez-Rosales, Representante de  OPS/OMS.

Según la FAO, ante la pandemia es preciso que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional y adopten medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos, a fin de mitigar el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias considerables para todas y todos, en especial para la población en condición de vulnerabilidad.

A través de un nuevo acuerdo, firmado de forma virtual, ambos organismos establecen un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de alcance regional en temas de sanidad agropecuaria, que favorezcan una producción agropecuaria sana y en armonía con el ambiente, y para proporcionar orientaciones sobre la reducción de riesgos agrosanitarios y de inocuidad de los alimentos en la región.

“La COVID-19 ha puesto de manifiesto que la colaboración y el intercambio de información entre países en un mundo globalizado es de vital importancia para la prevención, contención y manejo de enfermedades. En el sector agropecuario también es fundamental para proteger la producción y los medios de vida de los productores, la seguridad alimentaria y nutricional, y la salud humana”, destacó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y Representante de la FAO en Costa Rica.

“Este Memorándum nos permitirá estrechar aún más los esfuerzos conjuntos y potenciar las actividades que hemos desarrollado para reforzar los servicios de sanidad agropecuaria, su capacidad de respuesta y coordinación ante plagas y enfermedades, y mejorar la inocuidad de los alimentos”, agregó Sanches.

Por su parte, Efraín Medina, director ejecutivo de OIRSA, destacó que en el marco de la crisis mundial por el coronavirus “es vital garantizar la seguridad alimentaria, y por eso es que uniendo esfuerzos con FAO y otras organizaciones, podemos contribuir a que los países tengan una producción de alimentos que sea abundante y que se garanticen puestos de trabajo en la cadena agroalimentaria. Esto garantizando el intercambio de la producción agropecuaria para suplir las necesidades de la gente”.

Asimismo, Medina indicó que con estas acciones se busca apoyar a los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de la región, en el marco de su labor por mejorar las condiciones de vida de las personas que viven de la agricultura. “Sin olvidar el esfuerzo de Una Salud, que establece que las enfermedades de los animales (zoonosis) tienen un gran impacto en la salud humana, y en el acuerdo que se firma se incluye la salud animal, sanidad vegetal, inocuidad de alimentos y servicios cuarentenarios”.

Mecanismos y estrategias de impacto regional

Con la firma de este Memorándum, ambas instituciones se comprometen a desarrollar un trabajo conjunto para apoyar el desarrollo y la implementación de mecanismos y estrategias de coordinación regional capaces de reducir el impacto y mitigar los efectos de enfermedades y plagas mediante la cooperación conjunta, y contribuir así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto, colaborarán en la detección, prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades transfronterizas; en la promoción de marcos políticos y metodológicos; fortalecimiento y armonización de las legislaciones sanitarias y fitosanitarias; y capacitación a México y los países e instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en estas materias.

Para la implementación del acuerdo, se ha acordado un plan bianual que incluye un proyecto para la vigilancia, prevención, y manejo de la marchitez por Fusarium, causada por la raza 4 Tropical del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc R4T) ¨. El proyecto, que ya estaba en marcha, fortalecerá las capacidades de los países para prevenir, vigilar y responder a esta amenaza; desarrollará simulacros y capacitaciones técnicas, así como la preparación de un Plan de Acción Regional para la prevención, vigilancia y eventual respuesta frente a esta plaga.

Como parte de esta colaboración, también se organizó la Jornada Fitosanitaria en época de pandemia de COVID-19, que ofreció orientaciones y recomendaciones virtuales a técnicos, productores y trabajadores del sector agropecuario para el manejo fitosanitario y para afrontar los riesgos de esta pandemia en su actividad laboral.

Además, FAO y OIRSA trabajan en la elaboración planes de acción subregionales para la prevención y el control de enfermedades y plagas como la roya del café, el gorgojo del pino, el virus de la tilapia del lago y la respuesta a una eventual emergencia por peste porcina africana, enfermedad que aún no está presente en la región. Del mismo modo, reforzarán la cooperación en programas y proyectos relacionados con la inocuidad de los alimentos y con la contención de la resistencia a los antimicrobianos en el sector agroalimentario.

Costa Rica, a nivel mundial, ha sido reconocido por sus múltiples esfuerzos para mejorar la conservación y recuperación de sus bosques y su biodiversidad, sin dejar de lado el desarrollo del sector agropecuario.

Sin embargo, por muchos años, el monitoreo de  los recursos forestales y agrícolas se ha desarrollado de forma aislada, por lo que el país carecía de un sistema de monitoreo que le brindara seguimiento a la evolución de sus recursos naturales de manera integral. Además, no permitía el avance hacia el reporte transparente de los compromisos internacionales relacionados con las convenciones de cambio climático, biodiversidad y degradación de tierras.

¿Cómo generar información de alta calidad técnica para apoyar la toma de decisiones políticas concernientes a la gestión de los recursos naturales? La respuesta, se encuentra en la elaboración y desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).

El SIMOCUTE es fruto de un arduo trabajo conjunto, de más de 40 instituciones vinculadas con el monitoreo de bosques, coberturas y usos de la tierra en el país, que comprende instituciones públicas, organizaciones nacionales, la academia, algunos técnicos y técnicas interesadas, y la cooperación internacional, incluyendo la colaboración de la FAO mediante el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-REDD).

Con apoyo de la FAO, el Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, presentó la  edición #273 de la Revista Ambientico dedicada a las contribuciones y los aportes del SIMOCUTE.

El SIMOCUTE como plataforma permite conocer los cambios de la cobertura y uso de la tierra, la situación de los ecosistemas, la biodiversidad, la producción agrícola y forestal. También, considera los sistemas e iniciativas de monitoreo existentes en el país, con el objetivo de integrarlos y armonizarlos en un sistema más robusto.

Cabe resaltar, que el SIMOCUTE es esencial para proveer información que muestre los avances en los indicadores para el cumplimiento de las metas y compromisos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Asimismo, fortalece la manera en que los diferentes sectores que integran el Estado costarricense administran los recursos naturales del país, por medio de la generación de datos, información y reportes de alta calidad, construidos desde un proceso participativo, que reúne a actores clave de instituciones públicas y privadas. La buena articulación entre las instituciones relacionadas en materia de monitoreo es fundamental para el adecuado funcionamiento del SIMOCUTE.

A partir de la coordinación del SIMOCUTE, se organizaron más de un centenar de eventos entre reuniones de las mesas técnicas y talleres de capacitación en temas y tecnologías innovadoras.

Actualmente, la institucionalidad del Sistema de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas está compuesta por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Justicia y Paz, el cual integra el Instituto Geográfico Nacional, institución responsable del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

En el siguiente enlace puede ingresar a la Revista Ambientico.

 La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Comunidad Andina (CAN) realizan durante el mes de abril la I Jornada Fitosanitaria en época de pandemia de COVID-19.

Durante las sesiones, especialistas de estas instituciones y otras organizaciones especializadas, y del sector privado de la región, ofrecen orientaciones y recomendaciones a personal técnico, productoras, productores y personal que trabaja en el sector agropecuario para el manejo fitosanitario, y para afrontar los riesgos de esta pandemia en su actividad laboral, lo que facilitará el mantenimiento de la producción y comercialización de alimentos durante la pandemia.

Todos los interesados/as podrán seguir las jornadas en vivo a través de la este enlace. Tras la emisión, las sesiones también estarán disponibles permanentemente para su consulta.

La próxima conferencia tendrá lugar el próximo 21 de abril a las 9:00 horas de Costa Rica, y contará con la participación de Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, quien presentará la sesión titulada “Estrategias para la cadena del café sostenible durante la COVID-19”.

Antes de esta sesión, ya se realizó la conferencia, titulada “Análisis de Riesgo de Plagas como herramienta ante una pandemia”, impartida por la Coordinadora de la Unidad Regional de Análisis de Riesgo de Plagas (APR) del OIRSA, Nancy Villegas, quien brindó información sobre la situación actual, sus posibles consecuencias sobre la comercialización e introducción de plagas, así como las medidas fitosanitarias derivadas de los resultados de los ARP.

También se facilitó un intercambio de experiencias con especialistas y representantes del sector público y privado de Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.  Durante la jornada, se analizaron aspectos clave sobre la prevención y bioseguridad para trabajadores y fincas bananeras en la región.

Las Jornadas finalizarán el 28 de abril con la conferencia “Prevención y manejo fitosanitario durante pandemias humanas”. 

Desde la identificación y propagación mundial del brote de coronavirus COVID-19, la FAO analiza los impactos de este fenómeno en la seguridad alimentaria y nutricional y en los medios de vida de la población más vulnerable, ofrece datos e informaciones estratégicas e identifica respuestas de política concretas. Del mismo modo, la FAO articula esfuerzos y promueve el intercambio entre los tomadores de decisión de los países de la región.

Todas las personas interesadas en participar pueden seguir los eventos en línea inscribiéndose aquí, en el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la FAO.

La primera conferencia abordará el efecto que la pandemia está teniendo en la producción de alimentos, el comercio y el consumo de alimentos, entre otros aspectos. Será inaugurada por el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, y contará con la participación de: Melvin Redondo, Secretario General de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Eduardo Sampaio, Secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil; Máximo Torero Cullen, Economista Jefe de la FAO. Miembros de ocho gobiernos de la región ya han confirmado participación en la conferencia.

Serie COVID-19 y sistemas alimentarios

Las conferencias de la Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios serán encuentros públicos virtuales entre especialistas de organismos internacionales y representantes de los gobiernos de la región.

Buscan analizar el fenómeno de la pandemia, entregar datos e informaciones estratégicas, identificar respuestas de política concretas y promover el intercambio entre los tomadores de decisión de los países de la región.

Las conferencias serán transmitidas en vivo, pero también serán grabadas para que todos puedan acceder a ellas.

Las temáticas de las próximas cinco conferencias son:

• Mecanismos e incentivos a la producción alimentaria en escenarios de Covid-19 – sistemas de crédito e inversiones agropecuarias.

• Sistemas de información de alerta temprana ante posible desabastecimiento de alimentos en territorios determinados.

• Mecanismos de regulación sanitaria en todos los eslabones del sistema alimentario.

• Sistemas de Protección Social como mecanismos de respuesta ante el Covid-19: desafíos y orientaciones de política.

• Programas de alimentación escolar – buenas prácticas y recomendaciones de política

Entre las medidas que han tomado los Gobiernos de muchos países de América Latina y el Caribe ante la rápida expansión del coronavirus COVID19está el cierre de las escuelas y, por ende, la suspensión de los programas de alimentación escolar.

Estos programas actualmente benefician a 85 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe. Para cerca de 10 millones, constituyen una de las principales fuentes de alimentación segura que reciben al día.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la suspensión de los programas de alimentación supondrá un desafío para garantizar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de muchos niños y niñas, especialmente de los grupos más vulnerables de la población.

“Asegurar una alimentación suficiente, diversa y nutritiva contribuye a fortalecer el sistema inmunológico de las personas e incrementa sus capacidades de enfrentar enfermedades”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

La FAO llamó a los gobiernos a implementar medidas en favor de la población escolar cuyas familias tiene mayores dificultades para acceder a alimentos, para suplir el aporte nutricional que garantizaban los programas de alimentación escolar.

La FAO señaló que, para cualquier acción que los gobiernos emprendan, se deben considerar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para frenar la propagación del coronavirus COVID19.

“Los sistemas de protección social, por ejemplo, pueden jugar un papel clave para garantizar la alimentación de la población más vulnerables en las próximas semanas”, explicó Berdegué.

Opciones para garantizar la alimentación infantil

Las recomendaciones para minimizar el impacto del cierre de los programas de alimentación escolar sobre la seguridad alimentaria y nutrición deben ser decididas por cada país, tomando todas las precauciones para evitar la transmisión del virus COVID-19.

Algunas medidas posibles son:

• Distribución de alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad, estableciendo horarios de entrega en las escuelas, o a través de unidades móviles.
• Incrementar la asignación económica de los programas de protección social (como los de transferencias de ingresos) en un monto correspondiente al costo de las raciones de alimentos entregadas por los programas de alimentación escolar.
• Entrega de raciones de alimentos de emergencia a nivel de las comunidades y territorios más vulnerables en coordinación con organismos autorizados del Gobierno o la cooperación internacional.
• Exoneración de impuestos a alimentos de primera necesidad para familias con hijos en edad escolar, especialmente para trabajadores de los sectores económicos más afectados.  
• Entrega a domicilio de alimentos frescos, si es posible de la agricultura local.
• Redistribución de los alimentos de los programas de alimentación escolar mediante donaciones a entidades encargadas de dar asistencia alimentaria (como los bancos de alimentos, organizaciones sociales, no gubernamentales, iglesias) durante la fase de respuesta a la emergencia, bajo el seguimiento estricto de los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.
• Uso de instrumentos digitales (aplicaciones georreferenciadas), para la mejorar la comunicación sobre puntos de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución, y recomendaciones de buen uso de alimentos, y medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

El establecimiento de mesas de alimentación y nutrición, en la que participen los sectores encargados de los programas de alimentación, puede permitir identificar otros grupos de alto riesgo de inseguridad alimentaria, como los adultos mayores que viven solos o están aislados por la situación actual, para tomar acciones oportunas para resguardar su nutrición.

Todas estas medidas necesitan de una amplia coordinación interinstitucional, bajo el liderazgo de las autoridades designadas en cada país, para enfrentar esta crisis

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se presentó el “Catálogo de Oferta de Cooperación Técnica de Costa Rica en Materia de Agricultura y Alimentación”. La preparación del catálogo se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan; el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE y contó con la colaboración de la Cancillería de la República y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

El catálogo tiene como contexto el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Costa Rica y la FAO el cual está por Decreto Presidencial N° 40738-RREE. El documento representa un esfuerzo valioso para articular las buenas prácticas de diversas instituciones públicas y es un mecanismo que permite facilitar la ejecución e implementación de experiencias de cooperación con otros países de América Latina y el Caribe, potenciando la estrategia de cooperación sur-sur y triangulación que cada vez cobra más significado y relevancia para países de renta media y media-alta como Costa Rica.

“Costa Rica ha desarrollado un rol dual de cooperación internacional, en el que no solo funge como receptor de cooperación, sino además como oferente, a través del traslado de conocimientos técnicos y experiencias exitosas generadas o aplicadas en la solución de diversas problemáticas a otros países con necesidades similares. Lo anterior, ha permitido el traspaso de experiencia técnica, así como la adaptación y aplicación de herramientas en el país receptor”, expresó la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós Soto. 

Para la elaboración del catálogo se consultó a las instituciones costarricenses pertenecientes al sector agropecuario y al sector ambiente, así como a otras que, sin pertenecer a alguno de ellos, podrían tener experiencias exitosas para incluirse.

“Este catálogo responde a las prioridades de gestión establecidas en la Política de Cooperación Internacional Costa Rica 2014-2022, contribuyendo a la gestión de la cooperación sur-sur y triangular, posicionar al país en áreas, especialmente, destacables y permitir que otras naciones con similar nivel de desarrollo pueden contar con información precisa acerca de las buenas prácticas ofrecidas por el país”, manifestó la Directora del Área de Cooperación Internacional del Mideplan, Saskia Rodríguez Steichen y agregó que “Mideplan, como ente rector de la gestión interna de la cooperación internacional, atiende con este Catálogo su mandato legal de coordinar y organizar tanto las prioridades  interinstitucionales, sectoriales y regionales, como la oferta técnica del país”.

En el cuadro que se adjunta se muestran los temas en los que Costa Rica ha desarrollado experiencias exitosas y las entidades que lideran esas experiencias.

El Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Hivos, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros actores del sistema alimentario, avanzan en el proceso de revisión y actualización de las Guías Alimentarias (GABAs) en Costa Rica como herramienta para orientar las acciones en nutrición desde un enfoque de sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

“Como Ministerio de Salud reconocemos la importancia de actualizar las guías alimentarias, en este momento histórico, en el que nuestra población presenta un perfil epidemiológico alarmante donde más de la mitad de los adultos padecen de exceso de peso”, comentó Cecilia Gamboa del Ministerio de Salud.

Según la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009, la prevalencia de sobrepeso y obesidad afectan al 67% de las mujeres y al 62% de los hombres en Costa Rica.

Las GABAs sirven principalmente de base para la formulación de políticas nacionales en materia de alimentación, nutrición, salud y agricultura, así como de programas de educación nutricional destinados a fomentar hábitos de alimentación y modos de vida sanos.

“El exceso de peso y la obesidad tienen un origen multifactorial, por lo tanto, es necesario incorporar en el proceso de actualización de las guías la participación de todos los actores del sistema alimentario, con un fuerte énfasis en la sociedad civil. También, es fundamental considerar la adecuación gastronómica, el desarrollo de mecanismos efectivos de comunicación, educación e implementación para lograr que los distintos públicos meta y sectores del país, adopten las recomendaciones dadas por las GABAs”, dijo Yenory Hernández, especialista en nutrición de la División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO.

A diferencia de las guías actuales, se espera que las nuevas guías 2020-2021 sean una herramienta para la transformación de los sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo, con una perspectiva multisectorial que permita garantizar un contenido que aborde las prioridades de nutrición y salud pública del país.

Las guías se desarrollarán conjuntamente con diferentes actores del país, los cuales serán parte de un ejercicio exhaustivo de análisis de la situación alimentaria y nutricional nacional. Este análisis inicial brindará los cimientos para seleccionar las estrategias más adecuadas para promover una alimentación saludable y sostenible.

“La alimentación representa múltiples dimensiones en nuestras vidas, y sin duda alguna es un acto social en el que se deben contemplar los aspectos de comensalidad, concepto que rescata la importancia de comer en familia y elegir los alimentos. Asimismo, se debe contemplar el correcto lavado de frutas, vegetales, métodos de cocción saludable y almacenamiento apropiado de los alimentos para garantizar la salud de las personas”, comentó Hernández.

Finalmente, principios como la revitalización de la cultura gastronómica costarricense, el consumo de productos frescos locales, y la disminución del consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y sal serán claves para la construcción de las nuevas GABAs en Costa Rica.

La Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS), la Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras, con el apoyo de la Municipalidad de San José y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebraron el Día Mundial del Suelo con la actividad: "Manos al Suelo”.

“Año con año dedicamos este día, 5 de diciembre, a compartir los suelos con nuestros niños, a poner con ellos nuestras “Manos al Suelo”, porque estamos convencidos que solo si logramos encariñar a las futuras generaciones con este frágil y finito recurso que es el suelo, lograremos conservarlo y aprender a cuidarlo”, comentó Floria Bertsch, presidenta de la Asociación de la Ciencia del Suelo.

La conmemoración se realizó en el Parque Nacional con la participación de niños, niñas y adultos que aplicaron abono orgánico a los árboles y plantas, con el objetivo de promover la mitigación de la emisión de carbono en el suelo. Además, los participantes aprendieron a hacer un compost casero y huertos urbanos a través de diversas charlas.

La actividad contó con la participación de la primera mujer presidenta de la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo (IUSS, por sus siglas en inglés), la Dra. Laura Bertha Reyes, quien ha trabajado en programas de enseñanza de la ciencia del suelo para niños y niñas.

Asimismo, la ACCS, recibió en Tailandia, un premio que otorga la Alianza Mundial por el Suelo a la mejor celebración del Día Mundial del Suelo, gracias a la actividad que se realizó el año pasado en el Parque Metropolitano de La Sabana y por su labor en los últimos años, en busca de posicionar el recurso suelo. La ACCS compitió con más de treinta países concursantes y ganaron la suma de $15.000, una medalla, y el reconocimiento a nivel mundial por su trabajo.

“Desde la FAO queremos felicitar a la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, por todo su esfuerzo y trayectoria, que ha sido reconocida en la agenda nacional del suelo en el país, y que ha sobresalido a nivel internacional”, dijo Víctor Milla, representante asistente de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Según estudios de la FAO, un tercio de los suelos del mundo se encuentran bajo procesos severos de degradación, afectando la productividad de 1 billón de pequeños agricultores y agricultoras que dependen de este recurso para su subsistencia.

Una alianza a favor del bienestar del suelo costarricense

El año pasado se constituyó la Alianza Nacional por el Suelo y las Tierras, conformada por cuarenta entidades nacionales que reconocen y promueven al suelo como parte integral de la agenda agroambiental, climática y urbana de Costa Rica.

La alianza tuvo un destacado desempeño en el lanzamiento del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, con el propósito de evidenciar cómo cada persona de forma individual, puede ser parte de la descarbonización de la economía, por ejemplo, mediante el compostaje de sus propios residuos orgánicos caseros.

También, participó en el desarrollo conceptual del Plan Nacional de Compostaje y organizó el Conversatorio sobre Beneficios Ecosistémicos del Suelo en julio, y el Seminario sobre Suelos urbanos, en setiembre, con el objetivo de analizar cómo están las funciones del suelo dentro de las ciudades y qué opciones hay para mejorarlas, ya que en las ciudades es donde vive más del 60% de la población del país.

Asimismo, la Alianza estuvo presente en un evento paralelo de la PreCOP25, lo cual permitió la elección del país para implementar un plan piloto del proyecto de Recarbonización de los Suelos de la Alianza Mundial por el suelo y la FAO, que pretende demostrar que la recarbonización de los suelos es una estrategia útil para efectuar la compensación de las emisiones globales de carbono.

Se creó nueva Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) y un Plan de Ordenamiento en la provincia de Limón en Barra del Colorado, en el Caribe Norte, con el objetivo de generar un mayor aprovechamiento del recurso pesquero y favorecer la conservación de la vida marina.

“Desde Incopesca impulsamos el sistema de co-manejo de las AMPR con participación de grupos pescadores y personas de la actividad pesquera, interesados en el ordenamiento de los ecosistemas marinos para el desarrollo ambiental y humano; así como el aprovechamiento sostenible de la pesca con artes de pesca selectivas y actividades no dañinas, estableciendo un equilibrio entre el uso racional del recurso y la población”, indicó  Jorge López, coordinador nacional de las AMPR.  

Asimismo, López recalcó que el acompañamiento con el comité de gobernanza del AMPR es fundamental para el impulso grupal e individual de los pobladores de las comunidades pesqueras.

El proceso contó con la participación de la Asociación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Unidos y la Asociación de Mujeres Pescadoras y Procesadoras de Barra del Colorado, con el acompañamiento del Departamento de Extensión y Capacitación, la Dirección Regional de Limón del Incopesca, y el apoyo de la FAO a través del proyecto REBYC-II LAC y CoopeSoliDar R.L.

“Al  final, logramos la creación del Área Marina de Pesca Responsable sentimos que ha sido un arduo trabajo, pero sabemos que tenemos garantizado un espacio marino para practicar una pesca sostenible que será de gran beneficio para nuestra comunidad pesquera”, dijo Jesús Chaves, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Unidos de Barra del Colorado.

El AMPR de Barra del Colorado, se ubica desde el límite internacional con Nicaragua hasta el límite del Parque Nacional Tortuguero y se extiende hasta 10 millas náuticas de la costa. La zona marina posee una gran diversidad de especies de gran valor para la sostenibilidad de los recursos naturales y pesqueros a nivel local.

En la comunidad de Barra del Colorado se realiza la pesca artesanal y deportiva como actividad productiva. Las principales especies objetivo son la langosta, la calva, el camarón, el robalo, entre otras especies.

El AMPR fortalece las prácticas de pesca artesanal responsable, contribuye a que todos los pescadores y pescadoras artesanales respeten la zonificación y las medidas de aprovechamiento para asegurar el derecho al trabajo digno y la seguridad alimentaria de la comunidad. En Costa Rica existen 11 AMPR, que representan más de 1500km2 de zona marina.

Debido a las características biofísicas del área costera y sitios de importancia para la conservación de especies marinas, el AMPR se ha zonificado de forma participativa en 6 zonas: de pesca artesanal costera, de protección marina, de aprovechamiento artesanal, de reclutamiento y bancos pesqueros, de pesca con cuerda y una zona de amortiguamiento.

“Este proceso de creación del Área Marina de Pesca Responsable representa un importante ejemplo de trabajo conjunto, enfocado en los derechos humanos, mediante la habilitación de espacios para que las comunidades de pescadores y pescadoras en pequeña escala participen en los procesos de toma de decisiones y asuman responsabilidades, con respecto al uso sostenible de los recursos pesqueros”, dijo Victor Milla, Representante Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica

La creación del Área Marina de Pesca Responsable de Barra del Colorado responde a la implementación de una pesca más productiva y responsable, a través del enfoque ecosistémico de la pesca y la promoción de la distribución equitativa de los beneficios. Además permite impulsar los sistemas pesqueros inclusivos, a través del fortalecimiento de acuerdos de co-manejo, la aplicación de las Directrices de Pesca en Pequeña Escala y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.

Dota  es el primer aspirante a convertirse en sitio SIPAM.

Presidenta en ejercicio juramentó al comité técnico regional que encabezará proceso.

 Este jueves, quedaron instaurados el comité técnico nacional y regional que liderará el proceso de argumentación para que Dota sea declarada por las Naciones Unidas, como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM.  Una vez finalizado este proceso, Dota sería el primer SIPAM de Costa Rica. 

Estos sistemas son los que pretende resguardar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como parte de una iniciativa que procura mejorar y desarrollar las capacidades de comunidades locales y de los pueblos indígenas para reaccionar frente a los cambios ecológicos, económicos, sociales y culturales.

Se seleccionó Dota, ya que el 83% de cantón es área protegida y presenta un sistema productivo que respeta los bosques y la naturaleza.  Además, cuenta con un sistema de cultivo de café muy tradicional que ha sido reconocido con éxito a nivel mundial como café gourmet.

“Por medio de los SIPAM estamos rescatando lo que por alguna razón se ha ido desfigurando. Nuestras tradiciones tienen un valor incalculable que muchas veces no reconocemos o pasamos por alto, y la agricultura es una de ellas, nos ha posicionado a nivel mundial por la excelente calidad de nuestros productos.  Por eso,  debemos defenderla y brindarle herramientas para que cada día seamos más competitivos, tecnológicos y agropecuarios, sin dejar de lado nuestras tradiciones. Conservar estos sistemas es una garantía de desarrollo para nuestras comunidades rurales, en todos los ámbitos: social, ambiental y económico”, dijo el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

Por su parte, el Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, expresó que la región de Los Santos es lo que es en cuanto a su desarrollo humano y social por el cooperativismo y la asociatividad. “El programa que hoy lanzamos viene a sumar en la construcción de esas condiciones habilitadoras. Es prueba de nuestro compromiso por construir progreso en los territorios, con base en la economía social solidaria, de cara a la transición hacia una economía descarbonizada, que genere trabajo con derechos, y proteja a los grupos más vulnerables”, manifestó.

Los SIPAM son paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural.  Actualmente, FAO reconoce 50 Sistemas en todo el mundo, que están situados en lugares específicos, tres de ellos en Latinoamérica, donde aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y medios de subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores. 

“Pretendemos que estos Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial sean un fenómeno que se extienda en todas las regiones, asimismo estamos empezando a impulsarlo más en Centroamérica, con el apoyo del Gobierno y las municipalidades”, comentó Hubert Méndez, consultor de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Según la FAO, estos sistemas agrícolas ancestrales constituyen la base de las innovaciones y tecnologías agrícolas actuales y futuras. Su diversidad cultural, ecológica y agrícola es aún palpable en muchas partes del mundo en las que se conservan como sistemas singulares de agricultura.

“Los pueblos indígenas son aliados en la lucha contra el hambre, la malnutrición y el cambio climático, también son custodios de la biodiversidad y defensores de sus territorios. Sin duda, sus conocimientos y prácticas ancestrales son necesarias para avanzar en la ejecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible”, comentó Victor Milla Quesada, Representante Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica.

Este proceso permitirá identificar un mecanismo de trabajo con acciones orientadas a fortalecer la identidad e integridad cultural de los pueblos indígenas, mediante el ejercicio de prácticas originarias de conservación y uso del ecosistema dentro de los sitios de pesca, territorios de uso ancestral, los ecosistemas terrestres y marinos en el marco de las Directrices Voluntarias.

Además, el Incopesca con el apoyo de la FAO trabajarán en el proceso de construcción de un Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) y un plan de ordenamiento pesquero con participación indígena, con el objetivo de incorporar su visión en el uso y el acceso a los ecosistemas terrestres y marinos.

“Para el Incopesca este proceso resulta de vital importancia en el desarrollo de una agenda de trabajo con los pueblos indígenas de Costa Rica, avanzamos no solo en la generación de acciones de trabajo con el apoyo de la FAO, sino que nos permite plantearnos tareas a futuro en el marco del desarrollo de la Política Nacional de Pueblos Indígenas a la que aspiramos como país”, indicó Daniel Carrasco, Presidente Ejecutivo del Incopesca.

La participación de los pueblos indígenas en la construcción del AMPR, permitirá que pescadores y pescadoras de territorios indígenas aseguren su acceso a la pesca como parte de su modo de vida, garantizando su seguridad alimentaria y nutricional, así como la transmisión de su propio conocimiento.

Las Directrices constituyen el primer instrumento internacional dedicado a la pesca en pequeña escala y responden a una adecuada administración de los recursos pequeros, medios de vida, valorización de los derechos humanos y la protección de las comunidades pesqueras.

A pesar de que históricamente los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras, siguen manteniendo un contacto ancestral y actual con la biodiversidad marina y de aguas continentales.

En el 2015, el país confirmó su interés voluntario de implementar las directrices, a través de la firma del Decreto Ejecutivo No. 39195, que estableció la oficialización de estas con el objetivo de apoyar a las poblaciones costeras y pesqueras en alta vulnerabilidad social, ambiental y económica, donde los territorios indígenas juegan un papel importante.

La nueva edición del informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2019-2020 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) destaca la bioeconomía como una forma innovadora de impulsar el desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe (ALC).

El informe fue presentado en la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2019, que se lleva a cabo en San José, Costa Rica, y señala que el desarrollo rural es fundamental para enfrentar el aumento del hambre, la pobreza y el impacto del cambio climático en la región, por lo que debe estar al centro de las estrategias de gobierno.

El documento plantea que una de las formas de potenciar ese desarrollo es mediante la bioeconomía, que es la utilización intensiva de conocimiento sobre los recursos, los procesos, las tecnologías y los principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía.

Biocombustibles, biogás, utilización de residuos biológicos y desechos agrícolas, textiles derivados de celulosa que reemplazan el uso de plásticos derivados de petróleo, polímeros en base a semillas de aguacate, bioetanol y biotecnología agrícola son algunas de sus aplicaciones actuales en ALC.

Según el informe, la bioeconomía no solo es una oportunidad para la región debido a su amplia biodiversidad, recursos genéticos, diversidad de paisajes productivos y capacidad para producir biomasa, sino también una necesidad por el reto de encontrar nuevas rutas para un desarrollo rural y agrícola más sostenible e inclusivo.

ALC contiene el 50 % de la biodiversidad mundial conocida, 57 % de los bosques primarios y la mayor disponibilidad de tierras para cultivar.

“La bioeconomía permite aprovechar la riqueza biológica de la región para potenciar el desarrollo productivo, tiene la ventaja de promover un desarrollo bajo en carbono y resiliente, aprovecha los residuos de forma rentable, plantea el uso alternativo de la biomasa, genera cadenas de valor sofisticadas en industrias novedosas como construcción, farmacia y de cosméticos, y plantea el uso de las zonas rurales como biofábricas”, destacó Manuel Otero, Director General del IICA.

“El mundo rural y agrícola de América Latina y el Caribe es una pieza clave de la seguridad alimentaria mundial. Produce alimentos para cientos de millones, alberga el 50 % de la biodiversidad global y tiene el 30 % de los suelos arables. El agro, los sistemas alimentarios y el medio rural son parte de la solución para dinamizar el desarrollo de la región y representan una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar”, explicó Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó la importancia de fomentar en la región una bioeconomía que sea sostenible e inclusiva. “Las contribuciones pueden ser múltiples; por ejemplo, a la producción agrícola sostenible y la seguridad alimentaria, nuevas oportunidades para la creación de empleo decente en nuevas cadenas de valor de base biológica, especialmente para las mujeres y los jóvenes, y conocimientos para la conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

Radiografía del mundo rural y agrícola

La publicación de CEPAL, FAO e IICA presenta una radiografía completa del panorama agrícola y rural de la región. Una de sus principales conclusiones es la urgencia de impulsar el desarrollo rural por su alcance multidimensional: ofrece oportunidades agrícolas, alimentarias y productivas, así como posibilidades para un nuevo desarrollo energético y para enfrentar la pobreza, el hambre y el cambio climático.

Sobre la pobreza rural, el documento indica que la región pasó de 45,1 % a 46,4 % entre 2014 y 2017. En cuanto a seguridad alimentaria, el número de personas subalimentadas llegó a 42,5 millones, por el incremento que se viene dando año a año desde 2014, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan al 7,7 % de los niños y niñas menores de 5 años y al 24 % de la población adulta.

En lo concerniente a la seguridad social, se revela que solo el 22 % de la población rural tiene acceso a cobertura rural del sistema de pensiones contributivas, muy lejos de lo que se observa en los territorios urbanos, donde alcanza el 54,7 % de la población. Según el informe, se debe dar mayor impulso a programas de protección social como instrumentos de fomento productivo, asistencia urgente y reducción de desigualdades en los territorios rurales.

La publicación plantea que impulsar el desarrollo rural es fundamental para conservar la biodiversidad de la región. Explica que los cambios de uso de suelo son responsables del 70 % de la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre en ALC, mientras que la degradación de la tierra productiva alcanza costos de oportunidad que equivalen a USD 60 000 millones anuales. 

Sobre cambio climático y desastres naturales, el informe menciona que el desarrollo de las zonas rurales es fundamental para afrontar estos desafíos, ya que concentran el 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la región; la agricultura, la silvicultura y el cambio en el uso del suelo son responsables del 42 % de estas emisiones y el desarrollo energético representa el 25 % de los GEI.

Uno de los efectos del cambio climático, como es la mayor ocurrencia de desastres naturales, ya se deja sentir en ALC. Según la publicación, el número de personas afectadas por algún tipo de desastre natural relacionado a eventos climáticos extremos creció en 8,3 millones en la región, pasando de 2,7 millones en 1990 a 11 millones en 2017.

“Desde Incopesca impulsamos el sistema de co-manejo de las AMPR con participación de grupos pescadores y personas de la actividad pesquera, interesados en el ordenamiento de los ecosistemas marinos para el desarrollo ambiental y humano; así como el aprovechamiento sostenible de la pesca con artes de pesca selectivas y actividades no dañinas, estableciendo un equilibrio entre el uso racional del recurso y la población”, indicó  Jorge López, coordinador nacional de las AMPR.  

Asimismo, López recalcó que el acompañamiento con el comité de gobernanza del AMPR es fundamental para el impulso grupal e individual de los pobladores de las comunidades pesqueras.

El proceso contó con la participación de la Asociación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Unidos y la Asociación de Mujeres Pescadoras y Procesadoras de Barra del Colorado, con el acompañamiento del Departamento de Extensión y Capacitación, la Dirección Regional de Limón del Incopesca, y el apoyo de la FAO a través del proyecto REBYC-II LAC y CoopeSoliDar R.L.

“Al  final, logramos la creación del Área Marina de Pesca Responsable sentimos que ha sido un arduo trabajo, pero sabemos que tenemos garantizado un espacio marino para practicar una pesca sostenible que será de gran beneficio para nuestra comunidad pesquera”, dijo Jesús Chaves, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Unidos de Barra del Colorado.

El AMPR de Barra del Colorado, se ubica desde el límite internacional con Nicaragua hasta el límite del Parque Nacional Tortuguero y se extiende hasta 10 millas náuticas de la costa. La zona marina posee una gran diversidad de especies de gran valor para la sostenibilidad de los recursos naturales y pesqueros a nivel local.

En la comunidad de Barra del Colorado se realiza la pesca artesanal y deportiva como actividad productiva. Las principales especies objetivo son la langosta, la calva, el camarón, el robalo, entre otras especies.

El AMPR fortalece las prácticas de pesca artesanal responsable, contribuye a que todos los pescadores y pescadoras artesanales respeten la zonificación y las medidas de aprovechamiento para asegurar el derecho al trabajo digno y la seguridad alimentaria de la comunidad. En Costa Rica existen 11 AMPR, que representan más de 1500km2 de zona marina.

Debido a las características biofísicas del área costera y sitios de importancia para la conservación de especies marinas, el AMPR se ha zonificado de forma participativa en 6 zonas: de pesca artesanal costera, de protección marina, de aprovechamiento artesanal, de reclutamiento y bancos pesqueros, de pesca con cuerda y una zona de amortiguamiento.

“Este proceso de creación del Área Marina de Pesca Responsable representa un importante ejemplo de trabajo conjunto, enfocado en los derechos humanos, mediante la habilitación de espacios para que las comunidades de pescadores y pescadoras en pequeña escala participen en los procesos de toma de decisiones y asuman responsabilidades, con respecto al uso sostenible de los recursos pesqueros”, dijo Victor Milla, Representante Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica

 La creación del Área Marina de Pesca Responsable de Barra del Colorado responde a la implementación de una pesca más productiva y responsable, a través del enfoque ecosistémico de la pesca y la promoción de la distribución equitativa de los beneficios. Además permite impulsar los sistemas pesqueros inclusivos, a través del fortalecimiento de acuerdos de co-manejo, la aplicación de las Directrices de Pesca en Pequeña Escala y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante el Programa de Mesoamérica sin Hambre y la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realizaron capacitaciones al personal técnico de la Región Huetar Caribe y Central Occidental, con el objetivo de integrar el enfoque de género en los servicios de extensión agropecuaria.

“La Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria busca sensibilizar y promover prácticas adecuadas para la implementación del enfoque de género, que permitan mejorar la atención diferenciada que reciben las personas usuarias de los servicios de extensión, facilitar el acceso a oportunidades, el uso de los recursos para la producción y disminución de las brechas de género”, dijo Nils Solórzano, Director Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG.

Los talleres forman parte de un proceso para sensibilizar al personal técnico sobre la importancia de incorporar a las productoras y productores en los programas y proyectos del sector agropecuario para lograr un desarrollo equitativo, eficiente y sostenible.

“Es importante reconocer el papel de las mujeres rurales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible principalmente los objetivos relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y acción por el clima. También, destacamos el rol fundamental que tiene el personal extensionista en la disminución de las brechas de género que desfavorece principalmente a las mujeres”, aseguró Verónica Chicas, Especialista de Género y Pueblos Indígenas.

Durante las capacitaciones se rescató el aporte de las mujeres en la producción agropecuaria, las economías rurales y la preservación de los recursos naturales. Además, se destacó la necesidad de facilitar a las mujeres el acceso a la tierra, al financiamiento, a las nuevas tecnologías y a las fuentes de trabajo remunerado agrícola y no agrícola.

“Debemos proporcionar a las mujeres rurales el mismo acceso a los recursos productivos que tienen los hombres, para aumentar significativamente los rendimientos de las explotaciones y avanzar en la erradicación de la inseguridad alimentaria. Asimismo, cerrar la brecha de género en las comunidades rurales, contribuirá a la autonomía de las mujeres y su incidencia en la mejora de vida de sus familias, comunidades y el país”, comentó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Justamente, en el mes de octubre, la FAO presentó la Estrategia regional de género para América Latina y el Caribe 2019-2023, y la campaña de comunicación Mujeres rurales, mujeres con derechos.

La estrategia regional de la FAO busca contribuir a cerrar las brechas de género de la región, especialmente en el mundo rural para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, el fortalecimiento de la agricultura familiar, y la respuesta regional ante el cambio climático.

Según la FAO, la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres es una de las causas estructurales de la pobreza y uno de los mayores desafíos que los países de América Latina y el Caribe deben enfrentar para desencadenar todo el potencial transformador del mundo rural.

En el Día Mundial de la Alimentación, actores del sector público, la sociedad civil, la academia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hacen un llamado para promover entornos alimentarios saludables y sostenibles.

Los entornos alimentarios saludables y sostenibles son aquellos que facilitan el acceso físico y económico a alimentos de alto valor nutricional para contribuir a la disminución de la epidemia del sobrepeso y la obesidad.

Según la Encuesta Nacional de Nutrición, el sobrepeso y la obesidad afectan al 67% de las mujeres y al 62% de los hombres adultos del país.

El Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), la Universidad de Costa Rica,  HIVOS, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, apoyan acciones concretas y consensuadas, en el Seminario e Intercambio de experiencias: “Medidas Estructurales para la Generación de Entornos Alimentarios Saludables y Sostenibles”, con énfasis en la importancia del etiquetado nutricional y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, bajo los instrumentos normativos centroamericanos y nacionales.

“Para lograr un cambio visible en la disminución del sobrepeso y la obesidad en el país, se deben poner en marcha políticas públicas que transformen los sistemas alimentarios y de salud, con el fin de que todos los alimentos que lleguen a nuestros platos sean nutritivos y se comercialicen de forma justa y sostenible”, comentó Yenory Hernández, especialista de la Subdivisión de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO.

La transformación de los sistemas alimentarios requiere de políticas públicas que permitan entornos alimentarios que faciliten a la población realizar elecciones saludables de alimentos. Tales como, impuestos a alimentos con un alto contenido de grasas, azúcar y sodio, subsidios a alimentos saludables entre los que se pueden mencionar las frutas y vegetales, incentivos para los procesos de innovación, investigación y el desarrollo tecnológico de alimentos saludables.

También, se destaca la implementación de las Guías Alimentarias para mejorar la educación nutricional de la población, el fomento de las compras institucionales de alimentos y reglamentos sobre comercialización, etiquetado y publicidad.

Según el Ministerio de Salud, se prioriza la actualización de las Guías Alimentarias basadas en alimentos como una herramienta para abordar la malnutrición en todas sus formas, desde la perspectiva integral de sistemas alimentarios sostenibles y saludables, además de fortalecer la rectoría de la alimentación y nutrición.

Cada año, el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el aniversario de fundación de la FAO. Este día busca sensibilizar y concientizar a la sociedad civil y a los tomadores de deciones sobre la importancia de actuar y contar con instrumentos que promuevan una alimentación sana y la erradicación de todas las formas de malnutrición al 2030.

Actividad se realizará en el MAG, en Sabana Sur, este viernes 18 de octubre

El consumo de frutas y vegetales permite una alimentación más sana y mejora la calidad de vida

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de celebración del Día Mundial de la Alimentación y el Día Nacional de las Frutas y Vegetales, realizarán una feria de agro productores para fomentar una alimentación más saludable, de la mano con el agricultor nacional.

La feria se llevará a cabo este viernes 18 de octubre de 8:00 a.m a 2:00 p.m. en las instalaciones del MAG en Sabana Sur y será abierta al público. Participarán más de una decena de cooperativas agrícolas y productores independientes que ofrecerán sus productos frescos y saludables a excelentes precios.

Como parte de la feria, los jerarcas de Salud, Agricultura, MEP, FAO e Infocoop mantendrán un conversatorio con escolares, con el fin de incentivar su consumo de frutas y vegetales. Además, se llevará a cabo una demostración de recetas sanas bajo el concepto de cero desperdicio de alimentos.

La combinación de dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios han disparado las tasas de obesidad. Según el último Censo Escolar de Peso y Talla, el sobrepeso y la obesidad afectan al 34% de los escolares, y al 8,1% de los niños y niñas menores de 5 años.

La última edición del Estudio de la Carga Global de las Enfermedades publicado en la revista Lancet del 2019,    señala que la dieta diaria mata más que el consumo de tabaco y se encuentra vinculada a una de cada cinco muertes en todo el mundo. La investigación apunta que las dietas peligrosas son las que contienen: altos niveles de sal y menor cantidad de granos integrales, frutas y verduras.

Las frutas y las verduras son componentes esenciales para una dieta saludable, y un consumo diario suficiente contribuye a la prevención de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, diabetes e hipertensión, entre otras.

Este año, la FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación este 16 de octubre bajo el lema: Una alimentación sana para un mundo hambre cero. Además, en Costa Rica, este 18 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Frutas y Vegetales, para concientizar a la población sobre la importancia de consumir estos productos.

Desde una perspectiva alimentaria, la interacción de factores como la disponibilidad, acceso, precio, preferencias personales y el mercadeo de los alimentos afecta la decisión de compra y por ende la ingesta dietética de los consumidores.

Los agricultores y agricultoras tradicionales de pequeña escala tienen sus propios sistemas para adaptarse al cambio climático, los cuales son extremadamente fundamentales para sostener los medios de vida, mantener las comunidades rurales, preservar el conocimiento y proteger los paisajes frágiles y la agrobiodiversidad.   

Estos sistemas son los que pretende resguardar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, bajo el Programa de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM, una iniciativa que procurar mejorar y desarrollar las capacidades de las comunidades locales y de los pueblos indígenas.

Las comunidades tradicionales de agricultura familiar, que viven en y alrededor de los SIPAM, fueron los protagonistas en el evento Experiencias de Adaptación al Cambio Climático de los Agricultores y Agricultoras Tradicionales de Pequeña Escala, realizado durante el último día de la Reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático, Pre-COP25, celebrada en Costa Rica.

“Respetar los sistemas ancestrales de producción es una apuesta a ganar.  En Costa Rica tenemos muchos casos que pueden convertirse en sitios SIPAM.  La forma en que nuestros indígenas producen el cacao y nuestra producción cafetalera son algunos ejemplos.  Conservar estos sistemas es una garantía de desarrollo para nuestras comunidades rurales, en todos los ámbitos: social, ambiental y económico”, dijo la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós Soto. 

Precisamente, durante el evento se anunció que el cantón de Dota iniciará el proceso para proponerse ante la FAO como el primer SIPAM de Costa Rica.

“Estos sistemas agrícolas se encuentran muchas veces amenazados por varios factores, inluyendo el cambio climático y la presión creciente sobre los recursos naturales. Los sistemas ancestrales constituyen la base de las innovaciones y tecnologías agrícolas  actuales y futuras, asimismo contribuyen a la preservación de los agro ecosistemas de relevancia global”, dijo por su parte EduardoMansur, Director de la División de Tierras y Aguas de la FAO, quien aplaudió la iniciativa costarricense.

Los SIPAM son paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural.  Actualmente, FAO reconoce 50 SIPAM a nivel global, que están situados en lugares específicos, tres de ellos en Latinoamérica, donde aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y unos medios de subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores.   

Según la FAO, su diversidad cultural, ecológica y agrícola es aún palpable en muchas partes del mundo en las que se conservan como sistemas singulares de agricultura.

En el evento paralelo realizado en la Reunión preparatoria para la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático (Pre COP25), se presentaron dos experiencias que el país ha llevado adelante con éxito como parte del plan para convertirse en una economía baja en emisiones.

Costa Rica ha logrado trazar una ruta para generar las condiciones adecuadas para la transición a una economía baja en emisiones a partir de una matriz energética limpia, un alto índice de cobertura forestal, inversión social y una economía diversificada y abierta.

En el evento, llamado: “Experiencia de Costa Rica en la transición a un modelo de desarrollo económico bajo en carbono. Lanzamiento de una propuesta para el reconocimiento de los beneficios ecosistémicos del suelo”, participaron los Ministros de Agricultura y Ganadería, y de Ambiente, así como las Viceministras de ambas carteras y Eduardo Mansur, Director de la División de Tierras y Agua de la FAO.

En la Pre COP25, se compartieron casos que surgen a partir de un modelo de gestión integral para asegurar el beneficio económico, la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la protección de suelos y la conservación de la biodiversidad, como el caso del cantón de Hojancha en la provincia de Guanacaste y la cuenca del río Jesús María y Barranca en la vertiente del Pacífico.

"Estos son dos ejemplos de lo mucho que el Sector Agropecuario costarricense hace y puede seguir aportando en materia de producción sostenible y sobre cómo hemos ido adaptando la producción de alimentos al cambio climático y hemos avanzado hacia una producción agropecuaria descarbonizada.  Pero, la agricultura necesita también ver cómo se transforman los mercados y se convierten en mercados justos, que reconocen precios justos, a las 500 millones de familias que producen alimentos para el mundo", expresó el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera.

Según explicó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, el Estado costarricense invierte más de $65 millones anuales en el manejo y administración de las Áreas Silvestres Protegidas y paisajes rurales, y $35 millones adicionales que se destinan a los pequeños y medianos productores forestales que conservan los bosques en el marco del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), desarrollado con éxito desde 1997.

"Estos fondos públicos hacen que la protección del bosque, la reforestación, la regeneración natural y la rehabilitación del paisaje por medio de los sistemas agroforestales, permitan la reducción de emisiones de carbono de forma eficiente. Tomemos en cuenta que un alto porcentaje de la cobertura forestal costarricense es propiedad de pequeños y medianos productores privados y comunidades indígenas. A estos últimos, se les ha trasladado aproximadamente $57 millones desde 1997 hasta el 2018 para la creación y desarrollo de capacidades colectivas  por el servicio que fijación de carbono que prestan sus bosques", añadió.

“El país muestra que, sí es posible alcanzar el desarrollo sostenible a través de soluciones basadas en la naturaleza que no solo representan ventajas para el medio ambiente, de cara a un clima cambiante, sino que además son una opción para el desarrollo económico y social”, comentó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

 Ejemplos de restitución de un territorio con identidad, valores y autonomía

El cantón de Hojancha logró grandes progresos en la dimensión ambiental, humana y económica, gracias a una estrategia de desarrollo integral en la que se creó un sistema de gobernanza público-privado con amplia participación de la sociedad civil, que fortaleció el accionar del gobierno local.

En la dimensión ambiental se evidenció la recuperación del recurso hídrico, la reducción de la erosión, reforestación, transformación del paisaje, asimismo la cobertura forestal aumentó en más de un 40%.

A nivel económico, se generaron nuevas fuentes de empleo en ganadería, agricultura, turismo, mientras que hubo un aumento en la diversidad productiva, y se lograron mecanismos para facilitar el acceso al crédito. Consecuentemente, se consolidaron microempresas forestales y se sembraron más de 400 ha de café en sistemas sostenibles que permitieron el desarrollo de marcas para la exportación de café.

A nivel social, también se transformó la visión de las nuevas generaciones con una conciencia ambiental enfocada a reconocer los impactos positivos de los servicios ambientales. Durante ese proceso, se fortalecieron las organizaciones de productores y la sociedad civil mediante el empoderamiento de jóvenes y mujeres.

Por otra parte, mediante un Plan de Manejo de la Cuenca Jesús María, se trabajó en la disminución de la erosión y degradación de los suelos mediante acciones de conservación, además se implementaron prácticas silvopastoriles, diversificación de cultivos, reforestación, la protección del recurso hídrico, el desarrollo de actividades productivas, bajas en emisiones y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias locales.

Cabe rescatar que productores y productoras locales han logrado un mayor acceso al crédito y se aumentó la participación de las mujeres en proyectos de emprendimiento de la comunidad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente le otorgó a Costa Rica el galardón “Campeón de la Tierra”, en la categoría de liderazgo político, por sus esfuerzos en la protección de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.

“Desde la FAO queremos felicitar a Costa Rica por este gran reconocimiento, y por el liderazgo que este país centroamericano asumió para enfrentar el cambio climático y proponer en la agenda política estrategias que nos demuestran que, si es posible alcanzar la sostenibilidad”, comentó Adoniram Sanches, Representante de la FAO en Costa Rica.

Actualmente, Costa Rica se destaca por la elaboración del Plan Nacional de Descarbonización, el cual plantea una serie de medidas y objetivos para reformar el transporte, la energía, la gestión de residuos y el uso de la tierra durante los próximos 30 años.  

El Plan Nacional de Descarbonización pretende reducir a cero las emisiones netas de carbono y cumplir con el Acuerdo de París y los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Además, mediante este reconocimiento se destaca que el país ha tenido un papel innovador en la promoción de tecnologías limpias y la sostenibilidad tomando en cuenta que solamente produce 0,4% de las emisiones globales.

Asimismo, el 98% de la energía de Costa Rica se produce con fuentes renovables y la tasa de cobertura floresta pasó de un 21% en 1987 a un 57% en el 2018. En el país, la deforestación alcanzó su máximo valor en la década de 1980, sin embargo, mediante la creación de herramientas normativas solidarias con el ambiente y el esfuerzo del denominado: Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), Costa Rica ha logrado una adecuada recuperación de la superficie forestal y se ha convertido en un ejemplo regional.

 El galardón es la máxima distinción en materia ambiental que brinda este organismo y que por primera vez se entrega a un país. El premio anual de “Campeones de la Tierra” se otorga a destacados líderes de gobierno, la sociedad civil y el sector privado cuyas acciones han tenido un impacto positivo sobre el medio ambiente. Desde que fue creado hace 13 años, el premio ha reconocido a más de 80 personas, que van desde líderes de naciones a activistas de base, en las categorías de liderazgo político, ciencia e innovación, visión emprendedora e inspiración y acción

Intercambio de saberes procura compartir nuevos conocimientos y desarrollo de tecnologías para modernizar la producción orgánica

Más de cien productores (as) orgánicos certificados o en proceso de transición, junto a técnicos e investigadores, intercambian experiencias innovadoras e información con el propósito de mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores en Costa Rica.

Según datos de la Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (ARAO) del Servicio Fitosanitario del Estado, para el 2018 se contabilizaron más de ocho mil hectáreas certificadas orgánicas. Lo anterior equivale a dos mil quinientas personas productoras que optaron por una certificación orgánica.

“Un reto que tenemos que asumir es el de acercarnos más al consumidor. Necesitamos informarle mejor y convencerle de que exija productos orgánicos certificados.   Cuanto más y mejor informados estén los consumidores sobre el proceso de la producción orgánica y los beneficios, habría mayor y mejor demanda, lo que impactaría positivamente al sector”, expresó la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós Soto.

En el VII Encuentro Nacional de Productores, Experimentadores e Investigadores en Producción Orgánica, se realizó el 17 y 18 de setiembre, con el objetivo de analizar los principales retos que enfrenta el sector, dentro de los que destacan la regulación de la comercialización de productos orgánicos en los puntos de venta y la concientización al consumidor.

“La agricultura orgánica representa un compromiso que como sociedad debemos tener con nuestro país, es una oportunidad para promover un bienestar en la salud de la población, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, generar empleos verdes y avanzar en los compromisos climáticos que Costa Rica se ha planteado”, comentó Víctor Milla Quesada, Representante Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica.

Además, mediante plenarias se compartieron  nuevos conocimientos y herramientas para implementar en la producción orgánica en temáticas relacionadas con el uso del suelo y nutrición de cultivos, manejo y combate de plagas y enfermedades, semillas, adaptación y mitigación al cambio climático, normas y certificaciones; mercadeo y comercialización.

El encuentro nacional es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en conjunto con el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Producción Orgánica de Costa Rica (PITTA-PO), el Departamento de Producción Orgánica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante las actividades del Lanzamiento del Decenio, la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós Soto, instó a los gobiernos de los países a construir los planes de acción nacional con la participación de las agrupaciones de agricultura familiar.

“Desde Costa Rica, nuestro llamado es al diálogo con productores y productoras familiares, para construir en nuestros países planes inclusivos, que nos permitan avanzar en el desarrollo de productos con identidad, producidos respetando el conocimiento y las prácticas autóctonas y ancestrales, que faciliten el acercamiento de los productores a los consumidores”, dijo Quirós Soto, quien detalló algunos proyectos que Costa Rica ya desarrolla en esta ruta, y agradeció a la FAO por el acompañamiento que viene dando en la construcción del Plan Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar para su país.

Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mesoamérica sin Hambre, avanzan en la construcción del Plan Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar 2019 – 2028 para beneficiar a las familias agricultoras de Costa Rica y sus medios de vida.

Por otra parte, la Viceministra costarricense insistió en la necesidad de incluir procesos de medición y evaluación de las acciones que se vayan realizando durante el decenio, para definir y realizar ajustes que permitan garantizar la consecución de los objetivos al 2028.

Asimismo, el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, reconoció por medio de redes sociales el notable liderazgo que ejerció Costa Rica en la proclamación del Decenio ante Naciones Unidas.

Según la FAO, la agricultura familiar aporta entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en América Latina y el Caribe.

El Decenio reconoce la importancia de los agricultores y agricultoras familiares como agentes clave de cambio en la transformación de los sistemas alimentarios, haciéndolos más eficientes y sostenibles. Estos objetivos destacan la multidimensionalidad de la agricultura familiar, y solo podrán lograrse a través de acciones integradas respaldadas por políticas e instrumentos públicos coherentes e intersectoriales, que aborden las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo rural.

Se realizan las primeras capacitaciones en el Golfo de Nicoya en Isla Venado del 5 al 8 de agosto en período de veda

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el proyecto Gestión sostenible de la captura incidental en la pesca de arrastre de América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC), capacitan a 160 pescadores y pescadoras artesanales de Isla Venado en La Florida y Oriente para concientizar a las comunidades pesqueras sobre la importancia de la aplicación de las Directrices Internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes.

“La socialización de las directrices permite a los pescadores y pescadoras ampliar su conocimiento tradicional y la aplicación efectiva de la pesca responsable de los recursos, con visión a largo plazo del desarrollo humano y sustentable en nuestro país”, dijo Jorge López Romero, Jefe del Departamento de Extensión y Capacitación del Incopesca.

Durante las capacitaciones los pescadores y pescadoras aprenderán sobre la importancia de reducir las capturas incidentales debido a las consecuencias negativas económicas y ecológicas que causan al ecosistema, como por ejemplo, el cambio en la sostenibilidad de la cadena alimentaria debido a  los peces muertos que se desperdician y se lanzan al mar.

Mediante una consulta con expertos a nivel mundial, la FAO elaboró las Directrices Internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, con el objetivo de ayudar a los Estados a aplicar el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

“Para aplicar una ordenación de las capturas incidentales y disminuir los descartes, se requiere implementar un enfoque ecosistémico, diseñar y ejecutar planes de ordenamiento en conjunto con las comunidades costeras e incorporar  soluciones basadas en la ciencia, como las medidas establecidas por medio de los instrumentos internacionales”, comentó Víctor Milla, Representante Oficial de Programas de la FAO.

Las directrices son una herramienta internacional de la FAO para promover la pesca responsable, minimizando las capturas y la mortalidad de las especies, orientando sobre medidas de ordenación más eficaces y de registros que contabilicen las capturas incidentales y los descartes.

Las primeras capacitaciones en el país se llevan a cabo del 5 al 8 de agosto, después se impartirán capacitaciones en otras comunidades del Golfo de Nicoya en el marco de la veda. La veda tiene una duración de 3 meses. Durante ese período se prohíbe llevar a cabo la pesca en una zona específica establecida mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de proteger los procesos de reproducción y reclutamiento de las especies marinas.

Las vedas durante las épocas de desove son una garantía para asegurar la reproducción de los peces en esta fase tan importante de su ciclo de vida. Respetar estas épocas es responsabilidad de todas las personas que dependen del recurso pesquero. Las vedas, ayudan a mantener las poblaciones de peces e invertebrados saludables para que así se pueda continuar la pesca sin arriesgar la sostenibilidad del recurso y los ecosistemas.

Según la FAO, los Estados deben de velar para que todas las pesquerías con capturas incidentales sean contempladas en los planes de ordenación pesqueros y que la planificación se base en el enfoque ecosistémico de la pesca y el Código de Conducta.

Según el informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028 de la FAO y OCDE, aproximadamente el 86% de las importaciones de piña de la Unión Europea (UE) provienen de Costa Rica, y alrededor del 70% de las importaciones de banano de la UE provienen de Ecuador, Colombia y Costa Rica.

El informe, publicado hoy, destaca el gran potencial que tiene América Latina y el Caribe (ALC) para la producción de frutas y hortalizas de gran valor, que pueden generar oportunidades para la agricultura familiar e impulsar dietas más saludables.

En la actualidad, Costa Rica está aprovechando este potencial mediante una vinculación en los mercados de exportación y la promoción a nivel interno del comercio de frutas, por medio de ferias del agricultor, entre otros mercados de comercialización. 

En el caso costarricense, las exportaciones de frutas tropicales representan aproximadamente un tercio de todas las ganancias por exportaciones agrícolas.

Asimismo, Costa Rica produce banano, piña, papaya y una amplia lista de otras frutas de carácter tropical, las cuales en su totalidad suman aproximadamente 150.000 hectáreas establecidas a nivel nacional. 

Esta actividad ha impulsado el desarrollo de cadenas agroproductivas de frutas y ha creado nuevas fuentes de ingresos y empleo para miles de productores agropecuarios, y otros actores de las cadenas, como proveedores de insumos y servicios.

La importancia de la región para el suministro mundial de fruta es más evidente en la magnitud de volúmenes comerciales de bananas y frutas tropicales no procesadas, según el informe.

La publicación menciona que gracias a la cercanía de la región con Estados Unidos, uno de los mayores importadores de frutas del mundo, América Latina y el Caribe se ha consolidado como el principal proveedor mundial de bananas y frutas tropicales en las últimas décadas, representando el 80% de los envíos mundiales de bananas, piñas, papayas, aguacates, y para aproximadamente el 50% de las exportaciones globales de mango en promedio.

En 2017, México, Perú, Guatemala y Costa Rica representaron el 75% del total de las importaciones de hortalizas frescas en Estados Unidos. Nueve países de la región representaron el 92% del total de las importaciones de frutas frescas en Estados Unidos, en este caso los principales proveedores fueron: México, Chile, Guatemala y Costa Rica.

Se estima que la demanda por las frutas tropicales crecerá debido a cambios en las preferencias de los consumidores, por alternativas más saludables y las mejoras en tecnologías de almacenamiento, infraestructura y buenas prácticas de producción.

Además, la producción de frutas contribuye a la reducción de la pobreza rural y al desarrollo sostenible de los países, mediante el fortalecimiento de la agricultura familiar, la adaptación y mitigación al cambio climático y el combate a la malnutrición.  

Según el informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028, las condiciones climáticas favorables de los países de la región brindan una ventaja comparativa para la producción de frutas y hortalizas.

Finalmente, señala que Costa Rica ha sido capaz de fomentar una agricultura más respetuosa con el medioambiente, al mismo tiempo que ha mantenido un crecimiento en la productividad. No obstante, es necesario que siga fomentando acciones que promuevan una agricultura resiliente al cambio climático.

La propuesta de Decenio fue liderada y presentada por Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Red Costarricense de Agricultura Familiar (Redcaf), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mesoamérica sin Hambre, trabajan en la elaboración de un Plan Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar 2019 – 2028 para beneficiar a las familias agricultoras de Costa Rica y sus medios de vida.

"La experiencia vital que tiene el agricultor en el campo no puede desecharse fácilmente porque, si bien es cierto, tiene que transformarse con una visión en nuevas tecnologías y con nuevos instrumentos y máquinas inteligentes para producir eficiente y eficazmente, tenemos que adaptar el conocimiento tradicional a esa nueva tecnología", comentó el Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado.

El plan nacional promoverá medidas y compromisos para responder a los desafíos que enfrentan las y los agricultores familiares e incluirá acciones que permitan el desarrollo integral de la agricultura familiar en el país y el fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición. 

El plan costarricense surge en el marco de la iniciativa mundial del Decenio de la Agricultura familiar 2019 – 2028, cuya propuesta fue liderada y presentada por Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptada oficialmente en diciembre de 2017. 

“Los agricultores y agricultoras familiares tienen el potencial para convertirse en agentes claves de las estrategias de desarrollo. Asimismo, proporcionan alimentos sanos, diversificados y culturalmente apropiados, y producen la mayor parte de los alimentos”, comentó Andrea Padilla, Coordinadora Técnica Nacional del Programa Mesoamérica sin Hambre de la Representación de FAO en Costa Rica.

La Década busca impulsar al sector, en particular en los países en desarrollo, para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además,promueve mejorar el acceso de los agricultores familiares a los sistemas de protección social, el financiamiento, los mercados, la formación y a las oportunidades de generación de ingresos.

El lanzamiento oficial del Decenio de la Agricultura Familiar se realizó el 29 de marzo de 2019 en Roma, y contó con la presencia de representantes de gobiernos y organizaciones agrarias de 83 países. En esa ocasión, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería, en su calidad de Presidente del Comité Directivo del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, reiteró el compromiso de Costa Rica a impulsar la elaboración de planes nacionales.     

Según datos del último Censo Agropecuario, más de 50 mil fincas agroproductivas son de agricultores familiares, con un tamaño promedio cada una de 12,2 hectáreas. Las principales actividades desarrolladas en los sistemas identificados como agricultura familiar son ganado vacuno, café, frijol y frutas, entre ellas rambután, aguacate y otras frutas tropicales.

En Costa Rica, la elaboración del plan se construye de manera inclusiva, involucrando a los productores y productoras, instituciones del Sector Agropecuario y a otros actores relevantes. Al finalizar el proceso de construcción y consenso, el Gobierno costarricense es el encargado de transmitir el acuerdo alcanzado sobre el plan nacional del Decenio ante la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Mediante un conversatorio nacional, la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA) junto con la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Proyecto Plato lleno y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueven la producción y el consumo responsable desde el campo, donde se producen los alimentos, hasta que llegan a la mesa del consumidor.

Cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, lo que también implica un desperdicio de insumos, materiales, agua y trabajo relacionado con la producción de los alimentos, según la FAO.

“En esta oportunidad, varios miembros de la Red nos hemos unido para enfatizar en las acciones para generar un consumo más responsable de alimentos, las cuales incluyen la planificación de las compras, la selección de recetas y platillos “cero desperdicio”, la comprensión del valor de los alimentos y la decisión de consumir más conscientemente, al tiempo que se consideran opciones de rescate o redistribución tanto a nivel de servicios de alimentación como del hogar”, dijo Laura Brenes Peralta, docente del TEC y actual coordinadora de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

En el conversatorio, grupos de estudiantes de la UCR mostrarán cómo utilizar y aprovechar el valor nutricional de productos subutilizados o considerados como partes no comestibles (hojas, tallos y semillas) y que generalmente terminan en el basurero.

En la actividad, la Red Costarricense para la Disminución de PDA y estudiantes de la carrera de Gestión de Turismo Sostenible del TEC presentarán un documento de compromiso voluntario de consumo consciente para las personas que deseen firmarlo y unirse a combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Dicho compromiso incluye procurar tomar decisiones informadas para conocer más sobre el origen y producción de los alimentos, con el objetivo de apoyar al productor local, proteger los recursos naturales, identificar el impacto de los desechos alimenticios en el medioambiente, realizar compras planificadas y reducir la huella ecológica producida por el desperdicio.

Igualmente, se realizará el lanzamiento en Costa Rica del Programa “Hotel Kitchen”, impulsado por el World Wildife Fund (WWF acrónimo en inglés) y la Red Costarricense para Disminución de PDA, con el propósito iniciar un pilotaje con hoteles del país dispuestos a incursionar en medidas para prevenir y reducir la PDA.

“Debemos tomar acciones para disminuir las PDA, que impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y reducen la disponibilidad local y mundial de los alimentos, generando a su vez pérdidas en el ingreso de los productores, afectando de manera negativa a la nutrición y la salud de los consumidores y de nuestro medioambiente”, comentó Víctor Milla Quesada, Representante Oficial de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Actualmente, la UCR y el TEC, junto a otros centros educativos miembros de la Red de Instituciones de Educación Sostenible (REDIES), realizan esfuerzos para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en los comedores de sus instituciones.

El conversatorio se realizará hoy de 12:45 m.d. a 5:00 p.m. en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, Finca 2, Sede Rodrigo Facio en San Pedro abierto al público en general.

Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de alimentos

La Red se constituyó en noviembre del 2014 con el propósito de investigar, monitorear, y establecer estrategias para disminuir la PDA en el país.

Los miembros de la Red, los cuales suman cerca de 30 a la fecha, trabajan con un plan de acción basado en tres ejes homologados a la Estrategia de Latinoamérica y el Caribe para Reducción de PDA, impulsada por la Red Expertos de la región en este tema.

La red tiene por objetivo compartir información y experiencias sobre comercialización inclusiva, sistemas de fijación de precios, análisis de tendencia de los mercados, fortalecimiento de capacidades, facilitación de alianzas y desarrollo de estrategias conjuntas de acción y proyectos de cooperación técnica entre instituciones públicas de comercialización y abastecimiento de alimentos en países de la región.

Los  participantes elaborarán una agenda regional que considere el desarrollo de acuerdos institucionales y agendas bilaterales de cooperación técnica internacionalque apunten a mejorar el accionar de las instituciones públicas.

“Los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos son instrumentos para la sostenibilidad de la agricultura nacional: para el consumo interno, la dinamización de la actividad agrícola, los encadenamientos productivos y el desarrollo de productos con valor agregado”, comentó Rogis Bermúdez Cascante, presidente ejecutivo del CNP.

El encuentro, permitirá dar continuidad a los avances existentes en la región y a las demandas de las instituciones públicas de abastecimiento y comercialización de alimentos,tal como se aplica en Costa Rica mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que posee el CNP.

Es importante destacar que el número de proveedores del PAI pasó de 88 en el 2013, a 244 para mayo del presente año, lo cual representa para la institución un aumento del 178%.

Además, el Gobierno con la cooperación técnica de la FAO promoverá avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles que favorezcan la implementación de estrategias para facilitar el acceso físico y económico de los alimentos a poblaciones vulnerables, con el objetivo de mejorar su estado nutricional  y con el potencial de tener una producción baja en emisiones de carbono.

“Avanzar hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios es garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del presente y el futuro, en este sentido, el abastecimiento de productos frescos y saludables constituye un elemento clave, ya que su objetivo es proveer una oferta estable y facilitar su acceso. Además, de generar incentivos necesarios para una producción y comercialización inclusiva, eficiente y equitativa”, comentó Joao Intini, secretario técnico de la Red SPAA.

Según cifras del últimoPanorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de la FAO, en el trienio 2015-2017, 4,4% de la población en Costa Rica presenta subalimentación, mientras que la epidemia de la obesidad sigue en aumento.

Actualmente, se requieren transformar estos sistemas que garanticen la sostenibilidad y la capacidad de proveer una alimentación nutritiva, saludable y accesible para toda la población como una acción prioritaria para el abordaje de la doble carga de la malnutrición.

Un espacio de cooperación e intercambio para promover la seguridad alimentaria y nutricional

La Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (Red SPAA) está integrada por 12 países de América Latina y el Caribe: Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. En esta VII Reunión, se cuenta con la participación de República Dominicana y Cuba  como países invitados.

Los Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos tienen un gran potencial para apoyar las compras públicas y fortalecer la agricultura familiar como herramientas que ayuden a los países a garantizar el derecho a la alimentación.

Diputadas y diputados, integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Costa Rica (FPHM), presentan el plan estratégico del periodo 2018-2022 con el objetivo de liderar e incidir en el diálogo, debate y las políticas públicas para reducir todas las formas de malnutrición.

“Para alcanzar el hambre cero se deben tomar medidas para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos; mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, a precio justo y producidos de manera responsable con el medioambiente”, agregó la diputada y coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre y la Malnutrición, Paola Valladares.

Según cifras del trienio 2015-2017 del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe de la FAO, 4,4% de la población en el país, se encuentra en estado de subalimentación. Los resultados del último Censo Escolar de Peso y Talla del 2016 señalan que el 34% de escolares entre 6 a 12 años de los centros educativos públicos y privados sufren de sobrepeso y obesidad.

Tenemos claro que la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un tema que trasciende sectores específicos,   por ello nos hemos dado la tarea de proponer y liderar un proceso consensuado, participativo y multidisciplinario, para suscribir por primera vez en Costa Rica el marco normativo para estructurar, articular y coordinar acciones de la institucionalidad pública en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional¨, agregó el diputado presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de Costa Rica y subcoordinador del Frente Parlamentario Contra el Hambre y la Malnutrición, Mario Castillo Méndez.

Actualmente, la epidemia de la malnutrición es un problema de salud pública, la cual posee un origen multifactorial, que incluye cambios en los patrones alimentarios, un mayor consumo de alimentos procesados altos en azúcar, grasas, sodio y la falta de actividad física, entre otros factores.

“Desde la FAO, reconocemos la importancia de la elaboración del plan estratégico y el rol del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición para luchar contra todas las formas de malnutrición, que requieren de acciones conjuntas de todas y todos los actores del sistema alimentario”, comentó Victor Milla, Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica.

El plan estratégico define estrategias para la sostenibilidad del FPHM, en el mediano y largo plazo, así como para la articulación y el diálogo a nivel interno y externo de la Asamblea Legislativa con los principales actores nacionales involucrados.

Después del lanzamiento, se realizó un foro político para la promoción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, y analizar la experiencia de Perú en la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

El foro político y el lanzamiento del plan estratégico fueron organizados por el FPHM de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mesoamérica sin Hambre, la Cooperación Española, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Profesionales de Nutrición.

Los Frentes Parlamentarios y la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH) surgen en el año 2009, como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre en la región. Este esfuerzo, se enmarca en la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH), un compromiso impulsado por los países de la región.

La Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial (Sepsa), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Programa Mesoamérica sin Hambre trabajan en la elaboración de un diagnóstico sobre el estado del acceso y aprovechamiento del recurso hídrico en la agricultura costarricense.

“Gestionar el recurso para reducir posibles amenazas de escasez, es un reto que involucra a diversos sectores, en todas las escalas territoriales de forma que se garantice el bienestar de la población en alimentación, salud, nutrición y la protección de las fuentes hídricas”, comentó Edgar Mata, Director de Sepsa.

En el mundo, la creciente escasez de agua es uno de los principales desafíos que afectan la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El agua es un recurso esencial para el sector agropecuario, ecosistemas y diversas actividades económicas en el país; por esto mismo, plantea una competencia por su utilización entre diferentes actores, en función de cada necesidad y prioridad de acceso y demanda.

Según la FAO, los cultivos y la ganadería representan el 70% de todas las extracciones de agua y hasta el 95% en algunos países de desarrollo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, así como el aseguramiento de la sostenibilidad en la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la problemática de la escasez de agua.

Actualmente, es necesario tomar medidas para garantizar un acceso seguro a este recurso, especialmente para las personas integradas en la agricultura familiar que viven en condición de vulnerabilidad, pero también para los pequeños, medianos productores y productoras agropecuarias, por su importancia en la seguridad alimentaria, la economía local y nacional.

En Costa Rica, esta población enfrenta dificultades para acceder al agua en condiciones adecuadas y formales, tanto en cantidad como en calidad, lo que es necesario para gestionar su unidad productiva de forma apropiada. Para esto, también se requiere una mayor tecnificación del uso del agua para poder lograr su aprovechamiento sostenible.

“El uso irracional, carente de planificación o asociado  a condiciones de desperdicio del recurso atenta contra la disponibilidad futura del agua, no solo para las actividades agropecuarias sino para los ecosistemas y su biodiversidad que dan sustento a los medios de vida agrícolas y rurales”, comentó Víctor Milla, Oficial de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Las regulaciones actuales en el país para el consumo y el acceso del recurso hídrico en las actividades agropecuarias buscan favorecer la protección y fomentar la sostenibilidad, pero a la vez, en muchos casos, se constituyen en limitantes que afectan al sector y que pueden generar un impacto negativo en el bienestar económico de la población.

Durante el proceso de construcción del diagnóstico, expertos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Cámara de Agricultura, entre otros actores, analizan el contexto y las oportunidades nacionales para una gestión más eficiente del agua en el Sector Agropecuario.

Como parte de esta iniciativa, se desarrollará una hoja de ruta intersectorial que permitirá adaptar acciones que promuevan racionalizar y optimizar el uso del agua, reducir prácticas de desperdicio y dificultades para contar con el recurso para la producción. Además de fomentar la visibilización del productor agropecuario y mejorar las condiciones de acceso al agua mediante concesiones legales.

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inician el desarrollo de sus capacidades institucionales para aplicar innovaciones metodológicas en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), componente clave del sistema de estadística agrícola costarricense.

Ambas instancias nacionales, con el acompañamiento técnico de la FAO, instan al análisis metodológico sobre módulos complementarios de la encuesta agrícola integrada (AGRIS, acrónimo en inglés de agricultural integrated surveys) con el propósito de determinar a futuro la inclusión de los módulos a la ENA.

La metodología AGRIS brinda un nuevo enfoque para recolectar datos agropecuarios en países como Costa Rica, con el fin de establecer un sistema estadístico agrícola eficiente.

Como prioridad nacional Costa Rica plantea cuatro áreas de trabajo que incluyen el componente de los módulos recomendados por AGRIS, en la Encuesta Nacional Agropecuaria, el diseño de la muestra de la encuesta de módulos, el mejoramiento de la difusión de datos; la promoción del uso de datos, así como el aumento de la capacidad de análisis del personal técnico del Inec, Sepsa, Banco Central, y de otras instituciones relevantes del sector agropecuario.

La aplicación futura de estos módulos complementarios proporcionará datos para medir los ingresos agropecuarios, los costos de producción y la rentabilidad de los distintos sistemas de producción.

“La aplicación de estos módulos permitirán aportar mayor información para el diseño e implementación de políticas públicas, mejorar la eficiencia del mercado y apoyar a la investigación. Asimismo, se podrá realizar un mejor seguimiento de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible”, dijo Víctor Milla Quesada, Oficial de programas de la FAO en Costa Rica.

Mediante este trabajo conjunto, el Gobierno dispondrá de instrumentos y capacidades para impulsar la integración de fuentes de datos, el desarrollo de capacidades y la reducción de costos de recolección de la información.

Cabe resaltar que, al finalizar esta cooperación técnica de la FAO para el desarrollo de capacidades nacionales, la aplicación de los módulos dependerá de las alianzas público-público y público-privadas que puedan concretarse para la obtención de recursos económicos y de la voluntad política para su ejecución.

El proceso de desarrollo de capacidades entorno a la aplicación AGRIS implica la coordinación por parte de las diferentes entidades nacionales en la generación y uso de datos agrícolas.

Por lo que se realizó un primer encuentro entre usuarios de estadísticas agropecuarias para identificar y priorizar las necesidades de información agropecuaria del país, en términos de indicadores y requisitos de información del sector agropecuario.

Este trabajo colaborativo contó con la participación de actores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, la Corporación Arrocera Nacional, la Corporación Bananera Nacional, el Instituto del Café,  el Instituto de Desarrollo Rural, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Corporación Ganadera, Cámara Costarricense de Porcicultores, Unión Nacional de pequeños y medianos productores agropecuarios costarricenses y la Cámara Nacional de productores y exportadores de Piña.

 El Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) se unieron para celebrar la Semana Nacional de la Nutrición a través del Foro: “Biodiversidad para Dietas Saludables y Sostenibles”.

“Proteger la biodiversidad es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y diversificar las dietas alimentarias con alimentos más saludables, así como fomentar el desarrollo de la producción local, proteger el medioambiente, enfrentar los desafíos del cambio climático y reforzar la resilencia de las personas y las comunidades”, comentó Victor Milla, Oficial de Programas de la FAO en Costa Rica.

El foro se realizó, con el objetivo de resaltar la biodiversidad como un elemento clave para promover una dieta saludable y sostenible en Costa Rica. Además, se reconoció la gran riqueza en biodiversidad alimentaria que posee el país, gracias a su posición geográfica, clima y cultura. 

“Esta gran biodiversidad ha desempeñado un papel en el desarrollo económico de nuestro país, y precisamente por eso, y por la urgencia de salvaguardar la seguridad alimentaria de nuestra población y la sostenibilidad de dietas saludables y nutritivas, es que debemos intensificar la vigilancia que ejercemos sobre esta riqueza”,  comentó Ana Cristina Quirós, Viceministra de Agricultura y Ganadería.

Actualmente, la resiliencia de los sistemas alimentarios sensibles a la nutrición, la salud de la población y la sostenibilidad ambiental, se encuentran amenazados por los cambios en los patrones de la dieta y la disminución de la biodiversidad agrícola.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009, el porcentaje de la población que presenta exceso de peso en mujeres se encuentra entre un 60% y 77%, mientras que los hombres un 62%.  Ante estas cifras, el país debe reforzar las estrategias para combatir la malnutrición, desde la niñez y la adolescencia para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

Según El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo, las causas de la pérdida de biodiversidad para la alimentación y la agricultura se deben a cambios en el uso y la gestión de la tierra y el agua, la contaminación, la sobrepesca y la sobreexplotación, el cambio climático, el crecimiento demográfico y la urbanización.

Por otro lado, para  promover un mayor consumo de alimentos saludables se necesita garantizar su acceso a los distintos  segmentos de la población, a través de políticas públicas, ferias del agricultor, mercados locales, entre otros espacios. 

Las políticas públicas deben fortalecer la disponibilidad, el acceso a alimentos saludables y fomentar la agricultura familiar como un sector clave para lograr una trasformación a sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición.

Este año se celebró la Semana Nacional de la Nutrición del 13 al 17 de mayo, bajo el lema: “La biodiversidad es clave para una dieta saludable y sostenible”.

El foro contó con la participación de especialistas del Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, Biodiversity International, el  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y la Universidad Nacional.

 Los esfuerzos se enfocan en la optimización de los recursos de las instituciones públicas para enfrentar la epidemia que afecta a la población

En el marco de celebración de la Semana Nacional de la Nutrición, el Ministerio de Salud, en conjunto con diferentes instituciones públicas, y con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inician la construcción de una agenda conjunta para combatir el sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de edad, pero principalmente en la niñez y adolescencia.

“Costa Rica tiene la oportunidad para que los actores sociales involucrados en la temática de combatir el sobrepeso y la obesidad realicen esfuerzos y acciones prioritarias conjuntas para detener el aumento de esta problemática, especialmente en la niñez y adolescencia, el cual debe ser un proceso liderado y articulado por el Ministerio de Salud, como ente rector de la alimentación y nutrición, y con acciones integrales a través de los distintos sectores del país”, comentó la Dra. Cecilia Gamboa del Ministerio de Salud.

Esta epidemia ha crecido, en gran parte, debido a cambios en los patrones alimentarios, a un mayor consumo de alimentos procesados altos en azúcar, grasas y sodio; desregulación del mercado, rápido crecimiento económico y la falta de actividad física, entre otros.

Según Víctor Milla, Representante Oficial de Programas de la FAO, el país debe abordar los principales factores socioeconómicos que determinan la malnutrición, a través de políticas públicas que contribuyan a la transformación de nuestros sistemas alimentarios y a la consecución de la Agenda 2030. Además, es crucial asegurar el acceso físico y económico de alimentos sanos, nutritivos, y producidos bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, como frutas y vegetales.

La construcción de la agenda conjunta es un paso estratégico para avanzar con el compromiso adquirido por el Gobierno de Costa Rica el año anterior, mediante la “Carta de Compromiso para el Abordaje Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia”, firmada por diez Ministros y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Las Instituciones involucradas en este proceso son: el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA),  el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Casa Presidencial, y Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

Las acciones que se realicen en este tema a nivel nacional son un aporte al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular al ODS2, poner fin al hambre y el ODS3 para garantizar una vida sana, ya que el país requiere fortalecer los esfuerzos para combatir el sobrepeso y la obesidad.

El objetivo de esta celebración es, precisamente, promover el consumo de frutas para beneficio del consumidor, pero también visibilizar la importancia de este sector en la economía de los países.  “La fruticultura de Costa Rica se vincula con gran éxito en los mercados de exportación.  Por ejemplo, el sector generó divisas en 2017 por monto de $2185.4 millones de dólares en fruta fresca y $403.5 millones de dólares en productos de fruta procesada. Sin embargo, también es evidente que el mercado interno de frutas adquiere día con día un mayor crecimiento”, detalló Alberto Montero, coordinador del Programa de Frutas Tropicales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG.

En la actualidad, la producción de frutas contribuye a la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza rural y al desarrollo sostenible de los países, mediante el fortalecimiento de la agricultura familiar, la adaptación y mitigación al cambio climático y el combate a la malnutrición. 

La fruticultura es fuente de ingresos para muchas familias y se vincula, en diferentes grados, a los mercados de exportación intrarregionales e internacionales.  “Sobre este particular, es importante destacar que en nuestro país se produce el mejor banano, piña y papaya del mundo, además una amplia lista de otras frutas de carácter tropical, las cuales en su totalidad suman aproximadamente 150.000 hectáreas establecidas a nivel nacional”, agregó Montero.

Por su parte, Kattia Jiménez, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), asegura que las frutas son aliadas de la salud y del buen funcionamiento del organismo. “La prevalencia del sobrepeso y obesidad, que sigue en aumento en la población costarricense y que inicia cada vez más a edades tempranas de la vida, es un condicionante de otra serie de enfermedades  crónicas, como presión alta, diabetes, colesterol alto, problemas del corazón, las cuales conllevan a disminuir la calidad de vida en etapas posteriores y con ella también la esperanza de vida.  En este sentido, las frutas constituyen un aliado para la salud, ya que aportan vitaminas y minerales que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo, además son fuente importante de fibra dietética que brinda saciedad y ayuda a mantener un peso saludable”, aseguró. 

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018,  el sobrepeso y la obesidad están ganando terreno en América Latina y el Caribe, afectando a más de la mitad de la población adulta de Centroamérica y la República Dominicana y a cerca del 7% de los menores de 5 años.

“Las frutas tienen un gran valor para frenar esta epidemia de obesidad que estamos enfrentando, al ser un pilar fundamental para una alimentación saludable, nutritiva y de calidad. Por lo tanto, debemos garantizar el acceso y fomentar su consumo hoy y desde edades tempranas, ya que es una garantía para la salud de las futuras generaciones”, destacó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Mesoamérica y Representante en Costa Rica.

La fruticultura, bien manejada, también ofrece grandes aportaciones al ambiente y es fuente de biodiversidad. Por ejemplo, los cultivos perennes o de ciclo largo como cítricos, mango, aguacate y níspero, entre otros, limitan la erosión del suelo, ayudan a mantener los mantos acuíferos y contribuyen a la captura de gases de efecto invernadero.

La celebración del Día Regional de las Frutas se gestó en el contexto del Proyecto “Fortalecimiento Institucional para Mejorar la Competitividad de la Fruticultura en Centroamérica y República Dominicana” (PROMEFRUT), el cual fue administrado por el INCAP. 

A través de la publicación: Los derechos de los agricultores (as) de Costa Rica en el marco del TIRFAA, elaborada por la Oficina Nacional de Semillas, la Comisión Nacional de Recursos fitogenéticos, el Foro Mundial de la Investigación e Innovación Agrícola, y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se promueve que agricultores y agricultoras nacionales conozcan más sobre sus derechos.

Los derechos de los agricultores y las agricultoras nacionales, son un componente esencial dentro del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).

“Desde la FAO reconocemos el valioso aporte que los agricultores y agricultoras nacionales realizan en la protección e innovación de cultivos para lograr la seguridad alimentaria. Sus acciones no solamente representan una actividad económica fundamental para las familias y el país en general, también tienen la capacidad de incidir en la promoción de dietas saludables, la producción agrícola baja en emisiones y la reducción de brechas socioeconómicas en zonas rurales”, comentó Victor Milla, Oficial de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

El TIRFAA y la publicación, proponen un marco de planificación para impulsar la participación activa de los productores y productoras en la toma de decisiones relevantes para la conservación, la utilización sostenible de las semillas y la protección del conocimiento tradicional.

Costa Rica forma parte del Tratado Internacional desde el 2006, siendo este el único instrumento multilateral y obligatorio que reconoce los derechos de los agricultores y las agricultoras.

La publicación promueve el intercambio, la venta de semillas y materiales de propagación, así como la distribución equitativa y justa de los beneficios derivados de su uso, en conformidad con la legislación nacional.

Actualmente, en el país, existe representación y participación de productores y productoras en algunas juntas directivas de instituciones del Gobierno, como en el Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología (INTA) y en la Oficina Nacional de semillas, entre otras.

“En mejora genética participativa hemos tenido avances positivos en el involucramiento de productores y productoras, en la identificación de las variedades con mejores características para la adaptación al cambio climático, lo que nos demuestra su capacidad para participar en la toma decisiones en distintos campos”, dijo Walter Quirós Director Ejecutivo de la Oficina Nacional de Semillas.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo técnico de la FAO inician la preparación de la estrategia nacional y plan de acción con el fin de fortalecer la postura del país para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR),  a través de la implementación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), instrumento jurídicamente vinculante del cual Costa Rica forma parte desde el 4 de diciembre de 2015.

“Para la comunidad internacional y para la FAO proteger los océanos y recursos marinos es una prioridad, por su enorme potencial para alimentar a los casi 10 000 millones de personas que poblarán el planeta en el año 2050, tomando en cuenta que más de 3.1 millones de personas dependen del pescado como fuente de proteína animal”, comentó Diego Fallas, Asistente de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

La confección de la estrategia y el plan de acción se realizará durante un encuentro del 18 al 22 de febrero, con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Junta Administrativa de la Vertiente Atlántica.

Según la FAO, la pesca INDNR captura de forma ilícita 26 millones de toneladas de pescado anualmente en todo el mundo, cuyo valor oscila entre 10 000 y 23 000 millones de dólares.

En el encuentro las instituciones participantes definirán de manera consensuada los principales retos del país en la lucha contra la pesca ilegal, así como las principales acciones políticas e institucionales que se deben establecer para hacerle frente, y de esta forma, contribuir a garantizar la sostenibilidad de la pesca.

“La lucha contra la pesca ilegal no documentada y no reglamentada es una prioridad de país, y es una demanda constante de los pescadores nacionales quienes enfrentan los impactos de estas actividades. Este taller nos ayudará a identificar la estrategia y plan de acción para combatir la pesca INDNR, y debemos implementarlo con determinación como país”, dijo Moisés Mug, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA.

El taller forma parte del Programa Global de asistencia técnica de la FAO, con el apoyo de la Unión Europea, para desarrollar capacidades orientadas a fortalecer los marcos normativos y jurídicos, la articulación interinstitucional, así como a mejorar los sistemas y operaciones de control y vigilancia para combatir la pesca INDNR.

Asimismo, se realizará un análisis de los sistemas y operaciones de seguimiento, control y vigilancia para establecer procedimientos adecuados para garantizar la adecuada implementación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto y los instrumentos complementarios como los sistemas de documentación de capturas y el Registro mundial de buques.

El Acuerdo se aplica a los buques de pesca que solicitan entrar en un puerto que no sea el de su propio Estado.

La implementación del AMERP reduce los incentivos para que los buques, que practican la pesca INDNR, continúen operando y de esta forma frenar el flujo de productos pesqueros ilegales hacia los mercados nacionales e internacionales.

Costa Rica forma parte de los catorce países de América Latina y el Caribe suscritos al Acuerdo impulsado por la FAO, la aplicación eficaz del AMERP contribuye a la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas. 

 Expertos en sistemas de información geográfica y observación de la tierra de los sectores ambiente, agro y la academia aprenden a utilizar la nueva plataforma tecnológica: Sistema para observaciones terrestres, acceso a datos, procesamiento y análisis para monitoreo de tierras (SEPAL), para obtener estudios más completos de monitoreo forestal y cobertura terrestre, que contribuyan a una adecuada gestión y protección de los recursos naturales.

SEPAL es una herramienta de última generación para el procesamiento de datos que permite a los usuarios consultar y procesar datos locales e imágenes satelitales, que se adapten a las necesidades nacionales, para producir a corto plazo análisis e informes geoespaciales relevantes. 

Según Erith Muñoz, experto regional en sensores remotos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la plataforma SEPAL, promovida por la Organización, proporcionará acceso a datos satelitales de forma más rápida y eficiente, así como a computadoras de alto desempeño en la nube para el procesamiento y análisis.

Actualmente, el país cuenta con el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), que busca conocer el estado actual, los cambios de la cobertura y uso de la tierra, la situación de los ecosistemas, la biodiversidad, la producción agrícola y forestal.  La eventual incorporación de SEPAL en el SIMOCUTE, permitirá la automatización de etapas claves de las cadenas de monitoreo y el acceso a mayor cantidad de datos en menor cantidad de tiempo.

“Costa Rica tendrá la oportunidad de utilizar la nueva herramienta para desarrollar mapas de cambio de uso y cobertura de la tierra, para elegir las áreas de intensificación de su sistema de monitoreo, lo cual permitirá mejorar la metodología para apoyar la gestión territorial del país y la implementación de acciones como la Estrategia de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD+)”, comentó Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA).

Durante las últimas décadas, el país ha promovido diversas iniciativas para conservar y recuperar los bosques. Asimismo, mediante el SIMOCUTE se pretende realizar un seguimiento de la evolución de los recursos agrícolas y forestales para informar sobre los avances en los últimos años.

Desde el 2015, mediante la directriz DM-417-2015 emitida por el ministro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el CENIGA ha liderado el proceso de diseño del SIMOCUTE con la participación de distintas instituciones nacionales vinculadas al tema, la academia y la cooperación internacional.

Según el director del CENIGA, mediante esta información, se podrán tomar mejores decisiones a nivel político sobre el manejo de la tierra, para preservar la integridad de los ecosistemas de las futuras generaciones. Además, proporcionará reportes con evidencia científica, que contribuyan al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.

El taller de capacitación en mapeo y detección de cambios mediante técnicas de teledetección utilizando la plataforma SEPAL se lleva a cabo en Costa Rica del 12 al 15 de febrero, con la colaboración conjunta de la FAO, el Forest Carbon Partnership Facility y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Los resultados del taller se presentarán en el marco de la Segunda Conferencia Global de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se realizará del 5 al 7 de febrero en el país

Actores gubernamentales, regionales, nacionales, del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y de la academia de América Latina y el Caribe (ALC) analizarán oportunidades y retos para avanzar hacia la transición a sistemas alimentarios sostenibles, que generen soluciones a temas como la malnutrición y alimentación desequilibrada, la producción agrícola insostenible, la presión sobre los recursos naturales y las pérdidas y desperdicios de alimentos.  

“La Agenda 2030 para el Desarrollo de los Objetivos Sostenibles define metas y propone cambios estructurales de la sociedad y las naciones. Los patrones de producción y consumo sostenibles, incluidos los alimentos, son considerados ejes transformadores en este empeño y es por ello que los sistemas alimentarios sostenibles son una oportunidad para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” comentó Adoniram Sanches, Representante de la FAO en Costa Rica.

El taller regional sobre retos y oportunidades de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe, “La encrucijada entre los recursos naturales, los medios de vida y la nutrición” es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Medio Ambiente y El Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles.

Durante el taller se fomentará el aprendizaje a través de experiencias exitosas en consumo y producción sostenible, políticas públicas, programas o proyectos de diferentes países de ALC que promueven la creación de condiciones necesarias para garantizar sistemas alimentarios sostenibles.

En el caso de Costa Rica, se compartirá la iniciativa interministerial que lidera la Dirección General de Gestión de la Calidad Ambiental, sobre la promoción de la política de producción y consumo sostenible, en áreas clave de la economía.

Asimismo, a partir de las discusiones se generará una mayor conciencia respecto a la importancia de formular políticas públicas con un enfoque integral, considerando los sectores de agricultura, salud, economía y medio ambiente. Ello permitirá aliviar los desafíos que enfrentan los países en torno a la   alimentación y el bienestar de sus habitantes.

Doble desafío: Hambre y Obesidad

El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018 de la FAO, indicó que en el mundo 821 millones de personas padecen hambre, mientras que 672 millones de personas sufren obesidad, es decir una de cada ocho personas a nivel mundial.

La subalimentación y la obesidad coexisten en muchos países e incluso pueden darse juntas dentro del mismo hogar. La falta de acceso a alimentos nutritivos debido a su mayor costo, el estrés de vivir con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la privación de alimentos ayudan a explicar por qué las familias con inseguridad alimentaria pueden tener un mayor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad.

Actualmente, se requiere un cambio profundo para fortalecer, preservar o recuperar sistemas alimentarios que garanticen la sostenibilidad y la capacidad de proveer una alimentación nutritiva y accesible para toda la población.

Según la FAO, los cambios que se necesitan van desde la preservación de los ecosistemas mediante un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, mejorar las técnicas de producción, almacenamiento, transformación, procesamiento y comercialización de alimentos hasta la gestión de las pérdidas y desperdicio de alimentos. También, a través del fomento de un rol responsable de los consumidores como agentes clave en el sistema alimentario.

Además, para lograr sistemas alimentarios sostenibles, los agricultores deben adoptar un nuevo enfoque basado en una agricultura sostenible que les permita mitigar y adaptarse al cambio climático. Asimismo, se necesita que adquieran nuevos conocimientos y destrezas que mejoren su productividad agrícola y que garanticen la gestión sostenible de los recursos naturales.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo de los Objetivos Sostenibles, se señala la importancia de promover sistemas alimentarios que sean capaces de proporcionar alimentos a toda la población, que sean sostenibles y aseguren una alimentación adecuada para las futuras generaciones.

Los resultados del taller se presentarán en el Programa de la Segunda Conferencia Global de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se realizará del 5 al 7 de febrero en el país, con el objetivo de fortalecer relaciones estratégicas entre actores clave; proporcionar recomendaciones prácticas; estimular el crecimiento de la inversión; y desencadenar un mayor compromiso político para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

La Conferencia Global del Programa ‘Sistemas Alimentarios Sostenibles’ de la  Red Un Planeta (One Planet Network nombre original en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, se realizará del 5 al 7 de febrero en suelo costarricense, con el objetivo de generar un mayor compromiso político para lograr sistemas alimentarios sostenibles mediante un enfoque sistémico, que involucre el diseño e implementación de acciones a los diversos actores y partes interesadas.

La Declaración Ministerial del Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2018, el máximo órgano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, instó a todos los actores “a adoptar un enfoque sistémico” para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles. El Programa Sistemas Alimentarios Sostenibles de la Red Un Planeta responde a este llamamiento y esta segunda conferencia mundial representa una primera oportunidad concreta para dar respuesta a esta importante misión.

El Programa Sistemas Alimentarios Sostenibles de La Red Un Planeta cuenta con la colaboración de más de 160 actores de distintos sectores, con el propósito de acelerar la transición hacia patrones de producción y consumo sostenible en todas las áreas que conforman los sistemas alimentarios. El Programa postula que para abordar las múltiples e interrelacionadas problemáticas en los sistemas alimentarios es preciso un enfoque holístico que considere e involucre a todos los elementos, actividades y actores de dichos sistemas.

El lema de la conferencia es "Buena alimentación para las Personas y el Planeta - Trabajando juntos hacia el 2030". El título de la conferencia destaca esas interacciones entre los recursos naturales, los medios de subsistencia, así como la nutrición, lo cual subraya la necesidad de aplicar dicho enfoque sistémico, de manera que se involucre de forma transversal a los grupos de interés, incluidos los más vulnerables o desfavorecidos, para la identificación e implementación de soluciones.

Adicionalmente, la conferencia enfatiza la relevancia de diseñar políticas y acciones en el ámbito de los sistemas alimentarios sostenibles, para asegurar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tan interrelacionados con la alimentación.

El evento se realiza con  el apoyo del Gobierno de Costa Rica, bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Gobierno de Suiza; ONU Medio Ambiente; HIVOS; el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo del Gobierno de Alemania (Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety en inglés); y el soporte técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la  sede central de IICA, en Coronado, albergará la conferencia.

La conferencia contará con distintos expositores, entre ellos, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera; la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver; y el Embajador, Representante Permanente de República Dominicana ante la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Mario Arvelo.

También, en el encuentro participarán el Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Lawrence Haddad, ganador del Premio Mundial de la Alimentación (2018) y Director Ejecutivo de la Alianza Global para mejorar la Nutrición (GAIN);  el Secretario de Estado y Director General de la Oficina Federal de Agricultura  de Suiza; Bernard Lehmann, el Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y Representante no residente de Costa Rica, Adoniram Sanches; y el Subdirector General del IICA, Lloyd Day, entre otros expertos internacionales de alto nivel que representan diferentes sectores.

En total, el país reunirá a más de 150 participantes tanto de entidades gubernamentales, así como del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Además, la conferencia ha sido inscrita para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica-categoría de Eventos Especiales, donde figurará por primera vez un parámetro sobre la gestión del desperdicio de alimentos, promovido por Comité organizador del evento y la Red Costarricense para Disminución de pérdida y desperdicio de alimentos junto a sus miembros. Este es un distintivo gratuito y voluntario que reconocerá si durante el evento, se evidenció concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la prevención del desperdicio de alimentos, la búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias y la mejoría de la salud pública.

¿A qué nos referimos con un Sistema Alimentario Sostenible?

El sistema alimentario reúne todos los elementos (ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones) y las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos y los impactos de estas actividades, incluidos los resultados económicos y medioambientales.

Un sistema alimentario sostenible es aquel que suministra una alimentación nutritiva y accesible para todos y en el que la gestión de los recursos naturales preserva los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras.

En otros términos, el sistema alimentario determina la cantidad, la calidad y la diversidad de los alimentos disponibles para el consumo. La creciente urbanización, el cambio en los patrones alimentarios y las nuevas formas de producir y procesar alimentos ha modificado la cantidad, calidad e impacto social y medioambiental de los alimentos que se consumen hoy.

Bajo la mirada de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los sistemas alimentarios deben garantizar una mejor alimentación para todas las personas, de forma más sostenible, mitigando el cambio climático, con el objetivo de asegurar una alimentación adecuada y una vida sana para todas las personas ahora y en el futuro.

Representantes de pueblos indígenas de Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua forman la primer Red de Pescadores de Pequeña Escala de los Pueblos Indígenas de Centroamérica, con el apoyo de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Consejo Indígena Centroamericano (CICA) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FILAC).

“Los pueblos indígenas habitan y comparten vínculos vitales con los ecosistemas acuáticos, mismos que son parte esencial de su patrimonio cultural, respaldan la soberanía alimentaria, el derecho a acceder a alimentos sanos y culturalmente apropiados y que son la fuente principal de sus ingresos familiares”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador de la Representación de la FAO en Costa Rica.

A través de la nueva Red, se promoverá la adopción de políticas y programas adaptados a las necesidades y culturas de los pueblos indígenas. Asimismo, se fortalecerá la gobernanza de la pesca en pequeña escala en los territorios y comunidades indígenas de la región mesoamericana y se fomentará su sostenibilidad.

Por su parte, Carlos Pulgarín, Consultor Internacional de la FAO, señaló que desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ha trabajado de manera holística para fortalecer la gobernanza y la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de políticas públicas, así como en el diseño e implementación de herramientas que les permitan conservar sus costumbres, a la vez que se benefician de los recursos naturales.

Una de estas herramientas son las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza, un instrumento internacional que ofrece principios de consenso y orientaciones sobre cómo abordar la problemáticas de la pesca en pequeña escala.

“Reconocemos la importancia de implementar las Directrices Voluntarias de la Pesca de Pequeña Escala en nuestros territorios.  Además, queremos que se reconozca nuestra labor ya que muchas veces, nosotros no aparecemos en las cifras oficiales de los Estados y pasamos invisibilizados”, afirmó Jesús Ariel González, Consejero del CICA.

Los representantes de la Red de Pescadores de Pequeña Escala de los Pueblos Indígenas de Centroamérica consolidaron una hoja de ruta para guiar los próximos pasos de dicha red en el marco de un encuentro organizado por la FAO y FILAC, celebrado en Costa Rica del 06 al 07 de diciembre.

Pueblos indígenas y pesca sostenible

Según la FAO, en Mesoamérica los pueblos indígenas ocupan más del 75% de las zonas marino costeras en el Mar Caribe y extensas áreas que colindan con aguas continentales y el Océano Pacífico. Además, en muchos casos, estos pueblos  tienen a la pesca como su principal medio de vida.

Factores como el cambio climático, la falta de vinculación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el desarrollo de políticas públicas y planes de desarrollo, amenazan sus prácticas culturales, ecosistemas y su seguridad alimentaria y nutricional.

Durante el encuentro, los participantes abordaron las particularidades y la cultura de los diferentes territorios indígenas centroamericanos en los que se realiza la pesca en pequeña escala y las principales acciones que puedan contribuir a enfrentar estos retos e impulsar su actividad de forma sostenible.

El Ministerio de Salud, con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lidera los procesos para el cumplimiento de la carta de compromiso promoviendo la gobernanza participativa de acciones, que se están desarrollando a nivel interinstitucional e intersectorial, con las instancias involucradas en temas de alimentación y nutrición con énfasis en el sobrepeso y la obesidad.

Los compromisos adquiridos en la Carta para el Abordaje Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, firmada por 10 Ministros del Consejo de Gobierno y el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, responde a la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estipulados en la Agenda 2030, en particular al ODS2, poner fin al hambre y el ODS3 para garantizar una vida sana.

“Como parte de estos acuerdos se está desarrollando un proceso que impulsa la gestión eficiente de la gobernanza de las principales políticas del país relacionadas a la seguridad alimentaria nutricional y malnutrición en niñez y adolescencia, dentro del proceso intersectorial, en el cual se desarrollan capacidades para mejorar la cooperación, intercambio y fortalecimiento del trabajo conjunto”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

La carta fue suscrita en el Consejo de Gobierno, celebrado el 16 de octubre, en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.

Al respecto, la Viceministra de Salud, Alejandra Acuña Navarro, manifestó que este encuentro, Ministerio de Salud-FAO, promueve la articulación intersectorial, la identificación y agrupación de acciones conjuntas; y en seguimiento a la reciente visita al país de Gerda Verburg, Coordinadora del Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition por sus siglas en inglés) y Subsecretaria General de Naciones Unidas.

Las causas y los factores que producen el sobrepeso y la obesidad son tan complejos y multidimensionales que se requiere de la participación y el compromiso de la mayoría de actores sociales posibles en los campos de: salud, educación, agropecuaria, protección social, ambiente, cultura, turismo, inversión, deporte, recreación, academia, niñez y adolescencia, medios de comunicación, investigación, industria alimentaria, consumidores, organismos internacionales, gobiernos locales y sociedad civil organizada.

Como parte de los instrumentos de planificación para analizar la situación relacionada con el sobrepeso y obesidad, se está utilizando por primera vez en el país y para estos fines, la Herramienta CAN (Compendio de Acciones de Nutrición). La herramienta fue desarrollada por la Secretaría del Movimiento “Global Scaling Up Nutrition SUN/REACH” de la Red de las Naciones Unidas conformada por la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y expertos internacionales de la academia.

Costa Rica forma parte de los 60 países que lideran el Movimiento SUN para acabar con la malnutrición en todas sus formas. La  La estrategia y hoja de ruta del Movimiento SUN (2016-2020)  permitió dar a conocer la importancia de la nutrición como un tema de la agenda global, que resulta fundamental para alcanzar los ODS.

Los resultados de su aplicación se usarán en el Taller de Trabajo Intersectorial en donde participan hoy, más de 40 profesionales de diferentes sectores que se relacionan con el tema de sobrepeso y obesidad en niñez y adolescencia.

Este taller se desarrolla con metodologías participativas, que permiten  potenciar capacidades como generar insumos para mapear la situación actual en términos de acciones y actores involucrados, desde los sistemas de seguridad alimentaria y nutricional. Además, se espera contar con una hoja de ruta hacia el 2030 con diferentes acciones articuladas para lograr detener el sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia en el país.

Por medio de la visita, los funcionarios conocieron la estrategia, mecanismos de comunicación y transferencia del INTA  de Costa Rica, así como los alcances de la Plataforma de Tecnología, Información y Comunicación Agropecuaria y Rural (PLATICAR) que administra el INTA en territorio costarricense.

PLATICAR fue impulsada con apoyo de FAO en el 2005, junto al Programa de Cooperación Sur- Sur para mejorar la transferencia de tecnología agropecuaria. Está especializada en servicios de información y comunicación agropecuaria que articula la demanda y oferta de conocimiento a nivel nacional y local, mediante espacios de interacción, reflexión, análisis, formación y capacitación. Para la delegación nicaragüense haber conocido sobre PLATICAR fue una valiosa experiencia.

El encuentro reforzó las etapas de planificación e implementación de planes de comunicación e innovación participativa que INTA desarrolla en Nicaragua, así como la creación de una plataforma de servicios de comunicación para compartir información y conocimiento con un mayor número de familias nicaragüenses.

El equipo de funcionarios del INTA Nicaragua también realizó una visita de campo con extensionistas y productores costarricenses en la zona de Abangares de la Provincia de Guanacaste, para conocer sobre prácticas de adaptación al cambio climático de cara al fenómeno de El Niño en sistemas de ganadería de doble propósito.

Asimismo, la delegación nicaragüense estuvo en las oficinas de la Representación de la FAO Costa Rica donde fueron recibidos por Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la Representación de la FAO en el país.

“El intercambio de experiencias y las buenas prácticas son un instrumento clave para avanzar más rápidamente y con cierto margen de seguridad, en procesos de comunicación para el desarrollo, como sustento para la innovación y transferencia de tecnología, dentro de una perspectiva interactiva, a partir de las lecciones aprendidas en la construcción y puesta en marcha de la plataforma PLATICAR”, comentó Ramírez.

Este encuentro se da en el Marco de Programación País (MPP) 2018-2021 de FAO Nicaragua y la Carta de Acuerdo en Comunicación para el Desarrollo (CpD), convenida entre el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la FAO Nicaragua con el apoyo de la División de Asociaciones y de Cooperación Sur-Sur (DPS) de FAO Roma, para el diseño de servicios de comunicación rural que apoyen el incremento de la producción, la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático de las familias productoras nicaragüenses.

Costa Rica forma parte de la Organización Internacional Alianza para las Montañas

Hoy el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Instituto Meteorológico Nacional, la Municipalidad del Cantón de la Unión y la Representación de la FAO en Costa Rica reconocieron el importante rol de las montañas para la seguridad alimentaria y nutricional, el suministro de bienes y servicios ecosistémicos.

El Día Internacional de las Montañas se celebra cada año el 11 de diciembre, sin embargo, el país adelantó la conmemoración en esta ocasión.

Este año se estableció el lema: “Las montañas son importantes para la protección del agua, reducción del riesgo de eventos extremos, turismo, alimentación, juventud, pueblos indígenas y biodiversidad”, con el propósito de brindar un reconocimiento de la función fundamental que desempeñan en la suministración de bienes y servicios ecosistémicos esenciales para el planeta.

Las montañas son importantes para la alimentación porque promueven la biodiversidad agrícola y originan la mayoría de los alimentos que forman parte de la dieta diaria de las personas, como el arroz, las papas, la quinua, los tomates y la cebada. Sin embargo, la variabilidad climática, la degradación de la tierra y las catástrofes naturales están afectando la agricultura de montaña.

En las zonas montañosas viven casi mil millones de personas alrededor del mundo, y más de la mitad de la población humana depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía limpia.

Además, las poblaciones indígenas y locales que viven en las montañas poseen un conocimiento único y valioso, mediante sus tradiciones y prácticas culturales pueden contribuir a las estrategias eficaces de gestión de la tierra.

 Las montañas aportan entre el 60 al 80 por ciento de agua dulce para el planeta. No obstante, los registros disponibles indican que los glaciares en las cadenas montañosas de todo el mundo están retrocediendo y desapareciendo debido al cambio climático, lo cual afecta los suministros de agua dulce.

Costa Rica es miembro activo en la Organización Internacional Alianza para las Montañas

A principios del año 2015, el Gobierno de Costa Rica se adhirió a la Organización Internacional Alianza para las Montañas y la representación oficial se delegó al SINAC, con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, mediante la Dirección General de Política Exterior.

“En FAO estamos complacidos de observar los importantes avances de Costa Rica en la delimitación y características de las áreas de montaña, dentro del marco de la Alianza de las Montañas, lo que hace prever la construcción de acuerdos y políticas públicas e interinstitucionales, dentro de un marco de fortalecimiento de los servicios ecosistémicos”, comentó Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

La Alianza para las Montañas, denominada también como Mountain Partnership (MP, por sus siglas en inglés), es una coalición voluntaria en el marco de las Naciones Unidas apoyada por la FAO, la cual cuenta con cerca de 347 miembros de instituciones gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, asociaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Según Sonia Lobo del Departmento de Conservación, Uso Sostenible de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del SINAC, la alianza brinda ventajas en el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología, en la movilización de recursos, gestión de los conocimientos, comunicación e intercambio de experiencias.

La alianza es una asociación dinámica y de carácter voluntario en la que gobiernos y organizaciones comparten el mismo interés y trabajan en colaboración para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible de las zonas de montaña en todo el mundo, a fin de fomentar el bienestar social y económico, los medios de subsistencia y las oportunidades de las comunidades de montaña. Esta alianza busca la participación de interesados de todas las principales regiones montañosas del mundo.

Como miembros voluntarios de la alianza en Costa Rica se encuentra el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), quienes trabajan de forma activa.

Entre las acciones desarrolladas están la participación en eventos convocados por la Secretaria, la elaboración y divulgación de artículos técnicos, científicos y el desarrollo de actividades relacionadas a la celebración del Día Internacional de las Montañas.

La pobreza en las zonas rurales de América Latina y el Caribe ha vuelto a crecer luego de una década, señala una nueva publicación de la FAO, presentada hoy durante la Semana de la Alimentación y la Agricultura, en Buenos Aires, Argentina.

La primera edición del Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe advierte sobre una histórica reversión en la pobreza rural de la región, la cual creció en dos millones de personas entre 2014 y 2016, alcanzando un total de 59 millones.

Desde 1990 hasta 2014, la pobreza rural en la región había caído casi 20 puntos porcentuales, desde 65 por ciento a 46 por ciento. Pero entre 2014 y 2016, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron dos puntos porcentuales cada una, alcanzando, respectivamente, 48,6 % y 22,5%.

La última vez que la región pasó por un retroceso de esta magnitud en materia de pobreza rural fue por los efectos de la crisis financiera internacional de 2008.

“No podemos tolerar que uno de cada dos habitantes rurales sea pobre, y uno de cada cinco, indigente. Peor aún, hemos sufrido una reversión histórica, un quiebre que vuelve patente que nos estamos olvidando del campo”, señaló Julio Berdegué, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La migración desde el campo está vinculada a territorios diezmados por la pobreza y la vulnerabilidad climática

Una buena parte de las personas que migran por desesperanza, lo hacen desde zonas rurales diezmadas por la pobreza, la inseguridad y la vulnerabilidad ambiental, según el Panorama de la Pobreza Rural.

El informe indica que el ingreso laboral anual promedio de un trabajador del sector rural en América Latina el 2015 era de USD 363 dólares, menos de la mitad de los USD 804 de los trabajadores urbanos, en el mismo año.

La mayor parte de las personas que dejan sus territorios de origen en Centroamericana lo hacen huyendo de  municipios rurales, incluyendo pequeños pueblos y ciudades con menos de 100 000 habitantes. En Honduras, el 76% de quienes dejaron sus territorios provienen de 295 municipios rurales. En El Salvador, el 70% proviene de 257 municipios rurales, y en Guatemala el 61% de los emigrantes proviene de 325 municipios rurales.

“La migración irregular e insegura desde el campo es un asunto social y políticamente prioritario. Su solución incluye convertir los territorios rurales en lugares prósperos y socialmente cohesionados”, explicó Berdegué.

Según la FAO, eliminar la pobreza rural es clave para enfrentar a las economías ilegales como el tráfico ilícito de drogas, la trata de blancas, la tala de bosques y minería ilegal, las que han venido ganando espacio en la región y aumentan la inseguridad en los territorios rurales.

El campo concentra la pobreza más dura

Según el Panorama de la Pobreza Rural, pese a que solo el 18 por ciento de la población de la región vive en zonas rurales, éstas concentran el 29 por ciento de todas las personas pobres de América Latina –59 millones–  y el 41 por ciento de todos los pobres extremos de América Latina, 27 millones de mujeres y hombres.

“El campo y lo rural son lugares claves para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo de sus exportaciones y para el empleo de millones. Allí está la base de la agroindustria, que impulsa la innovación científica y tecnológica en la región, y también está la agricultura familiar que hoy produce la mayor parte de los alimentos de consumo local”, explicó Berdegué.

El Panorama de la FAO destaca que hay países que han sido muy exitosos en su reducción de pobreza rural en la región: entre 1990 y 2014, Brasil redujo de 71% a 29% su pobreza rural; Bolivia redujo su pobreza rural de 79% en 1997 a 54% en 2013. Chile la bajó de 39% a 7%. Colombia redujo su pobreza rural de 61% en 1991 a 42 % en 2014. De 2000 a 2015, Ecuador la redujo de 66% a 27%, y Paraguay de 70% a 51%. Perú la disminuyó de 73% a 46%, desde 1997 a 2014.

En el caso de Costa Rica se presentó una reducción en el porcentaje de personas en condiciones de pobreza rural entre el 2005 y 2012 que pasó de un 27% a 21%, siendo el tercer país con el porcentaje más bajo, junto a Uruguay y Chile. No obstante, el informe revela que la evolución de la pobreza multidimensional ajustada en Costa Rica, no ha presentado cambios sustantivos durante ese período.

Sin embargo, en la región aún existen territorios que son verdaderas “trampas de pobreza”, incluso en países de ingreso altos. Persisten enormes brechas entre las posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y rurales: disminuir a la mitad la brecha que hoy existe entre el acceso a infraestructura básica y servicios educacionales de los jóvenes rurales, en comparación a los urbanos, tomaría -a la velocidad actual- entre 22 y 40 años en el Perú, entre 19 y 29 años en México y entre 17 y 41 años en Chile.

Sin desarrollo rural no habrá desarrollo sostenible

La meta 1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 llama a reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza al año 2030. Tomando en cuenta el ritmo de reducción de la pobreza en los últimos cinco años para dieciséis países de la región, varios no alcanzarán ésta meta en sus zonas rurales.

“Sin desarrollo rural no habrá desarrollo sostenible, ya que 132 de las 169 metas de los ODS están íntimamente vinculadas al desarrollo rural, y dos de cada diez metas sólo se pueden lograr en el campo”, explicó Berdegué.

 5 soluciones para la pobreza rural

La publicación de la FAO destaca cinco medidas claves para retomar el rumbo de la reducción de la pobreza. La primera es la necesidad de crear sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles. Esto puede lograrse fortaleciendo la inversión en bienes públicos, el aumento del acceso a la tierra, a servicios rurales, a mejor información y a la gestión de los riegos en el sector agrícola.

La segunda clave es la protección social ampliada: se debe aumentar la cobertura de la protección social para la población rural, además de promover sus sinergias con el sector productivo, especialmente con el sector agrícola.

Un tercer factor fundamental es la gestión sostenible de los recursos naturales; para ello se deben vincular las políticas de reducción de la pobreza con la sostenibilidad ambiental y promover la resiliencia de las poblaciones rurales ante los choques ambientales y económicos.

El impulso al empleo rural no-agrícola es la cuarta medida que destaca el Panorama: ello requiere fomentar los vínculos urbano-rurales, la inversión privada y la provisión de infraestructura básica, el encadenamiento del agro con mercados de bienes y servicios, y la implementación de programas públicos en esta área con presupuesto propio y a gran escala.

Mejorar la infraestructura es también fundamental para un campo sin pobreza: la FAO señala que se debe aumentar e intensificar la inversión pública en activos territoriales, y vincular la infraestructura con servicios públicos asociados.

Caso exitoso costarricense en la gestión sostenible de los recursos naturales y promoción de la resilencia

Entre la década del 50 y 60 debido a la gran demanda internacional de bienes ganaderos y al incremento poblacional, en el cantón de Hojancha, Guanacaste, hubo mucha deforestación y se redujo tanto la extensión del bosque local como la fertilidad de las tierras.

Posteriormente, la demanda por productos ganaderos disminuyó, al igual que los empleos y los ingresos del territorio.

Por lo  que el Estado empezó con un plan de recuperación de la zona mediante incentivos de reforestación. En 1997 se implementó el Pago por Servicios Ambientales (PSA), por el cual se transfiere dinero a los productores locales a cambio de hectáreas reforestadas del uso responsable del suelo y del mantenimiento de la estética del territorio.

Además, se impulsó un proceso de diversificación productiva mediante el fomento de la silvicultura responsable, la producción agrícola orgánica con importantes nichos de mercado a nivel internacional, y el turismo verde, una de las principales actividades económicas del país.

Actualmente, los bosques promovidos fungen como extensión de bosques naturales, y propician el tránsito de animales en el territorio.

El caso del cantón de Hojancha demuestra que las políticas integrales  pueden ayudar a consolidar la resiliencia y fomentar un cambio de conciencia en los hábitos locales referidos al aprovechamiento de recursos naturales.

Si la mirada de preservación y sostenibilidad es acompañada de acciones complementarias, que implique su puesta en valor, los países de la región pueden convertir lo que hoy es un problema en una gran oportunidad.

Hoy comenzó la primera edición de la Semana de la Agricultura y la Alimentación: desafíos futuros para América Latina y elCaribe, en Buenos Aires, Argentina, con un llamado a transformar la agricultura y el mundo rural para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

“Vivimos en una época en que la agricultura está presionada a realizar una nueva gran transformación. No es sólo que los avances científicos la permitan, es que los grandes dilemas de nuestro planeta la demandan”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, en su discurso inaugural.

La Semana es organizada por la Secretaria de Agroindustria de Argentina, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) y más de 30 socios y organizaciones del mundo privado, público, académico, rural, productor y de la sociedad civil.

“Si uno se pone a pensar en lo que representa América Latina y el Caribe para el futuro de la alimentación, en definitiva si uno puede encontrar un camino para organizar la gran potencia que tiene el continente, puede ser una de las principales soluciones al problema del hambre y la malnutrición a nivel global. Argentina puede ser un actor clave en este proceso.” dijo el Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere durante la inauguración del evento.

Este gran foro regional ha reunido a más de mil personas para impulsar la seguridad alimentaria en la región, el desarrollo agrícola y rural, la innovación tecnológica en el campo y una nueva economía agroalimentaria resiliente al cambio climático.

“La nueva revolución de la agricultura debe responder al hecho de que en esta región producimos alimentos suficientes para sus 646 millones de habitantes y 169 millones más, y sin embargo, 39 millones sufren hambre, cifra que viene aumentado hace tres años”, dijo Berdegué.

Los grandes desafíos rurales y agrícolas de América Latina y el Caribe

Berdegué explicó que los alimentos que producen la región se venden en cada rincón del planeta, pero 294 millones de personas -el 46 por ciento de la población- sufre alguna forma de malnutrición.

Las reuniones plenarias de La Semana –sobre la erradicación del hambre al año 2030, los desafíos tecnológicos del desarrollo agrícola en la región, un campo sin pobreza, y la agricultura y cambio climático– podrán ser seguidas por video streaming.

El programa completo incluye más de 50 eventos paralelos sobre aspectos como alimentación escolar, los sistemas de abastecimiento, la transformación de los sistemas alimentarios, los aportes de la agroecología, la alimentación saludable, el impacto de la revolución AgTech y el desperdicio de alimentos.

“La revolución agrícola que necesitamos es una que erradique el hambre y que siente las bases de una alimentación que enriquezca nuestras vidas, no una que nos enferme”, explicó Berdegué.

FAO, FIDA, WFP: suman esfuerzos a favor de la región

En el marco de La Semana, las tres agencias de Naciones Unidas basadas en Roma (FAO, FIDA, WFP) presentaran hoy a las 17:30 un informe que analiza y detalla su trabajo a favor de la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe.

El informe será entregado en conferencia de prensa (salón Catalinas) por el Representante Regional de la FAO, el Director Regional del WFP, Miguel Barreto y Paolo Silveri, Economista Jefe para América Latina y el Caribe del FIDA.

 Frenar el alza de la pobreza rural

Uno de los temas centrales de la Semana será la reducción de la pobreza rural. Durante la segunda jornada de la Semana de la Agricultura, la FAO presentará el primer número de una nueva publicación anual: El Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe.

“La transformación de la agricultura debe hacerse cargo del hecho lacerante de que hoy, en pleno siglo 21, casi la mitad de la población rural vive en condición de pobreza y que uno de cada cinco habitantes rurales vive en pobreza extrema”, dijo Berdegué en su discurso.

El Panorama advierte sobre el alza en la pobreza rural a partir de 2014, un fenómeno que no ocurría desde hace más de una década: será presentado el día miércoles 21 a las 10:30 hrs, en el salón Catalinas del Hotel Sheraton Buenos Aires.

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 Agroecología y abastecimiento de alimentos

Durante la Semana, la FAO firmará acuerdos de trabajo con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento.

Se requieren políticas públicas diferenciadas, mecanismos que permitan la formalización del sector pesquero, acceso a nuevos mercados y generación de alianzas público-privadas

Más de 100 pescadores y pescadoras participan en el primer Congreso Nacional de pescadores(as) artesanales y molusqueras de pequeña escala, con el objetivo de evidenciar los aportes del sector pesquero a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo de las economías locales, al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y la conservación.

“Es una oportunidad de brindarle voz y protagonismo a nuestro sector pesquero artesanal en pequeña escala, que se organiza y merece que el Gobierno reconozca todo el trabajo que ha realizado en estos años en la trasmisión del invaluable conocimiento tradicional y la contribución al crecimiento de la economía”, comentó Sonia Medina, Coordinadora de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable.

Datos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) indican que, la pesca genera aproximadamente 14. 800 empleos en las operaciones de captura, mientras que las plantas de proceso, pescaderías y comercialización producen 3. 216 empleos.

Según Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, no se puede omitir la contribución de la pesca artesanal en términos de generación de empleo, ingresos y suministro de alimentos. Sin duda, su aporte es vital para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las poblaciones ribereñas rurales y costeras.

Durante el Congreso, se va a promover la importancia de que existan políticas públicas diferenciadas para los pescadores(as) de pequeña escala en relación con otras pesquerías, además de mecanismos que permitan la formalización del sector pesquero, acceso a nuevos mercados, generación de alianzas público-privadas y rescatar el gran aporte del sector para el desarrollo y bienestar de las costas costarricenses.

“Es urgente reconocer el papel de la pesca de pequeña escala como una forma de vida desde la integralidad de sus territorios, en un marco de derechos que promueva la participación de las mujeres y las juventudes tomando en consideración toda la cadena  de  valor  de  esta  actividad productiva”, comentó Ivannia Ayales, Presidenta de CoopeSolidar R.L.

Por otra parte, se pretende visibilizar la contribución de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la pesca artesanal, en la preservación del medio ambiente y las tradiciones culinarias que impulsan una alimentación nutritiva y saludable.

En la actualidad, existen poblaciones indígenas que están rescatando del mar los tintes del caracol púrpura para teñir sus textiles y así aumentar el valor agregado de sus productos y obtener mayores ingresos. Sin embargo, muchos de estos pueblos aborígenes no cuentan con facilidades o acceso a los territorios donde estos recursos se encuentran y sus prácticas ancestrales, ni siquiera son reconocidas.

Directrices para fomentar la pesca artesanal 

Uno de los ejes principales del encuentro es la promoción de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE).

Las Directrices PPE representan el primer consenso global que aborda los principios y guías para el desarrollo de la pesca en pequeña escala, las mismas fueron desarrolladas por representantes de organizaciones de pesca en pequeña escala a nivel mundial, en un proceso facilitado por la FAO.

“En el INCOPESCA reconocemos la relevancia que tienen las Áreas Marinas de Pesca Responsable como instrumento para ayudar a crear condiciones dignas y el desarrollo integral de nuestras comunidades de pescadores (as) artesanales en pequeña escala.  Ellas además se convierten en espacios de ordenamiento de las pesquerías con una participación activa de la comunidad en una gestión compartida y responsable de los recursos pesqueros”, aseguró Moisés Mug, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA.

En el 2015, el país confirmó su interés voluntario de implementar las directrices, a través de un decreto ejecutivo que estableció la prioridad del Gobierno para apoyar a las poblaciones costeras y pesqueras en alta vulnerabilidad social, ambiental y económica.

“Coincidimos que nuestro país debe avanzar en el fortalecimiento de capacidades a las organizaciones pesqueras artesanales, así como el apoyo para la implementación efectiva de los Planes de Ordenamiento Pesquero para un adecuado co-manejo de las pesquerías costeras y su evaluación, que nos permita monitorear el estado del recurso y tomar las mejores decisiones”, comentó Mug.

El Congreso inició a partir de hoy hasta el 16 de noviembre en Puntarenas y es organizado por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable con la facilitación de CoopeSolidar R.L, y el apoyo de Fauna & Flora Internacional, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INCOPESCA, la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Exposición de casos de éxito en el sector pesquero

La Cooperativa CoopeMolus-Chomes R.L. de pescadores y pescadoras artesanales, integrada por 41 mujeres y 6 hombres, se ha destacado por su excelente capacidad de organización.

La Cooperativa ha sido reconocida a nivel nacional por recibir la primera licencia colectiva que les permite extraer moluscos en el manglar y almejas en la playa. Asimismo, han avanzado en procesos de investigación participativa con datos útiles para la toma de decisiones en esta materia.

La semana pasada, la presidenta de CoopeMolus-Chomes R.L, Aracelly Jiménez, presentó la experiencia de la cooperativa en la I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca en Santiago de la Compostela.

Mientras tanto, en la comunidad de Tárcoles se ha desarrollado una experiencia innovadora y sostenible que puede ser replicada en otras comunidades, sobre el proceso de trazabilidad del pescado. Por medio de una aplicación en el celular que registra el sello del empaque y permite verificar el nombre del pescador (a) que capturó el pescado y la zona de Área Marina de Pesca Responsable a la cual pertenece.

En la actividad participan pescadores y pescadoras de Boruca Tárcoles, Golfo Dulce, Humedal Térraba-Sierpe, San Juanillo, CoopeBonifacio R.L, Chomes, Isla Caballo, Isla Venado, Barra del Colorado, Cahuita, Pescadores Artesanales de Guanacaste, Paquera, Punta Morales, Isla Chira, Zona 201, Marinos de San Luis, Dominicalito, Cabuya, Costa de Pájaros y la Comunidad de KeKöldi con representación de mujeres indígenas.

Al final del encuentro, los pescadores y las pescadoras realizarán un manifiesto con todas las propuestas del sector pesquero artesanal hacia la institucionalidad pública y privada. Este, con el propósito de visibilizar sus esfuerzos y organización, mediante una participación activa para mejorar las condiciones de vida de este importante sector, que aporta a la seguridad alimentaria y a la identidad del país.

En Costa Rica, en el trienio 2015-2017, se registran 220 mil personas que sufren de subalimentación y representan una proporción del 4,4% de la población. 

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, Costa Rica, forma parte del grupo de países latinoamericanos que mantienen sin cambios la cantidad de personas subalimentadas.

Este nuevo informe de las Naciones Unidas señala que el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afro-descendientes y a las familias rurales de América Latina y el Caribe.

Según el Panorama, en 1980 la prevalencia de la obesidad en hombres mayores de 18 años en Costa Rica era de 3,6% y de las mujeres un 9,2%, mientras que para el 2016 la obesidad en hombres se registraba en un 21,1% y en las mujeres en un 30,4%.

En todos los países de la región, la tasa de obesidad de las mujeres adultas es mayor a la de los hombres; en 19 de ellos, la tasa de obesidad femenina es al menos 10 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

Actualmente, el exceso de peso es uno de los problemas de salud pública más graves en este siglo y está afectando a muchos países, entre ellos, Costa Rica. 

El Censo Escolar de Peso y Talla del 2016, reveló que el 2% de estudiantes entre 6 a 12 años padecen de desnutrición. Por otra parte, se mostró que un 34.6% de la población escolar nacional presentó problemas de obesidad y sobrepeso.  Con relación a la Encuesta de Nutrición del 2008-2009, se evidenció un crecimiento de un 12.5% en niñas y niños de la misma edad con esa condición.

“Es importante que Costa Rica promueva sistemas alimentarios saludables y sostenibles que articulen la agricultura, la alimentación, la nutrición y la salud. También, debemos fomentar la educación alimentaria en las escuelas e impulsar una producción sostenible de alimentos frescos, inocuos y nutritivos, asegurando su oferta, diversidad y acceso para los sectores más vulnerables”, comentó Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en el país.

El Panorama indica que una de las principales causas del alza de la malnutrición en los grupos de población especialmente vulnerables son los cambios que han sufrido los sistemas alimentarios de la región –el ciclo de los alimentos desde su producción hasta su consumo.

Estos cambios han afectado a toda la población, pero sus efectos más adversos los sufren los sectores más excluidos de la sociedad, los cuales, si bien han aumentado su consumo de alimentos saludables como leche y carne, muchas veces deben optar por productos con alto contenido en grasa, azúcar y sal, ya que tienen menor costo.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), llaman a los países a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

Cada año 3,6 millones de obesos más en América Latina y el Caribe

La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso. El sobrepeso afecta al 7,3 % (3,9 millones) de los niños y niñas menores de 5 años, una cifra que supera el promedio mundial de 5,6 %, indica el informe.

“La obesidad está creciendo descontroladamente. Cada año estamos sumando 3,6 millones de obesos a esta región. 250 millones de personas viven con sobrepeso, el 60 % de la población regional. La situación es espantosa”, dijo el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

“Aunque la desnutrición persiste en la región, en particular en poblaciones vulnerables, también se suma la obesidad y el sobrepeso que afectan de manera particular a esos grupos. Es necesario un enfoque multisectorial, que va desde asegurar el acceso alimentos balanceados y saludables hasta abordar otros factores sociales que también impactan sobre estas formas de malnutrición, como el acceso a la educación, el agua y saneamiento y los servicios de salud”, indicó Carissa F. Etienne, Directora de la OPS. “Debemos avanzar en el acceso a la salud universal para que todas las personas puedan recibir la atención y medidas de prevención que necesitan por temas de malnutrición y sus consecuencias a largo plazo”, indicó.

Por tercer año consecutivo aumenta el número de personas con hambre

Según el Panorama, el hambre afecta a 39,3 millones de personas, el 6,1 % de la población regional. Entre 2015 y 2016, el número de personas subalimentadas creció en 200 mil personas. Entre 2016 y 2017, el incremento fue de 400 mil; esto muestra que la velocidad del deterioro está aumentando.

Desde 2014, Argentina, Bolivia y Venezuela vieron incrementos en su número de personas subalimentadas. El mayor aumento ocurrió en Venezuela: 600 mil personas más sólo entre 2014-2016 y 2015-2017.

Venezuela es hoy uno de los países con mayor número de personas subalimentadas en la región (3,7 millones, el 11,7 % de su población), junto con Haití (5 millones, el 45,7% de su población) y México (4,8 millones, 3,8% de su población). Cabe destacar que en Haití y México el hambre se redujo en los últimos tres años, así como en Colombia y República Dominicana. Son los únicos cuatro países que han logrado esta reducción desde 2014.

Once países mantienen sin cambios el número de personas subalimentadas: Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Por su lado, Brasil, Cuba y Uruguay son los tres países de la región con porcentajes de hambre inferiores al 2,5 % de su población.

Las desigualdad económica y social está asociada a la desnutrición crónica infantil

Según el Panorama, las desigualdades sociales y económicas se ven también en la nutrición infantil: en Honduras, la desnutrición crónica afecta al 42 % de los niños y niñas en familias de menores ingresos y solo al 8 % de los que viven en contextos de mayores ingresos. En Guatemala la diferencia es mayor: afecta al 66 % más pobre y sólo al 17 % de los niños de familias de mayores ingresos.

“La desnutrición crónica tiene estrecha correlación con las desigualdades y la pobreza, pero también el sobrepeso está afectando de manera creciente a los niños y niñas más pobres. Éstos se enfrentan a condiciones de alta vulnerabilidad social y económica y sufren el acceso inequitativo a servicios de salud y a dietas saludables”, señaló María Cristina Perceval, directora regional para UNICEF América Latina y el Caribe.

Actores empresariales, profesionales e investigadores compartirán con expertos nacionales e internacionales, diferentes alternativas de uso y desarrollo del bambú en el primer Simposio Internacional que se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre en el país.

Este tipo de cultivo representa una alternativa agrícola resiliente, que contribuye al mantenimiento de los ecosistemas, fortalece la capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático, a los fenómenos meteorológicos extremos y permite mejorar progresivamente la calidad del suelo.

El simposio se llevará a cabo en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en la provincia de Heredia, con el objetivo de promover el uso y cultivo del bambú, conocer nuevos avances tecnológicos, emprendimientos productivos, procesos de transformación e impulsar el desarrollo de la economía verde como herramienta para lograr el desarrollo sostenible social, económico y ambiental.

Según Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, la producción de bambú es una oportunidad para potenciar el desarrollo rural, en zonas económicamente deprimidas, gracias a su alta capacidad adaptativa en diferentes terrenos. Además, porque el cultivo genera nuevas fuentes de empleo, permite la creación de materiales para la construcción entre otros y promueve la economía verde con productos de alto valor que permiten reducir la pobreza rural.

La demanda creciente por el consumo de productos del bambú, cada vez es mayor como resultado de la innovación y el descubrimiento constante de diversos productos basados en la extracción de materiales de esta planta que posee registradas alrededor de 1301 especies, según la Organización Mundial del Bambú.

“El desarrollo del bambú es una excelente  alternativa productiva para generar sinergias y brindar respaldo a los emprendimientos que se desarrollan en diferentes áreas del territorio nacional, mediante esfuerzos innovadores relacionados con el procesamiento de fibras, agregados para la construcción, artesanías, producción de muebles, industria alimenticia, culmos en la construcción para exportación y los chips para biomasa en energía, entre otros aspectos relacionados con el uso racional del bambú”, comentó Marilyn Rojas, investigadora del Proyecto de Desarrollo del Bambú de la UNA.

Beneficios del Bambú

Los avances tecnológicos transforman las expectativas de los consumidores y el mercado, ya que se calcula que el comercio internacional representa un valor aproximado a los 2 mil millones de dólares, donde una cuarta parte corresponde productos industrializados de bambú.

También, el cultivo se aprovecha como alimento, a nivel mundial, los brotes tiernos del bambú son consumidos por al menos un tercio de la población.

Cabe resaltar, que la producción de bambú contribuye a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante los Objetivos relacionados a erradicar la pobreza, poner fin al hambre, adaptar medidas para combatir el cambio climático, garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos, promover el trabajo decente, el crecimiento económico, producción y consumo responsable, entre otros.

Según Rojas, las plantaciones de bambú brindan servicios ambientales que van desde el control de la erosión hasta la restauración de zonas degradadas, constituyéndose en áreas con hábitat de condiciones diversas para la flora y fauna. También, eliminan grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, mejoran la calidad y abundancia del agua, el aporte de materia orgánica, el embellecimiento del paisaje, así como la protección de márgenes de ríos y restauración de cuencas hidrográficas.

El bambú tiene la capacidad de adaptarse a climas variados, asimismo es una barrera efectiva contra el viento y sus raíces resistentes regulan los flujos de agua y evitan la erosión.

Por otra parte, el cultivo representa un recurso estratégico de biomasa que se puede utilizar como leña o  convertirse en gas para la generación de energía térmica.  Al mismo tiempo, ofrece una alternativa para mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales que tradicionalmente han sido dependientes de los bosques, por lo que permite disminuir así la presión hacia los bosques.

Actualmente, en el país se promueve una estrategia para impulsar el desarrollo del bambú y fortalecer los emprendimientos existentes en la producción e industrialización del bambú, hacia un mayor crecimiento productivo y competitivo.

El simposio es organizado por la UNA, la Fundación para el Desarrollo del Bambú en Costa Rica (FUNDEBAMBÚ), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR).

Actores de Gobierno, sociedad civil, sector privado, cooperativas y la academia analizaron los desafíos en los sistemas alimentarios sostenibles de Costa Rica con el objetivo de determinar qué se requiere para eliminar el hambre y la malnutrición en el 2030.

En el marco de celebración del Día Mundial de la Alimentación (DMA) 2018, el Despacho de la Diputada Paola Valladares de la Asamblea Legislativa realizó un foro político, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Frente Parlamentario Contra el Hambre de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional de Semillas y la Universidad de Costa Rica.

Durante el foro, se discutieron nuevas estrategias para abordar el derecho humano a la alimentación. Asimismo, se plantearon nuevas oportunidades para combatir el hambre y la malnutrición mediante el apoyo legislativo y de diversos actores gubernamentales y privados.

Mediante la firma del Pacto Nacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2016, la Asamblea Legislativa asumió el compromiso de fortalecer e impulsar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible busca acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible, para asegurar un mundo en el que nadie se quede atrás.

“El tema del hambre cero requiere de un abordaje integral y una acción interinstitucional incluyendo alianzas público-privadas que efectivamente nos permitan alcanzar la meta del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Este año el lema del DMA es “Nuestras acciones son nuestro futuro”. Un mundo #HambreCero para 2030 es posible.

“Bajo este lema, la Organización hace hincapié, en que no solamente se requiere el apoyo del Estado para acabar con la malnutrición, ya que se necesita a todos los actores, y que las personas opten por estilos de vida saludables y tomen acciones para reducir los desperdicios de alimentos”, señaló Paola Valladares Rosado, Diputada y Coordinadora del Frente Parlamentario y Malnutrición de Costa Rica

El concepto hambre cero no se limita a la lucha contra la subalimentación, pues pretende garantizar que todas las personas ingieran los nutrientes necesarios para vivir sanamente sin dejar de lado la erradicación de todas las formas de malnutrición.

Para alcanzar el hambre cero se deben tomar medidas para transformar los sistemas alimentarios para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos; mediante regulaciones que permitan a la población acceder a productos nutritivos, seguros, a precio justo y producidos de manera responsable con el medioambiente.

Asimismo, se reconoció la importancia de que el país cuente con una ley marco del Derecho Humano a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional para que se garantice el cumplimiento del derecho a la alimentación para toda la población.

También,  se resaltó la contribución de la agricultura familiar y su papel en la protección de la biodiversidad, producción de alimentos para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo de las economías locales y regionales.

En Costa Rica, según los datos del Censo Agropecuario (2014), se estima que la agricultura familiar comprende el 55% de las unidades productivas y ocupa un 26% del área destinada a la producción agropecuaria.

La FAO reconoce que para lograr el #HambreCero, los países deben redoblar esfuerzos, mejorar sus mecanismos de gobernanza, coordinación y facilitar el diálogo.

Según el Censo Escolar de Peso y Talla del 2016, un 34.6% de la población escolar nacional tiene exceso de peso.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación (DMA), el Gobierno de la República anunció la aplicación de una serie de medidas para promover prácticas alimenticias saludables y combatir la epidemia del sobrepeso y la obesidad en la sociedad costarricense.

En sesión de Consejo de Gobierno, se firmó este martes la “Carta de compromiso para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia costarricense”, suscrita por 10 ministros, teniendo como testigo de honor al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Coordinador Subregional para Mesoamérica de la FAO, Tito Díaz Muñoz, y a la Representante para Costa Rica de la OPS, María Dolores Pérez.

“Una alimentación balanceada que incluya frutas, vegetales y productos frescos garantiza una mejor dieta para nuestros niños, niñas y jóvenes, además permite prevenir una gran cantidad de enfermedades”, comentó Carlos Alvarado, Presidente de la República.

El documento de 16 puntos incluye una serie de compromisos para revertir la tendencia ascendente del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia y reducir la carga de enfermedades no trasmisibles asociadas a las dietas no saludables de esta población.

Adicionalmente, el Gobierno promulgó un Decreto Ejecutivo que declara de interés público las intervenciones comunitarias y laborales. Con ello se pretende, entre otros objetivos, propiciar el trabajo de instituciones públicas y comunidades para promover la salud individual y grupal mediante una alimentación saludable, acompañada de actividad física, salud mental y la recuperación de espacios libres de humo de tabaco.

Además, se emitió una Directriz Presidencial para que, dentro de las instituciones públicas, la población trabajadora desarrolle planes en conjunto con los responsables de salud ocupacional, para mejorar gradualmente los servicios de alimentación, sean institucionales o de terceros; y desarrollar estrategias en favor de la salud.

Estas acciones serán coordinadas por el Ministerio de Salud mediante la categoría “Salud comunitaria del Programa Bandera Azul Ecológica.

La Ministra de Salud, Giselle Amador Muñoz, comentó que el sobrepeso y la obesidad producen consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias y el sistema nacional de salud. Según el Censo Escolar de Peso y Talla del 2016, un 34.6% de la población escolar nacional tiene exceso de peso.

Precisó que con la firma de estos documentos se dan las condiciones propicias para que las entidades de salud, sector público y privado impulsen, organicen y desarrollen proyectos articulados, conducidos por las áreas rectoras del Ministerio de Salud.

Asimismo, para ofrecer condiciones a fin de que los diferentes grupos poblacionales tengan acceso a una alimentación diversificada, equilibrada y saludable, basada en estándares nutricionales y de calidad.

También, se promoverá la implementación de prácticas en educación e información nutricional basadas en las actuales Guías Alimentarias Nacionales y en políticas adecuadas en materia de alimentación saludable.

Con ese objetivo, se fortalecerá el vínculo entre el desarrollo agrícola sostenible y los sistemas alimentarios, con el propósito de aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos, frescos, seguros y accesibles para toda la población.

Sobre el particular, el Ministro de  Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, declaró que, “con la colaboración de FAO, apoyaremos aquellos cultivos tradicionales que están siendo subutilizados, frutas y hortalizas entre otros, a fin de aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos, seguros y asequibles para toda la población, que respalden mejores resultados nutricionales, a la vez que se producen con responsabilidad social y ambiental”.

“Felicitamos al Gobierno de Costa Rica por establecer dentro del marco de sus políticas públicas, el tema del sobrepeso y la obesidad, comprometiéndose a un abordaje integral, propiciando la alimentación saludable y nutritiva para este importante sector de la población en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación”, dijo Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada año el 16 de octubre, con el lema “Nuestras acciones son nuestro futuro”, con el cual se pretende recordarle a la comunidad internacional y a los países, su compromiso político de erradicar todas las formas de malnutrición y alcanzar el Hambre Cero para el 2030, si es posible.

En setiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país en el mundo en suscribir un Pacto Nacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS2) pretende poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Mientras, que el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS3) busca garantizar una vida sana e impulsar el bienestar para toda la población.

“Este seminario internacional, permitirá brindar elementos para impulsar la seguridad alimentaria y nutricional en el país, y contribuirá a establecer aspectos que nos permitan alcanzar el hambre cero y eliminar la malnutrición en el 2030”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Acorde con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la actividad tiene como objetivo intercambiar experiencias exitosas en América Latina con nuevos enfoques, políticas, estrategias y metodologías para que tanto estudiantes como el público general puedan aprender más de la SAN.

El seminario contará con la participación de expertos internacionales de Ecuador, Honduras, Guatemala, Holanda, Paraguay y Costa Rica, con el propósito de compartir alternativas y tendencias para la generación de estrategias que enfrenten los problemas en la SAN presentes en la región. Asimismo para lograr identificar los retos existentes.

La actividad estará abierta al público en general y se llevará a cabo en las instalaciones de la  Universidad Nacional en la Sala de Exrectores en Heredia, el miércoles, 17 de octubre de 8:00 a.m. a 5.00 p.m.

Las personas que estén interesadas en asistir al evento pueden confirmar su participación al correo: mgsan@una.cr

El 16 de octubre se celebra el DMA en más de 130 países

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para que la sociedad civil, los gobiernos, los agricultores (as) y el sector privado se unan y comprendan cómo pueden colaborar en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Según Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO, alcanzar la meta del hambre cero requerirá un esfuerzo conjunto entre todos los sectores, naciones y continentes.

Este año el lema del DMA es: “Nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo hambre cero para el 2030 es posible”.

En Costa Rica, se conmemora el DMA con el seminario internacional y el foro político: “Retos y Desafíos en los Sistemas Alimentarios Sostenibles”, que se realizará en la Asamblea Legislativa, el jueves, 18 de octubre a las 8:30 en el Salón de Expresidentes y Expresidentas.

El foro político también estará abierto a la sociedad civil, academia, productores y productoras, sector privado, entre otros.

Más información:

Primer seminario internacional en seguridad alimentaria y nutricional

“Esta campaña hace un llamado para reconocer y hacer visible la gran contribución que tienen las mujeres indígenas en la lucha contra el hambre, no solo en sus comunidades sino en todo el mundo”, aseguró la artista costarricense.

En redes sociales, la cantante comparte un video que llama a reconocer la importancia del conocimiento tradicional que poseen las mujeres y pueblos indígenas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Además, de sus valiosas tradiciones para preservar los recursos naturales y producir alimentos en beneficio de la población.

En enero de 2018, la FAO en conjunto con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas y la y la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes (NOTIMIA) establecieron el slogan #MujeresIndígenas, mujeres visibles.

De acuerdo a la FAO, existen cerca de 185 millones de mujeres indígenas en el mundo, cuyo rol es fundamental para la erradicación del hambre ya que muchas de ellas son agricultoras, pescadoras, pastoralistas, cazadoras o recolectoras. También, son guardianas de semillas nativas y de conocimientos tradicionales, como el manejo de plantas medicinales.

Asimismo, las mujeres indígenas son líderes en la defensa de la tierra, los territorios y los recursos naturales.

Según Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, las mujeres indígenas tienen un gran potencial y pueden liderar cambios sociales y económicos a favor del desarrollo sostenible mediante la preservación de su identidad, su cultura y tradiciones.

A pesar de estas contribuciones, las mujeres indígenas no participan en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones que afectan sus vidas. A menudo, las políticas de protección social no incluyen sus puntos de vista y necesidades. Y, a pesar de su cúmulo de experiencia, su trabajo, conocimiento y necesidades no se reflejan en las estadísticas.

“El potencial de las mujeres indígenas debe ser catalizado y se debe garantizar el respeto a sus derechos humanos y en su calidad de pueblos indígenas”, comentó Ramírez.

Una silla Violeta para garantizar la participación de las Mujeres Indígenas

Un punto destacado de la campaña ha sido la iniciativa de la Silla violeta,  un llamamiento a las autoridades, responsables de las políticas, organizaciones, comunidad internacional, mundo académico y sociedad civil para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los debates sobre políticas y procesos de toma de decisiones que les afectan a ellas y a sus comunidades.

Para hacerlas visibles, se coloca una silla violeta en cada reunión para resaltar que participa una mujer indígena, o -con demasiada frecuencia- denunciar su ausencia cuando la silla está vacía.

Colocar una silla violeta en una reunión es un recordatorio simple pero eficaz de que las mujeres indígenas deben tener un puesto en esas mesas de negociación donde se discuten las políticas que afectan a las comunidades indígenas.

Al igual que la cantante, Debi Nova, distintas personalidades se han sumado a la iniciativa como el Chef Oropeza de México; el Chef Rodolfo “Chapori” Angensheidt y el futbolista Nelso Haedo de Paraguay; el Chef Francisco Arévalo; Polo Ramírez, presentador de televisión en Chile y el Chef panameño, Mario Castellón.

Más información

Escucha el mensaje de Debi Nova (vídeo)  aquí

Twitter @FAOIndigenous - @FAOCostaRica

Sitio Iniciativa de la Silla Violeta

Sitio Campaña Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero

Videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK5u4tpL5cMLc-rCbK2tledJ

Más de 400 pescadores y pescadoras aprenden sobre el Enfoque Ecosistémico en el Manejo de la Pesca (EEMP) y las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, con el objetivo de generar conciencia en el uso correcto de los recursos naturales, implementar prácticas de pesca responsable y reconocer la labor pesquera.

“Nosotros hemos comprendido que no solamente se debe tener una mentalidad de extracción de los recursos pesqueros, ya que es necesario realizar un manejo adecuado de los recursos para no perjudicar a las futuras generaciones y poder mantener un balance entre conservar y producir”, comentó Rolando Ramírez Robles de la Asociación de Pescadores de Pochote.

Los talleres son impartidos por técnicos del Departamento de Extensión y Capacitación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el proyecto de gestión sostenible de la captura incidental en la pesca de arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC).

“Nuestro personal ha pasado por un proceso de actualización en estos temas, con la contribución del proyecto REBYC II-LAC, para  compartir un enfoque o modelo en beneficio del sector pesquero”, comentó Jorge López Romero, Jefe del Departamento de Extensión y Capacitación del INCOPESCA.

El EEMP contribuye al desarrollo de la pesca sostenible mediante la búsqueda de un equilibrio entre el bienestar ecológico, el bienestar humano a través de la buena gobernanza.

Según Ana Lucrecia Barrantes, Coordinadora del proyecto REBYC II-LAC en el país, el EEMP brinda el conocimiento y las herramientas para construir planes de manejo pesquero sostenible adaptados para cada una de sus áreas marinas y sus necesidades, considerando los valiosos conocimientos ancestrales de pescadores y pescadoras.

Además, permite identificar los principales problemas que enfrentan las pesquerías y los ecosistemas asociados para brindar soluciones e involucrar a los pescadores y las pescadoras en la toma de decisiones con los actores gubernamentales de forma participativa.

“Ahora hay un mayor reconocimiento de la cadena de valor y tenemos más participación de jóvenes, mujeres y niños en los procesos de preservación de los recursos”, comentó Sonia Medina, pescadora de Isla Venado y presidenta de la Asociación local de pescadoras y pescadores de la Florida, Isla Venado de Puntarenas.

También, los pescadores y pescadoras reciben capacitaciones para implementar las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE).

Las Directrices PPE tienen como propósito visibilizar y reconocer el valioso papel de la pesca artesanal e impulsar el desarrollo social e económico bajo los ejes de la gobernanza de la tenencia en las pesquerías y ordenación de los recursos, el trabajo decente, las cadenas de valor, equidad de género, cambio climático y riesgos de desastres.

Asimismo, ambos talleres orientan el diálogo, los procesos de políticas y medidas que permiten que el sector aporte a la seguridad alimentaria y a la disminución de la pobreza.

Según Ramírez, la aplicación del enfoque y los seminarios les ha permitido mitigar el uso de artes ilegales, promover la inclusión de jóvenes y mujeres en las asociaciones o cooperativas y formar líderes comunitarios para transmitir lo aprendido en otras comunidades costeras.

El proceso de difusión de las Directrices se lleva a cabo con la colaboración de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR).

Actualmente, en el marco del proyecto REBYC II-LAC se imparten los talleres sobre Directrices PPE en Barra del Colorado.

Por tercer año consecutivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció un aumento en el número de personas que sufre hambre. En el caso de América Latina y el Caribe, 39,3 millones de personas viven subalimentadas en la región, un aumento de 400 000 personas desde 2016.

Según El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018 (SOFI), a nivel global casi 821 millones de personas –aproximadamente una de cada nueve– fue víctima del hambre en 2017, un incremento de 17 millones en relación al año anterior.

“En la región estamos estancados en la lucha contra el hambre. En 2014, el hambre afectaba a 38,5 millones y en 2017 superó los 39 millones. Estas son cifras son un llamado fuerte y claro para redoblar los esfuerzos a todo nivel”, afirmó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

Berdegué detalló que el aumento del hambre a nivel regional sigue la tendencia global y nos aleja del cumplimiento de la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2- Hambre cero al 2030.

El SOFI de este año fue desarrollado por la FAO junto al el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La experiencia de inseguridad alimentaria

Además del indicador tradicional de hambre que reporta el SOFI (subalimentación), este año el informe presenta un indicador de inseguridad alimentaria grave, elaborado con encuestas a los hogares.

Según esta medición, la inseguridad alimentaria grave en 2017 es más alta que en 2014 en todas las regiones, excepto América del Norte y Europa, con aumentos notables en África y América Latina.

En América Latina, el índice de inseguridad alimentaria grave saltó de 7,6 % en 2016, a 9,8 % en 2017.

Desnutrición aguda y crónica en los niños

Una buena noticia para la región es que posee una muy baja tasa de desnutrición aguda infantil (1,3 %), equivalente a 700 000 niños y niñas menores de cinco años, muy por debajo del promedio global de 7,5 %. Sólo uno de cada 100 niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe sufre esta condición.

El retraso en el crecimiento de las niñas y los niños (desnutrición crónica) también se ha reducido, cayendo desde 11,4 % en 2012 a 9,6 % en 2017: hoy afecta a 5,1 millones de menores de cinco años en la región.

Obesidad afecta a casi uno de cada cuatro habitantes

Las noticias son mucho menos alentadoras en el tema de la obesidad. Según el SOFI, prácticamente uno de cada cuatro habitantes de la región vive con obesidad: en 2016, la obesidad afectó al 24,1 % de la población, un aumento de 2,4 % desde 2012.

“En 2016 había 104,7 millones de adultos con obesidad en nuestra región. Pero hubo un aumento gigantesco –de más de 16 millones– en sólo cuatro años. Es una epidemia que a pesar de las alertas reiteradas de FAO y de la OPS/OMS, continúa fuera de control, con enormes efectos en la salud de las personas y la economía de los países”, alertó Berdegué.

América Latina y el Caribe tiene el segundo mayor porcentaje de sobrepeso infantil del mundo (7,3 %) lo que equivale a 3,9 millones de niñas y niños.

La obesidad en adultos está agravándose también a nivel global:  672 millones de personas son obesas, más de uno de cada ocho personas.

El clima impacta la seguridad alimentaria

Además de los conflictos, la variabilidad y las condiciones extremas del clima se encuentran entre los factores clave del reciente aumento del hambre en el mundo.

Según el SOFI, el efecto acumulativo de los cambios en el clima está minando todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, incluyendo la disponibilidad de alimentos, el acceso, la utilización y la estabilidad.

En América Latina y el Caribe, esto se pudo ver en el Corredor Seco de América Central, en particular en El Salvador, Guatemala y Honduras, una de las regiones más afectadas por la sequía producto del fenómeno de El Niño en 2015-16.

La sequía fue una de las peores en los últimos 10 años y dio lugar a reducciones significativas de la producción agrícola, con pérdidas estimadas de entre el 50% y el 90% de la cosecha agrícola. Más de 3,6 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria como resultado de esta sequía.

Los Programas de Alimentación Escolar son una de las intervenciones más efectivas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, especialmente de los más vulnerables, y representan un gran potencial para desarrollar la agricultura familiar y las economías locales.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, en los países del SICA aún persisten altos índices de desnutrición crónica infantil, y una creciente tendencia al sobrepeso y la obesidad. En Mesoamérica, se estima que el 15,4% de los menores de 5 años tiene retardo en el crecimiento, lo que supone 2,5 millones de niños, según refleja el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, mientras que el sobrepeso ya afecta al 6% de estos menores.

La vinculación de los agricultores familiares como proveedores de alimentos sanos y frescos a los programas de alimentación escolar, contribuiría a combatir la malnutrición de la población escolar, a la vez que les permitiría generar ingresos y dinamizar las economías locales.

Con base en la experiencia del Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar impulsada por la FAO  y el Gobierno de Brasil,  si los agricultores familiares abastecieran el 30% de la demanda de alimentos de los programas de alimentación escolar, esto significaría un ingreso de cerca de 28 millones de dólares para estos productores.

Para este propósito, la FAO, a petición de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), prestará asistencia técnica a través de un proyecto de cooperación que se firmó ayer.

“Los programas de alimentación escolar son una de las estrategias más eficaces de protección social en la región. Su articulación con la agricultura familiar permitirá avanzar en la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, destacó Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC - SICA), Carlos Staff, destacó que desde el proyecto se promoverá una adecuada articulación intersectorial que impulsará la producción agrícola mediante la integración de las comunidades campesinas de escasos recursos económicos. Además, se fomentará la educación nutricional para que la población escolar pueda mejorar sus hábitos alimentarios y los de sus familias.

Reforzar la articulación intersectorial

Con este nuevo proyecto, la FAO apoyará a los países en la actualización de las normas y mecanismos que faciliten la coordinación y el escalamiento de los programas de compras públicas a la agricultura familiar.

“Este proyecto promueve un abordaje intersectorial, al articular acciones de diversas instituciones de los sectores educación, agricultura, desarrollo social, salud, economía y finanzas, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, y el desarrollo sostenible de los territorios rurales”, agregó Tito Díaz. 

Asimismo, contribuye a la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030 del SICA (ARIPSIP), aprobada en abril del presente año por los Consejos de Ministros y otras instancias del SICA, para el combate a la pobreza. 

La Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de alimentos junto con la Universidad Técnica Nacional (UTN), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), Unilever y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizan el segundo Conversatorio Nacional “Cero desperdicios de alimentos a través de la cadena agroindustrial” para buscar impactar positivamente los sistemas agroalimentarios.

“Se pretende conocer cómo se maneja este tema a lo largo de la cadena productiva, y qué debemos hacer para bajar el nivel de pérdida y desperdicio como parte del compromiso país, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, comentó Laura Brenes, docente del TEC y Coordinadora de la Red Costarricense para Disminución de Pérdidas y Desperdicio de alimentos.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países se han comprometido en reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y disminuir la pérdida a lo largo de las agrocadenas. El país ha avanzado mediante la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible para tomar medidas al respecto.

Según datos de la FAO, a nivel mundial, la pérdida y el desperdicio de alimentos consume el 30% de la tierra dedicada a la producción de alimentos y el 25% del agua utilizada en la agricultura. Generan costos anuales estimados en 2,6 mil millones de dólares; 700 mil millones se relacionaron con costos ambientales y 900 mil millones con costos sociales.

La FAO estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe y cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles.

“Sin duda, la pérdida y el desperdicio de alimentos representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios, generando impactos negativos a nivel ambiental, social y económico. Se requiere de un compromiso mayor, por parte de los distintos actores de las cadenas alimentarias, en articular esfuerzos en pro de sistemas alimentarios más sostenibles y saludables para las personas y el planeta”, comentó Diego Fallas, Asistente de Programas de la Representación de la FAO en Costa Rica.

En la actualidad, la industria alimentaria aprovecha gran parte de los recursos proveídos por el sector agropecuario para producir alimentos. Sin embargo, es posible que una parte de la materia prima que ingresa a las empresas del sector se desperdicie. 

Según Ana María Bárcenas, Directora de Ingeniería en Tecnología de Alimentos de la UTN, un porcentaje sale como residuo del proceso principal, otro como desperdicio por fallas en los empaques, por problemas de calidad o porque se cumple su tiempo de vida útil antes de consumirse; igualmente parte de esta materia prima se pierde durante la cosecha, postcosecha, el almacenamiento y el transporte.

El producto que se desperdicia representa pérdidas para las empresas, efectos nocivos para la economía de los productores, para la seguridad alimentaria nacional y para el medio ambiente. Por lo tanto, prevenirlas y aminorarlas significa una oportunidad de mejora que podrá traducirse en un aumento de la productividad, mayor aprovechamiento de los recursos y acceso a los alimentos.

Unilever lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos

Uno de los ejemplos que proporciona la empresa privada con el fin de liderar y también evidenciar que la disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos sí es rentable, es el caso de éxito de Unilever.

“En Unilever implementamos una estrategia integral en la cual optimizamos nuestros procesos productivos, con el objetivo de evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos que pueden ser aprovechados por la población. Como consecuencia logramos un ahorro de más de 500 mil dólares solo en el 2017, año en el que iniciamos la implementación de estas acciones”, explicó Marina Rodríguez, Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Unilever para Centroamérica. 

Acciones desde la Academia y la FAO

Desde el 2014, el Tecnológico de Costa Rica, junto a las investigadoras de la Escuela de Agronegocios, ha unido esfuerzos con la FAO, logrando la constitución de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

La Red alinea sus acciones en investigación, sensibilización y creación de alianzas con otros sectores del país. Producto de lo anterior, a la fecha más de veinte entidades públicas, privadas, académicas y de sociedad civil trabajan en conjunto para acabar con este problema.

Actualmente, el TEC coordina la red y además ha ejecutado los primeros estudios de caso en Costa Rica, para diagnosticar la situación de las pérdidas y desperdicio de alimentos. Asimismo, trabaja en la investigación y transferencia de tecnología para medir y evitar las pérdidas alimenticias a lo largo de agrocadenas productivas.

El Tecnológico ha trabajado con agrocadenas de tomate, guayaba taiwanesa, manzana, ciruela y papa para dar valor agregado y aprovechar distintas calidades de frutos. También, se encuentra buscando soluciones que valoricen esas pérdidas mediante opciones de producción de alimento animal, compostaje y biodigestión. Por otro lado, recientemente su comunidad estudiantil firmó voluntariamente un compromiso para evitar el desperdicio de alimentos en su vida cotidiana. 

La UTN ha sido un actor activo dentro de la iniciativa, enfocando esfuerzos y acciones para la disminución de las pérdidas y desperdicio de alimentos en el país. 

Ejemplo de esto, ha sido su colaboración en la organización del Conversatorio y el incentivo a sus estudiantes a presentar soluciones innovativas para la atención del problema a través de la exposición: “Aprovechamiento de subproductos de la industria de alimentos, para evitar el desperdicio y agregar valor”, elaborados por estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Tecnología de Alimentos de la UTN, en la sede de Atenas.

La joven, Tania Vera, no sólo fundó el primer equipo de fútbol femenino indígena de su comunidad, sino que ha llevado su voz a instancias políticas de alto nivel

El pueblo Guaraní lleva el fútbol en la sangre: desde el siglo XVII, practicaban un juego de pelota llamado manga ñembosarái que se adelantó al fútbol moderno en al menos dos siglos.

Aunque no se marcaban goles ni había arcos, esta tradición de juego con pelota de caucho es parte del legado cultural del pueblo Guaraní, un legado que la joven indígena Ava Guaraní Tania Vera heredó con orgullo.

Cuando tenía 19 años, Tania quería jugar al fútbol como lo hacían los hombres de su comunidad de Fortuna, en Paraguay, pero no había una liga femenina.

“Lo mismo sucedía cuando se tomaban decisiones sobre un proyecto productivo; las mujeres indígenas no teníamos participación y nuestra visión no era escuchada”.

Tania decidió participar en la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas sobre Derechos Humanos y Seguridad Alimentaria que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) yel Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)desarrollaron en 2015 en Paraguay.

Esta escuela tenía el objetivo de empoderar lideresas indígenas y activistas para que se convirtieran en actores de incidencia de sus derechos humanos, seguridad alimentaria y nutrición.

 “Durante el curso aprendimos sobre los derechos de los pueblos indígenas e intercambiamos experiencias sobre el derecho al acceso a la tierra y al territorio, que es una constante amenaza para nuestros pueblos”, recuerda Tania, que después de participar del siguió estudios universitarios en Derecho y se ha integrado a diferentes espacios de toma de decisión que inciden en su comunidad.

Hoy, con sólo 21 años, Tania forma parte de Comité de Representantes Indígenas que participan en PROEZA, el programa de lucha contra el cambio climático del gobierno de Paraguay –diseñado con el apoyo de la FAO- que recibió 90 millones de dólares del Fondo Verde del Clima.

PROEZA beneficiará a 17.000 familias vulnerables, muchas procedentes de comunidades indígenas, reduciendo los efectos adversos del cambio climático, disminuyendo la pobreza rural, combatiendo la deforestación y mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Soy la única mujer entre los ocho líderes indígenas que conforman este Comité, pero voy a seguir trabajando para que cada vez haya más mujeres indígenas participando en la toma de decisiones. Tenemos mucho que aportar. El cambio climático, la pobreza y la inseguridad alimentaria son temas que también nos afectan y a los que también podemos contribuir con nuestras experiencias y conocimiento”

Buscando una mayor fortuna

Tania no sólo ha participado de procesos políticos claves en su país, sino que impulsó la formación del primer equipo formal del fútbol femenino indígena de su comunidad, denominado Guaraní-Fortuna.

En menos de dos años, las chicas del Guaraní-Fortuna (equipo sub-14), se coronó campeón de la categoría Plata de la Copa Disney, realizada en Estados Unidos, y subcampeón de la Fiesta Sudamericana de la Juventud, organizada por la CONMEBOL.

Escuelas de liderazgo

Se estima que en el mundo existen más de 185 millones de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas participan en múltiples actividades productivas y contribuyen al desarrollo económico y social de sus comunidades. Son pescadoras, agricultoras, pastoras y guardianas de los bosques, entre muchos otros roles.  

“Pero en muchas ocasiones, nuestros derechos nos son reconocidos, ni protegidos y nuestra contribución es invisible”, explica Tania Vera.

Desde el año 2015, FAO y FIMI han implementado el modelo de las Escuelas de Liderazgo de Mujeres Indígenas sobre Derechos Humanos y Seguridad Alimentaria en países como India, Filipinas, El salvador, Panamá, Perú, Bolivia y Paraguay, formando a más 100 lideresas indígenas.

Este año, con el fin de formar a una nueva generación de lideresas indígenas, FAO y FIMI coordinan la implementación de cuatro Escuelas regionales de Formación de Formadoras en Derechos Humanos y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en África, Asia, Mesoamérica y Sudamérica.

‘La participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones es fundamental, no solo para dar solución a los desafíos que nosotras enfrentamos, también para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en general. Tenemos experiencia y conocimiento, solo necesitamos que nos escuchen”, subraya Tania.

Este año, la FAO en conjunto con FIMI y NOTIMIA, ha lanzado la Campaña Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero cuyo propósito es hacer un llamado a los gobiernos, a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las autoridades indígenas a garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones que les afectan a ellas y a sus comunidades.

Costa Rica forma parte de los trece países de América Latina y el Caribe suscritos al Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para combatir la pesca ilegal.

“Reconocemos la importancia de que como país aunemos esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en nuestros territorios marinos del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Ningún esfuerzo que haga el país para ordenar sus pesquerías y aprovechar la riqueza del mar o proteger su biodiversidad tendrá éxito realmente, si no viene asociado con un esfuerzo concertado de luchar, desincentivar y acabar con este flagelo, que tiene el potencial de socavar nuestra riqueza pesquera y agudizar los problemas de pobreza”, declaró Moisés Mug Villanueva, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

El Gobierno costarricense por medio del INCOPESCA firmó un nuevo acuerdo con la FAO, para implementar un proyecto de cooperación, con el propósito de fortalecer las capacidades del país para enfrentar esta problemática. El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Según Tito Díaz, Coordinador Subregional de FAO para Mesoamérica, se pretende impulsar una mayor transparencia y trazabilidad de los buques y productos pesqueros a través de la divulgación de información, para lograr adoptar mejores prácticas y capacitar a los inspectores de los barcos con el fin de mejorar esta situación.

El proyecto revisará y ajustará la legislación nacional en los temas referentes a la pesca ilegal. Por otro lado, el proyecto, va a favorecer y reforzar la gobernanza de las instituciones que intervienen en la eliminación y la prevención de la pesca ilegal como el Servicio Nacional de Guardacostas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el INCOPESCA.

“Esta lucha debe ser una prioridad y objetivo país; por esto, como nación debemos unirnos y combatirlo de una forma coordinada y proactiva, uniendo esfuerzos de entidades gubernamentales con competencias en la gestión, conservación, control, vigilancia, aprovechamiento y protección, así como los usuarios del mar, pescadores comerciales, exportadores, el sector de pesca turística y deportiva, el turismo marino y costero entre otros”, agregó Mug.

En la actualidad, el país forma parte de la red de intercambio de información, experiencias y cooperación entre países de América Latina y el Caribe para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDR).

La pesca INDNR constituye la amenaza más grave a los esfuerzos de conservación y aprovechamiento de los mares.

EL AMERP, exige que los buques extranjeros se sometan a inspecciones en cualquier puerto de escala y que los Estados portuarios compartan información sobre las infracciones.  El acuerdo impide que el pescado capturado indebidamente pueda desembarcarse y entrar al mercado nacional o internacional. Además, hasta la fecha el AMERP cuenta con la adhesión y el compromiso de 54 Estados y la Unión Europea.

Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, resaltó que se busca garantizar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el objetivo número 14 Vida Submarina.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible resalta la trascendencia de reglamentar eficazmente la explotación pesquera y acabar con la pesca INDR, asimismo de establecer planes de gestión sostenible.

Por otra parte, el proyecto de cooperación, promoverá la identificación de especies, la utilización de nuevas tecnologías para investigaciones y el fortalecimiento del comercio pesquero.

El nuevo informe publicado hoy, resalta el compromiso del país para reconocer la contribución de la pesca en pequeña escala para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y disminuir la pobreza.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo técnico de la FAO, participó en el proceso de consultas con los principales actores del sector pesquero, academia, organizaciones no gubernamentales y legisladores, con el propósito de conocer las principales necesidades y requerimientos del sector, lo cual fue la base de la propuesta del marco legislativo para el sector.

En el proyecto de ley general para la sostenibilidad del sector de pesca artesanal, en el contexto de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la gobernanza compartida, Expediente N. 20.750, destaca el papel de la mujer en las pesquerías y promueve la importancia de preservar los conocimientos tradicionales locales.

El SOFIA resalta el ejemplo del país al adaptar en el marco legal y normativo, las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, mediante la incorporación de la situación que viven las pescadoras y los pescadores costarricenses.

“La FAO por medio de las directrices respalda y reconoce el importante aporte de la pesca en pequeña escala para el desarrollo equitativo de las comunidades costeras, mejorar su situación económica y proteger los medios de vida”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

Las Directrices representan el primer instrumento internacional, que aborda los principios y guías para el desarrollo de la pesca artesanal, las mismas fueron aprobadas por el Comité de Pesca de la FAO en el 2014.

Las directrices también fomentan la pesca responsable, el desarrollo social y económico sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además, impulsan un enfoque basado en los derechos humanos.

Asimismo, validan la importancia del sector productivo pesquero, bajo los ejes de la pesca responsable, la gobernanza de la tenencia en las pesquerías, la promoción del trabajo decente, el acceso de nuevos mercados para pescadores (as), la equidad de género y planes para enfrentar el cambio climático a tiempo.

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2015 (ENAHO), el 21,7% de la población vive en condiciones de pobreza,  mientras que  el 5,7% padece pobreza extrema.  En áreas rurales la pobreza presenta un 27,9% y la pobreza extrema se ubica en un 7.9%.

Por otra parte, datos del Censo Escolar de Peso y Talla (2016), indican una prevalencia de desnutrición del 2% en estudiantes de 6 a 12 años, sin embargo, un 20.3% de los estudiantes presentaron sobrepeso y un 14.2% obesidad, es decir un 34.6% de la población escolar nacional está en situación de exceso de peso. 

“Para revertir las tendencias de aumento de sobrepeso y obesidad es necesario desarrollar políticas e instrumentos innovadores que promuevan sistemas alimentarios sostenibles”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

El Gobierno, participó a través de los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Salud y Agricultura y Ganadería, en el diálogo nacional sobre sistemas alimentarios y el mundo rural.

Además, se contó con la colaboración de expertos del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP); la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Instituto de Estudios Peruanos (IEP); International Food Policy Research Institute e Industria Melder.

En el transcurso del diálogo, los participantes identificaron acciones para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo 2 para poner fin al hambre, superar la malnutrición (sobrepeso y obesidad) y promover la agricultura sostenible.

 "Contar con una gobernanza efectiva y un modelo institucional que favorezca los propósitos de prosperidad, seguridad y equidad, en el marco de los ODS, requiere reinventar la acción gubernamental, particularmente en el mundo rural -fortalecer los mecanismos de dirección, coordinación intersectorial y multiactor y rendición de cuentas-, repensar el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería como rector, promover presupuestos plurianuales y dotar de mayor coherencia las políticas públicas y las inversiones públicas", manifestó la Ministra de Planificación Nacional, María del Pilar Garrido.

También, se identificaron oportunidades de cooperación técnica de la FAO hacia el país, para afrontar esta temática desde una perspectiva integral, e innovativa, especialmente en  gobernanza rural que contribuya a facilitar la coordinación entre diferentes instituciones del Estado en los distintos niveles de la academia, el sector privado y la sociedad civil. 

Hacia una transformación de los sistemas alimentarios

Un sistema alimentario sostenible es aquel que suministra una alimentación nutritiva y accesible para todos y en el que la gestión de los recursos naturales preserva los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras.

“Es un tema prioritario para el Gobierno de Costa Rica la promoción de la salud y los estilos de vida y dietas más saludables”, aseguró Giselle Amador, Ministra de Salud.

En la actualidad, el sector agropecuario costarricense ha identificado políticas e iniciativas dirigidas a garantizar la disponibilidad de alimentos variados con medidas que impulsen la producción, la transformación, el almacenamiento, la oferta, distribución y comercialización de alimentos nutritivos.

“El Gobierno busca disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil como una meta nacional, con objetivos que expresen un compromiso político a largo plazo, con participación de los sectores privados, academia y sociedad civil, y sobre la base de una gobernanza efectiva”, comentó Tito Díaz Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Para alcanzar estos objetivos y lograr que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, justos, inclusivos y sensibles a la nutrición, se requiere la participación de actores clave de los estados.

Desde esta perspectiva, los expertos internacionales vinculados a los sistemas alimentarios participaron en un foro regional, desarrollado en San José durante los días 27 y 28 de junio, con el objetivo de identificar los desafíos y oportunidades de los sistemas alimentarios de la región de América Latina y el Caribe e impulsar su transición para hacer frente a los problemas de sobrepeso y obesidad.

En este encuentro se promovió el intercambio de información, metodologías y evidencias entre los especialistas participantes, fomentando asimismo la identificación de propuestas y soluciones innovadoras desde un enfoque integral para impulsar el desarrollo de políticas públicas que den respuesta a dichos desafíos en los países de la región.  

Las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca buscan visibilizar, reconocer y fomentar el valioso papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a erradicar el hambre y la pobreza.

Sonia Medina, presidenta de la Asociación local de pescadoras y pescadores de la Florida en Isla Venado, Puntarenas, comparte en Brasil los desafíos y experiencias del sector pesquero artesanal costarricense.

 Según Medina, una de las situaciones más críticas que está enfrentando el sector pesquero es el calentamiento de las aguas, la pesca ilegal y el poco acceso a los mercados.

 Sonia tiene 44 años de edad y es parte de la quinta generación de su familia que se ha dedicado tradicionalmente a la pesca, asimismo es jefa de hogar y madre de dos mujeres y un hombre.

 La pescadora participa en un encuentro que se lleva a cabo en esta semana, con organizaciones de las Comunidades Tradicionales Pesqueras de Brasil y de otros países de América Latina y el Caribe.

 “Me invitaron para representar al país junto a otro compañero para dar a conocer nuestra experiencia en el sector pesquero y también para contar sobre cómo el país ha puesto en práctica las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (PPE)”, comentó entusiasmada la costarricense.

 Las Directrices fueron desarrolladas como complemento al Código de Conducta para las Pesquerías Responsables presentado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1995. Además, son un instrumento orientador para identificar y abordar las necesidades del sector pesquero y enfrentar la variabilidad climática.

 Las Directrices priorizan la pesca de pequeña escala frente a otros tipos de pesca, en la que se engloban todas las actividades a lo largo de la cadena de valor, realizadas por mujeres y hombres, la cual desempeña una importante función en la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos.

 Según Medina, mediante un decreto de Gobierno, las Directrices fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha permitido la participación de un pescador en la junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), para visibilizar el plan de trabajo que está impulsando el sector pesquero artesanal.

 El INCOPESCA y la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) con el apoyo de la FAO y CoopeSolidar R.L, han promovido el proceso de implementación de las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca artesanal a nivel nacional.

 “Hemos aprendido sobre la gobernanza compartida y a trabajar de la mano con el INCOPESCA, igualmente hemos avanzado en el reconocimiento de la labor de la mujer en la pesca. Se están rompiendo los estereotipos, mucha gente se sorprendía de que yo fuese nombrada como presidenta de la Asociación, pero aquí estoy ocupando el puesto”, comentó Medina.

 La Asociación local de pescadoras y pescadores de Florida, Isla Venado y Puntarenas se fundó en el 2010 y está integrada por 65 personas. La Asociación forma parte de la Red de AMPR que busca regular la actividad pesquera para asegurar el aprovechamiento de los recursos a largo plazo.

 La pescadora, enfatizó que en Isla Venado hay un aproximado de 30 mujeres que se dedican a la pesca artesanal.

 Las Directrices enfatizan la importancia de asegurar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, organizaciones, uso de tecnologías adecuadas, legislaciones y políticas favorables.

 También, poseen un estrecho lazo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente con el Objetivo 5, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el Objetivo 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

 “La situación de la mujer en las pesquerías no es fácil, porque por muchos años se ha considerado un trabajo de hombres. Sin embargo, vamos tomando un rol protagónico dentro de las organizaciones y en nuestras comunidades. La lucha más grande es que también se reconozca nuestra labor después de la pesca, en el proceso de limpieza y descabezado de camarón”, aseguró Medina.

 Los efectos del cambio climático cada vez son más visibles en el mar

 Debido al calentamiento del mar muchas especies marinas tienden a migrar hacia aguas menos cálidas.

 El cambio climático está teniendo un gran impacto en la seguridad alimentaria y nutricional. Muchas de las personas que sufren subalimentación crónica, son agricultores familiares y pescadoras y pescadores, quienes, a su vez, son los más afectados por las altas temperaturas y los desastres relacionados con el clima.

 Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, señaló que la Organización, trabaja en identificar y reducir la vulnerabilidad de los sistemas pesqueros para mejorar su resiliencia y capacidad de adaptación a las crisis, el cambio climático, la acidificación del océano y los desastres naturales.

Países se encuentran en proceso de construcción y validación de indicadores para impulsar la producción y consumo sostenible de alimentos

Costa Rica junto a Brasil, Colombia, Cuba, México, Panamá y Paraguay promueven el diálogo e implementación de las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe, con el propósito de responder a los desafíos de la Agenda de Desarrollo 2030.

 Las Directrices fueron construidas a partir de un trabajo previo de diagnóstico y análisis de los retos para avanzar en la aplicación de un enfoque agroambiental en las políticas públicas, orientadas hacia la agricultura, ganadería, bosques, pesca y la acuicultura.

 En los últimos años, la preocupación por la degradación de los recursos naturales y el impacto del cambio climático ha estado más presente en las agendas de los países, ampliándose los espacios de intercambio de experiencias para fortalecer las políticas públicas.

 “El siguiente paso es un proceso de construcción y validación de los indicadores y definitivamente es de suma relevancia los aportes de los diferentes sectores de Gobierno, sector privado, academia y la sociedad civil”, comentó Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Mediante consultas, los países definirán una propuesta de indicadores que reflejen la situación, cambios y tendencias del enfoque agroambiental y que permitan la medición  a nivel nacional y por ende, contribuyan al ámbito regional.

 Asimismo, los indicadores promueven el manejo sostenible de los recursos naturales, así como acciones para disminuir el impacto del cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones que viven en condiciones vulnerables.

 Según Ramírez, el objetivo de los indicadores para políticas agroambientales es avanzar hacia la producción y consumo sostenible de los alimentos y otros bienes provenientes de la agricultura, ganadería, actividad forestal y la pesca.

 Las rondas de consultas son parte de las actividades que implementa el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe del Programa de Cooperación Internacional Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por medio de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

 “La implementación de las políticas agroambientales eficaces requiere un conjunto de acciones estratégicas y medidas sectoriales que favorezcan la reconversión de los sistemas de producción intensivos en uso de insumos y perjudiciales al medio ambiente hacia sistemas sostenibles de producción o agroecológicos, así como también impulsen sistemas sostenibles de pesca costera y continental”, dijo Jessica Casaza, Coordinadora de la FAO del Proyecto Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe.

 Cabe señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) poseen una estrecha relación con las Directrices, especialmente los Objetivos 2 (Hambre cero); 13 (Acción por el clima); 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

 La Agenda de Desarrollo 2030 promueve los sistemas alimentarios sostenibles y nuevas formas de trabajar la tierra y gestionar los recursos naturales en la construcción de un futuro viable para la humanidad.

 En este sentido, las Directrices se constituyen en un instrumento que contribuye al alcance de las metas de la Agenda 2030 y a mejorar la articulación de las políticas agroambientales.

 En Costa Rica se llevó a cabo el diálogo, con el trabajo conjunto de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SEPLASA), con el apoyo de la Representación de la FAO en Costa Rica.

 Según el Director Ejecutivo de SEPSA, Edgar Mata, Costa Rica se ha distinguido por su compromiso en la protección ambiental y buenas prácticas, en atención al cumplimiento de los objetivos de trabajo del proyecto que coincide con otros acuerdos que involucran a la comunidad internacional y al país.

 Casos exitosos de políticas agroambientales en el país

 El Programa de Pago por Servicios Ambientales es un reconocimiento financiero que otorga el Estado, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), para compensar a los propietarios privados de bosques y plantaciones por el mantenimiento de sus ecosistemas.

 Los propietarios realizan actividades de conservación de bosques y reforestación, que sustentan la provisión de servicios ambientales bajo las categorías de mitigación de gases de efecto invernadero, protección del agua, biodiversidad y belleza escénica según la Ley Forestal Nº7.575.

 Este programa se ha utilizado para reforzar el sistema de áreas protegidas y crear corredores biológicos que abarcan 437 mil hectáreas.

 El programa ha tenido un gran impacto en los territorios indígenas, al brindarles oportunidades para la obtención de recursos e ingresos.

 Por otro lado, la Agenda Agroambiental “Conservar Produciendo, Producir Conservando” del año 2002, incorporó el enfoque agroambiental y ecosistémico a la producción agropecuaria. En el 2016 se actualizó y formalizó la agenda, con participación de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Ambiente y Energía.

 Mediante la agenda se logró un acercamiento entre el sector de medio ambiente y agropecuario que evidenció los retos y la necesidad de unir sinergias para obtener mejores resultados. Además, señaló la importancia de mantener un constante equilibrio entre producción y conservación.

 El Acuerdo oficializó y declaró de interés público la implementación del Decenio de la Agricultura Familiar en el país

 Con el propósito de impulsar nuevas y mejores políticas públicas diferenciadas en favor de la agricultura familiar y contribuir a su fortalecimiento, el Gobierno de Costa Rica formalizó el Acuerdo Ejecutivo N°001-2018-MAG.

 Se estima que un 55,4% del total de las fincas censadas corresponden a agricultura familiar, de las que 15,6% pertenecen a mujeres productoras, según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) extraídas a partir del VI Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2014. Sin embargo, no se tienen datos precisos sobre el número y características de la agricultura familiar en el país.

 Además, la mayoría de estos agricultores enfrentan dificultades para acceder a la tierra, a recursos naturales, servicios sociales, financieros y técnicos.

 Mediante el acuerdo ejecutivo, se establece la formulación de un sistema de registro voluntario de la agricultura familiar a nivel nacional, que permitirá identificar el titular de la unidad productiva y de sus miembros; el tamaño de la finca, datos de tenencia de la tierra; el destino de la producción e ingresos generados, permitiendo una aproximación más definida al número de agricultores familiares e impulsar políticas públicas adecuadas a sus necesidades.

 “El acuerdo será clave para diseñar políticas públicas y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. Busca impulsar la inclusión productiva de las mujeres y jóvenes de áreas rurales, facilitando el acceso a recursos productivos, financieros, y a la asistencia técnica, y su participación en el proceso de toma de decisiones”, comentó Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de la FAO a través del Programa Mesoamérica sin Hambre, impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), desarrolló un primer proyecto piloto de registro y caracterización de la agricultura familiar, que permitió definir los criterios generales para identificar a los agricultores familiares y cuya base permitirá la formulación del sistema de registro voluntario de la agricultura familiar a nivel nacional.

 Agricultura Familiar: clave para alcanzar los ODS

 El acuerdo reconoce a la agricultura familiar como una forma de vida que, a partir de su actividad productiva, desempeña un papel fundamental para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional, para alcanzar el desarrollo territorial sustentable y erradicar la pobreza rural. También, destaca su potencial para proveer y aumentar la oferta de alimentos frescos, saludables y variados.

 La agricultura familiar abarca sectores que van desde la pesca, agricultura de subsistencia y campesinos sin tierra, hasta la agricultura familiar inserta en los mercados locales y nacionales, y que genera excedentes.

 Por otra parte, es importante que la agricultura familiar pueda acceder a mercados más dinámicos, que se fortalezcan circuitos cortos de comercialización y se amplíen las oportunidades tanto para productores como para consumidores, explorando los crecientes vínculos entre lo rural y lo urbano.

 “Necesitamos políticas diferenciadas para la agricultura familiar, que faciliten el apoyo técnico, créditos, mercados de la agroindustria rural porque vemos que muchos de nuestros productos o producción hay que desecharla porque no se puede colocar en el mercado local”, comentó Gerardina Pérez, productora e integrante de la Red Costarricense de Agricultura Familiar.

 El Decenio de la Agricultura Familiar, declarado como interés público

 En el acuerdo, el Estado oficializó y declaró de interés público la implementación del Decenio de la Agricultura Familiar en el país.

 Costa Rica asumió el liderazgo y la presentación de la proclama del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 ante la Asamblea de las Naciones Unidas, para avanzar en la promoción y desarrollo de políticas públicas a favor de la agricultura familiar, y contribuir a poner fin al hambre, la malnutrición (sobrepeso y obesidad), la pobreza y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Como parte de las acciones, el Gobierno ha impulsado las compras públicas a la agricultura familiar y ha fomentado la vinculación de los agricultores familiares como proveedores de los programas de alimentación escolar, entre otros.

 Los programas de alimentación escolar generan nuevas oportunidades de mercado e ingresos y contribuyen a mejorar e impulsar hábitos más saludables en la escuela, el hogar y las comunidades.

Braiton Aguilar, estudiante de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, recorre sonriente y satisfecho las eras de la huerta escolar donde crecen verdes hileras de cebollino, lechuga, culantro, apio, espinaca y tomate, entre otros productos.

En ese centro de Frailes de Desamparados, un pueblo de unos 3.000 habitantes de ese cantón, bajo una estructura metálica y una malla transparente se encuentra la floreciente huerta escolar que Braiton tanto admira.

En la entrada de la huerta hay un pequeño arbusto de mora y muy cerca se observa un cultivo de chile.

“Me gusta estar en la huerta, porque puedo sentir la tierra en mis manos y compartir con mis compañeros de clase. Yo antes sí comía mucha cochinada, así como golosinas, pero ahora como más verduras y frutas”, comentó el joven, al tratar de explicar el cambio en sus gustos alimentarios.

En Costa Rica, la Zona Central y la Región Brunca poseen uno de los niveles más altos de pobreza e inseguridad alimentaria.

Por lo tanto, mediante el Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar impulsado por la Cooperación Internacional entre el Gobierno de Costa Rica, el Gobierno de Brasil y la FAO, se ha establecido una estrategia efectiva de educación alimentaria y nutricional.

Braiton y sus compañeros de la escuela, son parte de los 10.800 escolares que por medio del proyecto han logrado mejorar sus hábitos alimentarios junto a sus familias.

Huerta estudiantil como herramienta pedagógica

Todos los viernes Braiton y sus compañeros, alistan otra mudada de ropa y se ponen las botas para recibir lecciones en la huerta.

En la huerta hay palas, regaderas, rastrillos y diversos instrumentos que se pueden utilizar para labrar la tierra.

“A las 5:00 a.m. me levanto para ir a la escuela, me alisto y me despido de mi mamá y mis hermanos para llegar temprano y después poder ir a la huerta”, asegura sonriente.

Las huertas escolares son ambientes de aprendizaje que permiten que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades y conocimientos en la producción de alimentos.

“Yo no sabía cómo preparar la tierra para sembrar, ni tampoco sabía cómo sembrar las semillas, en cambio ahora sí. También, aprendí a hacer un conteo de plantas y otras actividades agrícolas”, mencionó el estudiante.

Braiton es un joven alegre, en sus ojos se refleja un inmenso deseo por aprender y rescatar las buenas prácticas agrícolas y consumir alimentos saludables producidos en su comunidad, ya que su abuelo y su padre son agricultores familiares.

El año pasado en la clase de Estudios Sociales los estudiantes de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, aprendieron sobre los principales cultivos que sembraban los primeros agricultores costarricenses.

Además, conocieron de la importancia de comer por colores para nutrirse de distintas vitaminas y minerales, pero sobre todo la necesidad de alimentarse saludablemente, no solo en la escuela también en sus hogares.

Después de esa lección Braiton y sus compañeros sembraron ansiosos, semillas de maíz y frijoles con mucho deseo de ver cómo crecían y se iban fortaleciendo esas pequeñas semillas.

“Cuando veo el plato en el comedor de la escuela con los alimentos que con mis manos sembré y que me voy a comer, me siento muy orgulloso y feliz de haberlos producido”, afirmó Braiton.

Capacitando a docentes, madres y padres de familia

638 docentes y 2700 madres y padres de familia han sido capacitados sobre la importancia de promover estilos de vida saludables en las escuelas y en los hogares.

Mientras que 240 productores nacionales y organizaciones de la agricultura familiar local, han mejorado sus sistemas productivos y comerciales logrando obtener más ingresos y acceso a alimentos más nutritivos.

De la huerta hasta el comedor escolar y el hogar

Así como Braiton, Irina Solís de once años y Adonis Navarro de doce, comparten lecciones en la misma escuela. Ambos con entusiasmo y tenacidad lograron levantar su propia huerta en la casa, con el propósito de mejorar los hábitos alimentarios de sus familias.

“Primero preparé el terreno, escogí las semillas y sembré lechuga, remolacha, culantro y cebollino. Me gustó mucho porque mi familia se involucró y me ayudó en el proceso. Ahora comemos más variado y sabe delicioso”, afirmó sonriente Solís.

Ahora, estos jóvenes reconocen que se han acostumbrado a alimentarse de forma adecuada para mantenerse sanos y con suficiente energía para realizar sus deberes diarios.

Los programas de alimentación preescolar y escolar son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2017, Costa Rica es uno de los países de América Latina y el Caribe que presenta bajas cifras en los índices de subalimentación con 5.6%.

Sin embargo, el país, no puede descuidarse si quiere lograr erradicar el hambre en el 2030.

Actualmente, el Sector Agropecuario con apoyo de la FAO, trabajan en el fortalecimiento de los procesos de atención diferenciada a la agricultura familiar, la adecuación de marcos jurídicos para el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la promoción de compras públicas para la alimentación escolar y el desarrollo rural y local.

Entre tanto, con una mirada seria y serena, Braiton afirma que la agricultura debe de continuar para garantizar la disponibilidad de alimentos a la población.

A su corta edad es consciente que su abuelo y papá siembran frijol, maíz, café, plátano y banano en el campo para alimentar a su familia y generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida.

Se identificarán y facilitarán prácticas productivas viables bajo el enfoque de una agricultura sostenible basada en el conocimiento

 Productores y técnicos de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de diversas instituciones del Sector Agropecuario, con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explorarán alternativas con el propósito de incorporar el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente en el país.

 Mediante la aplicación del enfoque de agricultura climáticamente inteligente, productores y funcionarios podrán identificar soluciones específicas según cada contexto, para impulsar el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, y de esta forma, aprovechar mejor los recursos naturales y fomentar una agricultura más eficiente.

 Una de las características de la agricultura climáticamente inteligente es que las soluciones planteadas deben ser analizadas según el contexto local, bajo este principio se realizarán diferentes talleres en todas las regiones estipuladas por el MAG en el país.

 El proceso de capacitación e intercambio de experiencias, a nivel de técnico, se inició en la Región  de Desarrollo Central Sur del MAG (Puriscal).

 La FAO estima que la población mundial aumentará a 9.000 millones de habitantes en el 2050 y para alimentar a esta población se va a requerir un incremento del 70% en la producción agrícola.

 Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, señaló que la FAO introdujo el término de agricultura climáticamente inteligente debido a que la agricultura y el sistema alimentario deben adaptarse a los impactos del cambio climático, mejorar su resiliencia y aprovechar oportunidades de mitigación para poder alimentar de manera sostenible a una población en crecimiento.

 La agricultura climáticamente inteligente promueve acciones para transformar y reorientar los sistemas agrícolas, mejorar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en un clima cambiante.

 “Costa Rica puede demostrarle al mundo, que sí es posible mantener e incluso aumentar la productividad al mismo tiempo que nos adaptamos al cambio climático y ejecutamos acciones que reduzcan los gases de efecto invernadero”, aseguró Felipe Arauz, Ministro del MAG.

 Los efectos del cambio climático son una amenaza creciente para la seguridad alimentaria mundial, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El cambio climático altera las temperaturas, los ciclos de lluvias y consecuentemente afecta los períodos de producción de los cultivos.

 Según Ramírez, los extensionistas adquieren un papel fundamental para transferir información y orientar a los productores en la toma de decisiones, para la aplicación de prácticas y tecnologías que promuevan una agricultura más sostenible y resiliente.

 Durante los talleres, se identificarán los principales desafíos, prácticas productivas viables, alianzas y opciones de financiamiento que puedan potenciar una agricultura más productiva, sostenible y adaptada al clima.

 “El uso eficiente de los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales y futuras, demanda de parte de nosotros como promotores del desarrollo sostenible, una labor sumamente importante y en estos talleres se pretenden plantear soluciones conjuntas para avanzar en el tema”, aseguró Roberto Azofeifa, Jefe Departamento de Producción Sostenible.

 Además, se intercambiarán experiencias exitosas en actividades agropecuarias que actualmente se están implementando en el país.

La vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño, y el secretario general de Integración Social Centroamericana (SISCA), Alfredo Suárez, le hicieron entrega de esta medalla en el marco de las Jornadas de “Innovación social: fórmulas para una mejor protección social e inclusión productiva en Centroamérica y República Dominicana”, celebradas en Punta Cana, República Dominicana, entre los días 9 y 12 de abril.

El proceso de coordinación intersectorial en favor de lo social inició en marzo de 2017, cuando diversas secretarías e instancias especializadas del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) conformaron un Comité Técnico Intersectorial que posteriormente elaboró de forma colectiva una Agenda de Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030.

Esta Agenda fue aprobada en los distintos Consejos de ministros de Agricultura, Desarrollo Social, Economía, Salud, Educación y Salud, entre otros, del SICA en el marco de las Jornadas antes mencionadas.

La FAO ha brindado acompañamiento durante todo el proceso, facilitando el diálogo entre las diversas secretarías e instancias que integran el Comité Técnico Intersectorial, y asistencia técnica en la elaboración de la Agenda de Protección Social e Inclusión Social Productiva con Equidad 2018-2030. 

A través de esta Agenda se promoverá la implementación de acciones intersectoriales en las áreas de agricultura, desarrollo social, salud, educación, entre otras, y el fortalecimiento de la capacidad de los esquemas de protección social e inclusión productiva para aportar al desarrollo de sistemas económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes y reducir las brechas sociales y la pobreza, permitiendo avanzar a los países de la subregión en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa políticas de fomento y comercialización para este sector, con el apoyo de la FAO y el programa Mesoamérica sin Hambre.

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) promueve la comercialización y el consumo de productos locales y procedentes de la agricultura familiar de todo el país en la Feria del Gustico.

 La sétima edición de la Feria se celebra entre los días 13 y 15 de abril, en el costado este del Parque Metropolitano La Sabana, y busca recobrar tradiciones y elementos culturales ligados al consumo de productos locales y apoyar a las pequeñas y medianas empresas de zonas rurales.

 “La agricultura familiar, como actividad diferenciada, es de alta relevancia para el país por su aporte a la economía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo de las economías regionales, locales y a estilos de vida más saludables”, declaró Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y Ganadería.

 El Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, enfatizó en la importancia de entender y valorar la importancia de estas familias y reconocer su gran aporte a la seguridad alimentaria y nutricional. “Ellas son la base de la producción sostenible de alimentos frescos y saludables, y actores fundamentales para el desarrollo territorial y la erradicación de la pobreza rural”, aseguró Díaz.

 Se estima que en Costa Rica hay 51.508 fincas dedicadas a la agricultura familiar, de las cuales 15, 6% son lideradas por mujeres, según datos del Censo Agropecuario.

 La segunda Vicepresidenta de La República, Ana Elena Chacón, resaltó la importancia de la feria del Gustico y el aporte de las mujeres a la producción de alimentos sanos y a la cultura gastronómica del país.

 Por su parte, la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas, afirmó que, en el esfuerzo que se está haciendo para promover la agricultura familiar, es fundamental incluir a los jóvenes para que sigan viviendo en la tierra que los vio nacer y puedan producir productos de mejor calidad y con un valor agregado.

 Costa Rica: comprometida con la agricultura familiar

 La Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, incluye el fortalecimiento de la agricultura familiar como actividad diferenciada y la gestión de los territorios rurales como uno de sus ejes prioritarios.

 El Ministro de Agricultura y Ganadería, anunció un acuerdo ejecutivo para declarar de interés nacional, la agricultura familiar y la puesta en marcha del Decenio de la Agricultura Familiar (2019 – 2028), impulsado por Costa Rica y aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas, con el objetivo de fomentar la generación de nuevas políticas públicas para los agricultores familiares y contribuir a poner fin al hambre y la pobreza al 2030.

 La FAO apoyó la proclamación del Decenio, destacando el potencial de la agricultura familiar en el resguardo de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales, para ofrecer un entorno favorable y reducir la pobreza rural y la malnutrición.

 Como parte de las acciones, el Gobierno ha promovido la vinculación de agricultores familiares a los programas públicos de compras de alimentos y ha impulsado estrategias productivas y de comercialización bajo el liderazgo del MAG, y con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, el Instituto de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la FAO y el programa Mesoamérica sin Hambre, entre otros.

La iniciativa capacitó a más de 200 técnicos, estudiantes y productores agropecuarios para replicar el modelo en el país.

 En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo del Programa Mesoamérica sin Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), inauguraron este jueves un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), en el distrito de Huacas del cantón de Hojancha en Guanacaste.

 Esta iniciativa tiene como fin promocionar la utilización responsable del agua de lluvia, como alternativa para satisfacer parcial o totalmente la demanda hídrica de distintas actividades agropecuarias, en respuesta a la sequía cíclica característica del Corredor Seco Centroamericano, que afecta a más de 10 800 fincas en la región Chorotega.

 Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, destacó la importancia de este innovador sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia para facilitar agua de forma más estable para la producción agropecuaria y aumentar la resiliencia frente a los fenómenos del clima.

 Este SCALL se confeccionó en una de las fincas integrales didácticas, que forman parte del programa del MAG, con el apoyo del programa Mesoamérica sin Hambre, un esfuerzo conjunto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la FAO, con el propósito de convertirse en un instrumento para la transferencia de tecnología hacia los productores.

 "Este tipo de proyectos responden a las necesidades específicas de las comunidades desde un enfoque integral en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, también para el abastecimiento de agua para la producción agropecuaria, entre otras. Por lo tanto, reiteramos nuestro compromiso para continuar apoyando esta exitosa iniciativa", comentó Edith Robledo, Directora General Adjunta de Desarrollo Social de AMEXCID. 

 En este caso específico, el SCALL se diseñó para satisfacer la demanda hídrica de una pequeña finca familiar dedicada al ganado lechero. La familia beneficiada enfrentaba diariamente la problemática de no tener una fuente de abastecimiento de agua permanente, que le permitiera disponer de la cantidad del recurso hídrico para satisfacer las necesidades de su ganado.

 Por su parte, Manuel Rojas, productor beneficiario, señaló que la iniciativa le ayudará a mejorar los rendimientos de los animales y la productividad que ha bajado considerablemente, además con el sistema no incurrirá en más gastos para solventar la escasez de agua.

 El reservorio de agua es una alternativa sostenible y económicamente viable que le permite al productor abastecer el abrevadero, utilizar el recurso hídrico para lavar adecuadamente el corral, y regar un área de pasto de corta.

  “Desde una perspectiva práctica, queremos promover una replicación responsable, en la búsqueda de mejorar las condiciones de producción de los productores agropecuarios”, aseguró Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 El Sistema de Captación de Agua de Lluvia que se confeccionó, puede almacenar un aproximado de 500 mil litros que permitirá al productor disponer de agua durante al menos 4 meses en la época seca, sin embargo, la duración va depender de la optimización del uso del agua por parte del agricultor.

 “Debido a la alta radiación presente en la zona, las superficies de agua libre tienden a evaporarse a una tasa sumamente alta, por eso se trabajó en colocar una cobertura, en la estructura, para que cuando llueva el agua pueda permear, pero la evaporación se disminuya y el agua almacenada se mantenga durante varios meses, permitiéndole al productor producir tanto en verano como en invierno”, aseguró Diego Fallas, Asistente de Programas de la Representación de la FAO en el país.

 Mejorar la productividad en zonas secas

 Este Sistema de Captación de Agua de Lluvia es una importante herramienta modelo para la capacitación de personal y productores en el corredor seco costarricense. La iniciativa ha capacitado a más de 200 técnicos, estudiantes y productores agropecuarios en esta nueva opción de producción sostenible con el objetivo de ser replicada.

 Las capacitaciones se realizaron mediante una alianza con el Programa Nacional de Ambientes Protegidos y el apoyo de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG.

 Las sequías prolongadas que se presentan en la región tienen efectos negativos para el adecuado desarrollo humano y agropecuario debido a la escasez del recurso hídrico.

 La iniciativa está vinculada con la “Política para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018”, que señala en el cuarto pilar la importancia de la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático. 

 Por otro lado, esta iniciativa ha impulsado un diálogo entre el Estado, los sectores productivos y ambiente, con el propósito de consensuar un proceso de facilitación para la implementación de la cosecha de agua de lluvia en el territorio costarricense de una manera responsable y sostenible.

 El SCALL, también contó con la colaboración del Centro Mesoamericano de Desarrollo del Trópico Seco (CEMEDE), la Mesa Ganadera y la Municipalidad de Hojancha.

 Red Mesoamericana de Captación de Agua de Lluvia

En el año 2016, más de 30 técnicos y representantes de los ministerios de agricultura de los países de Centroamérica, República Dominicana y México se especializaron en el desarrollo de este tipo de sistemas en el Diplomado Internacional de Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia, impartido por el Colegio de Postgraduados de México (COLPOS) con el apoyo de AMEXCID y la FAO, a través de Mesoamérica sin Hambre.

En el marco de esta iniciativa surgió la Red Mesoamericana de Captación de Agua de Lluvia, con el fin de intercambiar experiencias y promover soluciones innovadoras para hacer frente a la sequía.

Política contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional del país y a la adaptación de la agricultura al cambio climático.

 Esta tarde, el Ministro Rector del Sector Agropecuario, Luis Felipe Arauz Cavallini, presentó la Política Nacional de Semillas 2017-2030 que tiene como objetivo que los productores costarricenses tengan mayor acceso a semillas de alta calidad y variedades mejoradas, para producir de forma más eficiente y puedan adaptarse a las condiciones del mercado y a la variabilidad climática.

 “Esta Política es un instrumento orientador que promueve el desarrollo de nuevas variedades, producción de semillas de alta calidad, mejoramiento genético mediante el uso de herramientas tecnológicas modernas y convencionales. Asimismo, fortalecerá la actividad semillerista nacional, impulsando el mercado sano y equilibrado de semillas que asegure un trato transparente entre los actores, mediante la generación de información oportuna del sector y el cumplimiento legal”, señaló el Ministro Arauz Cavallini.

La construcción de la Política surgió en el 2015 con una iniciativa del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica, la Oficina Nacional de Semillas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

 “A la FAO le complace haber contribuido en este proceso de construcción participativo e inclusivo, y afirmamos nuestro compromiso para continuar apoyando la ejecución de esta valiosa política. La mejora de los cultivos y el suministro de semillas de alta calidad y variedades seleccionadas para los productores, son necesarios para garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos ambientales. Por lo tanto, la seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas de las comunidades agrícolas”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Este esfuerzo también involucró al sector privado, público, la academia, la sociedad civil y actores vinculados al sector semillerista nacional por medio de consultas, para lograr un enfoque integrador que reúna los intereses de todos los actores, alineado a las estrategias del sector agropecuario.

 “El IICA ve con beneplácito y respalda totalmente esta política, fruto del esfuerzo liderado por el Ministro Arauz, a la que el Instituto ha contribuido con acciones como la facilitación metodológica, la coordinación y convocatoria de actores, la mediación y el acompañamiento político, y con lo mejor de nuestros recursos técnicos y económicos. Es un tema trascendental que marca un hito y pone a Costa Rica una vez más en la avanzada de las políticas públicas modernas para promover el desarrollo sustentable y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgado por Naciones Unidas”, expresó Manuel Otero, Director General del IICA.

 Por su parte, Walter Quirós, Director Ejecutivo de la Oficina Nacional de Semillas señaló la importancia de esta Política en función del valor estratégico de las semillas ante los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, así como de la evolución que ha tenido la actividad semillerista nacional y mundial en las últimas décadas. Es necesario definir dónde estamos y hacia dónde queremos ir en materia de semillas. Cabe señalar que este instrumento está alineado a la Política del Sector Agropecuario y de Territorios Rurales, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Mediante la Política el Estado apoyará y regulará la producción y el comercio de semillas de alta calidad, con estándares internacionales para contribuir a incrementar la productividad y competitividad agropecuaria. También, se implementarán estrategias específicas para atender las necesidades de los diferentes estratos de productores.

 La Política define acciones para que los agricultores dispongan de semillas para enfrentar las condiciones cambiantes del clima como sequías e inundaciones. Además, de fomentar la disponibilidad de variedades resistentes a plagas y enfermedades.

 Asimismo, contribuirá a la seguridad alimentaria y nutricional del país, al fomento de trabajo decente y el desarrollo económico, así como a la adaptación y mitigación del cambio climático y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Por otro lado, se garantiza que los productores dispondrán de semillas con variedades evaluadas y con un material genético de alto potencial según los diferentes sistemas productivos que requieran distintas tecnologías y consecuentemente diversos tipos de semillas.

 También, se capacitarán extensionistas, regentes agropecuarios entre otros actores en materia tecnológica y mejoramiento genético para alcanzar las metas propuestas en innovación y desarrollo.

 Técnicos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) aprenden sobre el Enfoque Ecosistémico en el Manejo de la Pesca (EEMP), con el propósito de desarrollar un plan de gestión integral de las pesquerías, con el apoyo del Proyecto de Gestión y Ordenamiento Sostenible de la Captura Incidental de las Pesquerías de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC-II-LAC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 “El enfoque Ecosistémico nos brinda elementos necesarios para poder considerar los criterios técnicos, científicos de carácter biológico, ambiental y de carácter socioeconómico. Las variables que interfieren en el desarrollo de las pesquerías no son pocas, por lo que tenemos que realizar una integración de todas estas, para orientar la actividad hacia un aprovechamiento sostenible de los recursos y hacia un desarrollo local de las comunidades que se dedican a la actividad”, comentó Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA.

 El Enfoque Ecosistémico en el Manejo de la Pesca promueve el desarrollo sostenible en las pesquerías mediante la búsqueda de un equilibrio entre el bienestar ecológico y el bienestar humano a través de la buena gobernanza para cumplir y aplicar la ley.

 “Costa Rica se ha abierto al apoyo externo de la FAO y de otros expertos para mejorar las pesquerías. Por otro lado, el país ha llevado a cabo un proceso de diálogo entre los pescadores, el Gobierno, asociación civil, organizaciones no gubernamentales, académicos universitarios, mediante un buen modelo de cómo se deben realizar los procesos en otros lugares del mundo y este ha sido el principal objetivo y éxito de este proceso”, comentó Carlos Fuentevilla, Coordinador Regional del Proyecto REBYC-II LAC.

 El EEMP permite reconocer los problemas de mayor y menor escala para proporcionar soluciones adecuadas, aumentar el apoyo político, integrar a todas las partes interesadas y mejorar el acceso a recursos financieros para la pesca.

 Por otra parte, Costa Rica adoptó el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, mediante el reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura N°8436, como instrumento de prácticas responsables para asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos vivos.

 El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, se basa en los principios del EEMP, con el objetivo de mantener el bienestar de los recursos pesqueros para las generaciones presentes y futuras, prevenir la sobrepesca, proteger los derechos de los pescadores dedicados a la pesca en pequeña escala y promover la contribución de las pesquerías y la seguridad alimentaria y nutricional.

 Según FAO, la aplicación del EEMP es una estrategia para el manejo integrado de tierras, agua y recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de un modo equitativo.

 Proyecto REBYC-II LAC fomenta el intercambio de buenas prácticas en la región

 La pesca artesanal es importante en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Surinam, Trinidad y Tobago, involucrados en el proyecto.

 “En el caso de Surinam tenemos una pesquería certificada, muy valiosa. De este caso obtuvimos muchas enseñanzas para ver cómo podría aplicarse en otros países también. Además, realizamos una evaluación socioeconómica del impacto de esta certificación en la comunidad pesquera y sobre los ingresos de las comunidades pesqueras”, destacó Daniela Kalikoski, oficial técnica superior del proyecto REBYC II-LAC.

 En la actualidad, el proyecto contribuye a establecer alternativas que orienten hacia la reducción de los descartes en la pesca de arrastre de camarón, por medio de adecuaciones tecnológicas que permitan la disminución del impacto de esta actividad sobre los ecosistemas marinos.

 Octavio Ramírez Mixter, Coordinador Residente de la FAO en el país, señaló la importancia de intercambiar información y experiencias, que contribuyan a poner en práctica opciones de técnicas de pesca responsable y sostenible a la medida de los actores involucrados.

 Los componentes del proyecto promueven la revisión de los marcos legales e institucionales apropiados, las prácticas de pesca responsable, investigaciones sobre el impacto de la captura incidental en la seguridad alimentaria y nutricional y en los medios de vida. Además, propicia una mayor cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países en que se ejecuta REBYC II-LAC.

15 países de la región, con el apoyo de OIEA-FAO, implementarán técnicas nucleares que permitirán mejorar la eficiencia del uso del agua.

La eficiencia del riego suele ser inferior al 40 % en la región, mientras que la media mundial es de 56%.

La reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental descansan en gran parte en los recursos hídricos y en la amplia gama de servicios que estos proporcionan. Desde la alimentación y la seguridad energética, hasta la salud humana y ambiental, el agua contribuye a mejorar el bienestar social y el crecimiento inclusivo.

 Según datos de la FAO, la extracción de agua anual total para América del Sur, Centroamérica y el Caribe es de 245 270 millones de m³, que corresponde al 6.3% de las extracciones mundiales. De la totalidad de esta extracción, el 71%  del agua se utiliza con fines agrícolas, sin embargo, la eficiencia del riego suele ser inferior al 40 % en la región, mientras que la media mundial es de 56%.

 Ante esta situación, 15 países de la región implementarán técnicas nucleares que permitirán mejorar la eficiencia del uso del agua. Esta iniciativa se enmarca dentro del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), de la división conjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene como misión la promoción y uso pacífico y seguro  de la ciencia y la tecnología nuclear en la solución de problemas prioritarios de la región.

 “El proyecto consiste en utilizar técnicas nucleares como el oxígeno-18 (18O) y el hidrógeno-2 (2H) para medir la evaporación del suelo y la transpiración del cultivo, para mejorar la eficiencia a diferentes niveles de campo. Además, el proyecto busca generar datos para mejorar las estimaciones del uso del agua”, señaló Lee Kheng Heng, de la División Conjunta FAO-OIEA.

 Para el desarrollo de este proyecto es indispensable reunir conocimientos de diferentes países, siguiendo una estrategia común y tomando en cuenta las características específicas de cada uno, en términos de cultivos, recursos y necesidades. Los resultados obtenidos en las investigaciones llevarán a una mejor compresión de los procesos involucrados en el uso del agua de los cultivos de cada uno de los países miembros.

 Cristina Chinchilla del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), y funcionaria designada nacional para la coordinación del proyecto, propuso crear una red que siga más allá de la vigencia del proyecto y así favorecer la comunicación de todas las personas colaboradoras de manera permanente, para trabajar conjuntamente las problemáticas compartidas.

 En este proyecto la innovación, la tecnología y la investigación juegan un rol fundamental, con el propósito de generar acciones que permitan reducir la huella hídrica del sector, produciendo alimentos de una manera más eficiente y sostenible.

 “Hago un llamado a que la información que surja de esta acción conjunta sea puesta a disposición y transferida con el lenguaje requerido, para su apropiación por parte de las instituciones públicas, técnicos y productores relacionados al sector agropecuario, con el fin de que los resultados tengan un impacto positivo en nuestro entorno”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

Es fundamental hacer un gran esfuerzo regional en políticas de protección social para acabar con la pobreza rural y hacer frente al repunte del hambre en América Latina, afirmó hoy el Director General de la FAO.  

“La región no puede quitar el apoyo que ha dado en los últimos años a los más vulnerables”, afirmó Graziano da Silva al intervenir en un evento sobre Hambre Cero celebrado en el marco de la Conferencia Regional de la FAO para  América Latina y el Caribe (5-8 de marzo, Montego Bay).

Los países, dijo, deben mantener el conjunto de políticas, planes y programas de protección social que permitieron una reducción significativa del hambre y la desnutrición crónica en la región en las últimas décadas.  

El último informe de la ONU sobre el hambre en la región desvela que, tras años de descensos continuos, el hambre en América Latina y el Caribe aumentó entre el 2015 y el 2016 en 2,5 millones de personas, pasando de 40 a 42,5 millones.

“El incremento ha sido especialmente significativo en Sudamérica, en gran parte debido a la desaceleración económica, crecientes tasas de desempleo y el deterioro de las redes de protección social en algunas economías importantes de la subregión”, afirmó Graziano da Silva.

En Centroamérica y el Caribe, en cambio, los niveles de subalimentación continuaron disminuyendo, y ambas subregiones mantuvieron la tendencia positiva en la erradicación del hambre.

Un gran porcentaje de la población de la región aún no tiene acceso a protección social, especialmente en el sector rural. Eso impide que los más vulnerables puedan romper las barreras de acceso a una alimentación saludable y a medios de vida dignos.

“Con toda la experiencia acumulada por los países, la FAO está convencida de que la región es capaz de mejorar la efectividad de sus políticas para llegar a los territorios y comunidades donde se concentra la inseguridad alimentaria”, afirmó el Director General.

Avanzar en dos frentes simultáneamente: hambre y sobrepeso y obesidad

El Director General instó a los 33 países reunidos en Montego Bay a luchar de forma simultánea contra la otra cara de la moneda: la epidemia global de sobrepeso y obesidad, especialmente alarmante en América Latina y el Caribe, donde la obesidad afecta al 20 por ciento de los adultos en 24 países.

“Tenemos que garantizar a todos el derecho no solo a la alimentación sino a una alimentación saludable y adecuada”, afirmó.

La promoción de la agricultura es clave para lograrlo, añadió resaltando que los agricultores familiares siguen enfrentándose a grandes limitaciones en su acceso a mercados, recursos naturales, financiación, seguros y servicios de extensión rural.

Graziano da Silva citó la compra de alimentos de la agricultura familiar o las transferencias de renta como un buen ejemplo de política social aplicada con éxito en varios países.

También es necesario, afirmó, poner en marcha políticas orientadas a la transformación de los sistemas alimentarios de la región para que sean más justos, inclusivos y saludables.

 La sociedad civil y los actores gubernamentales y no gubernamentales son socios fundamentales para alcanzar la meta del hambre y malnutrición cero, además de ser claves para promover una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.

 Por ello, la FAO invito a más de 55 representantes de este sector, de movimientos sociales y actores no gubernamentales y representantes del gobierno a nivel local y nacional, para debatir los grandes retos de la seguridad alimentaria y la agricultura en la región, previo a la Conferencia Regional de la FAO, que se llevará a cabo en Jamaica, entre el 5 y el 8 de marzo.

 Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en el país, enfatizó que los aportes de la sociedad civil son sumamente valiosos, considerando que la problemática del hambre y la malnutrición es muy compleja y requiere la participación de todos los actores que pueden ser parte de la solución, por su conocimiento y experiencia.

 La consulta nacional debatió los temas principales de la Conferencia, erradicar el hambre y la pobreza, mejorar la alimentación de la mano de la agricultura familiar y promover sistemas alimentarios sostenibles, entre otros. Las conclusiones de esta consulta nacional serán insumos esenciales para la Conferencia.

 La Conferencia Regional es una instancia conformada por autoridades de los países miembros de la Organización. Su principal función es definir las prioridades del trabajo de la FAO para los siguientes dos años.

 “Nosotros queremos que se escuche nuestra voz y que en el país existan más políticas que defiendan e impulsen la agricultura familiar. También, deseamos mayores oportunidades para las mujeres y jóvenes rurales para que no emigren del campo a la ciudad y puedan desarrollar todo su potencial”, aseguró Yamileth Solís, agricultora e integrante de la Red Costarricense de Agricultura Familiar.

 País fortalece y promueve la agricultura familiar

Costa Rica contribuyó a la creación de la Red Costarricense de Agricultura Familiar (REDCAF), producto del Año Internacional de Agricultura Familiar 2014. La Red funciona como espacio de diálogo nacional, incidencia, articulación, coordinación y seguimiento para la implementación de políticas diferenciadas para la agricultura familiar.

Esta Red está conformada por organizaciones sociales y productivas, instituciones estatales, academia y Organismos de Cooperación Internacional. 

“En el tema de agricultura familiar hemos conseguido logros muy importantes como la Declaración del Decenio de la Agricultura Familiar a nivel de Naciones Unidas, que compromete a todos los países a tener planes de acciones específicos, para poder tener políticas públicas diferenciadas para beneficiar a nuestros agricultores familiares”, comentó Ivannia Quesada, Viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Entre los principales resultados que se destacan por parte del Gobierno de Costa Rica en coordinación con la REDCAF, se encuentra la definición de un concepto de agricultura familiar para el país, los criterios límites para el registro de agricultura familiar y la promoción e implementación de políticas estatales diferenciadas tales como: sistemas financieros, asociatividad, comercialización, innovación tecnológica y juventud rural. 

Aliados para erradicar el hambre

La FAO tiene una larga historia de trabajo conjunto con organizaciones civiles.

Tanto organizaciones campesinas, ambientalistas y de agricultores familiares, como organizaciones indígenas, de pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes y de jóvenes rurales, entre otros.

La FAO reconoce que estas organizaciones son aliados indispensables para avanzar en la lucha contra el hambre y la malnutrición y destaca su experiencia técnica, conocimientos ancestrales y su relación con la tierra y los recursos naturales.

 Costa Rica promueve una agricultura climáticamente inteligente que por medio de la gestión de conocimientos e innovación contribuya al aumento de la productividad sostenible, la adaptación y mitigación del cambio climático.

 Según Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, el país ha tomado medidas al respecto, debido a un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos, puesto que la variabilidad climática está afectando la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional, reduciendo la producción y los ingresos de agricultores familiares que viven en condiciones vulnerables.

Hasta la fecha el Gobierno de Costa Rica ha invertido en recursos para que el agricultor familiar pueda enfrentar estos nuevos fenómenos mediante ambientes protegidos para cultivos y animales, la mejora genética en ganadería y en cultivos, alertas tempranas, entre otras herramientas, que fortalecen la mitigación y la adaptabilidad al cambio climático.

“Hemos promovido una agricultura climáticamente inteligente y hemos invertido los recursos de atención de las emergencias en herramientas para que el productor que enfrentó el desastre y tuvo pérdidas, recupere pronto su producción y a la vez quede en mejores condiciones para enfrentar la variabilidad climática”, comentó Felipe Arauz, Ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país también ha continuado en el proceso de reducción de las emisiones, en su camino hacia la meta de carbono neutralidad.

 Actualmente, la agenda agro ambiental incluye Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA por sus siglas en inglés) de Café, así como el NAMA de Ganadería que representa uno de los mecanismos propuestos para ejecutar la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono.

 Asimismo, Costa Rica ha impulsado en la región mesoamericana una ruta de desarrollo hacia una ganadería sostenible, eco-competitiva, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la adaptación al cambio climático.

 Según Ramírez, el país ha dado pasos firmes en el desarrollo de prácticas sostenibles para adaptar los sistemas productivos a las nuevas condiciones climáticas, conservando y usando eficientemente los suelos, el agua, los recursos marinos, los bosques y la biodiversidad.

 Crear una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático es uno de los temas centrales de la próxima Conferencia Regional de la FAO, que se realizará entre el 5 y el 8 de marzo, en Jamaica.

 “El país está haciendo esfuerzos para incorporar la variable climática al quehacer diario de extensionistas u productores, con miras a utilizar de manera apropiada la información que mejore las capacidades para la adaptación y de esta forma fomentar una agricultura resiliente”, aseguró Ramírez.

 A favor del fortalecimiento y promoción de la Agricultura Familiar

 En el 2016, Costa Rica lideró la iniciativa de declaratoria del Decenio de la Agricultura Familiar, que fue presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas, rescatando el valioso aporte de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre y la pobreza.

 El MAG junto a la Red Costarricense de Agricultura Familiar y el Programa Mesoamérica sin Hambre, una iniciativa de cooperación entre la FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), trabajan en la conceptualización, caracterización y registro de la agricultura familiar, con el propósito de elaborar e implementar políticas públicas diferenciadas y marcos institucionales para mejorar las condiciones y medios de vida de los agricultores familiares.

 En Centroamérica más del 60 % del total de los alimentos de la canasta básica de los países de la región son producidos por más de 3 millones de familias que dependen de la agricultura familiar.

 Según Ramirez, la Conferencia Regional procura el consenso de las autoridades para apoyar decididamente a los agricultores familiares, mediante políticas públicas que contribuyan a desarrollar todo su potencial, desde la producción a la transformación, comercialización y consumo.

 Conferencia Regional de la FAO

La Conferencia es el máximo órgano de gobierno de la FAO a nivel regional. 

 Reúne a los 33 países miembros de la FAO, quienes revisan el trabajo hecho por la organización y fijan sus prioridades para los próximos dos años.

 Este año, tendrá tres temas centrales: erradicar el hambre, el sobrepeso y la obesidad, acabarcon la pobreza rural; e impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.

 En América Latina y el Caribe, el hambre está creciendo y la obesidad se ha vuelto una epidemia, el cambio climático amenaza la agricultura y millones de habitantes rurales viven en pobreza extrema. Estos son los grandes desafíos que guiarán las discusiones de la próxima Conferencia Regional de la FAO.

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció hoy que realizará su 35^ava Conferencia Regional en Montego Bay, Jamaica, del 5 al 8 de marzo de 2018.

 “La Conferencia de este año no podría ocurrir en un momento más importante. Por primera vez en dos décadas el hambre creció en la región, mientras que la obesidad y sus enfermedades asociadas se han convertido en la primera causa de muerte en múltiples países. El momento de actuar es ahora”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

 La Conferencia es el máximo órgano de gobierno de la FAO a nivel regional. Reúne a los 33 países miembros de la FAO, quienes revisan el trabajo hecho por la organización y fijan sus prioridades para los próximos dos años.

 La Conferencia tendrá tres temas centrales: erradicar el hambre, el sobrepeso y la obesidad; acabar con la pobreza rural; e impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático.

 Detener al alza del hambre y la obesidad

 Más de cuarenta y dos millones de personas se van a dormir con hambre cada noche, dijo Berdegué, quien lamentó el retroceso que ha ocurrido en la lucha contra el hambre a nivel regional.

 “Hasta hace poco, el mundo miraba a la región para replicar nuestras políticas de lucha contra el hambre. Pero en los últimos años hemos visto un aumento del hambre. Lo que queremos debatir con los países es como volvemos a poner el pie en el acelerador”, explicó.

 La otra cara de la malnutrición - la obesidad - es un problema que ya afecta a 96 millones obesidad.

 Berdegué explicó que, según una estimación hecha por la Oficina Regional de la FAO, en 26 países de la región las enfermedades asociadas a la obesidad son responsables por 300 mil muertes cada año, comparado con 166 mil personas muertas por asesinatos.

 Acabar con la pobreza rural

 Además del alza del hambre, en los últimos años el ritmo de reducción de la pobreza rural ha caído en la región, e incluso se han visto aumentos en algunos países. Más del 40 por ciento de los habitantes rurales son pobres y más del 20 por ciento no puede siquiera comprar una canasta alimentaria básica. 

 “Debemos poner atención en los territorios donde la pobreza rural es más dura, y para desarrollar nuevas herramientas y políticas innovadoras de desarrollo rural para dar una respuesta urgente”, explicó Berdegué.

 La migración es otro tema que estará al centro de las discusiones de la Conferencia: “Que la gente no tenga que migrar por pobreza, inseguridad o catástrofes climáticas; que los que migran sean acogidos en comunidades inclusivas e igualitarias; y que quienes regresen a sus países de origen puedan desarrollar todo su potencial. Esa es nuestra meta”, dijo Berdegué.

 Impulsar una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

 Según Berdegué, América Latina y el Caribe es el principal contribuyente neto de alimentos del mundo, lo que la convierte en un jugador de importancia planetaria.

 Pero la expansión agrícola de la región ha tenido también grandes costos: contaminación de aguas, degradación de la tierra, deforestación, monocultivos y emisiones de gases de efecto invernadero.

 Según la FAO, la región debe expandir su producción de alimentos mediante prácticas sostenibles, adaptando sus sistemas productivos a las nuevas condiciones climáticas.

 “Lo que ocurra con la agricultura de esta región afectará a todo el mundo”, concluyó Berdegué. 

El banano es la fruta más popular del planeta.

Luego de ser domesticada siete mil años atrás en el Sudeste Asiático, su variedad más popular – la variante Cavendish – ha conquistado el mundo entero y es particularmente importante en la seguridad alimentaria de los países tropicales y subtropicales.

El hambre por el banano lo ha convertido en uno de los cultivos más importantes del mundo, sólo superado por el maíz, el arroz y el trigo.

 Pero tanto banano también tiene un costo.

La huella de carbono y de agua de la industria es considerable, y su impacto en los ecosistemas donde crecen sus icónicas plantas debe ser manejado para garantizar la sostenibilidad del sector.

Esto es particularmente importante para América Latina y el Caribe, ya que la región responde por el 76 por ciento de la exportación de bananas.

Se trata de un cultivo clave para múltiples países de la región y de una fuente esencial de ingresos para miles de hogares rurales.

Por ello, el Foro Mundial Bananero (FMB) de la FAO ha elaborado una guía práctica para medir y reducir la huella de carbono y agua en la producción bananera.

La Guía Metodológica para la Huella de Carbono y la Huella de Agua en la Producción Bananera es una herramienta que permite a los productores estandarizar la gestión de sus inventarios, crear sistemas de información rastreables e implementar buenas prácticas para aminorar tanto las emisiones de GEI como su consumo de agua.

Fue creada con el apoyo del Programa Acción Clima II de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), CORBANA, la firma Gestarse, y varios aliados del Foro. La guía incluye múltiples experiencias de Costa Rica, país líder en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria bananera, motivo por el cual fue seleccionado como país para desarrollar la experiencia piloto. Se espera que esta metodología puede ser implementada en la industria costarricense y replicada a otros países y sectores agrícolas.

La guía también es una herramienta para que los productores puedan cumplir las normas de los mercados internacionales acceder a nuevas oportunidades de negocio, especialmente para los pequeños productores y agricultores familiares.

 Costa Rica: bananos con emisiones cero

Según la FAO, reducir la huella de carbono y agua de la producción bananera ayudará a los a cumplir con el Acuerdo de París de cambio climático y avanzar hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En Costa Rica,la nueva guía metodológica está siendo usada para realizar Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) específicas para el sector bananero. 

Las NAMA permitirán facilitar la búsqueda y gestión de recursos para desarrollar proyectos piloto que fomenten una producción baja en carbono, acción que ha sido declarada de interés nacional por el MAG.

Costa Rica es uno de los principales productores de banano en el mundo, con una productividad promedio de 51,6 toneladas métricas por hectárea.

Debido a su política nacional y compromiso con alcanzar la meta de carbono neutralidad en 2021, Costa Rica fue elegida por la FAO para desarrollar un proyecto piloto, considerando que el país es pionero en contar con las primeras plantaciones de banano certificadas como carbono neutral.

 Los programas de alimentación preescolar y escolar son una herramienta de intervención estratégica de protección social

 En Costa Rica se promueve la educación alimentaria y nutricional en 58 escuelas y 10 Centros de Atención de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), beneficiando a 10. 800 estudiantes en la Zona Central y la Región Brunca, mediante el Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar impulsado por la Cooperación Internacional entre el Gobierno de Costa Rica, el Gobierno de Brasil y la FAO.

 “La principal oportunidad para Costa Rica con esta cooperación brasileña, consistió en poder trabajar una estrategia de educación alimentaria nutricional con los niños de los centros educativos y CEN-CINAI, y fomentar las compras de alimentos para la alimentación escolar de los agricultores familiares vecinos a estos centros educativos como una oportunidad para dinamizar las economías locales en nuestro país”, señaló Karla Pérez, Coordinadora del Proyecto de la FAO en Costa Rica.

 El proyecto fomenta la reducción de la pobreza, mediante la articulación interinstitucional e intersectorial, impulsa la participación social, la educación alimentaria y nutricional a través de huertas escolares pedagógicas.  También, incluye el aspecto del mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de 58 comedores escolares para garantizar mejores condiciones en la alimentación infantil.

 Según Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en el país, gracias al proyecto se fomenta el establecimiento de compras directas a la agricultura familiar para la alimentación preescolar y escolar, mediante asistencia técnica y capacitación de los agricultores que les permita mejorar la comercialización de sus productos.

 Desde el 2013 el proyecto ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el CEN-CINAI.

 “El éxito del proyecto se debe a la implementación de un ejercicio práctico denominado Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles, que demostró que se podían desarrollar una serie de acciones que inciden directamente en la mejora y el fortalecimiento de los programas de alimentación infantil, sin que esto implique una inversión adicional de los recursos públicos. Esto favorece la toma de decisiones asertivas y fortalece la articulación interinstitucional en torno a este tema tan relevante”, comentó Pérez.

 Además, se ha capacitado a 638 docentes y 2700 madres y padres de familia sobre la importancia de promover estilos de vida saludables en las escuelas y en los hogares.

 El año pasado, mediante una alianza entre el MEP y la Universidad de Costa Rica, se trabajó en la actualización de los menús escolares de acuerdo a la cultura alimentaria local y a los gustos del estudiantado, incorporando propuestas innovadoras para garantizar una alimentación adecuada y apetecible para la población estudiantil.

 Empoderamiento de organizaciones sociales y de la agricultura familiar

 El proyecto logró fortalecer 126 organizaciones sociales que trabajan directamente en los centros educativos y CEN-CINAI y 8 organizaciones de la agricultura familiar local, a través de talleres y mejoras de los sistemas productivos y comerciales de 240 productores nacionales.

 “Mi expectativa de venderle al centro agrícola es la producción verde e integrar a las personas a un nuevo mundo, donde podamos producir comida limpia para las nuevas generaciones e integrar a los agricultores y volver a la tierra, volver a nuestras raíces de la mano del ambiente”, dijo Anthony Navarro, agricultor familiar de Frailes.

 Huertas estudiantiles como herramientas de aprendizaje

 Las huertas permiten que el estudiantado adquiera conocimientos y habilidades prácticas de la producción de alimentos y se motiven a consumir vegetales y frutas frescas.

 “Las huertas escolares en las escuelas costarricenses, son espacios que van más allá de la agricultura en sí, ya que pretendemos unificar la parte del conocimiento teórico con la parte práctica, incentivando al estudiantado a trabajar en un espacio donde están relajados, en libertad, compartiendo, aprendiendo y siendo felices”, afirmó Tania Ureña, educadora de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, Frailes.

 Por otra parte, el proyecto implementó capacitaciones en línea para los docentes del Ministerio de Educación Pública, con el objetivo de promover el uso de la huerta como una herramienta pedagógica en todo el territorio nacional.

 Braiton Aguilar, estudiante de la Escuela Cecilio Piedra Gutiérrez, aseguró que en las huertas de la escuela y en la casa aprenden a sembrar plantas comestibles que les permite acostumbrarse a comer más vegetales y frutas.

 Los programas de alimentación preescolar y escolar son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del derecho humano a la alimentación adecuada, que está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr la seguridad alimentaria, acabar con la malnutrición y mejorar el déficit alimentario de la población.

 “Yo antes sí comía mucha cochinada, así como paquetillos, pero ahora que estoy en la huerta me he acostumbrado a comer más vegetales y frutas”, comentó Aguilar.

 En la actualidad, se pretende que el proyecto sea un ejemplo que se pueda replicar en todo el país, puesto que constituye uno de los elementos de mayor incidencia política, gracias a los resultados alcanzados y al potencial de expansión que representa para contribuir con el fortalecimiento y la sostenibilidad de estos programas sociales tan importantes en el desarrollo integral de Costa Rica.

Costa Rica y los países centroamericanos promueven la inclusión de la pesca en pequeña escala dentro de las competencias principales de la Comisión

 La Comisión de Pesca Continental y Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC) fue establecida en 1976 para promover el uso racional de los recursos pesqueros continentales, asesorar a los gobiernos en medidas de ordenación pesquera y apoyar el desarrollo de la acuicultura y trabaja en todas las aguas continentales de América Latina, Jamaica y Suriname. 

Gustavo Meneses Castro, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), enfatizó la importancia que tiene el sector acuícola como fuente para el desarrollo económico y sobre todo para asegurar la alimentación de las poblaciones con recursos limitados, como son las poblaciones rurales y las indígenas.

 En esta actividad, Costa Rica junto con los países centroamericanos impulsan y lideran la inclusión de la pesca en pequeña escala dentro de las competencias principales de la Comisión.

Durante la XV reunión de la Comisión se realizará un taller para el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento, control y vigilancia para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal, además, se analizarán los avances y desafíos de la pesca continental y la acuicultura en la región y se diseñará el plan de acción para el próximo bienio. 

“Esperaríamos como fruto de esta reunión, el apoyo técnico por parte de la FAO para que durante este 2018 quede establecida la Política Nacional para el Desarrollo de la Actividad Acuícola en Costa Rica, considerando que es una de las metas con contenido presupuestario establecido en el Plan Operativo Institucional del INCOPESCA”, señaló Meneses.

 Por otro lado, la Comisión tiene en agenda la reformulación y fortalecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas de frente a los nuevos desafíos del sector. 

Asimismo, la Comisión identificará las recomendaciones a realizar en el marco de la próxima Conferencia Regional de la FAO en América Latina y el Caribe a realizarse en marzo del presente año. 

El gran valor de la pesca continental y la acuicultura en América Latina y el Caribe

La pesca continental es un importante aporte a la economía de muchos países en la región en términos de generación de empleo, ingresos y suministro de alimentos. Este aporte es especialmente importante para la seguridad alimentaria y para los medios de subsistencia de las grandes poblaciones ribereñas rurales que viven alrededor de ríos y lagos.

La pesca continental en América Latina ha aumentado durante los últimos 50 años, sin embargo ha crecido a una tasa lenta, especialmente en comparación con África o Asia. En términos globales, América Latina sólo aporta el 5,12 % a la captura mundial. (2009, COPESCAALC)

El objetivo de la COPESCAALC es promover la ordenación y el desarrollo sostenible de la actividad pesquera continental y de la acuicultura, de acuerdo con los principios y normas del Código de Conducta para la Pesca Responsable.

La Comisión está abierta a todos los países miembros y asociados atendidos por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Comité directivo de REBYC conoció los mayores avances alcanzados en América Latina y el Caribe y aprobó el plan de trabajo propuesto para el 2018.

 Científicos, expertos en pesca y pescadores provenientes de los países ejecutores del proyecto sobre la Gestión sostenible de la captura incidental de la pesca de arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC, por sus siglas en inglés), se capacitan en el manejo responsable de pesquerías de arrastre de camarón, basados en el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), con lo cual podrán crear  planes de desarrollo para este arte que les permita ejecutarlos de manera sostenible y con criterio técnico, según los ecosistemas de los distintos países de los que provienen.

 Durante el taller realizado en Costa Rica que fue propiciado por la FAO en coordinación con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), ejecutor de REBYC en el país, los representantes de México, Costa Rica, Suriname, Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil, coincidieron en que poseen un reto común, reducir el impacto de la pesca de arrastre y transformarla en una actividad responsable, sostenible y con capital humano altamente cualificado en conductas ecosistémicas. Por tanto, a través de esta capacitación, los participantes serán capaces de tomar decisiones y generar propuestas sobre el desarrollo en pesquerías, la planeación inter/intra sectorial, sanidad alimentaria de los productos y sostenibilidad laboral, entre otros.

 “El Enfoque Ecosistémico de la Pesca nos permite integrar el aspecto técnico de sostenibilidad en el que se basa REBYC, con el aspecto socioeconómico y de gobernanza para fortalecer no solo a la pesquería como tal, sino también el conocimiento humano y de las comunidades sobre lo que pueden y deben hacer de manera correcta para fortalecer sus ingresos de forma sostenible”, afirmó Carlos Fuentevilla, Coordinador Regional del Proyecto REBYC II-LAC.

 La sinergia y retroalimentación que se ha generado a lo largo del proceso de capacitación, permite a los participantes encontrar ideas conjuntas para resolver los retos que tienen en cada uno de sus países y generar un proceso de apoyo y sostenibilidad holístico en las pesquerías, que funcione como ejemplo para el resto del mundo.

 Los países que participan en el  REBYC han dado pasos gigantescos en el marco de la ejecución del proyecto, afirmó Daniela Kalikoski, Oficial de Pesca de la FAO y responsable técnica superior de REBYC, ya que han logrado hacer un llamamiento al sector de pesca de arrastre para generar conciencia de la necesitad de utilizar tecnologías que permitan reducir la captura incidental y los descartes para asegurar la continuidad de las especies que componen la Fauna de Acompañamiento del Camarón (FACA) y, por supuesto, alcanzar el aprovechamiento sostenible del recurso.

 “La ejecución del proyecto REBYC no es nada sencilla, eso es claro para nosotros, sin embargo, cuando los países ejecutores lograron captar la atención de los sectores y las pesquerías, eso permitió que el camino sea un poco más horizontal. REBYC está avanzando y está generando un cambio, primero en la mentalidad que es por donde debemos iniciar y luego en las prácticas que son la piedra angular del éxito del proyecto”, afirmó Kalikoski.

 A esta capacitación también asistieron pescadores y dueños de embarcaciones artesanales y semiindustriales para la pesca de camarón, quienes recibieron lecciones sobre cómo generar un plan de gestión ecosistémica y cooperación entre las pesquerías y las autoridades para generar convergencia de acciones.

 “Este taller nos enseña cómo podemos y debemos actuar junto con las autoridades y expertos para crear planes de manejo y sostenibilidad en la pesca, para así reducir los impactos de esta actividad y asegurarnos de tener productos siempre. Asimismo para darle a los pescadores y a toda la cadena productiva los derechos que se merecen por sus labores”, afirmó Rolando Ramírez, pescador artesanal costarricense.

 Casos de éxito

 REBYC ya ha logrado documentar casos de éxito en los que ha sido partícipe, un ejemploe es Suriname, gran productor y exportador del camarón popularmente llamado Siete Barbas (Xiphopenaeus kroyeri). El país se encontraba en la necesidad de conservar el mercado europeo que exigía certificaciones de sostenibilidad, por lo que el sector de pesca de arrastre de la especie mencionada, se organizó y comenzó la búsqueda de la certificación internacional de su pesquería a través del sistema Marine Stewarship Council (MSC).

 El MSC, es un programa de certificaciones que ofrece a las pesquerías herramientas de sostenibilidad que les permitan ser competitivos en mercados internacionales, a la vez que les da insumos para ordenar y mejorar sus prácticas de captura de las especies objetivo.

 Gracias, a las recomendaciones dadas por el programa y al cumplimiento por parte del sector pesquero de Suriname, la pesquería del camarón Siete Barbas logró conservar el mercado europeo. Aunado a esto, REBYC ha sido partícipe de este proceso mediante el asesoramiento y la facilitación de las tecnologías necesarias para el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos por el MSC y continúa dando soporte a los pescadores en la educación sobre las conductas ecosistémicas.

 En Centroamérica, Costa Rica también ha tenido avances importantes, como es el caso del Mapa de Zonificación espacial marina para el aprovechamiento sostenible de camarón, un documento cartográfico que permitió delimitar los espacios marinos en los que las flotas pesqueras pueden hacer su faena y en aquellos en los que está prohibido ingresar, debido a que son áreas de conservación o investigación. Además, este trabajo permitió generar un equilibrio entre la pesca semiindustrial de arrastre y la pesca artesanal, ya que ha establecido los espacios de labor de cada una, este documento fue generado gracias a un proceso de diálogo activo en Costa Rica en el que participan distintos órganos estatales, sociedad civil y miembros de diversos sectores de la pesca. 

Según la FAO,  las tasas de hambre, malnutrición y emigración de las zonas de montaña están en aumento.

 Hoy el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) y la Representación de la FAO en  Costa Rica, se unieron para conmemorar la fecha y resaltar el valor y las amenazas que enfrentan  las áreas de montaña del territorio nacional.

“Las montañas contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional al abastecer a la población de alimentos, además de ofrecer importantes bienes y servicios ecosistémicos para la población”, declaró Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en el país.

 Las montañas proporcionan tierra para los cultivos, pastos para la ganadería, agua para la pesca y productos forestales no maderables. Asimismo, promueven la agrobiodiversidad de cultivos y ganado en las montañas, que contribuye a la adaptación del cambio climático.

 “A nivel mundial, se impulsa fortalecer acciones concretas y políticas para mejorar la resiliencia de los pueblos y los entornos de las montañas. Nosotros tenemos un país montañoso, con tres cadenas que atraviesan todo el país de norte a sur, por lo que es esencial valorar el aporte que nos dan las montañas”, comentó Patricia Madrigal, Ministra en funciones de Ambiente.

 En la actualidad, el cambio climático, la variabilidad climática,  la degradación de la tierra y las catástrofes naturales amenazan el bienestar de las comunidades de montaña y la capacidad de los entornos montañosos para proporcionar bienes y servicios esenciales del ecosistema, con devastadoras consecuencias.

Según la FAO,  las tasas de hambre, malnutrición y emigración de las zonas de montaña están en aumento. Con el propósito de generar conciencia respecto a esta problemática,  este  año se estableció como lema del Día Internacional: “Montañas bajo presión: clima, hambre, migración”. En los países en desarrollo uno de cada tres habitantes de las montañas es vulnerable a la inseguridad alimentaria.

 “Las montañas no sólo aportan el sustento y el bienestar a cerca de 915 millones de personas que viven en las montañas en todo el mundo, adicionalmente se benefician indirectamente miles de millones de personas que viven en las tierras bajas. Las montañas son la fuente de recursos que cada vez serán más escasos en las décadas futuras”, afirmó Ramírez.

Por su parte, Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos en la protección, conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de montañas, que constituyen un 80% de la superficie nacional, así como los servicios ecosistémicos para el beneficio mutuo de las comunidades de  montaña.

“Nuestros ecosistemas de montañas son fábricas de agua que intervienen en la determinación del clima, por lo que es imprescindible protegerlas”, comentó Roberto Villalobos, Subdirector del IMN.

Los ecosistemas de montañas están integrados por comunidades, grupos sociales, que dependen de los diversos productos y servicios que suministran, requeridos para el desarrollo social y económico, así como los medios de vida y subsistencia de las poblaciones.

 Las poblaciones indígenas y locales que viven en las montañas tienen un conocimiento único y valioso. Muchas de sus tradiciones y prácticas culturales pueden contribuir a las estrategias eficaces de gestión de la tierra, adaptación al cambio climático y reducir consiederablemente su vulnerabilidad frente a las amenazas del clima y el hambre.

 La agricultura de montaña es agricultura familiar.

Debido a su pequeña escala, a la diversificación de cultivos, a la integración de actividades forestales y ganaderas y su reducida huella de carbono, la agricultura de montaña ha evolucionado a lo largo de los siglos en un entorno difícil, contribuyendo al desarrollo sostenible.

El cultivo en zonas de montaña, con  sus parcelas dispersas de tierra aprovechable a diversas altitudes con diferentes climas, paisajes y escaso margen para la mecanización, son gestionadas por las explotaciones familiares de la forma más eficiente y eficaz.

Los agricultores familiares que viven en las montañas trabajan a nivel familiar o comunitario para un mercado local o su propia subistencia, desempeñando un rol clave para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares. Por otra parte, la comercialización de productos de alto valor de montaña pueden impulsar las economías locales de las comunidades.

 Una nueva publicación apoyada por la FAO analiza la influencia de las políticas públicas en la promoción de la agroecología en Costa Rica y en 7 países de América Latina y el Caribe.

La publicación de la Red Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina - creada con el apoyo de la FAO – destaca la agroecología como un modelo de producción que mira más allá de la mera productividad.

“La agroecología puede contribuir a promover sistemas alimentarios más justos y sostenibles al aplicar conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de agro-ecosistemas, para optimizar las interacciones entre los seres humanos y el medioambiente,” explicó Luis Carlos Beduschi, Oficial de Políticas de la FAO.

Según la FAO, la agroecología puede apoyar a la seguridad alimentaria y nutricional, al mismo tiempo que fomenta la resiliencia y la adaptación al cambio climático.

Con esto, contribuye directamente al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante una visión nueva y más compleja de lo que es la sostenibilidad económica, social y ambiental.

“El florecimiento de la agroecología en América Latina y el Caribe ha sido producto encuentro de tres flujos: busca consolidarse como una disciplina científica, es un conjunto de prácticas agrícolas y a la vez un movimiento social”, explicó Beduschi.

La publicación presenta un análisis del concepto de la agroecología, entrega un marco analítico sobre la misma y detalla la experiencia de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, además de una mirada regional.

Caso de Costa Rica

En Costa Rica existe una agenda agroambiental que incluye una amplia gama de instrumentos públicos/privados, regulatorios y normativos y otros basados en incentivos económicos que han fortalecido la agroecología, además de movimientos sociales que han permitido la práctica de un tipo de agricultura más sostenible y comercialmente viable.

En el país se destaca que se han instrumentado iniciativas innovadoras, tales como el Pago de Servicios Ambientales (PSA), que ha incidido en la producción e incluso en la cultura de los productores, en términos de su relación con el ecosistema del que reciben la base que hace posible la producción agrícola y pecuaria.

La agenda agroambiental fomentada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el lema: "Conservar Produciendo y Producir Conservando", se desarrolló a partir del año 2003. Dicha agenda promovió iniciativas de colaboración técnica que dieron lugar a la introducción de prácticas conservacionistas en las unidades productivas, que a la vez que lograron mejorar la comprensión de la problemática productiva en medio de la necesidad de preservar los ecosistemas. 

No obstante, aún existe un potencial no aprovechado y falta una mayor visualización y posicionamiento la agroecología como una fuente de alimentos sanos, ambientalmente limpios, tanto ante la sociedad en su conjunto como en el mismo sector agropecuario, el cual sigue dominado por actores que defienden una agricultura convencional enfocada en monocultivos y con un alto uso de agroquímicos.

Argentina: un enfoque incipiente

En Argentina, el estudio destaca programas con componentes agroecológicos como Pro Huerta, la producción orgánica certificada para la exportación y labores de investigación y extensión en agroecología promovidas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Sin embargo, precisa que estas políticas conviven con otras de promoción de la producción convencional, sin que la agroecología se plantee como una estrategia para la reconversión productiva del sistema en su conjunto, el cual está fundamentalmente orientado a la exportación.

Brasil: la importancia de la participación ciudadana

En el capítulo de Brasil se destaca el rol clave que han jugado los movimientos sociales, la sociedad civil y las organizaciones de la agricultura familiar en la inclusión del enfoque agroecológico en las políticas públicas.

Si bien hay iniciativas destacadas y políticas públicas a nivel territorial, existen todavía muchos obstáculos a la implantación de una política de promoción de la agroecología capaz de reorientar de forma más profunda las políticas de desarrollo rural, para ir más allá de las “políticas de nicho”.

Chile: revalorización de los valores campesinos e indígenas

Según la publicación, en Chile, la agroecología se ha entendido muy asociada a la agricultura orgánica. En la última década han surgido instrumentos que contribuyen de manera más directa a lo que sería una transición a la agroecología, aunque se asocian más a la revalorización de los valores campesinos e indígenas, lo que no siempre va asociado a una mirada de sustento de la biodiversidad.

 El sector ganadero de los países de Mesoamérica reafirma su compromiso para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover la adopción de una Estrategia Regional para el Desarrollo de la Ganadería Sostenible.

 Para su implementación, los países participantes, con el apoyo de la FAO, proponen conformar la Red de Acción para la Construcción de Políticas Públicas para la Ganadería Sostenible y el primer Observatorio de Políticas Públicas de Ganadería en la región.

 “El desarrollo de la ganadería sostenible puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proporcionando múltiples beneficios para la nutrición y la seguridad alimentaria mundial, así como medios de subsistencia”, subrayó Berhe Tekola, Director de la División de Producción y Sanidad Animal de la FAO.

 En el marco de la XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para Mesoamérica, más de 100 representantes del sector ganadero tanto de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, como del sector privado regional, productores y sociedad civil se dieron cita en Costa Rica.

 “En este espacio de reunión se analizan las áreas de contribución y desafíos del sector ganadero frente a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible con la participación de múltiples actores claves ”, dijo Deyanira Barrero, Oficial de Salud y Producción Animal de la FAO.

 El diseño de una Estrategia Regional para el Desarrollo de una Ganadería Sostenible tiene como objetivo fortalecer el sector ganadero mediante la producción continua, disminuyendo impactos en el entorno, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, proporcionando bienestar animal y generando mayor prosperidad para los pequeños productores.

 “Es indispensable desarrollar estrategias integrales de política pública que trasciendan la sectorialidad, y abarquen aspectos como la inversión, financiamiento, innovación, inclusión social, entre otros, para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo del sector”, agregó Tito E. Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

 En Centroamérica, la ganadería bovina es uno de los subsectores agropecuarios de mayor importancia, representando el 20% del PIB agropecuario y absorbiendo cerca del 20% del total de la fuerza de trabajo agropecuaria disponible en la subregión.

 El 86% de las explotaciones ganaderas en Mesoamérica son en su mayoría fincas de pequeña escala, convirtiendo a este sector en un motor de desarrollo estratégico para reducir los niveles de inseguridad alimentaria y de pobreza rural.

 La XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para Mesoamérica, hospedada por el Gobierno de Costa Rica, contó con el apoyo y participación de la plataforma  Agenda Global para el Desarrollo Sostenible de la Ganadería.

 Ganadería Sostenible en Mesoamérica

 De acuerdo a la FAO, el enfoque regional será fundamental para avanzar hacia una agenda conjunta, generar referentes para orientar las políticas, armonizar normativas, homogenizar metodologías, propiciar sinergias e intercambios que permitan avanzar de manera coordinada, complementaria, integrada y coherente hacia una ganadería sostenible en Mesoamérica.

 Los países de la región ya han avanzado en este camino hacia el desarrollo sostenible del sector ganadero, tal y como lo demuestran las experiencias presentadas en el marco de la reunión de la CODEGALAC en San José, entre las cuales destacan la experiencia de Costa Rica en el desarrollo de estrategias ganaderas con bajas emisiones de gases de efecto de invernadero; la experiencia caribeña y de República Dominicana para la  consolidación de un sector competitivo, innovador y respetuoso del medio ambiente y los recursos naturales.

 “Generar más rentabilidad, producir alimentos de calidad para nuestra población, mitigar gases de efecto invernadero, adaptarnos al cambio climático, avanzar en la agregación de valor, contribuir a la conectividad biológica y sobre todo, apostar a la inclusión social, son los pilares de nuestra propuesta que nos permitirá ofrecer oportunidades a esta generación”, aseguró Ivannia Quesada, Viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

 CODEGALAC Mesoamérica

 La CODEGALAC en Mesoamérica es una instancia para el intercambio de experiencias en políticas y programas de desarrollo ganadero y la formulación de estrategias de cooperación para su fortalecimiento, y su secretaría técnica recae en la FAO.

 Los países miembros están representados por delegados de los gobiernos, vinculados principalmente a instituciones pertenecientes a los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, entre otros, y por observadores de organizaciones internacionales, el sector privado, organizaciones ganaderas y la sociedad civil.

 Cada dos años se reúne la Comisión para analizar e identificar posibles soluciones a los principales desafíos del sector pecuario en la región.

 Costa Rica presentará su experiencia en la producción ganadera baja en emisiones de gases de efecto invernadero.

 A partir de este miércoles 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, Costa Rica será sede de la XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero (CODEGALAC) para América Latina y el Caribe, que analizará el sector pecuario en Mesoamérica y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Dicha Comisión es una instancia integrada por representantes de gobiernos, principalmente de los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y del sector privado regional, para facilitar el intercambio de experiencias políticas y programas de desarrollo ganadero y la formulación de estrategias de cooperación para su fortalecimiento. Además, participan observadores internacionales, organizaciones ganaderas y la sociedad civil.

 En el marco de esta Reunión, Costa Rica promoverá en Mesoamérica la ruta de desarrollo hacia una ganadería sostenible, eco-competitiva, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional que ya se desarrolla en nuestro país.

 Según la FAO una ganadería sostenible, puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proporcionando múltiples beneficios para la nutrición y la seguridad alimentaria mundial, así como medios de subsistencia. En Mesoamérica, el sector contribuye con cerca del 20% del producto interno bruto agropecuario y en la generación de empleo rural absorbiendo cerca del 20% del total de la fuerza de trabajo agropecuaria disponible en la subregión.

 El 86% de las explotaciones ganaderas en Mesoamérica son en su mayoría fincas de pequeña escala, convirtiendo a este sector en un motor de desarrollo estratégico para reducir los niveles de inseguridad alimentaria y de pobreza rural. Donde el 6% de la población no tiene acceso a suficiente energía alimentaria y 6% de la población vive con menos de USD 1,90 al día.

 De tal manera que el encuentro también facilitará el espacio de diálogo para que los países de la región definan una visión conjunta para el planteamiento de políticas públicas, que permitan el desarrollo sostenible de la ganadería frente a los desafíos actuales.

Sobre la industria cárnica bovina nacional

• La producción de carne bovina en Costa Rica es de 73,000 toneladas anuales.
• La industria cárnica bovina representa el 7.3% del valor agregado agropecuario.
• El hato bovino nacional es de 1,278,817 cabezas, de los cuales 42% corresponden a animales de los sistemas de producción de cría y un 32% a doble propósito.
• En Costa Rica existen 37.171 fincas con ganado, 26,489 de estas tienen como actividad principal la ganadería.
• La extensión promedio de fincas lecheras especializadas es 25.1 hectáreas con 40.9 animales por finca, las fincas de doble propósito tienen una extensión de 39.8 hectáreas con una ocupación promedio de 32 cabezas de ganado por finca. 
• Las exportaciones del sector cárnico bovino alcanzaron los $68 millones en 2016
• El ganadero costarricense conserva el 18% de los bosques del país que se encuentran fuera de los sistemas de protección del estado.
• Se estima que por año cada habitante consume 14 kilogramos de carne bovina al año.

Sobre la industria lechera nacional

• En Costa Rica se produjeron 1102 millones de litros en 2016 (3 millones de litros diarios).
• La industria lechera representa el 9.9% del valor agregado agropecuario.
• El hato bovino nacional es de 1.278.817 cabezas, de los cuales 58% corresponden a animales de los sistemas de producción de leche especializada y de doble propósito.
• En Costa Rica existen 2,348 fincas de ganado caprino,1,792 de ganado ovino y 247 de ganado bufalino.
• El sector ganadero Costarricense es Carbono Positivo según los estudios más actuales de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Las exportaciones del sector lechero alcanzaron los $142 millones.
• La industria lechera genera el 5% del empleo del sector privado.
• Se estima que por año cada habitante consume más de 200 kilogramos de lácteos al año.

Ante la necesidad de evitar y disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos, cuatro entidades miembros de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos se unieron para realizar el primer Conversatorio Nacional “Cero Desperdicio de Alimentos”. Se trata de Unilever, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Proyecto Plato Lleno y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), quienes realizaron esta actividad con el objetivo de sensibilizar a la población nacional sobre la problemática existente del desperdicio de alimentos.

 Además, en el Conversatorio Nacional se recolectaron posibles acciones desde los diferentes sectores de la sociedad. Esto con el fin de lograr la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 referente a la pérdida y desperdicio de alimentos global.

 En el mundo, se desperdicia un tercio de la producción de alimentos, en Latinoamérica 229 kg de comida per cápita, según datos de la FAO.  

 En nuestro país, La Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, como parte de la iniciativa Global de Save Food, ha unido esfuerzos entre actores del sector productivo, sociedad civil y academia, para prevenir y disminuir el desperdicio de alimentos.

 En la actualidad, la Red es coordinada por el Tecnológico de Costa Rica en la figura de investigadoras y docentes de la Escuela de Agronegocios y con la Secretaría Técnica de la FAO. Ambas organizaciones, han liderado el tema en Costa Rica, propiciando mecanismos para la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos desde la sensibilización, el conocimiento, la investigación, la gobernanza y las alianzas, haciéndose acompañar, actualmente, de más de 20 miembros.

 “Disminuir las pérdidas y desperdicio de alimentos es un reto para todos los que integramos un sistema alimentario, seamos académicos, productores, distribuidores, procesadores o bien, consumidores. Desde el TEC, buscamos que nuestra investigación aporte soluciones, por eso iniciamos con el diagnóstico de la situación en el país, y hemos avanzado hacia la transferencia de información que sea útil y genere conocimiento en sectores productivos como el agropecuario, agroindustrial y de consumo, de manera que los alimentos se gestionen más eficientemente y evitemos su pérdida, lo cual a su vez tiene impacto positivo sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, el medio ambiente y la economía del sector productivo”, señala Laura Brenes Peralta, docente del TEC y actual coordinadora de la Red Costarricense para Disminución de Pérdidas y Desperdicio de alimentos.

 Por otra parte, las acciones que se están gestando en Costa Rica, provienen de una estrategia más amplia a nivel regional, liderada por la FAO. En los últimos años, la Organización ha apoyado a los países en la reducción de pérdidas a nivel nacional, a través de iniciativas de cooperación técnica y desarrollo de capacidades.

 “La dimensión y consecuencias de las pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de las cadenas de suministro alimentario, desde la finca hasta la mesa, tiene un papel relevante, por el impacto que tiene sobre los esfuerzos para la erradicación del hambre, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas, mitigar los efectos del cambio climático y mejorar los sistemas alimentarios, contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en el Costa Rica.

 Unilever, como parte de la industria de alimentos, ha puesto en marcha una estrategia de Nutrición Sostenible que cuenta entre sus pilares con uno específico para combatir el problema de la pérdida de alimentos, tanto en el proceso productivo, teniendo como ejemplo a resaltar su acción en la fábrica de Lizano, Helmann´s y Naturas en Belén. Otro ejemplo, es que a través de su unidad Unilever Food Solutions, ha desarrollado prácticas como la creación de recetas en las que se utilizan alimentos en su totalidad, la capacitación en 44 restaurantes, con un impacto en más de 300 personas del sector gastronómico; asimismo, se impartieron charlas a más de 1.400 estudiantes, medios y clientes en el último año para concienciar al respecto.

 “La pérdida y el desperdicio de alimentos son problemáticas que tienen implicaciones ambientales, sociales y económicas. Por tal motivo, es importante la participación de alianzas público- privadas para la búsqueda de soluciones que permitan disminuir este efecto”, mencionó el Chef Ejecutivo de Unilever, Carlos Rodríguez.

 Recientemente, la empresa se alió con Plato Lleno para lanzar un programa para sus clientes de comercios y restaurantes, en el que recolectan la comida en buen estado que puede ser rescatada para entregar a personas que la necesitan.

 Plato Lleno con su iniciativa de concientización alimentaria busca devolverle al alimento el valor que fue perdiendo durante los últimos tiempos. Motivados por el respeto a la comida, voluntarios de Plato Lleno llevan a cabo acción de​ “rescate”, la cual consiste en el retiro y distribución de alimentos excedentes que por control estético u otras razones, quedan sin destino. Los alimentos rescatados son entregados en merenderos, comedores y hogares.

"Este Conversatorio nos permite visibilizar un escenario realista en el que podemos entender que la lucha contra el desperdicio de alimentos debe realizarse en todos los niveles de la sociedad. En Plato Lleno, desde el lugar de la ciudadanía activa, consideramos que el aporte de cada uno de nosotros es fundamental para ganar la lucha contra el desperdicio", mencionó Tatiana Vargas, representante del proyecto Plato Lleno. 

Costa Rica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), presentaron en la Cancillería el Memorándum de Entendimiento (MdE), compromiso que adquirieron con la firma del Acuerdo entre la Agencia de las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica.

 Dicho Acuerdo, que se firmó en julio pasado, en Roma, expresa el compromiso de ambas partes para fortalecer la prestación de asistencia técnica, el fomento de capacidades; y  la mejora del intercambio de información técnica.

 La asistencia también incluye las áreas de tecnologías, experiencias y conocimientos relativos a la agricultura, ganadería,  silvicultura, pesca, agroindustria, seguridad alimentaria y nutricional, promoción del empleo juvenil, protección social, desarrollo rural territorial, gestión sostenible de recursos naturales y cambio climático.    

 Carmen Claramunt, Directora a.í. de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto afirmó que “para Costa Rica como país catalogado de renta media, con brechas estructurales importantes, los procesos de triangulación no sólo sirven para trasladar ese conocimiento hacia otros países en desarrollo, sino también para que el país se pueda beneficiar de la experiencia de otros”.

 Por su parte Octavio Ramírez, Coordinador Residente de FAO en Costa Rica; expresó que “dentro de las prioridades del marco de cooperación entre Costa Rica y la FAO, se estableció como eje prioritario, la Cooperación Sur-Sur, dada las capacidades institucionales y el talento humano del país”.

 El mecanismo que se plantea para ejecutar estas colaboraciones es la Cooperación Triangular, por medio de la cual Costa Rica está dispuesta a enviar expertos técnicos quienes capacitarán personal de instituciones de otros países del sur global. Esta labor se realizará  con el apoyo de un tercer organismo, en este caso la FAO.

 A través del sitio www.costaricacoopera.org el país presenta cuatro catálogos que despliegan la oferta técnica de instituciones costarricenses que se pueden trasladar a entidades públicas en terceros países.

Por otra parte, el Portal de Cooperación Sur-Sur de la FAO, es una plataforma para intercambiar información sobre una amplia gama de instituciones y conocimientos especializados sobre alimentación y agricultura en los países del sur. El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) forman parte de esta plataforma que facilita la Cooperación Triangular entre sus países miembros.

 Articulación interinstitucional

 En la actividad, en la que participaron autoridades gubernamentales y representantes de las oficinas especializadas de la ONU en el país; se expuso acerca de la conceptualización, importancia y aporte de la cooperación triangular y sobre la visión intersectorial agroambiental.

 Pilar Garrido Gonzalo, Viceministra del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, institución que coordina la Secretaría Técnica de los ODS, manifestó que las acciones del Estado Costarricense deben incorporar dichos objetivos y las metas de la Agenda 2030; “de ahí la importancia que reviste el esquema de gobernanza que regula este Memorándum, convirtiéndose en un aporte al Objetivo 17 con la interacción de los sectores  y de las fuentes cooperantes como la FAO”.

 Para Ivannia Quesada Villalobos, Ministra a.í. de Agricultura y Ganadería (MAG) la “FAO provee un marco establecido y testado, que garantiza la calidad técnica de los intercambios de Cooperación Triangular, y además facilita las relaciones con otros países y la identificación de los receptores de Cooperación gracias a su extensa presencia y red de contactos en el sur global”.

 Mientras que para la Viceministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Patricia Madrigal “el memorándum de Entendimiento le permite a Costa Rica compartir con otros países las lecciones aprendidas e iniciativas como el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el Fondo de Biodiversidad Sostenible y la rehabilitación de áreas degradadas”.  

REBYC II LAC impartió por primera vez charlas sobre Directrices internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes.

Los pescadores de la flota semiindustrial de arrastre para la pesca de camarón son conscientes de la urgencia que tienen de proteger el recurso marino y equilibrar la producción pesquera con la protección de las especies. 

 Al utilizar los Dispositivos Excluidores de Peces (DEP) y Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET), estos profesionales de la pesca contribuyen a la disminución de la captura incidental de la Fauna de Acompañamiento de Camarón (FACA) que generalmente es capturada durante los arrastres de la faena de pesca. 

 Sin embargo, para cumplir con las exigencias internacionales sobre la utilización de estos instrumentos, que se han convertido en una pieza clave para la protección del recurso marino, los pescadores deben estar al tanto de las actualizaciones acerca de la instalación y uso correcto de estos. 

 Es por eso que por medio de talleres, charlas y capacitaciones, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en conjunto con otras instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y con apoyo de la FAO, educan y actualizan a los pescadores en el uso e instalación de los dispositivos antes mencionados. 

 “El uso de estos dispositivos es la evidencia del compromiso de los pescadores con las prácticas de sostenibilidad y la protección de los recursos marinos. Somos conscientes de que la pesca de arrastre no ha sido popular durante mucho tiempo para la opinión pública, pero queremos demostrar que con capacitación, diálogo y compromiso, podemos revertir esas ideas y asegurar el desarrollo económico y alimentario de quienes viven del mar”, señaló Jorge López, Jefe de Extensión y Capacitación del INCOPESCA. 

 Las capacitaciones que reciben estos pescadores se desarrollan con base en los lineamientos de la Agencia Federal del Servicio Nacional de Pesca Marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, quienes aprueban el uso de estos dispositivos. En el primer semestre de este año, funcionarios del INCOPESCA y miembros de la Cámara de Pescadores de Puntarenas, viajaron hasta la sede de este instituto para recibir conocimiento actualizado en esta materia. 

 Además, estos talleres se vinculan con las Directrices internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, que promueven un mejor uso de los recursos y la utilización de métodos para la disminución de la captura de la pesca no objetivo a través de mecanismos legales internaciones y específicos para cada país que las adoptan, medidas generales de ordenación pesquera, además seguimiento, control y vigilancia, planificación de la ordenación de pesca, recolección de datos y evaluaciones, entre otros.

 Gracias a las investigaciones que se realizan sobre los dispositivos DEP y DET en el contexto del proyecto para la Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC por sus siglas en inglés), que cuenta con el apoyo de la FAO, se ha determinado que su efectividad sí es amplia y positiva. Los biólogos a cargo afirman que será hasta diciembre del presente año cuando se entreguen datos fidedignos de dichos estudios. . 

 “Instamos a los pescadores de arrastre a fortalecer sus conocimientos y no dejar de utilizar estos dispositivos ya que hemos comprobado que con ellos hay más efectividad en la reducción de la pesca incidental”, señaló Isaac Baldizón, biólogo a cargo de los estudios realizados en el marco de REBYC II-LAC. 

 Por su parte, los pescadores afirman estar de acuerdo en la utilización de estos dispositivos, ya que esto podría asegurar en un futuro cercano que el Gobierno de Costa Rica les permita seguir pescando, al demostrar que sí es posible realizar una pesca de arrastre sostenible. A esto se suman otros procesos de investigación en temas sociales, talleres y capacitaciones que se abordan desde el seno del proceso. 

 “Nosotros estamos unidos y sabemos que es importante usar estos instrumentos y herramientas que nos han dado las autoridades como el INCOPESCA para desarrollar una pesca sostenible y agradecemos a esta institución y a la FAO, por comprometerse con nosotros para sacar este reto adelante”, dijo Antonio Astúa, capitán de una embarcación camaronera de arrastre.

Según el  Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017, en Costa Rica un 5,6% de la población sufre de subalimentación.

El número total de personas que sufre hambre en América Latina y el Caribe ha aumentado, lo cual está revirtiendo décadas de progresos.

Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos de edad en hombres y mujeres y constituye  un problema de salud pública en todos los países de la región de las Américas.

 Así lo señala el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 La publicación subraya, además, que después de varios años de mejoras progresivas, en 2016, alrededor de 42,5 millones de personas no contaron con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas diarias. Esto es un aumento de 2,4 millones de personas, un 6% más de la población subalimentada en comparación con el año anterior. Si esta tendencia no se modifica, América Latina y el Caribe no cumplirá con la meta de erradicar el hambre y la malnutrición en 2030, comprometida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 “Con el aumento del hambre, es muy difícil que la región alcance el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 Hambre Cero”, dijo Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO.

 Si bien los niveles de hambre siguen siendo bajos en América Latina y el Caribe en comparación con el resto del mundo, hay señales de que la situación se está deteriorando, especialmente en Sudamérica, donde el hambre creció de 5% en 2015 a 5,6% en 2016. En Mesoamérica el hambre afecta al 6,5% de la población  en 2016. Aunque el hambre no aumentó en el Caribe, la prevalencia es del 17.7%, lo cual coloca a la subregión como la de mayor prevalencia de las Américas.

 “Vamos por mal camino. La región ha dado un paso atrás importante en una lucha que venía ganando. No podemos tolerar los niveles actuales de hambre y la obesidad, ya que paralizará a toda una generación de latinoamericanos y caribeños”, advirtió el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

 Hace apenas unas décadas, los gobiernos de la región unían esfuerzos para combatir la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes, hoy día deben agregar a esto la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

 “Si bien la desnutrición aún persiste en la región, especialmente en poblaciones vulnerables, ahora van acompañados del sobrepeso y la obesidad que afectan más que nada a las mujeres, pero también a los niños”, afirmó la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne.

"La región enfrenta una doble carga de malnutrición, para combatirla es necesario asegurar el acceso a una alimentación balanceada y abordar los principales factores sociales que determinan la malnutrición, por ejemplo la falta de acceso a alimentos saludables bajos en azúcar, sal y grasas, a agua y saneamiento, a servicios de educación y salud, y a programas de protección social, entre otros”, indicó Etienne.

 Para hacer frente a esta situación, la FAO y la OPS llaman a los países a transformar sus sistemas alimentarios para detener el avance del hambre y la malnutrición, prestando especial atención a la condición de las personas, hogares y territorios más vulnerables. Sólo a través de un gran esfuerzo regional se podrá revertir la tendencia actual, para volver al camino que convirtió a América Latina y el Caribe en un ejemplo global de la lucha contra el hambre y la malnutrición, señala la publicación.

 El camino de Costa Rica hacia el hambre cero

 Según el nuevo informe en el país la prevalencia de la subalimentación en el trienio 2004-2006 fue de 5.4 por ciento, mientras que entre 2014-2016 se reportó un 5,6 por ciento. Hasta la fecha, Costa Rica es uno de los países de América Latina y el Caribe que presenta cifras bajas en los índices de subalimentación, sin embargo, los datos demuestran que debe seguir luchando para lograr erradicar el hambre en el 2030.

 Por otra parte, Costa Rica ha implementado medidas para reforzar la educación alimentaria y nutricional por medio del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar para contribuir al desarrollo  de las políticas públicas de alimentación y fomentar el suministro de alimentos saludables a toda la comunidad educativa.

 Además, el Sector Agropecuario con apoyo de la FAO, ha trabajado en fortalecer los procesos de atención diferenciada a la agricultura familiar, la adecuación de marcos jurídicos para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, las compras públicas para la alimentación escolar y la promoción del desarrollo rural y local.

 A pesar de que el hambre creció en seis países, pero se redujo en veintiuno, el número absoluto de personas con hambre ha aumentado.

 La peor situación en términos de prevalencia de subalimentación la presenta  Haití, donde casi el 47% de la población, es decir 5 millones de personas, sufre hambre. Este número representa casi dos tercios de toda la subalimentación en los países del Caribe.

 Aunque el hambre a nivel regional ha crecido, 21 países de la región disminuyeron sus niveles de subalimentación, incluyendo al Caribe y Mesoamérica en su conjunto, entre 2013/15 y 2014/16.

 Brasil, Cuba y Uruguay presentan una prevalencia de subalimentación inferior al 2,5 %, mientras que Argentina, Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago están bajo el 5 %.

 Sobrepeso y obesidad siguen afectando a todos

 El sobrepeso y la obesidad afectan a todos los grupos de edad en  hombres y mujeres, y es un problema de salud pública en todos los países de las Américas, señala el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017.

 La publicación muestra que el 7,4% (2,5 millones) de los niños menores de 5 años en Sudamérica sufre de sobrepeso y obesidad, al igual que el 6% de niños en América Central y el 6,9% de los niños en el Caribe.  El informe indica que en  Costa Rica la prevalencia de sobrepeso entre los niños menores de 5 años en el 2005 fue de un 8,1%.

Además, un tercio de los adolescentes y dos tercios de adultos  en la región sufren de sobrepeso y obesidad, siendo las mujeres las más afectadas.

 Si bien la desnutrición aguda (bajo peso para la talla) ha sido prácticamente eliminada de los menores de cinco años en la región todavía el 11% sufre desnutrición crónica (retraso en el crecimiento) pero hay que destacar que el 7% de los niños sufre sobrepeso.

 “En la actualidad, es fácil encontrar hogares con un niño desnutrido y una madre con sobrepeso, o un niño con desnutrición crónica y sobrepeso o con una deficiencia de vitaminas y minerales”, afirmó Etienne. “El consumo de productos ultra-procesados está directamente relacionado con el incremento en la prevalencia del sobrepeso y obesidad, así como de las enfermedades no transmisibles. Es en esa área donde debemos redoblar esfuerzos a nivel de cada país para alentar a que las poblaciones puedan acceder a alimentos saludables”, subrayó.

 El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2017 reporta los avances de los países de la región hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por primera vez desde la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además brinda a los responsables de elaborar políticas la información necesaria para proponer y avanzar políticas y programas que contribuyan a combatir el hambre, la desnutrición crónica y a detener el rápido avance de la epidemia de obesidad.

Langosta es el principal recurso pesquero de la comunidad indígena ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

Punta Alegre, dentro de la comarca indígena Ngäbe-Bugle  es la primera comunidad panameña que recibe una capacitación sobre las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (Directrices PPE), en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, con enfoque de pueblos indígenas y gobernanza.

Ubicada en el conjunto de islas que forman la provincia de Bocas del Toro en el Caribe de Panamá, los indígenas de esta comunidad se dedican, en mayor medida, al desarrollo de la pesca de langosta para la venta en las zonas turísticas e islas aledañas a Punta Alegre del distrito de Kusapin a donde pertenecen.

Esta actividad, representa su principal recurso de generación económica, pero una serie de factores sociales y legales entraban su desarrollo, y deprimen sus oportunidades de superación comunitarias.

Para esta comunidad, los tiempos de veda, el acceso a un seguro social para los buzos pescadores de langosta, el manejo de los recursos naturales, el uso de su conocimiento tradicional, el mejoramiento de los precios de venta de langosta en los comercios locales y la permisión de acceso al mar para desarrollar su actividad, son los ejes prioritarios de discusión que plantearon a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en el contexto de las Directrices PPE.

“Este camino (las Directrices PPE) es el correcto para nosotros. Por muchos años no nos han permitido tomar las decisiones por nuestras tierras y gente, entonces consideramos que este es de los mejores métodos para poder expresar nuestras necesidades y conocimiento ya que no muchos conocen el derecho del pueblo Ngäbe, pero esto nos permite conocer nuestros deberes y derechos, y proteger a nuestros pescadores”, aseveró Alfredo Howard, Cacique de la Comarca.

Alfredo Howard consideró también, que este proceso significa para la comunidad un punto de igualdad entre ellos y el resto del pueblo panameño. La ARAP afirmó estar dispuesto a considerar las opiniones de estos indígenas y trabajarán con ellos en la correcta ejecución de las Directrices PPE.

La ARAP afirma que la mayor urgencia que identifica en la comunidad es la de dotar a los pescadores con un seguro de vida y atención médica, debido a que son quienes más expuestos están por el desarrollo de su actividad.

“En comarcas como la Ngäbe Bugle, la prioridad es la seguridad social, debido a que la actividad de pesca que desarrollan representa un gran riesgo para ellos y no poseen ningún tipo de seguridad”, dijo Epiménides Díaz, asesor técnico del despacho superior de la ARAP.

Este primer paso del proceso de diálogo nació gracias a la cooperación técnica entre la ARAP y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) quienes desarrollaron el taller, realizando una  labor de campo, así como la  evaluación de las necesidades de manera participativa con los integrantes de la comarca Ngäbe Bugle, con apoyo  de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Para la ARAP, Costa Rica  posee experiencia en la implementación de las Directrices PPE y la búsqueda de metodologías de sostenibilidad y dignificación de los pescadores artesanales, por esa razón, decidieron solicitar asesoría y capacitación.

“Para nosotros ha sido un punto de gran importancia contar con la participación de Costa Rica debido a que poseen muchos más avances de los que podemos tener nosotros, entonces, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en conjunto decidimos aprovecharla, para conocer cómo se ha desarrollado, qué se ha logrado y ganado, y encontrar la manera de implementar eso aquí”, señaló Díaz.

Las Directrices PPE son una herramienta que promueve el mejoramiento de las condiciones sociales de los pescadores artesanales. El INCOPESCA, como ente responsable de la ejecución en Costa Rica, ha sido apoyado por la FAO, la Sociedad Civil, las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) y la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, quienes han sido parte de la construcción del proyecto de ley para oficialización de las mismas.

“Es fundamental la participación de los pescadores artesanales sin excepción, porque al final las Directrices fueron creadas por ellos y este proceso debe ejecutarse de la mano con los órganos del Estado, las instituciones autónomas, los Gobiernos locales y con quienes se pueda generar política pública para mejorar su situación”, afirmó Víctor Fernández, encargado del Departamento de Cooperación Internacional del INCOPESCA.

Además, Fernández afirmó que en el momento en que se planteó trabajar en conjunto con ARAP, se hizo bajo un esquema de cooperación SUR-SUR. Esto quiere decir que la labor se desarrolla entre países en iguales condiciones económicas y técnicas; con esto, la experiencia y las lecciones aprendidas por el INCOPESCA, pueden ser tomadas por el ARAP y así iniciar el proceso de comanejo de los recursos y oportunidades con las comunidades de pescadores, la FAO y la Sociedad Civil.

A través de las Agencias de Extensión se capacitan 130 docentes de escuelas y CEN-CINAI en huertas escolares.

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en conjunto con las instituciones del Sector Agropecuario y con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, impulsa un programa que promueve el acercamiento de los agricultores familiares con la alimentación escolar y escogió como zona piloto las regiones Brunca y Central Oriental.  Esto permite dinamizar las economías locales y ofrecer a los estudiantes productos frescos producidos y cosechados en sus comunidades. 

 El Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar, nació con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas de alimentación pre-escolar y escolar en Costa Rica y de la agricultura familiar.  Además, de fomentar el suministro de alimentos saludables a toda la comunidad educativa.

 Como parte de esta iniciativa participan 58 escuelas, 10 Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI) y 6 organizaciones de productores (CAC Fila Guinea, la Cooperativa de Caficultores de Sabalito -COOPESABALITO-, APROFRUT, COOPECOVI, CAC de Buenos Aires y CAC de Pérez Zeledón, CAC de Frailes), beneficiando a 296 agricultores,10.800 niños y niñas y sus familias.

 Además, se han capacitado 130 docentes de 58 escuelas y 10 CEN-CINAI en huertas escolares a través de la Agencias de Extensión Agropecuaria del MAG de Ciudad Neilly, San Vito, Buenos Aires, San Isidro, con el apoyo del coordinador regional de hortalizas.  También se elaboró un Manual de Huertas Escolares, que se convirtió en una herramienta pedagógica para la educación nutricional y alimentaria en las escuelas y los CEN-CINAI.

 Con el apoyo financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a través del programa de Ideas Productivas, el apoyo de la FAO y del MAG, se instalaron más de 60 casas sombras o  módulos de hortalizas en ambientes protegidos, en la zona de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores.  Y a través del Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Fila Guinea y COOPESABALITO, se promueve la compra de hortalizas a los agricultores familiares para la alimentación de los niños.

 El proyecto, igualmente, fortaleció la articulación interinstitucional, mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el MAG, el IMAS, el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Dirección Nacional de CEN-CINAI y la FAO, para orientar los esfuerzos técnicos y financieros para impulsar la alimentación infantil saludable y la agricultura familiar local.

Precisamente con el fin de conocer más a fondo los resultados del plan, la Viceministra del MAG, Ivannia Quesada Villalobos, visitó recientemente la zona de San Vito, en compañía del Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica, Octavio Ramírez, funcionarios del MAG de otras regiones interesados en conocer la experiencia y el equipo coordinador del proyecto. 

 Durante el recorrido, visitó la escuela de Fila Tigre, el Colegio Fila Guinea, varias casas sombra de Fila Guinea y el Centro Agrícola Cantonal de esa comunidad, donde se evidencia la articulación institucional en torno a la iniciativa.

 “Para el MAG la agricultura familiar es muy importante.La mayor parte de proyectos que se atienden van enfocados a este concepto.  Para nosotros es  trascendental que los niños aprendan a consumir y producir hortalizas. Además, este plan piloto demuestra que puede convertirse en un motor para generar economía local, apoyar la producción y contribuir con la seguridad alimentaria”, expresó Quesada Villalobos.

 “Este proyecto ha sido ampliamente exitoso, por lo que se analiza su replicabilidad en otras regiones del país. Es importante indicar que la coordinación y articulación institucional se convierte en un elemento clave, lo cual contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de agricultores familiares desde una perspectiva integral”, comentó por su parte, Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en el país.

La FAO y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe seleccionaron a Yamileth Angulo, periodista de “El Mundo CR”.  

Con el reportaje Campesinos indígenas buscan recuperación de chinampas para garantizar su soberanía alimentaria la comunicadora costarricense, Yamileth Angulo, se convirtió en la ganadora del premio “Mejor Fotoreportaje sobre el Derecho a la Alimentación” organizado por la FAO y el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de América Latina y el Caribe.

La obra galardonada, fue un trabajo conjunto con el fotógrafo Gerald Valverde, el cual  tiene como principal objetivo, destacar el sistema chinampero como opción importante para obtener una producción sustentable de alimentos y la recuperación de una serie de especies que se han perdido por la contaminación.

“Me parece fundamental destacar los esfuerzos de la comunidades de campesinos indígenas en la conservación del sistema agrícola de chinampas; pues no sólo aportan a la soberanía alimentaria, sino  también a la resiliencia contra el cambio climático”, sostuvo Angulo.

Con el auspicio de la FAO y los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición, el certamen busca otorgar un reconocimiento a los periodistas que han contribuido a propiciar la reflexión en la opinión pública sobre el derecho a la alimentación y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

En la actividad principal de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación en Costa Rica, que se celebrará el 13 de Octubre del año en curso, la Representación de la FAO en el país, reconocerá al equipo ganador, Yamileth Angulo y Gerald Valverde.

Chile y Argentina: ganadores de Mejor Reportaje Audiovisual y Escrito

Marcos Santis de Ahora Noticias de Chile, ganó la categoría de Mejor Reportaje Audiovisual con Disco Sopa: Al rescate de la comida, mientras que Camil Straschnoy de la Agencia Argentina Télam se llevó el Premio de Mejor Reportaje Escrito con Desechos de alimentos: un problema global que esconde la solución contra el hambre

 Los finalistas obtendrán pasajes y estadía en Montevideo, para presentar sus trabajos, ante más de cien legisladores de toda la región, en el Foro Anual del Frente Parlamentario contra el Hambre que se realizará del 25 al 27 de octubre de 2017 en el Parlamento Uruguayo.

 INCOPESCA ejecuta este proyecto desde el 2016 mediante apoyo técnico y financiero de la FAO y en compañía de sociedad civil y pescadores.

 El conocimiento ancestral sobre los ecosistemas, sus metodologías de pesca, el trabajo equitativo y antiguos sistemas de sostenibilidad de los recursos, es lo que motivó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y la FAO a incluir a los pueblos indígenas nacionales en el proceso de la construcción de una propuesta de Ley sobre la implementación de las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (DPPE), en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza que se ejecuta en Costa Rica.

 Donald Rojas Maroto, presidente de la Mesa Nacional Indígena, aseguró que las Directrices PPE poseen bases estrechamente relacionadas con los derechos y la cosmovisión de los pueblos indígenas costarricenses debido a que representan lo acordado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas en inglés CEDAW).

 “El proceso de trabajo digno, protección de los recursos, equidad de género y demás que defienden las Directrices, es histórica y ancestralmente implementado por nuestros pueblos indígenas, pero es hasta hoy tomado en cuenta”, puntualizó Rojas.

 Además, este representante de los pueblos indígenas señaló que la FAO y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) en coordinación con la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR), reconocen que los sistemas productivos pesqueros de los pueblos indígenas son un garante de la seguridad alimentaria y al potenciarse esas metodologías, se contribuye tanto al fortalecimiento de las economías más pequeñas y familiares, como a la protección de los recursos y detención del cambio climático.

 “Durante un año hemos tenido reuniones y encuentros con INCOPESCA y la FAO, para acompañar toda la campaña y proceso de implementación de las Directrices PPE y la construcción del proyecto de Ley que queremos enviar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica”, dijo Rojas.

 El proyecto de Ley en construcción y del que forman parte la Mesa Nacional Indígena, la Red AMPR y las organizaciones de pescadores a nivel nacional como por ejemplo la Asociación de Pescadores de Isla Venado, CoopeTárcoles y la Asociación de pescadores de Barra del Colorado, concretaría los alcances de las Directrices PPE para una efectiva implementación.

 “Las Directrices son generales, dan lineamientos de implementación de metodologías sostenibles para la pesca en pequeña escala y con el proyecto de Ley alcanzaríamos un asentamiento concreto de las mismas para convertirlas en realidad dentro del marco jurídico nacional”, aseveró Germán Pochet, consultor jurídico de la FAO y encargado de la redacción de la propuesta de Ley.

 La Mesa Indígena Nacional propone la incorporación a la propuesta de Ley los aspectos elementales para sus comunidades como por ejemplo el conocimiento ancestral, sistemas productivos, el acceso a los recursos marinos, costeros y de aguas continentales, ya que no se les reconoce como propios y se les limita su uso, sin embargo, se encuentran dentro de sus territorios y son fuente de alimentación, salud, vida y espiritualidad.

Las Directrices PPE poseen un estrecho lazo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por lo que contienen una línea horizontal e inclusiva, además son de carácter voluntario.

 Por medio de la cooperación entre el INCOPESCA y la FAO, se realizan acciones concretas y de una manera articulada con otras instancias gubernamentales, la sociedad civil y organizaciones de pescadores, dirigidas a la implementación de las mismas en Costa Rica.

 “Consideramos esencial la participación de la Mesa Nacional Indígena y los representantes de los pueblos indígenas vinculados a la pesca, debido a que esto legitima cualquier propuesta que se realice, ya que ellos son los que mejor conocen su realidad. Por lo tanto, las soluciones serían efectivas especialmente en este caso de adaptar las Directrices de pesca de pequeña escala en el país”, aseveró Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO para Costa Rica.

 Por otra parte, las Directrices PPE han sido incluidas en la Agenda Estratégica Regional del Sector de la Pesca y la Acuicultura, en el marco de OSPESCA, por lo que se ha vuelto fundamental fortalecer los procesos vinculados a estas Directrices y orientadas al desarrollo de los pescadores artesanales en el marco de un pleno disfrute de derechos humanos.

 "La construcción de este proyecto de Ley obedece a un proceso participativo, respondiendo a las necesidades y requerimientos genuinos de las poblaciones de pescadores artesanales en pequeña escala y ahora de nuestros pueblos indígenas, con la participación de los diferentes actores nacionales, en miras de convertirse en un instrumento prototipo que sirva como modelo para otras regiones del mundo. De tal manera, las Directrices así como las Áreas Marinas de Pesca Responsable, se constituyen en un importante instrumento para establecer las condiciones dignas que impulsen a un desarrollo integral de nuestras comunidades de pescadores artesanales”, señaló Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA.

 Según la Mesa Nacional Indígena, el aprovechamiento respetuoso de los recursos marinos y ecosistemas significa para estas comunidades autóctonas alimentación, medicina, espiritualidad, relación y formación comunitaria.

 En palabras de Donald Rojas, la pesca es para los pueblos indígenas no solo un recurso de alimentación, ya que también posee un significado espiritual de relación con el mar, la sal y las especies que fortalece sus identidades y su razón de ser en la sociedad costarricense y latinoamericana, es decir, es una cosmogonía.

 Representantes de los territorios indígenas de Talamanca, Bribrí, Quitirrisí, Boruca, Maleku, Térraba, Salitre, China Kichá y Conte Burica, son quienes acompañan y participan del proceso, puesto que son las comunidades que poseen una relación directa con la pesca de pequeña escala.

Se contribuirá al fortalecimiento de la agricultura familiar y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya la iniciativa de declaración del Decenio de la Agricultura Familiar que presentará Costa Rica ante la Asamblea General de Naciones Unidas, considerando la importancia de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre y la pobreza.

Según la FAO, cerca del 70 por ciento de los alimentos de la canasta básica en América Latina provienen de sistemas de agricultura familiar. La agricultura familiar es la actividad económica con mayor potencial para aumentar la oferta de alimentos en la región, para reducir el desempleo y acabar con la desnutrición que afecta las poblaciones rurales más vulnerables.

En el 40º Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia de la FAO en Roma, la Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ivannia Quesada Villalobos, ante los Ministros de Agricultura del Planeta, resaltó el valor de extender los exitosos resultados del Año Internacional de la Agricultura Familiar del 2014,  mediante la proclama de un Decenio de la Agricultura Familiar y de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular del Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Por su parte, Jose Graziano da Silva, Director General de la FAO, manifestó en Roma, la voluntad de dicha Organización, de seguir colaborando con el Foro Rural Mundial, los Gobiernos y las agencias de las Naciones Unidas, para que el Decenio sea exitoso.

“El Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014, permitió visibilizar el impacto social, económico y ambiental que tiene la agricultura familiar, pero también evidenció los vacíos desde el punto de vista de incentivos, de organización y de políticas públicas dirigidas al sector”, comentó Tito Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica.  La declaración del decenio de la agricultura familiar le daría continuidad a la agenda impulsada por los Gobiernos y las organizaciones del sector productivo.

Importancia del Decenio de la Agricultura Familiar

El designar la Década de la Agricultura Familiar permitirá avanzar aún más en la promoción y desarrollo de políticas públicas a favor de los agricultores y agricultoras familiares, impulsar la colaboración entre los diferentes actores en el medio rural, potenciar acuerdos entre consumidores, organizaciones agrarias y campesinas, centros de investigación, Estados, y organismos internacionales, entre otros.

Además, contribuirá a garantizar la inclusión productiva de las mujeres y jóvenes de áreas rurales, promoviendo su empoderamiento mediante el incremento en el acceso a la información, recursos productivos, recursos financieros y al proceso de toma de decisiones.

FAO promueve el fortalecimiento y generación  de políticas públicas en pro de los agricultores y agricultoras familiares

La FAO ha trabajado en América Latina y el Caribe con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) para generar leyes marco, que han sido utilizadas por los países como referentes para la formulación de sus propias leyes, reconociendo el contexto específico de cada país.

Asimismo, la FAO en alianza con mecanismos de integración regional, los Gobiernos, las organizaciones de agricultores familiares y otros actores, impulsa procesos para visibilizar al sector y consolidar su inclusión en la agenda política.

 “Saldar la deuda con el campo requiere inversión sostenida y políticas de largo plazo, ya que no son suficientes dos o tres años para que procesos de desarrollo muestren resultados sustanciales, especialmente después de que la agricultura familiar estuvo desatendida durante 20 o 30 años. Para que este sistema productivo se desarrolle realmente, se requiere una gestión continuada y sostenible”, argumentó Díaz.

 La FAO a nivel de la subregión ha facilitado espacios de diálogo nacional de agricultura familiar entre representantes de distintos sectores, con el propósito de elaborar e implementar políticas públicas diferenciadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

 También, en el marco de la Comisión Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF), la FAO  junto al Programa Mesoamérica sin Hambre,  han avanzado en la normativa para la conceptualización, caracterización y registro de la agricultura familiar en los países antes mencionados.

 Por otra parte, la FAO ha estado impulsando las compras públicas a la agricultura familiar, y busca fortalecer la vinculación de los agricultores familiares como proveedores de programas de alimentación escolar. Asimismo, mediante un proceso de articulación intersectorial entre varias instancias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como el Sistema de la Integración Social Centroamericana (SISCA), la Coordinadora Educativa y Cultural de Centroamérica (CECC), el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), entre otras instituciones, busca  promover la complementariedad de las políticas de protección social y de inclusión productiva en las estrategias de lucha contra la pobreza rural.

Expertos analizaron los desafíos y oportunidades del país para abordar todas las formas de malnutrición y fomentar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen el derecho humano a una alimentación adecuada y saludable para todos.

 Lo anterior en el marco de una consulta nacional convocada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud (MS), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).

 “Esta convocatoria se vuelve especialmente relevante, en el marco del actual contexto de discusión del Proyecto de Ley del Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria, reconociendo la necesidad de un marco legal integrador que garantice la alimentación de toda la población ”, aseguró Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Los participantes de la consulta dialogaron sobre de la situación de los sistemas alimentarios sostenibles en el país, con base en criterios de política pública y experiencias nacionales. Según OPS/FAO, un sistema alimentario sostenible es aquel que provee de alimentación nutritiva y accesible para todos, y en el que la gestión de los recursos naturales preserva los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras.

 Como parte de los resultados de la consulta, se generaron insumos para un documento diagnóstico, que será presentado el próximo mes en El Salvador en un simposio regional que conjugará los resultados de procesos similares, que vienen dándose en los países,  sobre este tema.

 Al respecto, Costa Rica mediante el sector agropecuario, ha trabajado en un diagnóstico que identifica aquellas políticas e iniciativas dirigidas a garantizar la disponibilidad de alimentos variados con medidas que impulsen la producción, la transformación, el almacenamiento, la oferta, distribución y comercialización de alimentos nutritivos.

 La Representante de OPS/OMS en Costa Rica,  Lilian Reneau-Vernon, destacó la importancia de fomentar políticas públicas dirigidas a garantizar la disponibilidad y calidad de los alimentos, incidir en el acceso y demanda de forma favorable y contribuir a la transformación y consolidación de los sistemas alimentarios sostenibles en el país y en la región.

 Según el informe conjunto de la FAO y la OPS/OMS, Panorama de la Seguridad Alimentaria 2016, muestra que Costa Rica logró cumplir con una de las metas promovidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al reducir la proporción de personas que sufren hambre a niveles inferiores al 5%. 

 Además, ha combatido la desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años mediante una reducción de un 3,4%. Sin embargo, Costa Rica, es también el país centroamericano con la cifra más alta de sobrepeso infantil con un 8,1%.

 “Sí se quiere hacer frente a la malnutrición, se requieren medidas integradas e intervenciones complementarias en la agricultura, la ordenación de recursos naturales, la salud pública, la educación y en ámbitos de la política más amplios”, afirmó Ramírez.

 Reneau agregó que es preciso fortalecer el marco normativo y acciones dirigidas al comercio local y regional, la agricultura familiar, el desarrollo de capacidades en acciones climáticas y la mejora de las condiciones de la salud pública.

 A la consulta, realizada  en San José, asistieron  35 expertos de distintas instituciones públicas (Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Estadística y Censos) organismos no gubernamentales, academia, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales.

 Simposio Regional sobre sistemas alimentarios sostenibles 

 Los resultados de la consulta nacional de Costa Rica, serán presentados en el Simposio Regional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles para la Alimentación Saludable en América Latina y el Caribe, que se realizará en San Salvador, El Salvador del 05 al 7 de setiembre. En el Simposio participarán Brasil, México, El Salvador, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala, Jamaica y Paraguay.

 Los representantes de los países analizarán las conclusiones de las consultas nacionales para discutir y plantear las bases de la política pública que contribuya a mejorar los sistemas alimentarios de la región. Asimismo, se analizarán las estrategias y la hoja de ruta que los gobiernos y actores involucrados en los sistemas alimentarios, deben seguir en las próximas décadas para superar los desafíos.

La iniciativa de Escuelas Sostenibles desarrollada por las Escuelas Públicas y Centros de Educación y Nutrición - Centros Infantiles de Atención Integral Sostenibles (CEN-CINAI) en el país, ha sido seleccionada entre las 12 buenas prácticas internacionales certificadas por el Premio de Tecnología Social de la Fundación Banco do Brasil 2017.

Con esta certificación, la iniciativa en alimentación escolar del país pasa a formar parte del Banco de Tecnología Social (BTS) de la Fundación que, actualmente, cuenta con 995 iniciativas aptas para su replicación. El BTS es una base de datos en línea que reúne metodologías reconocidas que promueven  la solución de problemas comunes en diversas comunidades. Los interesados en conocer todas las tecnologías pueden acceder a la página web de la Fundación.

Las iniciativas certificadas fueron reconocidas como soluciones que tienen un impacto positivo y eficaz en la vida de las personas, que ya se han aplicado a nivel local, regional o nacional, y que pueden replicarse a mayor escala y a nivel nacional.

El próximo 15 de agosto el comité de la Fundación dará a conocer los tres finalistas. En noviembre se llevará a cabo la gala de premiación en la que se anunciará el nombre del ganador.

Este año se lleva a cabo la novena edición del Premio de Tecnología Social. Por primera vez, se abrieron las postulaciones a las iniciativas internacionales en una categoría especial que incluye los temas: agua y medioambiente, agroecología o ciudades sustentables, todos ellos relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Celebrado cada dos años, el premio es considerado uno de los más importantes en Brasil. Para la edición 2017, el concurso cuenta con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Brasil y el apoyo de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para la coordinadora regional del proyecto de Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe, de la Cooperación Internacional Brasil-FAO, Najla Veloso, las innovaciones tecnológicas en el marco de las políticas de alimentación escolar inciden en diversas áreas de la vida de los estudiantes, especialmente, en la salud y la educación, lo que también favorece el alcance de los ODS en los países de la región.

Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud, Educación, Desarrollo Social e Instituciones del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, se incorporó a los Programas de Alimentación Escolar Sostenibles (PAES)  en  2014, mediante  las Escuelas y Centros de Educación y Nutrición-Centros Infantiles de Atención Integral Sostenibles (CEN-CINAI). Estas están presentes en 58 centros educativos y 10 CEN-CINAI, e involucran a una serie de actores locales y regionales de diversas instituciones con el objetivo de fortalecer los programas de alimentación preescolar y escolar en el país. 

“Las Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles han tenido un ambiente y resultados muy positivos y constructivos en Costa Rica. Se han convertido  en un elemento trascendental de incidencia política, ya que evidencian que estos programas se pueden implementar mediante un proceso integral y sostenible y replicarse a nivel nacional, sin incurrir en una inversión adicional de recursos”, comentó Ivannia Quesada, Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

La mayoría de los cantones que tienen Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles están ubicados en la Zona Sur del país, donde se concentra el mayor porcentaje de pobreza a nivel nacional (30,9%) y una escolaridad de 7%, por debajo de la media, así como, una mortalidad infantil de 10%, sobre el 8.9% de la registrada en todo Costa Rica.

Las acciones están en marcha en Desamparados, Cajón y Pérez Zeledón de San José y Buenos Aires, Corredores y Coto Brus de Puntarenas y en la Región Brunca del país.

Aproximadamente 10.800 niños y niñas,  638 docentes, así como 2.700 padres y madres de familia han recibido educación alimentaria y nutricional, evidenciando un cambio en sus hábitos alimentarios e incorporando estilos de vida más saludables.

Se han fortalecido un total 8 organizaciones que agrupan a los agricultores familiares que comercializan y abastecen los centros educativos con productos frescos, de calidad y autóctonos que permiten dinamizar las economías locales. Para ello, se  han capacitado 240 agricultores familiares con el objetivo de fortalecer sus sistemas productivos, fomentar las buenas prácticas agrícolas y mejorar sus mecanismos de comercialización de manera que quede garantiza la calidad y la inocuidad que exige la alimentación preescolar y escolar.   

“Costa Rica comprueba que los Programas de Alimentación Preescolar y Escolar son una red efectiva de protección social, que disminuye el riesgo de que la población infantil más pobre no asista a los centros educativos o vea limitado su aprendizaje por sufrir hambre, además de que los agricultores no vendan su producción a precios justos. Por esta razón, se busca replicar esta experiencia en otras zonas del país y que las acciones desarrolladas se eleven al nivel de políticas públicas relacionadas con la alimentación y la nutrición infantil”, afirmó Quesada.

El Modelo de Escuelas y de CEN-CINAI Sostenibles también capacitó a más de 200 funcionarios del Gobierno sobre la importancia de la alimentación escolar y las compras a la agricultura familiar con miras a la implementación de acciones sostenibles en el tiempo, y promovió 58 Comités de Salud y Nutrición Escolar y 10 Comités Específicos de CEN-CINAI, mediante la sensibilización y capacitación de aproximadamente 290 integrantes de estas organizaciones sociales.

Por medio de esta iniciativa, Costa Rica impulsa la participación de la sociedad civil, la promoción de la educación nutricional y alimentaria, el fomento de hábitos alimentarios saludables por medio de huertos pedagógicos, el establecimiento de las compras de productos de la agricultura familiar local para la alimentación preescolar y escolar, la mejora y reforma de los comedores escolares, el mobiliario y equipamiento y las bodegas de alimentos, así como la adecuación de los menús escolares a la cultura local.

 Técnicos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y pescadores costarricenses comparten con funcionarios de la Autoridad de los Recursos  Acuáticos de Panamá (ARAP) y pescadores artesanales panameños su experiencia en la aplicación de las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala de la FAO y su propio modelo de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR), que fomenta la sostenibilidad y el empoderamiento de los pescadores.

 La FAO reconoce la Cooperación Sur-Sur como un mecanismo eficaz para compartir soluciones innovadoras que pueden ampliarse en beneficio de otros países, como es el caso de este intercambio.

 Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, destacó la importancia de impulsar políticas comunes para fomentar la pesca artesanal en Centroamérica y animó a dar mayor protagonismo a este sector desde la óptica de la sostenibilidad ambiental y social de las comunidades.

 En 2015, Costa Rica adoptó el modelo de gestión participativa de los recursos pesqueros AMPR, que está alineado con las Directrices Voluntarias para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (DPPE), convirtiéndose en uno de los primeros países en aplicarlas formalmente.

 Socializar el modelo de gobernanza del sector pesquero de Costa Rica y facilitar las lecciones aprendidas de INCOPESCA y los pescadores costarricenses es el objetivo de este encuentro, que se desarrolla en Panamá entre los días 18 y 20 de julio.

 “Queremos adoptar las Directrices de forma oficial y hacer partícipes a todos los actores interesados en la planificación y administración de las áreas pesqueras, que implique una definición de competencias y responsabilidades de todos”, resaltó Zuleika Pinzón, administradora general de la ARAP.

 Asimismo, la titular de ARAP agregó que en el marco de la Presidencia Pro Témpore de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), Panamá impulsará la adopción de estas directrices en la región.

 Gobernanza para la gestión sostenible de la pesca

 La pesca tiene un papel fundamental en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional y la reducción de la pobreza, y tiene gran potencial para la generación de empleo, impulsar las economías territoriales y reducir la migración rural.

 “En Panamá, como en muchos otros países, existen retos para asegurar la gestión sostenible de la pesca”, señaló  John Jorgensen, Oficial de Pesca de la FAO para Mesoamérica, agregando que el subsector de la pesca artesanal, que supone alrededor de 90% de los pescadores y es responsable de la mitad de los desembargues pesqueros, constituye un desafío especial para la ordenación debido a su diversidad y dispersión geográfica.

 De acuerdo a la FAO, para atender de forma adecuada la pesca en pequeña escala, las políticas y los temas del desarrollo deben centrarse en las personas y las comunidades, fomentando la gobernanza para la gestión de los recursos pesqueros.

 En este sentido, las DPPE, aprobadas por la Comisión de Pesca de la FAO en 2015, tiene el propósito de orientar a los países para brindar la atención adecuada a las necesidades del sector de la pesca artesanal de manera integral.

 Costa Rica avanza en el fortalecimiento de la pesca artesanal

 El Gobierno de Costa Rica ha dado importantes pasos para establecer normativas nacionales con una visión holística, interinstitucional e integradora en beneficio al sector pesquero y acuícola de pequeña escala fundamentado en los derechos humanos.

 Además de adoptar las DPPE, el país inició en 2015 un proceso interinstitucional de desarrollo de una política nacional, dentro del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, orientada a favorecer la sostenibilidad de la pesca de pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza.

 Asimismo, ha fortalecido las cooperativas y organizaciones de molusqueras, piangüeros, pescadores y acuicultores tanto el Pacífico como en el Caribe y está elaborando una propuesta de un Plan para la Atención Integral del Golfo de Nicoya, donde se concentra el mayor porcentaje de pescadores en el país, para impulsar la mejora de las fuentes de empleo.

 Por su parte, Panamá, con el apoyo técnico de la FAO, también ha promovido el desarrollo sostenible del sector pesquero en el país, involucrando a los integrantes del sector en su desarrollo y la planificación y favorecer su posterior gestión.

La FAO promueve que mujeres y hombres gocen de los mismos derechos y oportunidades. 

El reconocimiento del papel de la mujer en la seguridad alimentaria, empleo decente, bienestar de las comunidades marino costeras, conservación de los recursos pesqueros y aporte a la economía familiar, propicia el intercambio de experiencias de 8 mujeres del Caribe y de Costa Rica, en pesquerías de pequeña escala.

 “Esperamos que esta Cooperación Sur – Sur Triangular, entre Costa Rica, el Caribe y la FAO, sea efectiva, para que puedan aportar y aprender de estas experiencias para lograr impulsar a más mujeres a participar en organizaciones pesqueras que promuevan esta importante labor”, comentó Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Representantes de Belice, Barbados, St. Kitts and Nevis y Grenada visitarán las comunidades marino costeras de Tárcoles, Chomes y Limón para reforzar el proceso de empoderamiento personal, económico y organizativo de las mujeres en la pesca y así replicar estas experiencias, en sus respectivos países. A su vez, las líderes de Tárcoles, Chomes y Limón, recibirán de las mujeres del Caribe su visión e ideas innovadoras.

 Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), enfatizó que desde los Gobiernos es importante impulsar el desarrollo y el posicionamiento de la voz de la mujer para lograr alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Dentro de las actividades principales de este encuentro las visitantes conocerán la Cooperativa Molusqueras de Chomes R.L. (CoopeMolus-Chomes), compuesta por un grupo de 40 mujeres, dedicadas a la extracción de moluscos en una comunidad que ha demostrado un buen nivel organizativo a favor de sus derechos, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

 El hito histórico de las mujeres de la Comunidad de Chomes

 En el 2016 las mujeres molusqueras de Chomes, presentaron ante el Gobierno de Costa Rica un plan participativo de aprovechamiento del recurso del molusco en el manglar, con el propósito de obtener un reconocimiento de sus derechos, empleo decente y acceso a un seguro social.

 “Costa Rica es un ejemplo en la lucha por los derechos de las mujeres pescadoras, mediante la implementación de las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, lo que ha fortalecido e impulsado el admirable trabajo de las mujeres de la comunidad en Chomes”, destacó Susana Siar, Oficial de la Industria Pesquera de la FAO en Roma.

 Estas mujeres han sido apoyadas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social (COOPESOLIDAR R.L.), organizaciones de la sociedad civil y el Proyecto de Gestión y Ordenamiento Sostenible de la Captura Incidental de las Pesquerías de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC-II-LAC), el cual cuenta con el apoyo técnico de la FAO.

 Según el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el Gobierno rescata el valioso papel de la mujer en el desarrollo del país, debido a que es un eje transversal de la política que se ejecuta a través de todas las instituciones públicas.

 Por medio de este intercambio se va a generar una retroalimentación que aportará mejoras en los programas, proyectos y políticas de pesca en pequeña escala con enfoque de género y gobernanza.

 El reto de promover la igualdad de género en el sector pesquero

 El trabajo de las mujeres en las pesquerías de pequeña escala contribuye al mantenimiento de la pesca artesanal, la seguridad alimentaria, el bienestar de las comunidades y la erradicación del hambre y la pobreza.

 Según la FAO, tanto las mujeres como los hombres deben gozar de los mismos derechos, contar con las mismas condiciones de trabajo y remuneración económica a fin de garantizar que sus intereses y necesidades estén adecuadamente protegidos y satisfechos.

 A pesar de que Costa Rica es líder en la defensa de equidad de género en América Latina, todavía hay muchas mujeres costarricenses que se dedican a la pesca y reciben menor salario que los hombres, reflejando una brecha de género que afecta el ingreso económico de la mujer y su familia.

 Las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (DPPE), constituyen el primer instrumento acordado a nivel internacional dedicado íntegramente al sector pesquero artesanal.

 En las DPPE, se enfatizan los derechos de las mujeres, con el firme propósito de alcanzar la igualdad de género en el contexto de las pesquerías de pequeña escala. En el capítulo de equidad, se establece que la incorporación de la perspectiva de género debe ser parte integral de las estrategias de desarrollo de pesca artesanal. También, señala que las estrategias requieren enfoques diferentes en diversos contextos culturales y deben cuestionar las prácticas discriminatorias contra las mujeres.

 Según las directrices, los Estados deben garantizar que las mujeres participen en los procesos de toma de decisiones y puedan acceder a recursos físicos y de capital para desarrollar su propio emprendimiento, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y aspiraciones.  

FAO y Costa Rica profundizarán desde hoy su cooperación técnica para fomentar el intercambio de soluciones de desarrollo, tecnología, información técnica y experiencias por medio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, para contribuir así a la consecución global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en los países del Sur Mundial.

 En el marco del acuerdo firmado hoy en la sede central de la FAO en Roma por José Graziano da Silva, Director General de la FAO, e Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, el país centroamericano y la FAO se comprometen a colaborar en un amplio abanico de sectores que van desde la seguridad alimentaria y la nutrición, a la gestión sostenible de los recursos naturales, ganadería o desarrollo rural.

 Graziano da Silva reafirmó durante la firma del acuerdo su compromiso con la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Según el Director General de la FAO, se trata de “un mecanismo excelente para que los países en desarrollo compartan conocimientos y recursos entre sí de forma solidaria, y adapten experiencias que ya han dado buenos resultados en un lugar en beneficio de otros”.

 La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular (CSST) han demostrado su eficacia en la creación de puestos de trabajo, la construcción de infraestructura y la promoción del comercio en los países del Sur del mundo.

 Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica destacó por su parte que la “FAO provee un marco establecido y testado, que garantiza la calidad técnica de los intercambios de Cooperación Sur-Sur y Triangular, y además facilita las relaciones con otros países y la identificación de los receptores de Cooperación gracias a su extensa presencia y red de contactos en el Sur Mundial”.

 Costa Rica, expertos en Cooperación Sur-Sur

 La FAO continúa con este acuerdo con Costa Rica sus esfuerzos por impulsar un marco amplio de colaboración entre los países en desarrollo que ofrezca un modelo complementario a la relación tradicional entre donantes y beneficiarios, mediante esquemas de cooperación flexibles que permitan soluciones innovadoras.

 La Organización une así sus esfuerzos a los del Gobierno de Costa Rica, que ya viene realizando Cooperación Sur-Sur y Triangular por medio de la Plataforma Costa Rica Coopera, “como forma de transmisión de tecnologías, metodologías, conocimientos y experiencias por parte de instituciones costarricenses y organismos estatales a diferentes organizaciones o entidades públicas en terceros países”, explicó la Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

 Formación y técnicos

 La Cooperación Sur-Sur y Triangular se caracteriza por su gran flexibilidad a la hora de encontrar soluciones óptimas y efectivas para lograr la cooperación entre países. Cada país tiene algo que ofrecer, alguna manera de colaborar y aportar algo en este tipo de intercambio.

 En este caso, Costa Rica dará formación de distinto calado a personal y/o instituciones de otros países del Sur mundial en Costa Rica, y también, con el apoyo de la FAO, enviará expertos técnicos desde el país centroamericano para compartir sus conocimientos.

 Portal de Cooperación Sur-Sur de la FAO

 El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se sumarán al Portal de Cooperación Sur-Sur de la FAO, una plataforma diseñada para intercambiar información sobre una amplia gama de instituciones y conocimientos especializados sobre alimentación y agricultura en los países del Sur.

 Estas instituciones se unen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) del país centroamericano, que ya forma parte de esta plataforma para la Cooperación Sur-Sur. El Portal sirve como punto de partida para facilitar la Cooperación Sur-Sur y Triangular entre sus países miembros, y permite obtener una visión general de las iniciativas de CSST facilitadas por la FAO.

 Video: Declaraciones de la Viceministra  tras la firma del acuerdo

https://youtu.be/Pe1Ra4tzGXw

42 funcionarios públicos se gradúan del “Curso Alimentación Escolar: Desarrollo de Programas Sostenibles a partir del Caso Brasileño”, impulsado por la Cooperación Internacional entre la FAO y el Gobierno de Brasil, que contribuyó a desarrollar y fortalecer sus capacidades técnicas en temas de alimentación escolar, compras públicas a la agricultura familiar, seguridad alimentaria y nutricional, entre otras.

 “Mejorar los procesos de trabajo intersectorial e interinstitucional, impulsar la implementación de mecanismos legales para las compras institucionales de la agricultura familiar y la institucionalización de acciones educativas en torno a la nutrición y el regreso a la tierra, son acciones que dependen en gran medida del papel que cada uno de ustedes desarrolle en sus comunidades y de las posibilidades de trabajo conjunto que podamos ir materializando”, aseguró Octavio Ramírez, Coordinador Residente de la FAO en Costa Rica.

 Mediante el curso los asistentes intercambiaron experiencias y reconocieron el valor de la articulación interinstitucional, para implementar acciones orientadas a fortalecer los programas de alimentación preescolar y escolar, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad.

 Rosa Adolio, Directora de Programas de Equidad del MEP, enfatizó en que a pesar del extraordinario Programa de Alimentación Escolar que hay en el país, aún quedan retos por enfrentar y trabajar para seguir mejorando.

 Este curso se realizó en el marco del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar, que busca contribuir al desarrollo de políticas públicas de alimentación escolar, incluyendo la articulación intersectorial, la educación nutricional y alimentaria, el desarrollo de la agricultura familiar y de la economía local, a través de las compras públicas a la agricultura local para abastecer los comedores escolares.

 Durante el curso, los participantes asumieron el compromiso de seguir promoviendo e impulsando la educación nutricional y alimentaria, así como las compras públicas a la agricultura familiar local para mejorar la calidad y pertinencia de la alimentación infantil en el país.

 Según datos de la Representación de la FAO en el país, con el proyecto también se ha logrado capacitar a unos 240 agricultores familiares para fortalecer sus sistemas productivos, enfatizando las buenas prácticas agrícolas, así como sus mecanismos de comercialización, para garantizar la calidad y la inocuidad que exigen la alimentación preescolar y escolar.

 Por otra parte, hay un total de 200 funcionarios públicos que articulan esfuerzos para potenciar los resultados de su trabajo y maximizar el uso de los recursos disponibles para el fortalecer la alimentación infantil en Costa Rica.

 Hasta la fecha la articulación conjunta y la participación de funcionarios del Ministerio de Educación (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Dirección Nacional de CEN-CINAI, ha sido clave para impulsar los programas de alimentación preescolar y escolar y la agricultura familiar.

 “Tenemos muchos desafíos por delante, sin embargo, es un orgullo que el programa de CEN-CINAI haya nacido y siga creciendo en el seno de las comunidades de este país”, comentó Lidia Conejo, Directora Nacional de CEN-CINAI.

 Los programas de alimentación escolar son una importante herramienta de protección social y de aplicación efectiva del derecho humano a la alimentación que han sido recomendados como uno de los componentes clave del desarrollo sostenible a largo plazo.

 Programa de Alimentación Escolar de Brasil es un ejemplo en la región

 El Programa de Alimentación Escolar de Brasil, tiene más de 60 años de existencia y atiende más de 45 millones de estudiantes. Este Programa es implementado por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación y ha ampliado sus objetivos para abarcar desde el suministro de alimentos hasta la educación alimentaria y nutricional. 

 Como principales avances del Programa de Alimentación Escolar de Brasil en las últimas décadas se destacan la adecuada intersectorialidad, la implementación de mecanismos legales para las compras institucionales de la agricultura familiar y la institucionalización de acciones educativas como el proyecto Educando con la Huerta Escolar, desarrollado de manera sostenible en Brasil, con la participación de la FAO.

Agricultores familiares y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, así como del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) de la Vicepresidencia de República Dominicana, la Fundación Ozama y del Instituto del Bienestar Estudiantil INABIE, visitan Costa Rica para intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre producción sostenible de alimentos, comercialización y consumo.

De acuerdo con la FAO, más del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo provienen de la agricultura familiar, por lo que es un sector clave para garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

La FAO promueve la cooperación sur-sur como un mecanismo efectivo para el intercambio de soluciones innovadoras y así contribuir al logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el marco del Proyecto “Mejoramiento de la alimentación familiar y escolar mediante unidades productivas agropecuarias y formación de redes comunitarias promotoras de la nutrición y la seguridad alimentaria” y con el apoyo del programa Mesoamérica sin Hambre, impulsado por FAO y AMEXCID, durante cuatro días, los productores y funcionarios de República Dominicana realizarán una gira de campo en el país conociendo las experiencias de las regiones Brunca y Chorotega.

Ahí conocerán más sobre las experiencias del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar y compras públicas a la agricultura familiar, su sistema asociativo de entrega de hortalizas y la estrategia de producción y comercialización en ambientes protegidos, entre otras prácticas. Entre otros, el intercambio contribuirá a fortalecer los procesos de atención diferenciada a la agricultura familiar, la adecuación de marcos jurídicos para las compras públicas para la alimentación escolar y la promoción del desarrollo rural y local.

Al concluir la misión, se generará un mecanismo de seguimiento para las buenas prácticas identificadas que pueden ser consideradas por otros países para ser adaptadas o replicadas de acuerdo al contexto nacional.

Alimentación Escolar, un camino firme hacia la meta del hambre cero

Con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, República Dominicana y Costa Rica promueven acciones para desarrollar un Programa de Alimentación Escolar Sostenible.

Su objetivo es contribuir al desarrollo de políticas públicas de alimentación escolar, incluyendo la articulación intersectorial y de políticas, la educación nutricional alimentaria, el desarrollo de la agricultura familiar y de la economía local, a través de las compras públicas para abastecer los comedores escolares.

En el marco del proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar , se lleva a cabo la iniciativa de Escuelas Sostenibles en República Dominicana, Costa Rica y otros 11 países de la región.

El involucrar a las y los agricultores familiares del entorno, en la comercialización de sus productos como proveedores de los Programas de Alimentación Escolar, es un elemento de la iniciativa de Escuelas Sostenibles que promueve el desarrollo de la economía y de la calidad de la vida local.

Hasta el momento, la iniciativa de Escuelas Sostenibles ha involucrado, en 13 países de la región, a más de cien asociaciones de productores y cerca de 900 agricultores familiares en la comercialización de sus productos a la alimentación escolar, beneficiando a más de 2300 centros escolares y 198000 niños y niñas con alimentos de calidad, saludables y que respetan la cultura alimentaria local.

Actualmente, la FAO apoya al sector agropecuario de Costa Rica en la producción de hortalizas frescas, sanas e inocuas bajo ambientes controlados, a través de la construcción de Casas Sombra que han permitido al país generar una experiencia muy favorable con productores de la agricultura familiar en apoyo a la institucionalidad pública del país.

Cooperación sur-sur, nuevas alianzas para el desarrollo rural

La FAO reconoce que los países en desarrollo cuentan con una gran variedad de soluciones y con un gran potencial para ampliarse en beneficio de otros países.

A través de distintos mecanismos de cooperación sur-sur y cooperación sur-sur triangular, la FAO promueve la colaboración entre países en desarrollo para avanzar hacia la erradicación del hambre y la pobreza rural. 

 El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) creó la primera ley modelo de pesca artesanal del mundo, la cual servirá como un ejemplo para que los países fortalezcan este sector clave para la seguridad alimentaria y nutricional.

La ley modelo es un marco jurídico de referencia que los países pueden utilizar como base para desarrollar sus propias políticas y leyes nacionales para apoyar a millones de personas que dependen de la pesca artesanal como su principal medio de vida.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 2.3 millones de personas trabajan en la pesca en la región y la mayor parte lo hace a pequeña escala.

Cada año, el sector pesquero de América Latina y el Caribe genera más de 11 millones de toneladas de productos, provenientes de las capturas en mares y aguas continentales, pero los pescadores artesanales enfrentan serias limitaciones frente a los grandes operadores del sector.

“Esta ley da herramientas para reconocer y proteger los derechos de acceso de la pesca de pequeña escala”, explicó Armando Castaingdebat, Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del PARLATINO.

Impulsando la sostenibilidad del sector

Según Alejandro Flores, Oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO, “las directrices y recomendaciones de la nueva ley permiten fortalecer la sostenibilidad del sector e impulsar su contribución a la erradicación del hambre y la pobreza”.

La Ley Modelo contiene 10 capítulos que tocan temas claves para el desarrollo del sector como el registro pesquero, la generación de información para la toma de decisiones y los derechos y deberes de quienes trabajan en el sector.

La ley modelo se refiere específicamente al Plan de Acción Internacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No reglamentada, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación del sector al cambio climático.

La ley promueve el enfoque de género y la inclusión de los pescadores y pescadoras en sistemas de protección social con inclusión productiva.

Fue elaborada con el apoyo técnico de la FAO, la cooperación mexicana (a través de Mesoamérica sin Hambre), la cooperación española, a través del programa España/FAO, y el Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe.

La pesca: sector estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional

El último informe sobre el Estado de la pesca y la acuicultura de la FAO revela que en 2016 el sector produjo una cifra récord de 128 millones de toneladas de pescado para consumo humano, y que la pesca y la acuicultura son una fuente de ingresos para 120 millones de personas en todo el mundo.

"La pesca y la acuicultura son la principal fuente de proteínas para el 17 por ciento de la población mundial, y para casi una cuarta parte en el caso de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos", explicó Alejandro Flores de la FAO.

De acuerdo a la FAO, el consumo promedio de productos pesqueros a nivel mundial es de 20.5 kilogramos por persona, por año.

Esta cifra es mucho menor en América Latina, donde apenas alcanza los 9 kilogramos por persona, y menor aún en Centroamérica, donde se consumen 6 kilogramos por persona al año. La excepción a la regla es Panamá, donde el promedio del consumo per cápita supera los 13 kilos al año.

Alto a la pesca ilegal

En el año 2016 entró en vigor el primer tratado internacional dirigido específicamente a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), promovido por la FAO.

En conjunto, alrededor de 40 países y la Unión Europea se han comprometido a denegar la entrada o inspeccionar los buques implicados en la pesca INDNR, y a tomar las medidas necesarias para acabar con este fenómeno.

Doce países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Costa Rica,  se han sumado al acuerdo y están comenzando a implementar sus medidas.

Asimismo, se han comprometido a compartir información a nivel regional y mundial respecto a cualquier barco involucrado en la pesca ilegal.

Cada año, la pesca ilegal suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que alcanza cerca de USD 23 000 millones de dólares, socavando los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible y la gestión responsable de las poblaciones de peces en todo el mundo.

 La Agencia de Desarrollo Rural de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación firmaron un acuerdo por US 8,7 millones de dólares para apoyar la política pública agrícola y rural del país.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) fue creada en 2015 con el objetivo expreso de mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales y apoyar el Acuerdo de Paz a través de iniciativas rurales de gran escala.

La FAO trabajará con la Agencia de Desarrollo Rural para desarrollar planes y proyectos de desarrollo rural con un enfoque territorial integral.

"Para nosotros este acuerdo es fundamental. Tenemos la certeza de que con la FAO vamos a hacer un gran equipo ", dijo Carlos Eduardo Gechem, presidente de la ADR, durante la firma del acuerdo.

Al fortalecer las capacidades de la Agencia de Desarrollo Rural, la FAO ayudará a Colombia a desarrollar el apoyo institucional necesario para restablecer los medios de vida en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado y reconstruir las comunidades rurales, reforzando la paz y aumentando la competitividad agrícola del país.

"Esta agencia representa el tipo de instituciones que una nueva Colombia necesita", declaró el Representante de la FAO en Colombia, Rafael Zavala, sobre el papel clave que desempeña la Agencia de Desarrollo Rural en las zonas rurales de Colombia.

Soluciones cuidadosamente adaptadas a cada territorio

El trabajo conjunto entre la FAO y la Agencia de Desarrollo Rural se centrará en dieciséis de los departamentos del país: Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima. Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Atlántico, Antioquia, Boyacá, Bolívar, César, Tolima, Meta y Nariño.

El nuevo acuerdo considera tres áreas principales de trabajo. La primera se centrará en la creación y cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agrícola y rural con un enfoque territorial y servicios de asistencia técnica cuidadosamente elaborados para satisfacer las necesidades específicas de cada territorio.

La segunda tiene como objetivo desarrollar planes agrarios de desarrollo rural a nivel departamental y un manual metodológico para la construcción de estos planes, de manera que puedan ser replicados y socializados con las comunidades locales.

La tercera área de trabajo principal fortalecerá las capacidades de la Agencia de Desarrollo Rural y otros socios claves para mejorar la integración productiva y la competitividad fomentando las organizaciones de la agricultura familiar y alianzas con el sector privado.

Bajo esta línea de trabajo, la FAO creará directrices para los servicios de asistencia técnica agrícola, planes para fortalecer la asociatividad y una estrategia para la creación y operación de redes locales de proyectos integrados de desarrollo agrícola.

"La alianza que firmamos impulsará la paz a través del desarrollo institucional. Nuestra atención no sólo se centrará en áreas de alto riesgo, sino en toda la ruralidad de Colombia, una parte del país que de alguna manera se ha dejado atrás ", dijo Zavala.

 "La FAO es una organización con un gran experiencia y la capacidad de trabajar mano a mano en este tema que es fundamental para nuestro país", concluyó Gechem.

 Países de América Latina y el Caribe anunciaron hoy su interés de impulsar un código internacional de conducta que oriente al mundo en la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.

La FAO ha apoyado a los países de la región a crear una nota de sustento técnico para el código, que será presentado durante junio al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).

La nota que será presentada al CSA contiene un marco metodológico para identificar los puntos críticos, prácticas y actores claves vinculados con las pérdidas y desperdicios.

Esta propuesta fue debatida por parlamentarios, autoridades de Gobierno, representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia de dieciséis países de la región durante el III Diálogo Regional de pérdidas y desperdicios de alimentos.

“Que una gran parte de los alimentos que se producen en el mundo acaben en la basura, cuando más de 795 millones de personas aún sufren hambre en todo el planeta, es un verdadero crimen”, dijo Julio Berdegué durante el diálogo regional.

De ser acogida por la comunidad internacional, la propuesta servirá como base para construir un instrumento jurídico no vinculante –como el que existe para el uso de plaguicidas - que permitirá a los países acercarse a la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios per cápita al año 2030.

El código de conducta permitirá coordinar la respuesta global mediante una visión compartida y estrategias de acción que involucren a todos los actores del sistema alimentario.

Identificando los puntos críticos en cada fase del ciclo de vida de los alimentos, los países podrán prevenir y reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Al vincular estrategias locales, regionales y globales, servirá como una referencia para crear leyes y fomentar la cooperación entre las partes involucradas.

La región fortalece sus leyes e institucionalidad

Desde 2015, varios países de la región han incorporado esta temática en sus agendas legislativas y en su institucionalidad.

Durante el diálogo regional, Chile anunció la creación de un comité intersectorial sobre esta temática, con lo que se sumó a Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Uruguay. Ecuador, Honduras y Paraguay ya han iniciado procesos similares.

En la actualidad hay cerca de 19 proyectos de ley relativos a las pérdidas y desperdicios que están siendo debatidos en los parlamentos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay.

Durante el dialogo regional, diez miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe participaron en una sesión especial de capacitación, y definieron una hoja de ruta conjunta para impulsar estas iniciativas.

“Se necesitan leyes que minimicen la pérdida de alimentos desde un enfoque multidimensional y preventivo, no sólo vinculadas a lo punitivo”, explicó la senadora mexicana Luisa María Calderón, Coordinadora General del Frente Parlamentario contra el Hambre.

Según la FAO, uno de los retos pendientes es avanzar no sólo en la reducción sino también en la prevención de las pérdidas y desperdicios en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos.

Un problema con  múltiples repercusiones

Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales, e impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Mientras que en los países en desarrollo un 40% de las pérdidas ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento, en los países industrializados más del 40% de las pérdidas se produce en el comercio minorista y a nivel del consumidor.

Según la FAO, cada año se usan cerca de 1 400 millones de hectáreas de suelo para producir alimentos que no son consumidos, superficie mayor a la de Canadá e India en conjunto.

 Un nuevo programa regional apoyará a las comunidades más vulnerables del Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de República Dominicana a enfrentar los efectos del cambio climático y aumentar su resiliencia.

 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportó USD 2 millones de dólares para la formulación del programa, en el marco del acuerdo firmado ayer con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 Para el componente de coordinación regional del Programa, el acto también incluyó la firma de un acuerdo de cooperación del BCIE con la Comisión de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana, representado por el Ministro de Medio Ambiente y Energía de la República de Costa Rica en su calidad de Presidencia Pro tempore de la CCAD, con el objetivo de  llevar la dirección estratégica del programa para ser presentado como una propuesta de carácter regional ante el Fondo Verde del Clima.

 El programa promoverá sistemas agroalimentarios sostenibles basados en conocimiento, sin afectar la provisión de servicios ecosistémicos de los que dependen las comunidades. Su eje principal será fortalecer las capacidades de los países miembros del SICA para cumplir con los compromisos de la agenda ambiental y asegurar una adecuada gestión de los ecosistemas y la biodiversidad, con un enfoque de territorio.

 “Las acciones climáticas y las nuevas inversiones que se pretenden implementar a través de este programa ofrecerán respuestas integrales a las actuales condiciones naturales negativas que afectan a dichos territorios y a las comunidades vulnerables establecidas ahí”, dijo Alejandro Rodríguez Zamora, Vicepresidente Ejecutivo del BCIE.

 Tito E. Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica, destacó que el cambio climático exacerba la condiciones de vulnerabilidad de las familias que viven en el Corredor Seco Centroamericano: “Es indispensable pasar de la tradicional estrategia de respuesta a las emergencias a una acción integral y sostenible en términos ambientales y socio económicos, que enfrente las causas estructurales de la vulnerabilidad, la degradación de los recursos naturales, la desigualdad, la pobreza y la poca diversificación de los medios de vida”.

 “Hablar de la zona seca es hablar de propuestas enfocadas en el manejo integrado del recurso hídrico, los ecosistemas y la formación de capital humano y social”, agregó el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE.

 ONU Medio Ambiente será un miembro clave del equipo técnico del programa. Su Coordinador Regional de Cambio Climático de la Oficina para América Latina y el Caribe, Gustavo Máñez, señaló que: “El programa trabajará para recuperar ecosistemas claves para la adaptación, como los bosques que regulan la provisión de agua y estabilizan suelos y para implementar opciones que aporten a la vez al desarrollo local y a la mitigación del cambio climático”.

Máñez agregó que los Ministros de Ambiente y Agricultura de Centroamérica han solicitado que el programa identifique e integre opciones productivas en zonas que están perdiendo su aptitud para la producción agrícola.

Además, el programa permitirá diseñar mecanismos financieros innovadores para mejorar la resiliencia de los medios de vida de miles de agricultores familiares, y fortalecer los sistemas de información agroclimática y de alerta temprana.

 Unir esfuerzos para combatir el cambio climático

 El nuevo programa de SICA/BCIE/FAO/ONU Medio Ambiente generará instrumentos que servirán a los países a diseñar e implementar programas nacionales, contribuyendo, desde la agenda ambiental, a fortalecer la integración centroamericana.

 A nivel técnico, la FAO liderará un grupo interdisciplinario de expertos que incluirá miembros del BCIE y de ONU-Medio Ambiente para desarrollar el nuevo programa regional.

 El Coordinador de la FAO en Centroamérica destacó que los efectos del cambio climático en la producción de alimentos pueden socavar los logros globales de seguridad alimentaria y nutricional: “Implementar una agenda ambiental y de acción climática es indispensable para reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza en Centroamérica y el mundo”.

 Además, apoyará a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Alianza estratégica entre BCIE y la FAO da sus primeros frutos

 En junio del año pasado, el BCIE y la FAO crearon una alianza técnica y financiera para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y al desarrollo sostenible.

 El acuerdo firmado hoy entre el Vicepresidente Ejecutivo del BCIE, Alejandro Rodriguez Zamora, y el Coordinador de la FAO para Mesoamérica, es el primer gran fruto de esa alianza, y sentará una base sólida para desarrollar el programa regional de resiliencia.

 “No tenemos dudas que esta importante alianza técnica y financiera que hoy firmamos brindará sus frutos y podremos así mejorar las condiciones de inseguridad alimentaria, mitigar la degradación acelerada de los recursos naturales y traer bienestar a estos territorios”, dijo el Vicepresidente del BCIE.

La firma del acuerdo para apoyar el programa de resiliencia tuvo lugar durante la LII Reunión del Consejo de Ministros de la Comisión de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del SICA en Puntarenas.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y con el apoyo técnico de la FAO, elabora una hoja de ruta con las acciones, desafíos  y avances del país, relacionados específicamente con el Objetivo 2  de los ODS: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y su vinculación con la pobreza rural y género.

 "La alimentación es uno de los derechos más básicos de las personas, hay 800 millones de personas en el mundo que no tienen certeza de si van a comer o no y también sufren el flagelo de la desnutrición; no es posible lograr la Agenda 2030 si no contamos con mejores estándares de nutrición; con seguridad alimentaria; reduciendo las brechas de pobreza rural, que atacan especialmente a los pequeños propietarios a los agricultores y agricultoras familiares, que son mucho más sensibles a la volatilidad de los precios, condiciones externas o al cambio climático; haciendo un uso equilibrado del agua e innovando en sistemas de producción sostenible", dijo  María del Pilar Garrido Gonzalo, Viceministra de MIDEPLAN y Coordinadora de la Secretaría Técnica de los ODS.

 Esto se realiza, con  el propósito de construir un mapeo preliminar sobre los principales avances y retos que deberá enfrentar Costa Rica para lograr cumplir con los ODS de la Agenda 2030, que fue adoptada por el Gobierno y 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en setiembre de 2015.

 Ana Gómez, Directora Ejecutiva de SEPSA enfatizó en que el informe que llevará el país en julio de este año de la revisión nacional voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel de los ODS, se debe preparar en conjunto con todas las instituciones del sector.

 En el marco del cumplimiento de los ODS, Costa Rica se comprometió junto a Argentina, Belice, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay a exponer mediante un informe, sus acciones y retos pendientes para avanzar hacia la consecución de las metas de la Agenda 2030, durante la sesión del Foro Político de Alto Nivel que se realizará en Nueva York.

 En esta construcción colectiva se cuenta con la participación de actores clave del  Sector Agropecuario, Salud, Educación, Desarrollo Humano Inclusivo, Instituto Nacional de Aprendizaje, OPS/OMS e INCAP,  que se dieron cita hoy, para analizar, mejorar y validar este trabajo que será fundamental para la elaboración del informe país.

 El camino de Costa Rica hacia la erradicación del hambre y reducción de la pobreza en el medio rural

 Costa Rica redujo la pobreza rural en un 2.2% entre 2015 y 2016. Estos logros se deben a la contribución de diversos programas del Estado y a la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza del Gobierno,  mediante el programa  Puente al Desarrollo, que se ha constituido en un mecanismo de articulación interinstitucional, que ha incidido en una mejora de las oportunidades para la población más vulnerable en pobreza y económicamente más rezagada.

 Sin embargo, aún prevalecen las condiciones de pobreza en regiones como la Brunca, donde persiste el mayor porcentaje de población en esta condición.

 “Es posible erradicar el hambre para 2030. Esto requiere una combinación de inversiones a favor de la agricultura sostenible, el desarrollo rural y medidas de protección social, para sacar inmediatamente a la gente de la subalimentación, la malnutrición y la pobreza”, declaró Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en el país.

 Por otra parte, se redujo la proporción de personas que sufren hambre y desnutrición crónica a niveles inferiores al 5% y  según  el Censo Escolar de Peso y Talla del año pasado, la desnutrición en la población infantil ha disminuido un 1.8% con el apoyo de las estrategias de salud pública dirigidas a reducir esta condición.

 Además, el país ha avanzado en el fomento de la agricultura familiar, brindando apoyo a las familias productoras en territorios rurales  para la adquisición de tierras y crédito rural, con la articulación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), entre otras instituciones gubernamentales.

 No obstante, se debe mejorar y fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones del Sector Público Agropecuario para fomentar en mayor medida la asociatividad y las alianzas público-privadas.

 Asimismo, el país ha avanzado en la elaboración intersectorial y multinstitucional,  del Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria, Nutrición  y Erradicación del Hambre 2025.  La propuesta de este Plan, contribuye a mejorar significativamente la calidad de vida de la población, promoviendo la erradicación de la pobreza en el territorio costarricense, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque de género y respetando la diversidad de hábitos alimentarios existentes.

 La FAO trabaja con los Gobiernos de la región para contribuir al desarrollo de políticas públicas productivas, de salud, educación y protección social, para erradicar todas las formas de malnutrición, con la participación de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los parlamentos, creando el compromiso político que se requiere para lograr las metas de hambre cero, y de esta forma, no dejar a nadie atrás.

Para conocer las políticas agroambientales en el país e iniciar el proceso de conceptualización y diseño de indicadores que permitan evaluar y dar seguimiento a acciones en materia agroambiental, se llevará a cabo el 1 de junio, en San José, Costa Rica, un taller con la participación de autoridades ambientales y de agricultura así como representantes del gobierno de distintos sectores y de la FAO.

Avanzar en el análisis de postulados y medidas planteadas en las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en ALC, integrando al sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial; permitirá mejorar y validar el resultado del proceso llevado a cabo con las políticas agroambientales y fortalecer la articulación intersectorial, favoreciendo procesos más y mejor articulados de planificación y gobernanza que aseguren la sostenibilidad en la agricultura y la gestión de los recursos naturales.

 Asimismo, generar indicadores para dar seguimiento a políticas agroambientales contribuirá a fortalecer la toma de decisiones en política y gestión pública agroambiental, fortaleciendo la implementación de lineamientos y medidas propuestas en las Directrices, posibilitando la identificación de nuevas perspectivas y desafíos, así como también, mejorando mecanismos de fiscalización. 

 Jessica Casaza, coordinadora del proyecto regional llevado a cabo por FAO y Gobierno de Brasil para el fortalecimiento de políticas agroambientales, explica que el diálogo y análisis para la definición y el desarrollo metodológico de los indicadores de políticas agroambientales favorece a los países en el proceso de internalización de las Directrices Voluntarias y aplicación de medidas agroambientales en sinergia con las Directrices de Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. 

 “Existe una necesidad urgente de adoptar modelos de producción más sostenibles con la finalidad de frenar el deterioro de los ecosistemas y los recursos naturales, y que garantice la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones”, señala Jessica Casaza. 

 Las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales contribuyen a los ODS y presentan sinergia con varios indicadores propuestos, en especial de los Objetivos 2 (Hambre cero); 13 (Acción por el clima); 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Sin embargo, medidas agroambientales postuladas también están en consonancia con metas de los Objetivos 1, 3, 5, 6, 7, 9 y 12. 

 El diálogo que se promoverá en Costa Rica es llevado a cabo en otros países de la región, generando importantes contribuciones para la implementación de las Directrices en América Latina y el Caribe. El taller es promovido por el proyecto de fortalecimiento de políticas agroambientales en ALC con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y con el apoyo de la Representación de FAO en Costa Rica.

 Por su parte, Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica, señaló que para el país es sumamente valioso incorporar las directrices voluntarias y sus indicadores, en el trabajo intersectorial de agricultura y ambiente, a efectos de dar pasos importantes hacia el desarrollo sostenible.

 En Costa Rica, se realizó el proceso de identificación de las políticas agroambientales y cuyo resultado fue publicado en el documento Experiencias de aplicación de políticas públicas que fomentan la agricultura la agricultura sostenible en Costa Rica: Identificación, sistematización y análisis.

 Directrices en ALC: mejora en la gobernanza

 Las Directrices posibilitarán aportar a la comprensión del estado de la política vista desde una perspectiva orientadora agroambiental y de sus enlaces intersectoriales actuales y potenciales, con el fin de que puedan ser incorporados en la mejora de la gobernanza y la implementación de las actuales políticas sectoriales y, el diseño y aplicación de incentivos a los sistemas agroambientales. 

 Las Directrices Voluntarias para las Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe han sido preparadas por medio de un intenso y amplio proceso de consultas y debates entre distintos sectores de gobierno y especialistas de varios países de la región, así como con el aporte de sectores como representantes de organizaciones de agricultores, organizaciones ambientales y sociedad civil. 

 Se constituyen en un aporte importante para promover una agricultura sostenible, con incidencia en las actividades agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola. 

 “Estamos promoviendo las Directrices Voluntarias como guías orientadoras para mejorar las políticas bajo un enfoque agroambiental vinculando sociedad, territorio, medioambiente y economía de manera más integrada y armónica, con la participación de diversos actores en un marco de institucionalidad inclusiva”, añade Jessica. 

 El proyecto, iniciado en el 2012, contribuye al fortalecimiento de políticas públicas agroambientalescomo una herramienta para la reducción de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria en países de la región.  La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil.

La FAO y el Instituto Italo- Latino Americano (IILA), una organización internacional formada por Italia y veinte países de América Latina, unen sus fuerzas para fortalecer la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo rural en la región.

Un acuerdo firmado hoy por el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, y el Secretario Secretario General del IILA, Donato di Santo, sienta las bases para el intercambio de conocimientos y la puesta en práctica de actividades conjuntas en los próximos cinco años.

La alianza cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, cuyo ministro, Angelino Alfano, anunció hoy una donación de 5 millones de euros a la FAO.

“La alianza con el IILA nos permitirá llevar a cabo acciones de cooperación mutua sobre la base de las Iniciativas Regionales de la FAO para lograr una Latinoamérica sin hambre, fomentar la agricultura familiar y el desarrollo rural, el uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres”, afirmó el Director General de la FAO.

Graziano da Silva agradeció el apoyo continuo de Italia al trabajo de la organización en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Sobre el IILA:

El Instituto Italo-Latinoamericano es una organización internacional con sede en Roma creada en 1966 y de la cual son miembros Italia y veinte repúblicas de América Latina: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

También  reconocen la importancia de la pesca para la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza

 Países de Centroamérica y República Dominicana, promueven la implementación de las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala (DPPE), como vía estratégica para erradicar el hambre y la pobreza.

 “El objetivo de las directrices, es respaldar, visibilizar y reconocer el importante papel de la pesca en pequeña escala. Además, fomentan el desarrollo social y económico sostenible, en beneficio de los pescadores y las personas en condición de vulnerabilidad, basado en un enfoque derechos humanos¨, comentó John Jorgensen, Oficial de Pesca y Acuicultura de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.

 Con el propósito de analizar y elaborar una estrategia efectiva para la implementación  de las directrices, representantes de institutos, autoridades de pesca y representantes de organizaciones de pescadores artesanales de los países de la región centroamericana y República Dominicana, con el apoyo de FAO, se reúnen en Costa Rica hasta el 19 de mayo.

 El Encargado Residente de la FAO en Costa Rica, Octavio Ramírez, señaló que en el encuentro, se pretende establecer una hoja de ruta para que los Gobiernos junto con la sociedad civil, estén en la mejor disposición de apoyar la implementación de las DPPE en los marcos normativos, institucionales y en las políticas de cada país, para garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la pesca responsable y el desarrollo sostenible.

 Las DPPE son una herramienta importante para alcanzar los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 1 poner fin a la pobrezay el Objetivo 2 poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición.  Asimismo, el Objetivo 14 vida Marina: conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

 “El balance entre la conservación marina y el aprovechamiento sostenible fundamentado en un enfoque ecosistémico de las pesquerías y orientado al ordenamiento espacial marino permitirá a los países de la región centroamericana y el Caribe avanzar sin duda hacia una propuesta que apoye a una mayoría de comunidades vulnerables y marginales en el corto y mediano plazo, las Directrices permiten ese balance”, comentó el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Gustavo Meneses.

 El encuentro fue organizado por el INCOPESCA, la Organización para el Sector Pesquero y Acuícola del Istmo de Centroamericano (OSPESCA), con el apoyo financiero y técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 Costa Rica: caso ejemplar en el reconocimiento y validación de las DPPE

 Mediante la oficialización de las Directrices, por el Decreto Ejecutivo 39195 MAG-MINAE-MTSS, el Estado costarricense ha logrado garantizar el reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento de la actividad  pesquera artesanal de pequeña escala.

 INCOPESCA ha promovido el reconocimiento formal de las actividades productivas de las molusqueras de la comunidad de Chomes, en la provincia de Puntarenas, en el marco del proceso de inserción y ejecución de las DPEE en el país y orientado a favorecer un trabajo decente para las mujeres que desarrollan sus actividades en los ecosistemas de manglar.

 Además, Costa Rica avanza en la formulación de un proyecto de ley mediante la construcción participativa con los principales actores del sector pesquero, organizaciones no gubernamentales, academia y diputados, con la finalidad de beneficiar  a los pescadores artesanales y asegurar la conservación de la cultura e identidad pesquera de las comunidades y los recursos costeros de forma sostenible.

 Las DPPE representan el primer instrumento internacional que reconoce y valida la importancia del sector productivo pesquero, bajo los ejes de la pesca responsable, la gobernanza de la tenencia en las pesquerías, el desarrollo social y la promoción del trabajo decente. Además de promover el acceso de nuevos mercados para los pescadores, fortalecer el comercio, las cadenas de valor, la equidad de género y analizar los temas de riesgos de desastres y cambio climático que afectan las comunidades pesqueras del mundo.

Los Sistemas Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos (SPAA), son importantes instancias que permiten al sector público promover una oferta estable y asequible de alimentos, señaló hoy la FAO en el marco de la V Reunión Regional de estos sistemas.

“A través de ellos, el sector público también puede dinamizar las economías locales, crear reservas de alimentos, fomentar la agricultura familiar y abastecer sus programas de protección social y alimentación escolar”, señaló Tania Santivañez, Coordinadora del Programa Estratégico Sistemas Alimentarios Inclusivos y Eficientes, de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

En el evento, el Consejo Nacional de Producción de Costa Rica (CNP), miembro de la Red de Sistemas Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos (Red SPAA), dará a conocer su experiencia en con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), así como en tecnologías de agregación de valor y transformación de alimentos.

 “Se trata de una gran oportunidad para que el país muestre a la región sus avances en materia de Abastecimiento Público de Alimentos, generación de valor agregado y su comercialización, lo cual está articulado al fortalecimiento de los agricultores familiares y las comunidades rurales de Costa Rica, y beneficia también a los consumidores”, señaló Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica.

 Según Carlos Monge, Presidente del CNP, en la actualidad la capacidad de compra del Estado está instrumentalizada en el Programa de Abastecimiento Institucional, gestionado por el CNP como un mercado transitorio para que micro, pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, consoliden sus actividades y respondan a las señales del mercado, con agregación de valor a su producción.

 Como parte del acto inaugural de esta reunión regional, se firmó una Carta de Intenciones entre Instituciones Costarricenses para apoyar el desarrollo de los Centros Regionales de Valor Agregado Agropecuario en el país, específicamente en las regiones Huetar Norte, Sur y Huetar Caribe. Firmaron los Presidentes Ejecutivos del Consejo Nacional de Producción, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del Instituto de Desarrollo Rural, la Ministra de Economía, Industria y Comercio, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Agricultura y Ganadería. Como Testigo de Honor, firmó la señora Primera Dama de la República.

Un espacio de cooperación e intercambio de experiencias para la seguridad alimentaria

La Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (Red SPAA) se creó en el 2015, con el propósito de promover el diálogo, fortalecer capacidades, facilitar el establecimiento de alianzas y desarrollar estrategias conjuntas de acción y proyectos de cooperación técnica entre instituciones públicas de comercialización y abastecimiento de alimentos de países de la región.

 Actualmente, la Red SPAA está integrada por 12 países de América Latina y el Caribe: Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

La Red responde a la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Asimismo, esta instancia de diálogo y cooperación apoya la adopción de medidas para el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y para facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, con el propósito de ayudar a limitar la volatilidad de los precios de los alimentos.

En reuniones anteriores desarrolladas por la Red SPAA,  la Empresa de Apoyo a la Producción de Bolivia (EMAPA) compartió su experiencia en la gestión de reservas estratégicas de alimentos y la estabilización de precios, mientras que la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) compartió su experiencia en el manejo de instrumentos de gestión, sistemas de fijación de precios y su sistema de comercialización electrónica de productos y servicios.

Mejorando la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas alimentarios

Los Sistemas Públicos de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos tienen un gran potencial en la creación y gestión de reservas estratégicas de alimentos, como herramientas que pueden ayudar a los países a garantizar el derecho a la alimentación de su población.

Al respaldar la disponibilidad de alimentos, principalmente granos básicos, las reservas estratégicas son reflejo del compromiso de los Gobiernos con la seguridad alimentaria y nutricional. De acuerdo con la FAO, las reservas estratégicas de alimentos demuestran que el Estado tiene un rol principal en la generación de los incentivos necesarios para una producción y comercialización inclusiva, eficiente y solidaria, en una dinámica donde todos los sectores forman parte.

“Si bien el mercado y los mecanismos privados de comercialización son un componente fundamental de los actuales sistemas de abastecimiento alimentario, se requieren también marcos normativos e instrumentos públicos sólidos para asegurar el flujo sostenible de alimentos", explicó Santiváñez.

Los miembros de la Red SPAA ya han destacado la posibilidad de que la red sirva como instancia articuladora para la ayuda humanitaria entre los países de la región.

FAO nombró al ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales Julio Antonio Berdegué Sacristán como su Sub-Director General y Representante Regional para América Latina y el Caribe.

De nacionalidad mexicana, Julio Berdegué tiene un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y una maestría en agronomía de la Universidad de California-Davis, Estados Unidos.

Antes de asumir su cargo en la FAO, fue investigador principal y coordinador del Grupo de trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), donde dirigió investigaciones, asesorías a gobiernos y programas de desarrollo de capacidades centrados en la desigualdad territorial.

“La única manera de alcanzar hambre cero en América Latina y el Caribe es a través de una transformación real. Esto no se logra mediante proyectos e intervenciones puntuales, sino que requiere un cambio a gran escala. Esa es la misión de la FAO en la región”, señaló el nuevo Representante Regional.

Berdegué destacó que, si bien la región ha logrado importantes avances en términos de la seguridad alimentaria, “el hambre aún afecta a 34 millones de personas, 140 millones sufren obesidad y el 34 por ciento de los habitantes rurales viven en la extrema pobreza. Esto es una realidad inaceptable, fruto de una manera de hacer las cosas, una manera que debemos cambiar.”

Para erradicar el hambre se debe combatir la desigualdad

Según el nuevo Representante Regional de la FAO, el hambre en la región está estrechamente vinculada con la desigualdad económica y la histórica rigidez de la distribución de los ingresos en América Latina y el Caribe.

“El crecimiento con desigualdad es una característica de nuestra región, la cual sigue siendo la más inequitativa del mundo”, dijo Berdegué, quien destacó que la concentración regional de la tierra es aún mayor que la del ingreso.

Berdegué señaló que “se requieren políticas de equidad, de cohesión territorial que fomenten la igualdad de oportunidades entre regiones, políticas fiscales que limiten la extrema acumulación de la riqueza y políticas contra la desigualdad de género y de etnia”.

Según Berdegué, trabajar por reducir la desigualdad no sólo es un acto de justicia, sino una inversión en el futuro, ya que permite desencadenar el potencial de millones de personas que el modelo de desarrollo actual ha dejado atrás.

“No podremos erradicar el hambre si las mujeres -la mitad de nuestra población- siguen ocupando un espacio marginal, sin poder político, mercados laborales ni empleo digno. Tampoco podemos tolerar los altísimos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de nuestros pueblos originarios y afro-descendientes”, explicó.

Cómo alimentar a una población en movimiento

En los últimos años ha ocurrido un importante aumento de la migración intrarregional. Cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen en países distintos al de su nacimiento, y el 66 por ciento de los migrantes de América Latina y el Caribe emigra hacia países de la propia región.

Berdegué destacó la fragilidad que enfrentan los migrantes, que muchas veces llegan a sus nuevos países sin contar con ninguna red de apoyo, lo que los vuelve fácilmente explotables, ya que huyen de situaciones de vulnerabilidad provocadas por la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de trabajo, la mayor competencia por tierras, la escasez de recursos y los conflictos armados.

“¿Cómo aseguramos la seguridad alimentaria de millones de personas que migran de un país a otro en busca de un futuro mejor? Necesitamos soluciones urgentes que lleven a una  verdadera integración regional, ya que el hambre no respeta fronteras nacionales”, dijo Berdegué.

Toda una vida a favor del desarrollo rural

Julio Berdegué ha desarrollado una carrera marcada por su pasión por el desarrollo rural, trabajando diversos aspectos relacionados, como el empleo rural y no agrícola, los cambios en los mercados de alimentos y sus efectos en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo territorial rural.

Según Berdegué, fortalecer el desarrollo territorial en las zonas rurales de  América Latina y el Caribe es una de las claves para alcanzar hambre cero.

“Entre las ciudades y las zonas rurales que las rodean, hay una densa malla de interdependencias. El campesino compra y vende en la ciudad. El comerciante del pueblo depende en un grado importante de clientes rurales. Las mujeres del campo buscan empleos urbanos, y muchos residentes urbanos son trabajadores agrícolas”, explicó.

Destacada carrera como investigador

Julio Berdegué es autor de múltiples libros y decenas de artículos en revistas científicas internacionales, y ha dado asesorías a gobiernos nacionales y regionales en diversos países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú.

En las últimas décadas ha trabajado en algunos de los organismos e instituciones nacionales y regionales más importantes dedicados al desarrollo rural, como el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile y el Grupo de Investigación Agraria (GIA), una de las organizaciones no gubernamentales más importantes de Chile.

Además, ha sido miembro del directorio de diversas organizaciones internacionales, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT-CGIAR) del cual fue presidente entre 2008 y el 2011, y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED). (Ver currículo vitae completo)

Promover el consumo de las frutas resaltando su valor nutritivo y propiedades beneficiosas para la salud, para que los productores puedan proyectarse a los mercados internos  de los países, aumentando sus ventas y mejorando la nutrición de la población, es el objetivo de la celebración, este 3 de mayo del Día Regional de las Frutas.

 “Queremos invitar a la población a que reconozca la producción frutícola como una actividad generadora de empleo, que aporta al medio ambiente en la captura de carbono, cobertura de suelo, mantenimiento de acuíferos; aporta a la salud nutricional y es parte de nuestro patrimonio cultural. En resumen, queremos promover la producción de frutas y concientizar a la población sobre la importancia de su consumo. Así, dinamizamos nuestros mercados internos, pero también promovemos hábitos saludables de alimentación”,  declaró la Ministra de Agricultura en ejercicio, Ivannia Quesada Villalobos, durante las actividades organizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para conmemorar la fecha.

La designación del 03 de mayo como Día Regional de las Frutas fue una iniciativa del Programa Mesoamericano de Fruticultura, que fue presentado ante las naciones del istmo por medio del Consejo Agropecuario Centroamericano, organismo que es parte del sistema de integración, por lo que la fecha se celebra de manera simultánea en toda Centroamérica y República Dominicana.

Es el segundo año que se celebra y en el MAG hubo desde venta de frutas a precios de finca, hasta talleres y  charlas informativas para niños y público en general, patrocinados por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines.  Todas las actividades fueron desarrolladas de manera conjunta con los ministerios de Salud y de Educación, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.

 “Es necesario avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles y adecuados a los requerimientos nutricionales de la población, ofreciendo una oferta de alimentos saludables, impulsando programas de alimentación escolar sostenibles, promoviendo la educación alimentaria y nutricional e impulsando programas de compras públicas para la agricultura familiar, que permitan también reactivar las economías locales”, aseguró Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica.

 Mayo es una época en la que puede encontrar en el mercado la mayor variedad y cantidad de frutas tropicales producidas en Costa Rica.  Según datos del Programa Nacional de Frutas Tropicales, del MAG, Costa Rica es el mayor productor de frutas de la región Centroamericana, contando con aproximadamente 114.000 hectáreas plantadas, lo que representa 32% del total del área cultivada en la región.  El valor de las exportaciones de frutas costarricenses representa  60% de lo que se exporta desde Centroamérica hacia el resto del mundo.

Promoción del consumo y producción de frutas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En los países de Centroamérica y República Dominicana, la fruticultura es un sector estratégico para combatir la malnutrición y la pobreza rural, ya que representa cerca del 30% de su producción agropecuaria y genera más de 115 millones de jornales.

 Además, por su valor nutricional, las frutas y hortalizas contribuyen a garantizar una dieta sana y variada, ya que proporcionan vitaminas, minerales, antioxidantes, agua y fibra. Estas propiedades fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y reducen el riesgo del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes.

 “Para fortalecer el sector frutícola nacional, los gobiernos deben formular políticas diferenciadas y articuladas entre los sectores de desarrollo agropecuario, social, de ambiente, comercio, educación y de salud, promoviendo sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a los requerimientos nutricionales de la población”, enfatizó Tito E. Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica.

 “Esto quiere decir, -agregó el Coordinador de la FAO en la región- promover el aumento sostenible de la producción y calidad de los productos de la fruticultura a través de un mejor acceso a servicios rurales, como créditos, financiamiento, asistencia técnica, mayor asociatividad y el fortalecimiento de los mercados locales y mecanismos de compras públicas”. 

Alto a las pérdidas y al desperdicio de alimentos

 De entre los distintos grupos de alimentos, las frutas y las hortalizas corresponden al 45% de las que más se pierden y desperdician en el mundo en los diferentes procesos del sistema alimentario.

 Tan sólo a nivel de venta al detalle, en América Latina y el Caribe se desperdician alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de más de 36 millones de personas, es decir, más que la población que sufre de hambre en la región (34 millones de personas).

 Estos altos índices de pérdidas y desperdicios de alimentos representan un problema ético y de ineficiencia en el uso de los recursos productivos, ya que la producción de alimentos que finalmente se pierde o desperdicia involucra no sólo el uso de recursos como el suelo, agua e insumos productivos, entre otros, sino que genera emisiones y desechos que afectan la sostenibilidad de los sistemas productivos. 

 En el evento, los países miembros de la Red conocerán experiencias en tecnologías de agregación de valor y transformación de alimentos, así como en gestión de pérdidas de alimentos; procesos esenciales para una gestión eficiente y sostenible de los Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (SPAA).

 Los SPAA son herramientas importantes para proveer una oferta estable de alimentos y facilitar el acceso de la población vulnerable a los mismos. A través de estos sistemas, el sector público puede dinamizar las economías locales, crear reservas de alimentos, fomentar la agricultura familiar y abastecer sus programas de protección social y alimentación escolar.

 “El evento constituye una oportunidad para que el país muestre a la región sus avances en materia de Abastecimiento Público de Alimentos, generación de valor agregado y comercialización de alimentos, lo cual está articulado al fortalecimiento de los agricultores familiares y las comunidades rurales de Costa Rica”, señaló Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica.

 El Consejo Nacional de Producción (CNP) compartirá su experiencia con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y sobre los logros alcanzados en la generación de valor agregado agropecuario. Al respecto, Carlos Monge, presidente del CNP indicó: “Los Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos son verdaderos instrumentos para la sostenibilidad de las agriculturas nacionales para consumo interno. En Costa Rica, a partir de 1980, las ferias del agricultor fueron un verdadero acicate para elevar la inversión agrícola y la producción, la diversificación, la eficiencia en comercialización -menos intermediación- y por ende, la permanencia de los productores”.

 Según Monge, en la actualidad la capacidad de compra del Estado está instrumentalizada en el Programa de Abastecimiento Institucional, gestionado por el CNP como un mercado transitorio para que micro, pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, consoliden sus actividades y respondan a las señales del mercado, con agregación de valor a su producción.

 Un espacio de cooperación e intercambio de experiencias para la seguridad alimentaria

La Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (Red SPAA) se creó en el 2015, con el propósito de promover el diálogo, fortalecer capacidades, facilitar el establecimiento de alianzas y desarrollar estrategias conjuntas de acción y proyectos de cooperación técnica entre instituciones públicas de comercialización y abastecimiento de alimentos de países de la región.

 Actualmente, la Red SPAA está integrada por 12 países de América Latina y el Caribe: Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

La Red responde a la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Asimismo, esta instancia de diálogo y cooperación apoya la adopción de medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y para facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, con el propósito de ayudar a limitar la volatilidad de los precios de los alimentos.

En reuniones anteriores desarrolladas por la Red SPAA,  la Empresa de Apoyo a la Producción de Bolivia (EMAPA) compartió su experiencia en la gestión de reservas estratégicas de alimentos y la estabilización de precios, mientras que la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) compartió su experiencia en el manejo de instrumentos de gestión, sistemas de fijación de precios y su sistema de comercialización electrónica de productos y servicios.

 Iniciativa de la cooperación brasileña, con el apoyo de la FAO, fortalece conocimientos y capacidades de 52 funcionarios públicos de diversas instituciones de todo el territorio nacional, en temas de alimentación preescolar y escolar, seguridad alimentaria y nutricional, promoción de las compras públicas de la agricultura familiar y el desarrollo de huertos pedagógicos desde ahora y hasta Julio, 2017.

 “Al finalizar este proceso de desarrollo de conocimientos, cada uno de los participantes tendrá una visión más amplia de los programas de alimentación preescolar y escolar en el país, y serán capaces de contribuir en el desarrollo de sus políticas locales e incidir en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas menores de edad”, indicó Octavio Ramírez,  Encargado Residente de la FAO en Costa Rica.

 Mediante el curso se reconoce la importancia de los programas de alimentación y nutrición infantil, como una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación efectiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, erradicación del hambre y la malnutrición, en vías de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Según Ramírez, estos espacios son ideales para impulsar mecanismos de articulación interinstitucional para desarrollar programas y proyectos en torno a la alimentación escolar y las compras públicas a la agricultura familiar.

 En Costa Rica la articulación conjunta del Ministerio de Educación (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Dirección Nacional de CEN-CINAI, ha logrado implementar acciones a favor de los Programas de Alimentación Preescolar y Escolar con miras a su fortalecimiento y sostenibilidad.

 “El apoyo de este proyecto ha sido de mucha ayuda para fortalecer y homologar las acciones de las instituciones que estamos realizando acciones en todo el país en el campo de la alimentación y la nutrición”, Gabriela Castro, Directora del CEN-CINAI.

 La capacitación forma parte de las actividades llevadas a cabo por la Cooperación Internacional entre FAO y el Gobierno de Brasil en 13 países de América Latina y el Caribe por medio del  Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar.

 Al cierre del curso, se espera que cada participante pueda implementar acciones en sus áreas de trabajo que contribuyan con la articulación interinstitucional y a un abordaje integral de la nutrición y alimentación infantil y el fortalecimiento de la agricultura familiar para dinamizar las economías locales en todo el país.

La sostenibilidad de la actividad pesquera no solo responde al uso racional del recurso, también es un tema de derechos humanos

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura  (INCOPESCA), con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), avanza en la elaboración de un proyecto de ley para mejorar las condiciones del sector pesquero artesanal y proteger sus medios de vida.

 “La FAO celebra la iniciativa de Costa Rica, mediante la cual se pone a la vanguardia en el tema de las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, impulsando un proceso amplio y  participativo de carácter nacional con miras a la formulación de un proyecto de ley, que  favorezca a los pescadores artesanales y sus comunidades”, señaló Octavio Ramírez, Encargado Residente de la FAO en Costa Rica.

 En la actualidad, se está realizado un proceso de consultas a los principales actores del sector pesquero, academia, organizaciones no gubernamentales y diputados, con el propósito de que la ley refleje los criterios y necesidades de todos los actores participantes en el proceso.

 El Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, Gustavo Meneses, enfatizó que el proyecto de construcción participativa, responde a las necesidades y requerimientos genuinos de las poblaciones de pescadores artesanales en pequeña escala con la participación de  los diferentes actores nacionales, en miras de convertirse en un instrumento prototipo que sirva como modelo para otras regiones del mundo.

 Las consultas a nivel nacional y regional,  permiten recabar las experiencias y valoraciones del sector pesquero, con el fin, de  incorporar y adaptar en la legislación nacional las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE).

 “Las Directrices Voluntarias así como las áreas marinas de pesca responsable, se constituyen en un importante instrumento para establecer las condiciones dignas que impulsen a un desarrollo integral de nuestras comunidades de pescadores artesanales”, indicó Meneses.

 El Gobierno de Costa Rica mediante un decreto ejecutivo en el año 2015, oficializó las Directrices PPE, vinculándolas a las diversas instituciones y actores relacionados con el desarrollo de las  poblaciones de pescadores nacionales de pequeña escala, para que se garantice el reconocimiento de sus derechos y el fortalecimiento a su actividad mediante acciones concretas.

 Según Meneses, el proyecto de ley fortalecería el trabajo realizado por parte del INCOPESCA, para promover el modelo de gobernanza compartida bajo las áreas marinas de pesca responsable y que constituye un buen ejemplo, donde organizaciones de pescadores artesanales y de Gobierno toman decisiones de forma conjunta, orientadas a la sostenibilidad de las pesquerías y a la conservación de la identidad cultural pesquera vinculada al mar  y los recursos en las costas del país.

 Las Directrices PPE como estrategia para erradicar el hambre y la pobreza

 Los pescadores, trabajadores de la pesca y sus comunidades, enfrentan muchos retos y limitaciones como relaciones desiguales de poder, falta de acceso a los servicios y participación limitada en los procesos de toma de decisiones.

 Por lo que las Directrices PPE, son una herramienta de orientación para identificar y abordar las necesidades del sector, buscando empoderar a los actores involucrados para asegurar la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.

 Las Directrices representan el primer instrumento acordado en el plano internacional, que aborda los principios y guías para el desarrollo de la pesca artesanal, aprobado por el Comité de Pesca de la FAO en el 2014. Las Directrices fueron desarrolladas a través de un proceso participativo con organizaciones representantes de pescadores artesanales a nivel mundial.

 El objetivo principal de las mismas, es lograr el reconocimiento de la pesca artesanal para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y el empleo decente,  con el fin de  mejorar las economías locales. También, contribuyen a la utilización sostenible, a la ordenación responsable y conservación de los recursos pesqueros en conformidad de un código de conducta para la pesca.

 Adicionalmente, la adaptación de estas Directrices a la realidad de Costa Rica, establece la necesidad de mejorar el subsector de post-captura, mediante la inversión apropiada en infraestructura, tecnología, actividades de valor agregado y la reducción de las pérdidas en la post-captura.

 Las Directrices, enfatizan la importancia de asegurar la participación igualitaria de la mujer a lo largo de la cadena de valor y en los procesos de toma de decisiones.

 Asimismo, reconocen la vulnerabilidad de la pesca en pequeña escala a los impactos de desastres y cambio climático, por eso promueven desarrollar estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático, así como la generación de una respuesta efectiva ante emergencias y desastres. 

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en la región como un todo alcanza 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

En Sudamérica la desigualdad es aún mayor que el promedio regional (alcanzando un coeficiente Gini de 0,85), mientras que en Centroamérica es levemente inferior al promedio, con un coeficiente de 0,75.

Un informe de OXFAM publicado a fines del año pasado señala que el uno por ciento de las unidades productivas de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas.

Según la FAO, mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca y enfrentar la creciente concentración de tierras es un aspecto fundamental para reducir la pobreza rural y cuidar los recursos naturales.

Este y otros temas, como el impacto de las reformas agrarias que se han llevado a cabo en la región, serán debatidos entre el 5 y el 6 de abril, en una reunión de alto nivel que analizará la situación actual y desafíos de la gobernanza de tenencia de la tierra, los bosques y la pesca en la región.

Aumenta la concentración de la tierra

Aurélie Brès advirtió que la tierra en manos de pequeños propietarios ha sufrido una disminución importante, situación que afecta especialmente a las mujeres, que sólo poseen el 8 % de las tierras en Guatemala y el 31 % en Perú, tierras que suelen ser de menor tamaño y calidad de las que poseen los hombres.

Según la FAO, fruto de una expansión importante de inversiones en la región a través de pools de siembra, arriendos anuales de grandes extensiones o compras de terrenos, hoy la concentración de la tierra alcanza un nivel aún más alto que el que existía antes de las reformas agrarias que se llevaron a cabo en varios países de la región.

Se estima que el 23 % de las tierras de América Latina son manejadas o están en manos de pueblos indígenas. El reconocimiento de sus derechos ha mejorado en los últimos veinte años, especialmente en el caso de los bosques de la región, pero aún se deben dar importantes pasos para mejorar su tenencia de la tierra.

La FAO está apoyando a los países de la región a implementar las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria (DVGT), aprobadas por los países hace cinco años atrás, un instrumento busca asegurar la participación de todas las partes involucradas en la gobernanza de la tenencia.

“Las Directrices permiten garantizar el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques como medio para erradicar el hambre y la pobreza, respaldar el desarrollo sostenible y mejorar el medio ambiente”, explicó Aurelie Bres.

La reunión de alto nivel que se lleva a cabo en la Oficina Regional de la FAO, busca generar un compromiso conjunto de los países para avanzar en la implementación de las DVT, y analizará las experiencias positivas que se han desarrollado en países como Colombia y Guatemala.

Colombia: tierras para la paz

Más de 50 años de conflicto en Colombia afectaron profundamente el campo colombiano. Según cifras oficiales hoy sólo se utilizan 7 de las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola que posee el país.

Según la FAO, reorganizar el campo, redistribuir la tierra y darle un uso adecuado representa uno de los grandes retos que enfrenta el país en el proceso de paz que ha iniciado, y las Directrices Voluntarias son una de las herramientas que Colombia puede emplear para mejorar el acceso y uso de la tierra.

Según, Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de Colombia (UPRA), el 82 por ciento de la tierra productiva del país está en manos del 10 por ciento de los propietarios. Mientras que el 68 por ciento de los predios tiene menos de 5 hectáreas, sólo un 50 por ciento de las tierras estaban formalizadas.

La FAO y UPRA suscribieron un acuerdo de cooperación generar el marco conceptual legal e institucional relativo a la concentración y extranjerización de las tierras productivas de Colombia. FAO también está apoyando al país a utilizar las DVGT para generar marcos legales adecuados que fomenten medios de vida dignos en las zonas rurales y también esquemas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales.

“Con la Unidad de Restitución de Tierras, FAO trabaja junto con el gobierno de Suecia en la caracterización de las tierras colectivas y en un nuevo ejercicio de restitución de tierras que beneficiará con más de cien mil hectáreas a diversos grupos étnicos”, explicó el Representante de la FAO, Rafael Zavala.  (ver video sobre la implementación de las DVGT en Colombia)

Guatemala utilizó las Directrices para crear su nueva política agraria

En Guatemala, el 92 % de los pequeños productores ocupan el 22 por ciento de la tierra del país, mientras que el 2 % de los productores comerciales usan el 57 % de la tierra de Guatemala. (ver video).

Guatemala fue el primer país de Latinoamérica en asumir oficialmente y aplicar las Directrices Voluntarias de la Tenencia de la Tierra (DVGT) con la asistencia de la FAO, para elaborar, socializar e implementar una nueva política agraria.

La FAO apoyó al gobierno reformular la política agraria del país de manera inclusiva, con la participación de múltiples actores de diversos sectores. El diálogo con distintos sectores recogió múltiples aspectos de las Directrices Voluntarias que sirvieron para dar forma  a la nueva política agraria del país.

Asimismo, FAO ha trabajado con la sociedad civil para divulgar las Directrices, capacitando a cientos de personas en su aplicación en sus aspectos de género.

En enero pasado, la FAO y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) suscribieron un acuerdo para  fortalecer su institucionalidad agraria y apoyar la implementación de la Política Agraria del país en el marco de las DVGT.

“Estas fueron consultadas y validadas por representantes de instituciones de gobierno, el sector público y privado, el mundo civil y académico”, explicó Diego Recalde, destacando la importancia que tienen las DVGT para garantizar el desarrollo rural de Guatemala.

El sistema regional de inteligencia y monitoreo de mercados agrícolas (SIMMAGRO), es una herramienta que tiene como objetivo integrar y facilitar el acceso de intercambio de información sobre precios, producción  y comercio de productos agropecuarios de distintos países de la región centroamericana.

 “El SIMMAGRO se ha identificado como una herramienta necesaria en la toma de decisiones de distintos actores, desde productores, comercializadores y funcionarios de alto nivel del sector agrícola por su objetivo de generar información oportuna de producción, precios,  y comercio relacionados al sector agropecuario, en particular en los sectores de granos básicos, frutas y hortalizas” indicó Pilar Santacoloma, Oficial de Sistemas Agroalimentarios para la Región de América Latina y el Caribe de la FAO.

 Con el propósito de planificar el desarrollo e implementación del SIMMAGRO, una delegación de especialistas en estadística y mercados de diversas organizaciones regionales junto con los representantes de los sistemas nacionales de información de mercados de Mesoamérica,  participaron en un taller el 30 y el 31 de marzo.

 Durante el taller se definieron  las variables, indicadores y reportes que se van a contemplar en el SIMMAGRO. Además, se planteó  la necesidad de formular una estrategia de posicionamiento de la Red de Mercados tanto a  lo interno de las instituciones y al usuario final.

 Según Santacoloma, los datos y estadísticas son herramientas de análisis que serán utilizados para la toma de decisiones en inversión, desarrollo e implementación de políticas y acciones relacionadas al sector agropecuario  de mercados y comercio.

 En la primera etapa de desarrollo del sistema, se pondría a disposición información sobre 40 productos agrícolas (granos, frutas y hortalizas entre otros), de países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y miembros de la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA). El SIMMAGRO reunirá información de mercados nacionales y mercados externos, por productos disponibles en los Sistemas de Información de Mercados Agropecuarios.

 En la actividad participaron los Administradores de los Sistemas de Información de Mercados Agropecuarios de los países involucrados, así como representantes de los organismos de apoyo y funcionarios del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC),  la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) y la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET por sus siglas en inglés) .

 Mediante este proyecto, la FAO contribuirá en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de  los funcionarios de las instituciones participantes en temas de análisis de precios, comercio y producción, también se brindará soporte para el desarrollo de la plataforma informática regional para la implementación del sistema.

En Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, por medio del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y Adolescente – PANEA, realiza inversiones anuales para alimentar a más de 750.000 estudiantes, equipar a más de 4.500 comedores y fomentar el uso de las huertas escolares como herramienta pedagógica en aproximadamente 1.000 centros educativos.

 “Estos programas, están inmersos dentro de la política social del Estado costarricense que se constituye como el conjunto de los programas públicos dirigidos a la población vulnerable para mejorar la calidad de vida de las mismas, a la vez procura crear capacidades individuales y colectivas. Este año logramos que más de 757.000 estudiantes reciban comida diaria en sus comedores estudiantiles”, aseguró Mercedes Peñas, Primera Dama de la República.

Además, en el año 2015 la Dirección de Programas de Equidad del MEP incorporó el programa de alimentación en períodos de descanso escolar.  En el 2015, inició con 121 comedores ubicados en 75 distritos vulnerables. En el 2016 amplió la cantidad de comedores y sirvió unos 200.000 platos en 40 días.

Para Rosa Adolio, Directora de Programas de Equidad del MEP, este país ha colocado la alimentación escolar como una prioridad para el desarrollo nacional: “Invertir en la alimentación de nuestros estudiantes es invertir en desarrollo, por eso nos hemos reunido en este foro, para analizar nuestra realidad y sacar conclusiones que nos impulsen a seguir mejorando”.   

Los programas de alimentación escolar promueven la adopción de hábitos alimentarios saludables a través de los huertos pedagógicos, la adecuación de menús escolares a la cultura local, así como el fomento y el establecimiento de las compras de alimentos y productos de la agricultura familiar local, para la alimentación preescolar y escolar, mediante asistencia técnica y capacitación de los agricultores que les permita mejorar la comercialización de sus productos.

 “La oferta de alimentos saludables en las escuelas, influye de manera positiva en los indicadores de rendimiento de la educación, el mejoramiento de los indicadores de salud y de malnutrición. También, fomenta el  empoderamiento de las comunidades de agricultores familiares que les permita incrementar sus ingresos y calidad de vida”, comentó Najla Veloso, Coordinadora Regional del Proyecto de Fortalecimiento de Políticas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

 Esta iniciativa de fortalecimiento de los Programas de Alimentación Preescolar y Escolar de Costa Rica ha sido posible,  gracias al trabajo articulado del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Dirección Nacional de CEN-CINAI.

 Los programas de alimentación escolar (PAE), son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del derecho humano a la alimentación adecuada, que promueve el alcance de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr la seguridad alimentaria, acabar con la malnutrición y mejorar los déficit alimentarios de la población.

 Encuentro Internacional plantea avances y resultados de los Programas de Alimentación escolar de diversos países

 Costa Rica es sede del Encuentro Internacional: “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que promueve la  erradicación de la pobreza extrema y el hambre.

 Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO en Mesoamérica, enfatizó que la inversión de los países en la alimentación escolar fortalece la política del Estado, a partir del financiamiento y cobertura, asegurados por medio de marcos legales, que garanticen la oferta de alimentación de calidad, proveniente de la agricultura familiar a todos los estudiantes

 El evento es parte de las actividades realizadas por la Cooperación Internacional Triangular SUR SUR, entre el Gobierno de Brasil y la FAO, apoyando 13 países de América Latina y el Caribe por medio del proyecto de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. Participan en el evento Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

 “El Gobierno de Brasil y la FAO han estimulado a los países de la región a fortalecer sus programas de alimentación escolar como una herramienta para alcanzar la meta de hambre cero y disminuir la malnutrición. En la actualidad, los países han buscado construir una nueva visión los PAE, tomando en cuenta la política social, bajo el principio del derecho humano a la alimentación adecuada”, Najla Veloso, Coordinadora Regional del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

 La inversión de los países en la alimentación escolar fortalece la política del Estado, a partir del financiamiento y cobertura, asegurados por medio de marcos legales, que garanticen la oferta de alimentación de calidad, proveniente de la agricultura familiar a todos los estudiantes

Expertos y directores relacionados en el tema de alimentación escolar expondrán la experiencia de sus países con el fin de redoblar esfuerzos para mejorar los programas de alimentación escolar en Latinoamérica y el Caribe.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), apoya la iniciativa del proyecto de construcción del Mercado Regional Mayorista en la Región Chorotega, impulsado por el Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA) y el Sector Agropecuario.

“La FAO en Costa Rica, ha sido participe en el proceso de identificación del proyecto de mercado mayorista, como una alternativa para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la región Chorotega y Brunca, y además, ha aportado un granito de arena en la reconversión de agricultores familiares pobres de ambas regiones, a fin de contribuir a su preparación, con miras a la participación efectiva en este mercado regional mayorista”, comentó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de FAO en Costa Rica.

En la actualidad, la FAO se encuentra trabajando en la implementación  de un programa de fortalecimiento de capacidades en la Región Chorotega, mediante capacitaciones sobre mercadeo y comercialización, alimentación y nutrición, planes de negocio, atención y servicio al cliente, costos de producción, sistemas de captación de agua de lluvia y sistemas de riego entre otros, con la finalidad de beneficiar a los agricultores familiares y contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de la zona.

Asimismo, el Programa de Alimentación Preescolar y Escolar impulsado por el Gobierno costarricense con el apoyo de FAO, trabaja en la promoción del sistema de compras públicas y las guías alimentarias para estimular la adopción de dietas saludables y nutritivas.

I Congreso de Comercialización Mayorista de Costa Rica se llevó a cabo en Liberia, Guanacaste

Los días 9 y 10 de marzo se realizó la inauguración del I Congreso de Comercialización, con el propósito de analizar el sistema de comercialización mayorista de productos agroalimentarios existentes y establecer su impacto en la economía nacional.

Según  el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, es urgente mejorar la inserción de la pequeña agricultura en los mercados, mediante una preparación adecuada a la inserción de nuevos mercados y a la reducción de las barreras de acceso a los servicios públicos esenciales y el fomento de la asociatividad.

Por su parte, Humberto Solís Madrigal, gerente del Programa Integral de Mercado Agropecuario, señaló que el congreso ha sido una actividad previa a la ejecución del Proyecto Mercado Regional Mayorista, que va a permitir generar mucha información para definir las estrategias y el plan mayorista a nivel nacional, y que ayudará a los actores involucrados conocer de primera mano los parámetros que se van a desarrollar en los distintos canales de comercialización.

 En la actividad  se ahondó en los alcances de la construcción del mercado mayorista, las fases de acopio y distribución; el papel de los productores en la comercialización mayorista y las condiciones de éxito necesarias. Además, se destacó la necesidad de potenciar un sistema eficiente de abastecimiento, distribución y comercio de productos alimenticios como hortalizas y frutas, que favorezcan a  los agricultores familiares de la Región Chorotega, y que también permita  mantener un enfoque basado en la equidad de género y  el Derecho Humano a la Alimentación.

“Los mercados mayoristas son centros alimentarios funcionales que deben ser rentables, ya que contribuyen a generar una dinámica económica sostenible, en beneficio de todos los agentes de la cadena, desde productores hasta consumidores, en el marco de un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos eficiente”, resaltó Ramírez.

Durante la actividad se contó con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz Cavallini; la Viceministra del MAG,  Ivannia Quesada; el director regional del MAG en la Región Chorotega, Oscar Vázquez;  Miguel Ángel Arvelo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el diputado Javier Cambronero.

Campaña busca dar cuenta del rol fundamental de las mujeres rurales para el desarrollo sostenible.

  Hoy, durante la conmemoración del Día Internacional de la mujer, la FAO lanzó la campaña de comunicación #MujeresRurales, mujeres con derechos, la cual busca concientizar sobre el rol clave que juegan las mujeres rurales para alcanzar el desarrollo sostenible.

“Las habitantes rurales de nuestra región desempeñan un papel fundamental en la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático”, señaló la Representante Regional a.i. de la FAO, Eve Crowley, durante el lanzamiento realizado en la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile.

La campaña cuenta con socios como la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario de Brasil y a Unidad para el Cambio Rural de Argentina, los cuales difundirán sus contenidos en sus medios digitales y organizarán diversas actividades con sus socios nacionales.

Según la FAO, las mujeres rurales cumplen una serie de funciones claves para la seguridad alimentaria regional, pero enfrentan mayores tasas de pobreza, inseguridad alimentaria y obesidad.

Además de ello, tienen menor acceso a recursos productivos como tierra, agua, crédito y capacitación, factores que impiden que las mujeres rurales de América Latina y el Caribe desarrollen todo su potencial.

Súmate a la campaña

La campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos  promoverá el intercambio de experiencias, políticas, innovaciones, estrategias y acciones orientadas a empoderar a las mujeres de la región en todos los ámbitos del desarrollo sostenible.

Busca visibilizar la situación actual de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe, así como sus derechos y potencial hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para ello, se han creado una serie de materiales de difusión para redes sociales, que permiten dar visibilidad a los desafíos y oportunidades de las mujeres rurales, los cuales pueden descargarse en la página web de la campaña.

Durante todo el año, la campaña difundirá información y materiales que podrán ser adaptados a los contextos de diversos países por cualquier persona y organización que se quiera sumar a este esfuerzo, utilizando el hashtag #MujeresRurales en redes sociales.

El 15.6% de las fincas existentes en Costa Rica son propiedad de mujeres

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), desde la década los 90´s a través de las Oficinas de Género, se ha asumido un compromiso por trabajar con las mujeres productoras, brindándoles acompañamiento técnico y otros apoyos para resolver las necesidades de sus emprendimientos;  acciones que se reflejan en proyectos productivos liderados por mujeres en las diferentes regiones del país.

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) del 2014, solo 15.6% de las mujeres productoras de Costa Rica son dueñas de fincas, y  de la totalidad de hectáreas destinadas a la agricultura, solamente el 8.1%  están en manos de las mujeres.

Mientras que el 38,8%  de las mujeres trabajan de forma permanente sin pago dentro de la finca,  17,3% lo hace de forma permanente con pago; 13,9% trabaja de forma temporal sin pago y  7,6% trabaja de forma temporal con pago.

“En la actualidad, el reto es fomentar que las mujeres productoras tengan igualdad de acceso a la propiedad, a los recursos naturales, y a los servicios financieros para incrementar el rendimiento de las fincas, aumentar la producción agrícola y erradicar el hambre y la pobreza”, acotó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Costa Rica.

Igualdad de género: una prioridad para toda la región

En enero de este año, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobó la estrategia de género del mayor acuerdo regional de lucha contra el hambre, el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025.

La estrategia de género del PLAN SAN CELAC permite orientar a los países ahondar en la erradicación del hambre y la malnutrición adoptando un enfoque de género y de derechos que garantice que los resultados del plan beneficien de manera igualitaria a mujeres y hombres. 

 Un nuevo informe de la FAO analiza grandes tendencias en América Latina y el Caribe, como la transformación estructural de la agricultura y los cambios que la urbanización ha generado en los sistemas de producción y distribución de alimentos.

El informe El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos destaca que a nivel global la seguridad alimentaria futura peligra debido a múltiples desafíos, y advierte que, sin medidas adicionales, no se alcanzará la meta de acabar con el hambre y la malnutrición en todas sus formas para 2030.

Con respecto a las tendencias futuras para América Latina y el Caribe, el informe señala que el crecimiento de la población regional disminuirá de manera moderada, por lo que la región no alcanzaría su nivel máximo de población antes del año 2060.

En los próximos 15 años, se prevé que el número de personas mayores crecerá más rápido en América Latina y el Caribe, con un 71 por ciento de aumento en la población de 65 años o más, seguido por Asia (66 por ciento), África (64 por ciento) y Oceanía (47 por ciento).

Con el envejecimiento, el potencial de crecimiento económico de la economía se ralentiza, los sistemas de seguridad social se pueden volver insostenibles y las cargas sobre el sistema de salud aumentan.

Tradicionalmente, América Latina ha sido la región en desarrollo más urbanizada. América del Sur en particular se volvió urbana de manera temprana y veloz. Para 1980, más de dos tercios de la población de América Latina y el Caribe era urbana, cifra que aumentó a casi el 85 por ciento en 2015.

“La rápida urbanización ha provocado profundos cambios en los sistemas de producción y distribución de alimentos. Hoy los supermercados representan más del 50 por ciento de las ventas de comestibles en la región”, explicó Eve Crowley, Representante Regional a.i. de la FAO para América Latina y el Caribe.

Sostenibilidad y alimentos autóctonos

En algunas zonas de América Latina, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los sistemas alimentarios han impulsado una preferencia de los consumidores por alimentos locales de alta calidad relacionados con sus tradiciones y culturas.

La reciente aparición en los mercados de alimentos autóctonos como la quinua, el amaranto y la chia demuestran el potencial de los sistemas alimentarios y cultivos indígenas y tradicionales para contribuir a la diversificación de las dietas.

Sin embargo, si bien varios alimentos autóctonos como el olluco, camote, ñame, kiwicha y palmas autóctonas de los Andes podrían contribuir significativamente al suministro de alimentos a nivel mundial, es poco probable que se conviertan en productos alimentarios importantes sin más investigación y adaptación.

Desigualdad y migraciones

El informe de la FAO señala que el coeficiente de Gini – que mide el nivel de desigualdad de los ingresos– disminuyó en América Latina y el Caribe entre 1993 y 2008, pero se mantiene por encima del promedio global, alcanzando 0,48.

“Nuestra región es la más desigual del planeta, lo que constituye uno de los mayores frenos en la lucha por erradicar el hambre y la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible”, señaló Eve Crowley.

De los 250 millones de migrantes internacionales en el mundo, 9 millones viven en América Latina y el Caribe. Si bien más de un tercio de la migración internacional fluye del "Sur" al "Norte", es importante señalar que los flujos “Sur-Sur” son también muy relevantes: el 66 por ciento de los migrantes de América Latina y el Caribe emigrar hacia países de la propia región.

Transformación estructural de la agricultura de ALC

El nuevo informe analiza los diversos caminos que ha tomado la transformación estructural de la agricultura en los países de América Latina y el Caribe.

En Brasil, las políticas de apoyo ayudaron a crear un sector agrícola altamente comercializado y la productividad del trabajo en la agricultura aumentó más de cuatro veces. La participación de la agricultura en el PIB fue de aproximadamente 6 por ciento en los últimos 20 años, mientras que la participación del empleo agrícola en el empleo total cayó de 24 a 9 por ciento.

En México, entre 1990 y 2013, la participación de la agricultura en el PIB cayó del 7 por ciento al 3,5 por ciento y la participación del empleo agrícola en el empleo total se redujo a la mitad, de 12 por ciento a 6 por ciento. La productividad laboral casi se duplicó en Brasil y México, y se cuadruplicó en Argentina.

El informe demuestra que aunque las inversiones en las innovaciones tecnológicas están impulsando la productividad, la tasa de crecimiento anual de los rendimientos ha disminuido. Lo anterior se agrava ante una situación de degradación de los recursos naturales.

Reducción de la pobreza y protección social

Según el informe, el crecimiento de los ingresos generales y de la productividad agrícola contribuyeron a la disminución de la pobreza a lo largo de la región.

A principios de la década de 190, 74 de los 124 millones de habitantes rurales de la región eran pobres (59,7 por ciento) y 41 millones (33,1 por ciento) no podían satisfacer sus necesidades alimentarias.

Para 2010, estas cifras se redujeron a 62 millones de pobres rurales y 39 millones en inseguridad alimentaria.

No obstante, puesto que la población rural también disminuyó (a 119 millones de habitantes) los porcentajes de población rural en situación de pobreza e inseguridad alimentaria se han mantenido relativamente elevados, afectando al 52 por ciento y 32 por ciento de la población rural, respectivamente, en 2010.

Según el informe de la FAO, muchos países de la región cuentan con amplias redes y programas de protección social que proporcionan apoyo en materia de ingresos a los pobres y vulnerables, incluidos los pequeños agricultores.

“Estos sistemas han contribuido a acelerar la reducción de la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza, al mismo tiempo que contribuyeron a reducir la desigualdad de ingresos durante los años 2000”, explicó Eve Crowley.

Crowley destacó que el desafío actual es mejorar la infraestructura, la resiliencia y los mecanismos para hacer frente a los riesgos en las zonas rurales, utilizando, por ejemplo, la protección social y los seguros agrícolas, para ayudar a los agricultores a protegerse contra los riegos inherentes de la producción agrícola. 

Feminización de la agricultura

El crecimiento del empleo de las mujeres en la agricultura es evidente en varios países latinoamericanos, incluyendo Chile, Ecuador y Perú. La “feminización de la agricultura” a menudo incrementa la carga de las mujeres, pero también presenta oportunidades.

En muchos países de América Latina, los cambios observados en la participación de las mujeres en la agricultura son probablemente impulsados por el empleo asalariado en las agroindustrias que producen exportaciones agrícolas no tradicionales.

El empleo en estas empresas de exportación podría facilitar el empoderamiento económico de las mujeres y ampliar el número de puestos de trabajo disponibles para las mujeres rurales.

 [Leer en línea]

El futuro de la alimentación y la agricultura:  Tendencias y desafíos

• Descargar el informe - Disponible solo en inglés
• Principales conclusiones
• Versión resumida 
• Nota de prensa

Video: El jefe de Perspectivas Globales de la FAO, Lorenzo Bellu, habla sobre los resultados del informe.

El índice de precios de los alimentos de la FAO subió ligeramente en febrero, señalando su séptimo aumento mensual consecutivo, impulsado por el incremento de los precios del trigo y el maíz.

 El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó un promedio de 175,5 puntos en febrero, su valor más alto en casi dos años, con un aumento del 0,5 por ciento respecto a su valor revisado en enero y de un 17,2 por ciento en relación a su nivel de febrero de 2016.

 El índice de precios de los cereales de la FAO subió por su parte un 2,5 por ciento desde enero, impulsado por el aumento de los precios del trigo, y también con ligeros  aumentos en los precios del maíz y del arroz.

 El índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los intercambios comerciales que hace el seguimiento de los precios internacionales de los cinco grupos principales de alimentos básicos. En febrero se señalaron aumentos en cuatro de los cinco subíndices.

 El índice de precios de aceites vegetales de la FAO resistió a esta tendencia, disminuyendo un 4,1 por ciento en medio de la desaceleración de la demanda global de importación de aceite de palma, junto con mayores previsiones de cosechas de soja en Brasil y Argentina, dos importantes países exportadores.

 El índice de precios de la carne de la FAO subió un 1,1 por ciento, impulsado por el aumento de los precios de la carne de vacuno, a medida que los ganaderos de Australia reconstituyen sus rebaños. El índice de precios de los productos lácteos aumentó ligeramente, liderado por la mantequilla y la leche entera en polvo.

 El índice de la FAO para los precios del azúcar subió un 0,6 por ciento en febrero, ya que la escasez de suministros en Brasil se vio sólo parcialmente compensada por el aumento de las plantaciones de remolacha en la Unión Europea.

 Pronósticos iniciales para 2017

 La FAO presentó hoy su primer pronóstico de la producción mundial de trigo en 2017, prevista en 744,5 millones de toneladas, lo que supondría una disminución del 1,8 por ciento en relación a su nivel récord de 2016.

 Los agricultores de América del Norte redujeron la siembra a favor de cultivos de mayor precio, mientras que las perspectivas del trigo de invierno son sólidas en la Federación de Rusia, la UE, China, India y Pakistán, según la última Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales. 

 Las previsiones para la producción de cereales secundarios -sobre todo maíz- son en general favorables en el hemisferio sur, donde las cosechas están en su etapa final de desarrollo. Se prevén incrementos notables en Argentina y Brasil, mientras que las condiciones más húmedas en la mayor parte de África austral apuntan a una fuerte recuperación de la producción reducida por la sequía del año pasado, aunque un brote de orugas podría frenar los aumentos de producción en algunos países de la subregión.

 Las perspectivas para las cosechas de arroz de 2017 a lo largo y al sur del ecuador siguen siendo desiguales, y se prevé que la producción y el consumo crezcan modestamente.

 La situación mundial de la oferta y la demanda de cereales en 2016/17 podría permanecer “satisfactoria en general” por tercera temporada consecutiva, según la FAO.

 Se prevé que el uso total de trigo para consumo humano directo aumente en un 1,1 por ciento en el próximo año, mientras que la utilización de piensos lo hará hasta en un 6 por ciento. Igualmente se calcula que los inventarios mundiales de trigo crezcan un 6,6 por ciento –cerca de 15 millones de toneladas-, a casi 240 millones de toneladas, impulsados por la acumulación de existencias en Australia, China, Rusia y Estados Unidos.

 El comercio mundial de cereales en 2016/17 se pronostica en 393 millones de toneladas, con una ligera caída con respecto a la campaña comercial anterior, reflejo de una fuerte reducción del 4,5 por ciento en el comercio de cereales secundarios, aunque se prevé que el comercio de trigo crezca un 3 por ciento y el de arroz en un vigoroso 4 por ciento.

 Validación de la propuesta de Programa se efectuará, por medio de talleres que se llevarán a cabo el 23, 24 de febrero y el 3 de marzo con distintos actores

Inicia proceso de validación y formulación de un Programa Nacional de Prevención y Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en Costa Rica, con la participación de importantes de instituciones públicas, académicas, así como de la sociedad civil organizada y del sector productivo, turístico y de consumo.

 Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Costa Rica, señaló que la Red de Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, inició sus labores, sensibilizando a los diversos actores nacionales, respecto a la problemática de las pérdidas y desperdicio de alimentos, y su repercusión en la seguridad alimentaria y nutricional, ahora pasa a un estadio superior, en el que se deberá validar y establecer un Programa de trabajo nacional y por subsectores, que permita avanzar en la reducción del problema.

 La validación y construcción de la propuesta se realizará por medio de tres talleres, que se llevarán a cabo este 23 de Febrero de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y  el 24 febrero de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Hotel Herradura. El tercer taller será el  3 de marzo de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en el Hotel Tryp Sabana.

 “La cantidad de causas ligadas a la pérdida y desperdicio de alimentos y los múltiples efectos que estas generan hace necesario pasar por un proceso de formulación, mediante estos talleres, pues la opinión, aporte y visión que nos lleve a buscar soluciones debe ser interdisciplinaria, interinstitucional y multisectorial. Por lo anterior, esperamos que en estas actividades, participen,  representantes del sector turístico, de restaurantes, agropecuario y pesquero, académico, ministerial, comercial, de educación secundaria, de industria alimentaria y de grupos organizados”, dijo Laura Brenes, Coordinadora de la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, y especialista en Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica.

 El objetivo principal de estos talleres es validar elementos clave de la propuesta del programa nacional, e identificar el enfoque del problema, propósito,  metas y proyectos importantes, que permitan prevenir la disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos en el país.

 Según la FAO, cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se estropea y se descarta, antes de llegar a ser consumido por las personas. 

 La dimensión ambiental, social y económica asociada a las pérdidas y desperdicio de alimentos (PDA) a lo largo de las cadenas de suministro alimentario, desde la finca hasta la mesa, tiene un papel relevante, por el impacto que tiene sobre los esfuerzos para la erradicación del hambre, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas, mitigar los efectos del cambio climático y mejorar los sistemas alimentarios.

 “Las pérdidas y desperdicio de alimentos, reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos que repercuten en la seguridad alimentaria y nutricional, e impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, generando efectos negativos en el ambiente”, comentó Ramírez.

 La  FAO señala, que en América Latina las pérdidas y desperdicio de alimentos alcanzan los 223 kg de alimentos por persona al año (15%), cantidad más que suficiente para satisfacer las necesidades calóricas de toda su población en situación de hambre.

 Se define como pérdidas o desperdicio de alimentos a la reducción en cantidad y calidad de productos cuya intención era la alimentación humana. Asimismo, las pérdidas de alimentos conllevan el desperdicio de recursos utilizados en la producción, como la tierra, el agua, la mano de obra, entre otros insumos relevantes.

Disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos se convirtió en un propósito mundial a partir de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscritos por 193 países en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2014. Adicionalmente, el tema de PDA se encuentra presente en las líneas de acción del  Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025.

En el 2014 se estableció la Red Latinoamericana y del Caribe de Expertos en Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y la Red Costarricense para trabajar el tema de PDA. La Red Costarricense es coordinada por el Tecnológico de Costa Rica y la Secretaría Técnica de la FAO en el país, junto a veinte insituciones público, privadas, y académicas que participan activamente.

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), conjuntamente con el Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina (INFOPESCA), analizarán el papel de la pesca y acuicultura en las políticas de seguridad alimentaria  y nutricional en cuatro países de la región: Cuba, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

 “Para la FAO, la pesca y la acuicultura es clave para alcanzar los objetivos mundiales de un desarrollo sostenible y constituye un eje fundamental para conseguir la meta de erradicar el hambre y mejorar la nutrición de la población en América Latina y el Caribe”, señaló Octavio Ramírez Mixter, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Costa Rica.

 El estudio permitirá compartir y sensibilizar a los funcionarios y tomadores de decisiones que participan en el desarrollo y la implementación de políticas para la seguridad alimentaria y nutricional, sobre la importancia de integrar al sector pesquero en estos procesos, mediante talleres que se están llevando a cabo en distintos países.

 John Jorgensen, Oficial de Pesca y Acuicultura de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, enfatizó que los talleres buscan contribuir al intercambio de conocimientos en torno a la reducción de la inseguridad alimentaria de los países.

 La falta de estadísticas confiables sobre las capturas, la ausencia de indicadores sociales y económicos y la limitada información sobre la comercialización y el consumo de pescado, se constituyen en inconvenientes para el desarrollo sostenible del sector.

 Según el informe de Preferencias de compra y consumo per cápita de hortalizas, elaborado en el año 2015 por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), el consumo per cápita de frutas en los hogares fue de 175 kilogramos, mientras que el de pescado representó solamente 7 kilogramos al año.

 En la mayoría de países centroamericanos, el pescado no tiene mayor relevancia en los hábitos alimentarios de la población, mientras que en muchas islas, los productos pesqueros tienen un rol relevante en el consumo de alimentos y la ingesta de proteínas.

 “La pesca proporciona importantes ingresos y medios de vida para muchas familias en la región, particularmente en las áreas rurales, y constituye uno de los sectores con mayor inclusión de las mujeres”, indicó Ramírez.

 En Costa Rica, la pesca genera aproximadamente 14 800 empleos en las operaciones de captura -13 860 hombres y 940 mujeres- mientras que las plantas de proceso, pescaderías y comercialización aportan 3 216 empleos, y la acuicultura provee 8 000 empleos tomando en cuenta a los propietarios y empleados.

 Los productos provenientes de la pesca de captura y de la acuicultura representan una valiosa fuente de proteínas de origen animal, ya que una porción de 150 gramos de pescado proporciona entre el 50 y 60 por ciento de las necesidades diarias de proteínas de un adulto, además el pescado es una fuente abundante de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, vitaminas, calcio, zinc y hierro.

 El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, ha sido elegido como uno de los latinoamericanos más influyentes del mundo por su labor contra el hambre y la malnutrición en el mundo. 

En su ranking “Latinoamericanos Globales” 2016, la revista América Economía también destaca la labor de Graziano da Silva en la promoción de la Cooperación Sur-Sur, un enfoque basado en el intercambio de soluciones de desarrollo entre los países del hemisferio Sur para contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

“Los reconocimientos a las personas son reconocimientos a las ideas y a las causas a las que dedican su vida. En este caso, se trata de un reconocimiento al desarrollo rural y a la lucha contra el hambre en América Latina y en todo el mundo”, afirmó Graziano da Silva. 

Apoyo al esfuerzo político para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe

En su reciente intervención ante la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Director General de la FAO reiteró el apoyo de la organización a los países de la región en su compromiso para la erradicación del hambre y la malnutrición. 

“América Latina y el Caribe podría ser la primera región en desarrollo en erradicar completamente el hambre si todos sus gobiernos refuerzan la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre”, afirmó. 

El plan, elaborado con el apoyo de la FAO, representa la “cristalización de la voluntad política de los gobiernos de erradicar el hambre en la próxima década”, destacó Graziano da Silva.

Aprobado por la CELAC en 2015, el plan promueve políticas públicas integrales para reducir la pobreza, mejorar las condiciones del mundo rural, adaptar la agricultura al cambio climático, acabar con el desperdicio de alimentos y hacer frente al riesgo de desastres.

Frente a los datos positivos de reducción del hambre, el Director General alertó sobre la otra cara de la malnutrición en la región: el alarmante aumento de la obesidad, que afecta a 140 millones de personas según el nuevo informe de la FAO y la OPS, el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional, y es especialmente grave en el caso de los niños.

Influyentes 2016

El listado también reconoce el liderazgo del Papa Francisco, que ha aplaudido los esfuerzos de la FAO para fortalecer los vínculos entre la paz y la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible; la trayectoria del Presidente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Rafael Reif; y el papel del Director General de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevêdo. 

La región mesoamericana -conformada por México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana- logró reducir el número de personas subalimentadas de 15,7 millones en 1990 a 12,7 en 2016, según el  Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica publicado hoy por la FAO.

 Aunque este avance es positivo, la subregión deberá redoblar sus esfuerzos para erradicar el hambre al año 2030 y cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2- Hambre cero.

 “Actualmente, la mayoría de los países de la subregión dispone de marcos normativos y políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional para hacer frente a la problemática del hambre. Si estos son acompañados por esquemas inclusivos y efectivos de gobernanza podemos esperar buenos resultados en el futuro próximo”, explicó Tito E. Díaz, Coordinador de la FAO para Mesoamérica.

 La publicación destaca los avances de algunos países como Costa Rica, Cuba y México que consiguieron reducir su porcentaje de subalimentación a menos del 5 por ciento de su población. Mientras que países como  Nicaragua, Panamá y la República Dominicana redujeron a menos de la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre.

 No obstante, los índices de inseguridad alimentaria en el resto de los países de Mesoamérica  aún superan e incluso llegan a doblar el promedio de América Latina y el Caribe.

 Esto es particularmente preocupante en la zona del Corredor Seco Centroamericano, (Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) donde se estima que viven cerca de 10,5 millones de personas, de las cuales 60 % vive en pobreza, 1.6 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria.

 Gobernanza ampliada y coordinación interinstitucional: claves para la erradicación del hambre

 “Para solucionar el problema del hambre en Mesoamérica es esencial convertir la lucha contra el hambre en una prioridad política del más alto nivel,” explicó Tito E. Díaz.

 De acuerdo a esta publicación, para que el compromiso político se refleje en mejores resultados, hay tres aspectos claves para optimizar la gobernanza de la seguridad alimentaria y avanzar hacia la erradicación del hambre en Mesoamérica.

 El primero es una mejor coordinación interinstitucional, tanto entre distintos sectores y niveles de gobierno como en la participación de múltiples actores sociales, necesaria para fortalecer las capacidades institucionales para implementar las leyes y políticas de seguridad alimentaria.

 El segundo es  la necesidad de desarrollar y fortalecer los sistemas de información y monitoreo, fundamentales para dar coherencia y seguimiento a los planes locales de erradicación del hambre.

 Y el tercero se refiere a la necesidad de otorgar financiamiento sostenible a todas estas acciones, que aseguren la ejecución de los servicios y productos planificados, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

 Países fortalecen su compromiso con la lucha contra el hambre

 De acuerdo al Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, en los últimos años, Mesoamérica ha dado grandes pasos para fortalecer su lucha contra el hambre.

 Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana ya tienen leyes de seguridad alimentaria y nutricional, mientras que el Frente Parlamentario contra el Hambre de Costa Rica, en coordinación con el sector académico, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Salud ,  el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Municipalidad de Santa Ana y la sociedad civil, presentaron un proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 Panamá, por su parte, se encuentra en proceso de socialización y consulta del nuevo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que establece acciones para impulsar la coordinación intersectorial e interministerial.

 El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador contempla la participación de 22 actores del sector público y la sociedad civil para mejorar la producción de alimentos, la prevención y atención integral en salud y los sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta temprana, entre múltiples otras acciones.

 México se encuentra en los últimos pasos de aprobación del proyecto de Ley del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, mientras que nivel local la Ciudad de México cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional desde 2009.

 Los países de la subregión no sólo resguardan la seguridad alimentaria de sus propias poblaciones, sino que colaboran en múltiples iniciativas de cooperación mutua, como el programa Mesoamérica sin Hambre, el  que se ejecuta con el apoyo de la cooperación mexicana y de la FAO en Belice, Colombia, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

 Mesoamérica sin Hambre fortalece los marcos institucionales y de políticas para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar.

 Además, todos los países de Mesoamérica han ratificado su compromiso de erradicar el hambre al año 2025, meta principal del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el mayor compromiso regional de seguridad alimentaria.

 Desnutrición y obesidad infantil: desafío pendiente en la región

 La prevalencia en los índices de desnutrición infantil continúa siendo elevada en Guatemala, Honduras y Nicaragua, países donde la desnutrición crónica supone más del doble que el promedio de América Latina y el Caribe.

 Según el  Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Mesoamérica, desde principios de los años noventa, El Salvador, Guatemala y Honduras presentan los mayores incrementos -próximos e incluso superiores al 100 por ciento- en la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años.

 Asimismo, en todos los países de la subregión al menos dos de cada cinco hombres y 50% de las mujeres tienen sobrepeso. En cuanto a obesidad, la prevalencia entre las mujeres alcanza cifras próximas o superiores al 40 por ciento en Guatemala, México, Nicaragua y República Dominicana.

 Costa Rica oficializó las directrices, mediante Decreto Ejecutivo, para normar la actuación de los diversos actores que se relacionan con el área de la pesca

 El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), trabaja con  pescadores, en un proceso participativo para el ordenamiento del sector pesquero artesanal, el cual podría derivar en una ley.

 La idea surge a partir del reconocimiento por parte del Estado costarricense de la importancia de las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (DPPE). Estas Directrices tienen por objeto respaldar la visibilidad, el reconocimiento y el fomento del ya importante papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a las iniciativas mundiales y de los países para erradicar el hambre y la pobreza.

Las Directrices son un instrumento de carácter voluntario, lo que quiere decir que no es obligación de los Estados incorporarlas dentro de su ordenamiento jurídico. Sin embargo, mediante el Decreto Ejecutivo 39195 MAG-MINAE-MTSS del siete de agosto de 2015, Costa Rica oficializó las directrices, haciéndolas vinculantes para los diversos actores  que se relacionan con el área de la pesca.

 Para Manuela Cuvi, Oficial Jurídico de la FAO para América Latina y el Caribe, “esta contribución es muy significativa e importante porque el 50% de las capturas mundiales de pescado vienen de la pesca de pequeña escala. La FAO busca contribuir e impulsar a la pesca artesanal y sus derechos”.

 INCOPESCA ha venido realizando acciones concretas alrededor de las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, con el apoyo técnico y financiero de la FAO, de manera articulada con otras instancias gubernamentales, la sociedad civil y organizaciones de pescadores.

“Las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala, obedecen  al reconocimiento cada vez mayor de la importante contribución de la pesca en pequeña escala en la lucha contra la pobreza, el  desarrollo social y económico equitativo, al mejoramiento de la gobernanza de la pesca y a la promoción de una utilización sostenible de los recursos”, comentó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO.

Una de estas acciones, es llevar a cabo un proceso participativo, que valore  la construcción de un proyecto de ley para ordenar la pesca artesanal en Costa Rica, y el establecimiento de los derechos de los pescadores.

Para Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo de Incopesca, “atender la pesca artesanal es una prioridad, por eso hemos fortalecido las Áreas Marinas de Pesca Responsable y hemos buscado la creación de dos más. La defensa de los Derechos Humanos de las comunidades pesqueras también es importante para nosotros.”

Este proceso se ha gestado mediante consultas constantes al sector, la elaboración de talleres y otras actividades participativas. De esta forma es posible contar con los aportes del sector, sobre cuáles son sus principales preocupaciones y experiencias con respecto a la implementación de las directrices, los problemas de sus comunidades, su opinión con respecto a las medidas que se prevén en el eventual proyecto y en general sus intereses para que sean incorporados en la elaboración del mismo.

Sonia Medina, pescadora y Presidenta de la Asociación Local de Pescadores de Isla Venado, indicó que “las directrices son hechas por pescadores y para pescadores. Este proceso ha sido muy enriquecedor porque las directrices vienen a abarcar temas de mucho interés para el sector como el cambio climático, la equidad de género y la gobernanza-tenencia de la tierra”.

En el proceso se busca establecer medidas específicas para el sector pesquero artesanal, disposiciones que favorezcan la igualdad de género, la creación de ordenaciones especiales del territorio para potenciar la pesca artesanal y las organizaciones comunitarias, entre muchos otros.

 Actualmente existen aproximadamente 14 mil pescadores artesanales en el país, de los cuales más de mil son mujeres. 

La obesidad y el sobrepeso han aumentado a lo largo de América Latina y el Caribe, con un impacto mayor en las mujeres y una tendencia al alza en niños y niñas, señalaron hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 Según su nuevo informe conjunto, el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, cerca del 58 % de los habitantes de la región vive con sobrepeso (360 millones de personas).

Salvo en Haití (38,5%), Paraguay (48,5%) y Nicaragua (49,4%) el sobrepeso afecta a más de la mitad de la población de todos los países de la región, siendo Chile (63%), México (64 %) y Bahamas (69%) los que presentan las tasas más elevadas.

La obesidad afecta a 140 millones de personas, el 23% de la población regional y las mayores prevalencias se pueden observar todas en países del Caribe: Bahamas (36,2%) Barbados (31,3%), Trinidad y Tobago (31,1%) y Antigua y Barbuda (30,9%).

El aumento de la obesidad ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres: en más de 20 países de América Latina y el Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.

Según  Representante Regional a.i. de la FAO Eve Crowley, "Las tasas alarmantes de sobrepeso y obesidad en América Latina y el Caribe deben ser un llamado de atención a los gobiernos de la región para  introducir políticas que aborden todas las formas del hambre y malnutrición, vinculando  seguridad alimentaria,  sostenibilidad, agricultura, nutrición y salud ".

La Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, explicó que, “la región enfrenta una doble carga de la malnutrición que se combate con una alimentación balanceada que incluya alimentos frescos, sanos, nutritivos y producidos de manera sostenible, además de abordando los principales factores sociales que determinan la malnutrición”, por ejemplo la falta de acceso a alimentos saludables, a agua y saneamiento, a servicios de educación y salud, y programas de protección social, entre otros. 

Unir agricultura, alimentación, nutrición y salud  

El Panorama señala que uno de los factores que explican el alza de la obesidad y el sobrepeso ha sido el cambio en los patrones alimentarios. El crecimiento económico, el aumento de la urbanización y los ingresos medios de las personas y la integración de la región en los mercados internacionales han reducido el consumo de preparaciones tradicionales y aumentado el consumo de productos ultra procesados, un problema que afecta con mayor fuerza a las zonas y países que son importadores netos de alimentos.

Para hacer frente a esta situación, la FAO y la OPS llaman a promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles que liguen agricultura, alimentación y nutrición y salud. Para ello, los Estados deben fomentar la producción sostenible de alimentos frescos, seguros y nutritivos, asegurando su oferta, diversidad y el acceso a los mismos, especialmente para los sectores más vulnerables. Esto debe ser complementado con educación nutricional y advertencias para los consumidores sobre la composición nutricional de alimentos altos en azúcar, grasas y sal.

Desnutrición infantil cae pero aún afecta a los más pobres

Según el Panorama, la región ha logrado reducir considerablemente el hambre y hoy sólo un 5,5% de la población vive subalimentada, siendo el Caribe la subregión con la mayor prevalencia (19,8 %), en gran parte debido al hecho que Haití posee la prevalencia de subalimentación más alta del planeta: 53,4%.

La desnutrición crónica infantil (baja talla para la edad) en América Latina y el Caribe también ha presentado una evolución positiva: cayó de 24,5 % en 1990 a 11,3% en 2015, una reducción de 7,8 millones de niños.

A pesar de este gran avance, actualmente 6,1 millones de niños aún viven con desnutrición crónica: 3,3 millones en Sudamérica, 2,6 millones en Centroamérica y 200 mil del Caribe. 700 mil niños y niñas sufren desnutrición aguda, el 1,3% de los menores de 5 años.

Prácticamente todos los países han logrado mejorar la nutrición de sus niños, pero cabe destacar que la desnutrición afecta más a la población más pobre y a las zonas rurales. “Ahí es donde los gobiernos deben enfocar sus esfuerzos”, dijo Crowley.

Las prevalencias más altas de desnutrición crónica infantil en la región se pueden observar en Guatemala y Ecuador, mientras que Chile y Santa Lucía tienen las menores tasas. La desnutrición crónica presenta niveles superiores en las zonas rurales de todos los países analizados.

Aumenta el sobrepeso infantil

El Panorama señala que en América Latina y el Caribe el 7,2% de los niños menores de 5 años vive con sobrepeso. Se trata de un total de 3,9 millones de niños, 2,5 millones de los cuales viven en Sudamérica, 1,1 millones en Centroamérica y 200 000 en el Caribe.

Los mayores aumentos en el sobrepeso infantil entre 1990 y 2015 se vieron –en términos de números totales- en Mesoamérica (donde la tasa creció de 5,1% a 7%), mientras que el mayor aumento en la prevalencia se dio en Caribe (cuya tasa creció de 4,3% a 6,8%), mientras que en Sudamérica -la subregión más afectada por el sobrepeso infantil-  hubo una disminución marginal, y su tasa pasó de 7,5% a 7,4%.

Políticas para mejorar la nutrición

Según el Panorama, Barbados, Dominica y México han aprobado impuestos a las bebidas azucaradas, y Bolivia, Chile, Perú y Ecuador cuentan con leyes de alimentación saludable que regulan la publicidad y/o el etiquetado de alimentos.

La Directora de la OPS resaltó que estas medidas deben ser complementadas con políticas para aumentar la oferta y acceso a alimentos frescos y agua segura, con el fortalecimiento de la agricultura familiar, la implementación de circuitos cortos de producción y comercialización de alimentos, sistemas de compras públicas y programas de educación alimentaria y nutricional.

Costa Rica evidencia aumento de sobrepeso en menores de 5 años

Costa Rica no escapa de la tendencia de aumento del sobrepeso, puesto que es el país centroamericano con la cifra más alta de sobrepeso infantil, con un 8,1% mientras, que Nicaragua registra un 6,2% y Honduras un 5,2%. Este tipo de condición aumenta las probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades cardiovasculares que requieren de atención.

No obstante, Costa Rica fue uno de los países de la región que cumplió una de las metas promovidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), al reducir la proporción de personas que sufren hambre a niveles inferiores al 5%. Actualmente, el reto que enfrenta el país en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es erradicar el hambre, y en especial, la malnutrición.

 Asimismo, el país ha redoblado esfuerzos para contrarrestar la desnutrición infantil crónica en niños menores de 5 años en un 3,4%, evidenciando mejoras en línea con lo logrado en el ámbito de la subalimentación.

En la actualidad, el Programa de Alimentación Preescolar y Escolar impulsado por el Gobierno costarricense con el apoyo de FAO, ha trabajado en el desarrollo de la seguridad alimentaria, la agricultura familiar, bajo el principio del derecho humano a la alimentación adecuada, la educación alimentaria y nutricional.

El programa ha logrado promover el sistema de compras públicas, y las guías alimentarias para estimular la adopción de dietas saludables y nutritivas, entre otros logros destacados. Según la publicación, las guías alimentarias basadas en alimentos se transforman en una herramienta de política para la promoción de la buena alimentación en los países.

Alaban labor en la aplicación de Directrices Voluntarias de Pesca en Pequeña Escala en función del respeto a derechos humanos.

El trabajo realizado en Costa Rica, a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en materia de género de las pesquerías del país, fue reconocido a nivel internacional por la revista Kilden, la cual se especializa en investigaciones de género.

En el artículo titulado: “Las mujeres son centrales en el sector pesquero mundial”, se reconoce el esfuerzo realizado por el Incopesca y el MINAE, con el apoyo de la FAO, en el marco del proceso en pro de los derechos de las mujeres molusqueras (pescadoras artesanales) de Chomes.

Las mujeres molusqueras de Chomes, presentaron en noviembre pasado, ante las máximas autoridades gubernamentales, un plan participativo de aprovechamiento del recurso del molusco en el manglar en Puntarenas, con el propósito de obtener un reconocimiento de sus derechos y de empleo decente.

Estas mujeres son apoyadas en el marco del Proyecto de Gestión y Ordenamiento Sostenible de la Captura Incidental de las Pesquerías de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC-II-LAC), el cual cuenta con el apoyo técnico de FAO, con el objetivo principal de promover la gestión sostenible de la captura incidental de las pesquerías de arrastre en América Latina y el Caribe. 

“La investigación destaca que en el país, las mujeres recolectoras de moluscos se han unido para exigir sus derechos, ya que su trabajo no es reconocido actualmente por el Estado como una ocupación formal”, indica el artículo.

Estos temas de género, fueron incluidos en las Directrices Voluntarias de Pesca en Pequeña Escala (DPPE), las cuales fueron aprobadas por el Comité de Pesca de la FAO (COFI) en 2014, con participación de Costa Rica, como resultado de un proceso de varios años, que involucró a más de 4000 partes interesadas de más de 120 países.

Si bien, las directrices son voluntarias, el país oficializó las mismas, mediante el Decreto Ejecutivo 39195 MAG-MINAE-MTSS del 7 de agosto de 2015, haciéndolas vinculantes para las autoridades estatales que se relacionan con el área de la pesca.

Según Jenifer Gee de FAO, quien es citada en el artículo, "esta es la primera herramienta de pesca, la cual cuenta con su propio capítulo especial sobre género. Las directrices son elaboradas por y para los pescadores de pequeña escala y los trabajadores de la pesca, incluidas las mujeres, lo cual es una de las principales razones de su éxito”, señala el artículo. 

Para Gee, y según el artículo, “el fuerte énfasis en las partes interesadas y la participación social, junto con el compromiso de las autoridades, posibilitan asegurar un enorme impacto".

Ante la propuesta de las molusqueras de un plan de ordenamiento, el Gobierno de la República, solo espera el visto bueno del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para reconocerles este derecho.

La Política Institucional de Igualdad de Género propuesta por FAO, busca cerrar la brecha de género 

Para la FAO, la igualdad de género es un elemento central que permite alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional para todas y todos, a través de mejorar los niveles de nutrición, optimizar la productividad agrícola y el manejo de recursos naturales.

Además, se enfoca en trabajar por la equidad de género en todos sus ámbitos de acción: seguridad alimentaria y nutricional, agricultura y protección del consumidor, desarrollo económico y social, pesca, acuicultura, silvicultura, manejo de recursos naturales, intercambio de conocimientos, investigación y divulgación.

La organización destaca la importancia de la mujer en la toma de decisiones en las instituciones rurales y en la formulación de leyes, políticas y programas. La política ampara que tanto hombres y mujeres deben tener igualdad de acceso, y control sobre los empleos e ingresos dignos, la tierra y otros recursos productivos.

Los precios de los principales productos alimentarios bajaron por quinto año consecutivo en 2016, con un promedio de 161,6 puntos en el conjunto del año, un 1,5 por ciento por debajo del nivel de 2015. 

Las cosechas abundantes y las buenas perspectivas de los cereales básicos compensaron la presión alcista sobre el índice de precios de los alimentos de la FAO de productos tropicales como el azúcar y el aceite de palma, cuya producción sufrió el impacto de El Niño.

En diciembre, el índice se situó en un promedio de casi 172 puntos, sin cambios respecto a noviembre.

El índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los intercambios comerciales que hace el seguimiento los precios internacionales de cinco grupos principales de alimentos básicos: cereales, aceites vegetales, lácteos, carne y azúcar.

2016 se caracterizó por una disminución constante de los precios de los cereales, que cayeron un 9,6 por ciento en relación a 2015 y un 39 por ciento desde su nivel máximo de 2011. Al mismo tiempo, los precios del azúcar y los aceites vegetales subieron a lo largo del año un 34,2 y un 11,4 por ciento, respectivamente.

"La incertidumbre económica, incluyendo las fluctuaciones en los tipos de cambio, influirán aún más posiblemente en los mercados alimentarios este año", aseguró Abdolreza Abbassian, economista principal de la FAO.

Cereales estables en diciembre, pero suben productos lácteos y aceites vegetales

El índice de precios de cereales de la FAO -que había permanecido en general estable desde septiembre-, subió un 0,5 por ciento en diciembre, al fortalecerse los precios del arroz y el maíz, mientras que las previsiones de una mayor producción de la esperada en Australia, Canadá y la Federación de Rusia hicieron descender los precios del trigo.

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO subió un 4,2 por ciento en relación a noviembre, cerrando el año con un incremento de dos dígitos y en su nivel más alto desde julio de 2014. Subieron los precios del aceite de palma y del aceite de soja, los primeros debido a los escasos inventarios mundiales y la falta de suministros, y los últimos por la perspectiva de un uso creciente en los sectores del biodiesel en América del Norte y del Sur.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO también aumentó un 3,3 por ciento desde noviembre, debido principalmente a los mayores precios de la mantequilla, queso y leche entera en polvo y la producción limitada en la Unión Europea y Oceanía.

El índice de precios del azúcar -que había subido casi un tercio durante el año-, se redujo un 8,6 por ciento en el último mes de 2016. La fuerte caída se debió principalmente a un continuo debilitamiento del real brasileño frente al dólar EEUU, junto a un aumento del 18 por ciento en la producción esperada en la región Centro Sur, la principal zona productora de caña de azúcar de Brasil.

El índice de precios de la carne de la FAO disminuyó un 1,1 por ciento desde su nivel revisado de noviembre. Su valor medio en 2016 fue un 7 por ciento inferior al de 2015, debido principalmente a las caídas de los precios internacionales de las carnes de vacuno y de aves de corral.

REBYC II-LAC es un proyecto regional, que promueve la gestión sostenible de la captura incidental de las pesquerías de arrastre en América Latina y el Caribe

Los pescadores artesanales que están dentro de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable (RAMPR) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), realizaron la rendición de cuentas de uno de los componentes del Proyecto de Gestión y Ordenamiento Sostenible de la Captura Incidental de las Pesquerías de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC-II-LAC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 "Nos enorgullece poder traer el proyecto REBYC de FAO a Costa Rica, y que esto permita el desarrollo de las comunidades de Áreas Marinas de Pesca Responsable, con los diferentes proyectos. El Incopesca está para y con los pescadores, buscando soluciones que traigan sustento a sus familias, en apego al aprovechamiento sostenible de los recursos", dijo Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del Incopesca.

 La reunión, realizada hoy en Incopesca en Puntarenas, contó con la participación de funcionarios de la Institución; pescadores de todas las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) del país como Pochote, Chomes, Isla de Chira, Tárcoles, Golfo Dulce, Barra del Colorado, San Luis, entre otras; además del equipo facilitador del proceso.  

 Dentro de esta rendición se presentaron los avances de numerosos proyectos que, con fondos suministrados por la FAO, se desarrollan en cada una de las AMPR. Estos proyectos fueron presentados por los mismos pescadores y aprobados por los líderes designados para su implementación, en aras de maximizar las capacidades de las comunidades pesqueras, bajo constante supervisión del Incopesca y la FAO.

 Los proyectos ya terminados incluyen, San Juanillo en Guanacaste, donde se construyó una bodega cerca de la playa para que los pescadores puedan guardar sus motores y redes; el de Pochote en el Golfo de Nicoya, donde se apoyó el desarrollo de “Pochote Tours” que promueve el turismo por los canales del Golfo para generar más ingresos.

Además, en la comunidad de Dominicalito se compró equipo necesario para el mantenimiento del terreno donde se creará el centro de acopio de la comunidad. Una soda de comida rápida en Chomes, ya tiene su local y el equipo de cocina necesario para arrancar en el 2017, mientras que en San Luis de Puntarenas los pescadores siembran mangle para reforestar el manglar. 

 También, REBYC ha trabajado directamente en las comunidades pesqueras, dando capacitaciones para mejorar el uso responsable de los recursos marinos y fortaleciendo a los sectores más vulnerables de estas comunidades como lo son las mujeres pescadoras.

 Para esto, se realizó el primer foro de mujeres pescadoras artesanales y molusqueras de Costa Rica, el cual marcó el inicio de la construcción de la agenda nacional de este grupo en el país.

 “REBYC en Costa Rica, ha desarrollado un conjunto de iniciativas que han contribuido a fortalecer la pesca responsable y sostenible dentro del marco de las AMPR, considerando el enfoque de género, el empleo decente, el mejoramiento de los medios de vida, entre otros”, comentó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO.

 REBYC es un proyecto regional, que promueve la gestión sostenible de la captura incidental de las pesquerías de arrastre en América Latina y el Caribe, y se implementa en seis países, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Suriname  y Trinidad y Tobago.

 Las AMPR son áreas en las que se regula la actividad pesquera para asegurar el aprovechamiento de los recursos a largo plazo, en donde los pescadores administran su pesquería, en función de su experiencia y conocimiento. La iniciativa para la creación de este tipo de áreas, tiene como fundamento el Código de Conducta para Pesca Responsable de la FAO, que se formalizó mediante  el Decreto Ejecutivo 35502-MAG.

 “Alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres no sólo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición”, aseguró hoy el Director General de la FAO, José Graziano da Silva.

Al intervenir en un evento de alto nivel coorganizado por la FAO, la Comisión Europea y la Presidencia eslovaca de la Unión Europea, en colaboración con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y ONU-Mujeres, Graziano da Silva añadió que "las mujeres son la columna vertebral de nuestra labor en la agricultura", indicando que suponen el 45 por ciento de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo, porcentaje que alcanza el 60 por ciento en algunas zonas de África y Asia.

Estas cifras subrayan la importancia de garantizar que las mujeres rurales cuenten con igualdad de oportunidades, según el Director General de la FAO.

"Todo es cuestión de oportunidades. Las evidencias demuestran –dijo- que cuando las mujeres cuentan con oportunidades, los rendimientos en sus explotaciones aumentan y también sus ingresos. Los recursos naturales se gestionan mejor. Mejora la nutrición. Y los medios de subsistencia están más protegidos”.

Por este motivo las mujeres rurales son actores clave en el esfuerzo para lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero especialmente el ODS2, liberando al mundo del hambre y la malnutrición", explicó Graziano da Silva.

Hambre Cero: imposible sin contar con las mujeres

El Comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, señaló a los participantes del evento que: "a menudo se dice que si educas a una mujer, educas a toda una generación. Lo mismo ocurre cuando empoderamos a las mujeres en cualquier ámbito, no sólo con el acceso al conocimiento, sino también a los recursos, la igualdad de oportunidades y dándoles voz".

Sin embargo, las estadísticas actuales sugieren que el mundo no está alcanzando este objetivo, según Mimica.

"Sabemos –dijo-que los rendimientos agrícolas aumentarían en casi un tercio si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres. Como resultado, habría hasta 150 millones menos de personas hambrientas en el mundo. Y sabemos que los niños tienen perspectivas de futuro mucho mejores cuando sus madres están sanas, y cuentan con recursos económicos y formación. Especialmente durante los primeros mil días de la vida del niño”.

"Si queremos de verdad poner fin a la pobreza y al hambre de una vez por todas, necesitamos apoyar más a las mujeres de las zonas rurales. Como forma de invertir en las familias, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en el futuro de nuestro planeta", dijo el Comisario de la UE.

Cerrar la brecha de género

Gabriela Matecná, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Eslovaquia y actual Presidenta del Consejo de la Unión Europea, señaló por su parte que "la brecha de género impone costes significativos a la sociedad, en términos de pérdidas de producción agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento económico".

Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, señaló, las mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el planeta son mujeres o niñas.

Sin embargo, "cuando las mujeres se ven plenamente involucradas, los beneficios pueden verse inmediatamente: las familias están más sanas y mejor alimentadas; sus ingresos, ahorros e inversiones se incrementan", añadió Matecná.

Trabajar juntos hacia un objetivo común

En el evento de hoy en la sede de la FAO participaron también representantes de otras organizaciones de la ONU, que pusieron énfasis en la importancia de erradicar la desigualdad de género y empoderar a las mujeres con información, capacitación, tenencia y acceso justo a los recursos y a los servicios de apoyo agrícola, nutricional y a la salud.

"Cuando se invierte en un hombre, se invierte en un individuo. Cuando se invierte en una mujer, se invierte en una comunidad", afirmó el Presidente del FIDA, Kanayo F. Nwanze.

"Estamos viendo una y otra vez que la igualdad de género abre las puertas para que comunidades enteras fortalezcan su seguridad alimentaria y nutricional y mejoren su bienestar social y económico", dijo, añadiendo que "empoderar a las mujeres rurales es en realidad empoderar a la humanidad".

"Sólo facultando a las campesinas podemos aprovechar el potencial de los sistemas alimentarios globales. Apoyarles es esencial para crear resiliencia, lograr empresas más sólidas y progresar en la seguridad alimentaria a largo plazo ", señaló en su intervención Denise Brown, Directora de Emergencias del PMA.

Por su parte, la Directora de Programas de ONU-Mujeres, Maria Noel Vaeza, recordó que eliminar las brechas de género en la agricultura “puede proporcionar múltiples dividendos para el desarrollo, incluyendo la igualdad de género para las mujeres rurales, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, una mejor gestión del clima y sociedades en paz". 

Preservar la diversidad biológica es importante para producir alimentos y también para conservar el fundamento mismo de la vida y los medios de subsistencia rurales, afirmó la Directora General Adjunta de la FAO, María Helena Semedo, al intervenir en una cumbre internacional sobre la protección de la biodiversidad. 

"La biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición", señaló Semedo en la apertura del segmento de alto nivel del 13º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). "Es necesario –dijo- producir alimentos nutritivos y abundantes de forma sostenible y adaptar la agricultura, la silvicultura y la pesca a desafíos globales, como el cambio climático y el crecimiento demográfico".

"Reducir la huella ecológica de los sectores agrícolas mediante prácticas sostenibles, contribuirá a la conservación de la biodiversidad", añadió, señalando que "mantener la diversidad biológica en los sectores agrícolas es importante para producir alimentos nutritivos y mejorar los medios de subsistencia rurales y la resiliencia de personas y comunidades".

"Si queremos transformar el mundo, acabar con la pobreza, lograr el hambre cero y asegurar la protección duradera de la biodiversidad de la que dependen la humanidad y sus sistemas alimentarios, entonces tenemos que responder con un esfuerzo integral que incluya a todos los sectores y ministerios", dijo.

Semedo citó la agroecología como "ejemplo de la transformación que necesitamos", y subrayó que ésta, “al combinar la investigación científica y los conocimientos locales y tradicionales, permite el desarrollo de prácticas sostenibles y un mejor conocimiento de los ecosistemas agrícolas”.

La Directora General Adjunta de la FAO expresó "la necesidad de construir puentes entre los diversos sectores, identificar sinergias, alinear objetivos y desarrollar enfoques multisectoriales integrados para incorporar la biodiversidad en los sectores agrícolas" y propuso para ello la creación de una plataforma, que apoyará a los países miembros “a comprometerse con pasos concretos y cuantificables de transformación hacia una agricultura y ganadería y prácticas pesqueras y forestales sostenibles".

La reunión de Cancún cuenta con unos 10 000 participantes que durante dos semanas analizarán la implementación en curso del CDB, que desde que entró en vigor en 1993, ha adoptado 367 decisiones.

La COP13 se centra en incorporar de forma general la biodiversidad en los sectores pertinentes, en especial la agricultura, la pesca, la silvicultura y el turismo, para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, la acción climática, la seguridad alimentaria y otros objetivos de desarrollo humano. Entre los temas a debate figuran la forma en que la biodiversidad puede vincularse con las iniciativas climáticas y empresariales, las cadenas de suministro, la producción y el consumo sostenibles y cómo organizar asociaciones y mecanismos de financiación eficaces.

Doble papel de la agricultura

La agricultura es por naturaleza un importante usuario de la biodiversidad, pero tiene también el potencial de contribuir a su protección.

Aún reconociendo que existen "interacciones, competencia e incluso conflictos" entre la biodiversidad y la agricultura, Semedo apuntó a una creciente concienciación científica sobre cómo las técnicas agrícolas pueden contribuir a funciones ecosistémicas vitales, como son mantener la calidad del agua, combatir la erosión y favorecer la polinización, todos ellos pilares fundamentales de la biodiversidad.

 En América Latina y el Caribe, las legumbres enfrentan competencia con cultivos más comerciales y de exportación que ocupan las áreas con mejores suelos y riego, señaló hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Según una encuesta realizada por la FAO en la región, en las últimas décadas la producción de legumbres se ha trasladado hacia zonas de secano, lo que ha generado una caída en sus rendimientos, competitividad, volúmenes producidos y el número de productores que las cultivan.

El consumo de legumbres también ha disminuido. Actualmente existe un cierto estigma social, que asocia este alimento a los estratos más pobres de la sociedad, hecho reforzado por la falta de educación e información sobre sus beneficios alimentarios y su gran potencial agrícola.  

"Las nuevas generaciones están perdiendo el conocimiento de las formas de producción, consumo y preparación de las legumbres. Se trata de un tesoro latinoamericano que está en riesgo”, explicó Allan Hruska de la FAO, destacando la importancia de revindicar los alimentos nativos y nutritivos frente a la presión comercial de la “comida chatarra” en América Latina y el Caribe.

Durante este Año Internacional de las Legumbres, la FAO ha trabajado con gobiernos y asociaciones de productores para revalorar y reposicionar las legumbres como alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria y superación de la pobreza rural. 

Lupino: un tesoro nutricional, ambiental y estético

El Gobierno de Ecuador y la FAO impulsaron la investigación científica sobre el lupino, tarwi o chocho, lupinus mutabilis, única leguminosa de grano comestible originaria de los Andes, a través de un simposio regional, que se está llevando a cabo en Quito del 29 de noviembre al 01 de diciembre, con participación de productores y profesionales de Perú y Bolivia.

El cultivo del lupino se desarrolla en diferentes sistemas de producción desde Ecuador hasta Chile y el noreste de Argentina, ya que tiene alta tolerancia a suelos pobres, sequías y bajas temperaturas, además de poseer flores de gran belleza y valor decorativo.

Junto con otros cultivos de origen andino, el lupino jugó un rol importante en los sistemas de producción alto-andinos y en la alimentación de la población indígena antes de la conquista española.

Desde el punto de vista agronómico, es reconocido como una de las legumbres más eficientes en la fijación del nitrógeno atmosférico –y por ende uno de los mejores abonos verdes.

En la alimentación, el lupino se puede utilizar en un sinnúmero de formas, tanto en grano entero y procesado como en preparaciones saladas y dulces. Su contenido nutricional incluye proteínas (51%), fibras (13%), calcio (0,37%), hierro (61 ppm), zinc (92 ppm) y grasas (21,9 %).

Según el conocimiento popular y los saberes ancestrales, sus usos medicinales incluyen la disminución de los dolores musculares al aplicar emplastos y la eliminación de los parásitos externos de los animales.

En la literatura actual, se reconoce que previene el estreñimiento, reduce el colesterol y la presión sanguínea. Estudios clínicos realizados en Ecuador, reportan que tanto el grano desamargado como los extractos de alcaloides tuvieron efecto en la disminución de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo II.

Tradicionalmente, los agricultores lo siembran asociado con otros cultivos, sin que requiera labranza, entre los 2800 a 3500 metros de altitud en zonas con baja precipitación, en ciclos de cultivo que oscilan entre 180 a 240 días.

“El lupino es sólo un ejemplo del enorme patrimonio cultural, agrícola y nutricional que representan las legumbres de la región, y que ha sido preservado por los agricultores familiares”, explicó Hruska, agregando que su diversidad genética proporciona al lupino la posibilidad de adaptarse al cambio climático.

Agricultores familiares: guardianes de las legumbres

Según la FAO, los agricultores familiares son quienes aún preservan el saber y las costumbres que los gobiernos requieren para recuperar las legumbres de la región.

La agricultura familiar en la región no ha perdido la cultura de producir legumbres, manteniendo redes de intercambio de semillas a nivel de productores y prácticas ancestrales de manejo, las cuales requieren apoyo estatal para su continuidad.

El clima en muchas partes de la región posibilita la producción de legumbres con calidad y diversidad en poco tiempo, lo que permite a los agricultores generar ingresos de forma más rápida. 

Las legumbres cumplen un rol importante como una alternativa productiva para zonas con terrenos marginales y de secano, permitiendo la recuperación de suelos degradados.

Gracias a su capacidad de adaptación a todo tipo de suelos y la relativa falta de cuidados que requieren, las legumbres son un insumo clave para los agricultores, ya que como fijadoras de nitrógeno, aportan abonos verdes que permiten la recuperación y conservación de los suelos.

Las legumbres cuentan además con una gran diversidad genética y pueden ser muy atractivas para los consumidores si cuentan con la información necesaria, lo que requiere ampliar la divulgación de sus propiedades, preparaciones y beneficios nutricionales.

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cierra el 2016 conmemorando el Año Internacional de las Legumbres.

 La Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI) y  la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un esfuerzo conjunto por los suelos costarricenses, realizará este 5 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m. la segunda edición de “Manos al Suelo: trabajemos por conservar un metro cuadrado de suelo”, en el marco de celebración del Día Mundial del Suelo y el Año Internacional de las Legumbres 2016.

 “Manos al Suelo, pretende demostrar a todos sus participantes, niños, jóvenes y adultos, que es su propio esfuerzo lo único que ayudará a conservar el recurso suelo, porque bien sabemos que es una tarea de todos. En esta oportunidad además, en honor al Año Internacional de las Leguminosas, utilizaremos muchas de estas plantas para efectuar las prácticas de conservación”, afirmó Floria Bertsch, Presidenta de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo.

 La actividad tendrá lugar en la Finca los Mollejones ubicada en Coris de Cartago, en donde cada asistente podrá participar en un grupo, y realizar una práctica conservacionista como sembrar una planta leguminosa que cubra el suelo, elaborar una terraza, sembrar una barrera viva o un colocar un rompeviento.

 “La relación entre la conservación del suelo y el desarrollo de las legumbres van de la mano y por ende la FAO considera que la iniciativa Manos al Suelo es muy apropiada para celebrar estos dos acontecimientos”, resaltó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO.

 En esta actividad, se podrá diseñar una curva nivel, sembrar un árbol leguminoso, aplicar compost o aprender a hacer una gaveta. El propósito de esta conmemoración es que la población tome conciencia sobre los beneficios de los suelos y las legumbres para la salud humana y el desarrollo sostenible.

 Los suelos son importantes para la producción de cultivos nutritivos, pueden filtrar y limpiar decenas de miles de kilómetros de agua cada año, asimismo los suelos ayudan a regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, convirtiéndose en un recurso vital para la regulación del clima.

 En la actualidad las altas temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos tales como sequías, inundaciones y tormentas, impactan en la cantidad y fertilidad del suelo en diversas maneras, entre ellas reduciendo la humedad y agotando las capas arables ricas en nutrientes. Según la FAO, esto también contribuye a un aumento en la tasa de erosión del suelo y el retroceso de las costas.

Para colaborar y participar conservando un metro cuadrado de suelo costarricense, puede entrar a la página ¡Manos al Suelo! y llenar un formulario de inscripción, antes del 21 de noviembre.

 FAO despide el Año Internacional de las Legumbres        

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebró y promovió durante este año los beneficios nutricionales de las legumbres, como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición.

 Las legumbres incluyen todo tipo de granos o semillas de las plantas conocidas como leguminosas, a las que popularmente en Costa Rica se le llaman granos básicos, y dentro de las cuales se incluyen los frijoles.

 Los frijoles negros y rojos, han sido tradicionalmente un alimento básico y de alto valor nutricional, en la dieta de las y los costarricenses que acostumbran a comer platos como el gallo pinto y casados con base en frijol.  Los frijoles contribuyen a mantener una dieta saludable debido a que contienen carbohidratos complejos, proteínas, vitaminas, minerales, fibra y un bajo contenido de grasa.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), continúa trabajando en el proceso de implementación de las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de pesca en pequeña escala a nivel nacional.

 Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, enfatizó que las directrices están construidas gracias a una participación activa de la sociedad civil, de pescadores de todo el mundo y de los  Gobiernos,  que se preocupan por tomar en cuenta la realidad de todas las comunidades costeras a lo largo de los países.

 En la comunidad de Isla de Chira en el Golfo de Nicoya, se realizó el primer taller de Género y gobernanza, como motor para el desarrollo pesquero, en el que se compartió los dos ejes que conforman las directrices: el de igualdad y equidad de género, así como el de gobernanza responsable de la tenencia y acceso a los recursos pesqueros.

 El tema de equidad de género se destacó con el propósito de apoyar y evidenciar el valioso rol de la mujer en la pesca y la acuicultura, y para reconocer su gran aporte a la seguridad alimentaria.  El taller contó con la participación de pescadoras y pescadores de la Isla de Chira.

 “En el marco de la implementación de las directrices se vuelve fundamental promover la apertura de los espacios de participación de las mujeres en las organizaciones del sector a nivel local y nacional, reconociendo su contribución en el trabajo decente a lo largo de toda la cadena de valor”, comentó Meneses.

 Con este tipo de talleres se busca  fortalecer la toma de decisiones de los pescadores y pescadoras, y de poner en práctica, un nuevo modelo de gobernanza dentro de las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR).

 “Este instrumento, prioriza la pesca de pequeña escala frente a otros tipos de pesca, en la que se engloban todas las actividades a lo largo de la cadena de valor —la captura y las actividades anteriores y posteriores a esta— realizadas por hombres y mujeres, la cual desempeña una importante función en la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos”, dijo Octavio Ramírez Mixter, Oficial a cargo de la Representación de la FAOen el país.

 Las Directrices Voluntarias fueron adoptadas por gobernantes, con una activa participación de la sociedad civil durante el 2014, en el marco del 31º período de sesiones del Comité de Pesca de la FAO(COFI), representando un logro importante para asegurar una pesca en pequeña escala segura y sostenible.

 Estas Directrices son el resultado de un proceso mundial en el que participaron más de 4 000 representantes de los Gobiernos, pescadores en pequeña escala, trabajadores de pesca y sus organizaciones, investigadores, asociados para el desarrollo y otros actores importantes de más de 120 países, en seis reuniones regionales, y en más de 20 reuniones nacionales dirigidas por organizaciones de la sociedad civil, con carácter consultivo.

 Como parte del compromiso de la Administración Solís Rivera con el sector pesquero, el país ha tomado la iniciativa y ha asumido con responsabilidad la inclusión de estas directrices en el Plan Nacional de Desarrollo, además de la firma del Decreto Ejecutivo No. 39195 MAG-MINAE-MTSS.

 De esta forma, se hace de carácter oficial la promulgación de las directrices y se hace un llamado a las instituciones a contribuir con recursos para la promoción de las mismas, y para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades costeras.

 El INCOPESCA con el apoyo de la FAO, han realizado acciones concretas dirigidas a impulsar y promover las directrices, mediante un proceso arduo de coordinación interinstitucional.

 Actualmente se está trabajando con el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES) del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), que ha permitido que pescadoras y acuicultoras, presenten proyectos para ser financiados, coadyuvando en el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres en el sector. Asimismo, hoy se realizó la firma simbólica de contratos de FOMUJERES, como parte del proceso de articulación entre el INAMU y el INCOPESCA, en el marco de la implementación de las Directrices Voluntarias.

 El Gobierno de Costa Rica liderado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con el apoyo de la Representación de la FAO y de la OPS/OMS, promueven e impulsan el fortalecimiento del Comité Nacional del Codex Alimentarius.

 “La finalidad del Codex es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier lugar, a través de sus normas y códigos de prácticas alimentarias internacionales, fomentando la inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos”, destacó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en Costa Rica.

 La reglamentación que sigue el Codex Alimentarius se basa en una adecuada información científica disponible, respaldada por órganos internacionales independientes de evaluación de riesgos o consultas de especialistas organizadas, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Dentro de las normas internacionales que se discuten en Codex se destacan las de etiquetado, aditivos permitidos, límites máximos de residuos y contaminantes, medicamentos veterinarios; y las específicas de productos (lácteos, frutas, productos pesqueros, alimentos procesados, entre otros).

 Además, existen referencias a las reglas sobre el tema de inocuidad alimentaria del Codex en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el que la organización tiene implicaciones de gran alcance para la resolución de diferencias comerciales.